En medio de una aguda crisis de los diálogos de paz que adelanta el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC en La Habana, reaparecen acciones terroristas en centros urbanos que pueden ser parte de una guerra sucia de la extrema derecha y de los enemigos del proceso de paz, que se suman a las campañas electorales de entidades territoriales el próximo mes de octubre de 2015.
Desde septiembre de 2012 el gobierno colombiano y la autodenominada guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia Ejército del pueblo FARC – EP, están dialogando en La Habana,Cuba y avanzaron como nunca antes en temas centrales para el país. Pero la ausencia de una instancia garante que tenga la confianza de las partes y de los medios en Colombia (que podría haber sido la ONU) para verificar el cese de hostilidades, hacer respetar los acuerdos y denunciar los incumplimientos de cada parte, y además blindar el proceso de la propaganda negra de sectores disidentes o de extrema derecha, llevó a que los diálogos estén en su peor momento y hacen temer por su continuidad.
Un primer hecho que desató el repudio del país fue el homicidio de 10 militares en el municipio de Buenos Aires al norte del departamento del Cauca, el pasado mes de abril y la casi inmediata respuesta del Gobierno del Presidente Santos que ordenó reiniciar los bombardeos sobre zonas de presencia guerrillera, matando al menos 51 supuestos guerrilleros hasta el pasado mes de mayo, según fuentes del Ministerio de Defensa.
Otras víctimas de la guerra son los animales, los ríos y vastas regiones deforestadas o afectadas por las voladuras de oleoductos (las FARC voló un oleoducto que tiñó de negro las aguas de un afluente que surte de agua a la ciudad de Tumaco en el sur del país, una de las regiones más pobres del país, matando a su paso cientos de animales y diversas formas de vida), y de las exploraciones mineras legales o ilegales? que igualmente afectan diferentes regiones, pero que no tienen el mismo despliegue periodístico.
Lo contradictorio es un discurso de paz desde el gobierno nacional que reivindica el heroísmo de los soldados asesinados, pero dibuja de terroristas o criminales a los supuestos guerrilleros, que así lo fueran, aún son seres humanos, muchos de ellos pobres, reclutados por la fuerza de las armas o de la falta de oportunidades. No hay que olvidar los infames casos de “Falsos Positivos” donde miembros del Ejército Nacional Colombiano hicieron pasar por guerrilleros dados de baja en combate a jóvenes humildes de barriadas pobres de diferentes regiones del país y que según la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos en Colombia podrían superan los 3.000 casos en los últimos años.
Entre la paz que necesita el país y la paz electoral
Desde el inicio de los diálogos de paz se propusieron temas que son apenas obvios en un país democrático, pero llevan el país anegado en violencia hace más de 50 años: 1) desarrollar una política agraria integral que propusiera la necesidad de zonas de reserva campesina y la soberanía alimentaria en un país que cifra su esperanza de desarrollo en la minería a gran escala; 2) ampliar la participación política que revirtiera la cooptación mafiosa y la exclusión de amplios sectores en los cargos de elección popular; 3) ponerle fin al conflicto armado que implica la dejación de armas, pero también la necesaria reestructuración del ejército colombiano; 4) ponerle solución al problema de narcotráfico desde políticas más humanas y de atención a los campesinos pobres, así como a los consumidores con enfoques de salud pública; 5) reparar integralmente a las víctimas derivadas del conflicto armado, que implica el espinoso tema de definir quienes son las víctimas, pues las mismas FARC consideran que son víctimas históricas de un estado excluyente; 6) refrendar los acuerdos en una necesaria asamblea constituyente que permita replantear el sistema político del país, y refundar unas reglas de juego en una necesaria justicia transicional.
Ante el enorme desafío de los puntos sobre la mesa, los acuerdos han puesto en evidencia el lado más pragmático de las partes, así como la poca voluntad del gobierno y las guerrillas de pensar más allá de sus propios intereses. Obviamente un proceso de paz requiere un odioso pragmatismo que no entienden bien las miles de víctimas de las atroces violencias ocasionadas por las guerrillas, los grupos paramilitares que conformaron empresarios, líderes políticos y mafiosos para contrarrestar a las guerrillas, y los mismos agentes del Estado; pero si bien el fin último es la paz del país, resulta difícil alcanzarla cuando los conflictos políticos, económicos y sociales que le dieron origen no se ven reflejados en los acuerdos.
