Un mes después del estallido de las más intensas y multitudinarias protestas sociales registradas en la historia de Chile, el gobierno y la mayoría de partidos políticos firmaron el pasado 16 de noviembre un acuerdo para restablecer la paz y el orden público e iniciar un proceso constituyente con el fin de redactar una nueva Constitución.
Las protestas —que tuvieron como detonador el alza de los pasajes del metro el pasado 18 de octubre— ha puesto en tela de juicio el éxito del esquema económico neoliberal instrumentado en este país durante la dictadura presidida por el general Augusto Pinochet (1973-1989), por los denominados Chicago Boys, y sostenido como política de Estado por los distintos gobiernos transcurridos desde la instauración de la democracia en 1990.
Liberalización económica, y sobre todo financiera; privatización de los servicios públicos, incluida el agua; rol subsidiario del Estado; protección ilimitada a las inversiones extranjeras y una inserción en la economía internacional funcional a las políticas de Estado norteamericanas diseñadas para la región fueron las aristas fundamentales de un modelo del que Chile fue precursor.
La estabilidad macroeconómica, un crecimiento económico sostenido y reducción importante de los niveles de pobreza dieron lugar a que Chile fuera presentado por el establishment y el poder mediático internacional como el ejemplo a seguir en América Latina. Por largos años, los ciudadanos chilenos también lo creyeron así. Sin embargo, detrás de las estadísticas estables y los altos promedios de crecimiento per cápita, fue incubándose una enorme desigualdad y concentración de la riqueza que ha mostrado de forma dramática sus profundas grietas con las recientes protestas. Chile es la décimo segunda economía más desigual del mundo[1].
El énfasis de los análisis para explicar este sorprendente estallido social se ha centrado en los aspectos económicos y menos en su profunda crisis política caracterizada por la pérdida de representación de la ciudadanía en los partidos políticos y en sus autoridades. Por eso, parte importante de las demandas incluyen mayores espacios de participación.
Según la encuesta Termómetro Social de octubre, el 85% de la ciudadanía respaldaba las protestas sociales mientras que el 80% demandaba una nueva constitución. La actual, redactada durante la dictadura militar, data de agosto de 1980. La deslegitimación del gobierno se ha visto incrementada por las graves denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de Chile e. inclusive, de la Secretaría General de la OEA por violación de los derechos humanos de parte del gobierno para reprimir las protestas.
Todo ello ha dado lugar a una incuestionable pérdida de liderazgo de Chile en el escenario internacional. El gobierno ha tenido que suspender la realización de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que debía tener lugar en Santiago. Asimismo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) ha tenido que trasladarse a Madrid. Chile hoy no ofrece garantías ni siquiera para mantenerse como sede de eventos deportivos internacionales. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió trasladar la sede de la final de la Copa Libertadores 2019 que disputarán los equipos de Flamengo (Brasil) y River Plate (Argentina) de Santiago a Lima.
Lejos ha quedado el protagonismo del gobierno chileno en el Grupo de Lima, instancia creada por 13 países latinoamericanos y Estados Unidos, en agosto de 2017, para presionar por un cambio de gobierno en Venezuela; en la creación del Foro para el Progreso y Desarrollo de Sudamérica (Prosur)[2] en reemplazo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) el pasado 22 de marzo; así como en la abortada trama de ayuda humanitaria a Venezuela organizada por Estados Unidos para ser entregada a través de la frontera con Colombia que tuvo en vilo a la región en febrero. La explosión social, que ha iniciado ya su cuarta semana, ha traído abajo no solo el pedestal sobre el que se erigía el éxito de su modelo neoliberal, sino también su rol articulador con los países aliados de Estados Unidos en la región.
Las manifestaciones han tenido un impacto en la economía del país. El volumen de las ventas y el consumo, así como las importaciones y exportaciones han caído, al igual que la bolsa de valores, y la moneda local se ha devaluado. El funcionamiento limitado de muchas actividades y la suspensión de los eventos internacionales mencionados, tendrá un impacto en el crecimiento económico. En este escenario, la salida del presidente Piñera3 y la convocatoria a una Asamblea Constituyente fueron presentadas por la ciudadanía como las piezas clave para lograr una solución.
El rostro oculto del éxito económico chileno
Si bien el crecimiento económico per cápita fue constante y superior a la media latinoamericana y los niveles de pobreza en Chile se redujeron de más de 40% a menos del 10% en las últimas tres décadas, quienes pudieron superarla no alcanzaron a tener los niveles de consumo que suelen estar asociados a la condición de clase media.
El 50% de la población económicamente activa gana menos de 550 dólares mensuales, siendo el salario mínimo equivalente a 414 dólares. Abrumada en su andar por la estrecha franja que la separa de la línea de la pobreza, una parte importante de la población vive con el temor de ver caer sus ingresos.[3] En Chile, la movilidad social descendente es mayor a la movilidad social ascendente, y es precisamente la primera la que suele propiciar la protesta política en mayor proporción que la pobreza misma.[4]
El tema más álgido que exacerba la desigualdad, es probablemente el sistema de pensiones vigente en el país