El gobierno colombiano ha sostenido en todos los escenarios que no está negociando el modelo económico del país, pero algunas de las preguntas obvias son: ¿Cómo revertir una dinámica económica que sitúa a Colombia como uno de los países más desiguales del planeta? ¿Cómo será posible construir la paz sin replantear aspectos como tratados de libre comercio que empobrecieron aún más a los productores colombianos?
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Se trata de que miles de jóvenes que hoy mueren como resultado de la guerra puedan ejercer el derecho a una biografía que no esté atravesada por la violencia y la muerte
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Otro de los desafíos del proceso de paz será involucrar al sistema financiero, a los gremios económicos y algunos sectores de las fuerzas militares en una paz que no sea entendida como una simple derrota o entrega de armas por parte de las guerrillas. La paz que el país necesita pasa por la equidad y la justicia social que impida el resurgimiento de la violencia como la más agónica de las revindicaciones sociales. Se trata de buscar que miles de jóvenes que hoy mueren como resultado de la guerra puedan ejercer el derecho a una biografía que no esté atravesada por la violencia y la muerte.
La guerra en Colombia tiene una clara relación con intereses que van desde el narcotráfico hasta la discrecionalidad del manejo de recursos públicos por los militares, pasando por el oportunismo electoral de quienes proclaman la guerra como única salida a la “violencia del terrorismo”. ¿Acaso para parar los homicidios de soldados no se debieran profundizar los diálogos en lugar de seguir enviando más jóvenes soldados a los campos de batalla?
La campaña electoral que se avecina en octubre en Colombia de entidades territoriales (alcaldías, gobernaciones, asambleas departamentales y concejos municipales) parece más una “tercera vuelta presidencial” que mide fuerzas entre la coalición de gobierno del Presidente Santos y los sectores Uribistas que cuestionan el actual proceso de paz, y cuyas dudas debieran ser parte de una gran discusión de país. Es necesario ponerle fin a los rumores y desinformación para el “ciudadano de a pie” que suele entender el proceso de paz como un dialogo de élites entre las guerrillas y gobierno, que nada tiene que ver con su vida cotidiana, a pesar de que miles de hoy habitantes urbanos son hijos o nietos de quienes llegaron huyendo de la guerra y la violencia en los últimos 50 años.
El retorno del miedo y el terror
En las últimas dos semanas de junio de 2015 estallaron en Bogotá dos artefactos explosivos que nuevamente hicieron recordar la época en que Pablo Escobar sembró el terror en las ciudades del país con bombas que estallaban de manera indiscriminada, buscando siempre el mayor número de víctimas. Aunque estas acciones se realizaron en medio del incremento de las hostilidades entre el ejército y las FARC, éstas últimas no se han atribuido los ataques y se teme que puedan ser sectores de ultraderecha quienes están buscando generar pánico y opinión pública en contra del proceso de paz.
La derecha nuevamente está posicionando la “seguridad” como otra de sus campañas electorales que resulta muy oportuna ante la reaparición de ataques terroristas. De la discusión electoral desaparecieron temas que debieran ser preocupaciones para cada municipio del país: la cobertura en salud, educación, las obras de inversión pública o el medio ambiente quedaron en un segundo plano. La prioridad es quiénes están a favor del proceso de paz o la “entrega del estado a las guerrillas” –según sus detractores–, o quiénes serán los candidatos que le devuelvan a la ciudadanía espantada más “seguridad” policiva.
En este denso panorama los medios de comunicación también están en su propia campaña electoral. La casa editorial El Tiempo es de la familia Santos, de la cual hacen parte el actual presidente del país y su primo Francisco, quien es uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, la ciudad capital y el segundo cargo en importancia de elección popular de Colombia y que sirve de “calentamiento” de cara a una futura campaña presidencial. Una de las propuestas en materia de seguridad de Francisco Santos para Bogotá es la conformación de grupos de seguridad con 6,000 exmilitares y policías, que levantó duras críticas por el recuerdo que tiene el país de las llamadas Convivir o grupos de seguridad privada, cuna del paramilitarismo en Colombia.
Las agendas electorales y mediáticas reducen la paz a su mínima expresión. No obstante a cualquier colombiano que ha recorrido su país le duele por igual la violencia que se ensaña contra campesinos, soldados, guerrilleros, animales, aves y ríos. Pero los medios de comunicación no ayudan a salir de un panorama que dibuja las cosas en blanco y negro, y reduce los diálogos de paz a una “entrega” del país a los “terroristas” de las FARC. ¿Acaso no es suficiente causa cesar la muerte criminal que enluta a miles de familias en el país para creer que la paz es apenas necesaria para Colombia?
Entre héroes y terroristas, ¿quiénes son las víctimas y quiénes los “monstruos”?
Otra de las crisis del país se refleja en la ambivalencia en cuanto al derecho y valor de la vida humana. Mientras los soldados, militares y policías que caen en medio del conflicto armado son “héroes” que hacen eco de una campaña de las fuerzas militares que señala que “los héroes en Colombia sí existen”, los guerrilleros abatidos en combate son menos que despojos. Cabe recordar que el cadáver de Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las FARC y abatido por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano en 2008 nunca fue entregado a sus familiares por órdenes impartidas por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
El país ha construido una imagen de heroísmo de soldados y policías que no se conduele con las luchas jurídicas que muchos tienen que librar para que les sean reconocidas sus pensiones e indemnizaciones luego de salir heridos en combate, y al mismo tiempo “cosifica” de monstruos a guerrilleros o sus supuestos colaborares en una imposibilidad de ejercer el derecho de presunción de inocencia. Como diría una madre a quien le arrebataron a su hijo con el supuesto de haber sido guerrillero: “No sé qué me duele más, que hayan matado a mi hijo o que lo hicieran pasar como guerrillero caído en combate”.
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Otra de las crisis del país se refleja en la ambivalencia en cuanto al derecho y valor de la vida humana
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Tal vez esta sea la situación más compleja del conflicto colombiano, la imposibilidad de recobrar el tabú perdido ante la muerte violenta y las justificaciones para el homicidio. “Fue un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales”, dice con frecuencia la policía o “algo debía estar haciendo”, señala una frase usada de manera recurrente.
Otro de los fenómenos que empieza a tomarse las redes sociales y noticieros es la justicia por mano propia e intentos de linchamiento que hacen los ciudadanos ante casos de hurto callejero. Los casos ponen en evidencia el fracaso de políticas públicas que permitan la inclusión social de jóvenes que crecen al margen de cualquier oportunidad, y un sistema de justicia en crisis que con cárceles abarrotadas no logra contener el desencanto colectivo y la ausencia de sentidos del límite. Si bien ninguna violencia puede ser justificable, basta escuchar a quienes colman las cárceles para encontrar historias de exclusión y pobreza que son en última instancia la causa más recurrente de muchas violencias, incluida la derivada del conflicto armado.
Otro de los flagelos que según la politóloga y hoy senadora Claudia López es más grave que la misma violencia es la endémica corrupción del país. Son muchos los escándalos que involucran a jueces, magistrados, militares, políticos y empresarios en diferentes conductas delictivas asociadas a la corrupción, y la justicia colombiana no opera de la misma manera contra estas conductas.
Mientras la sociedad colombiana en su conjunto no pueda reivindicar el valor de la vida humana por sobre cualquier cosa, se ejerza efectiva proporcionalidad de las penas entre delitos famélicos y la gran corrupción que además está detrás de la necesidad de perpetuar la guerra, y la paz deje de ser un eslogan electorero para configurar una conducta deseable entre cada uno de los ciudadanos del país, será difícil que un proceso de diálogo pueda convocar el espíritu colectivo de un país que se merece encontrar salida a un conflicto que ha cobrado millones de víctimas en más de 50 años.
Alex Sierra R. (Bogotá) es Antropólogo y se ha desempeñado como investigador y consultor independiente en temas como derechos humanos, cooperación internacional para el desarrollo y políticas públicas en Colombia. Ha realizado su trabajo en zonas de conflicto armado y con comunidades vulnerables en su país durante los últimos 14 años. Es articulista con el Programa de las Américas www.americas.org/es
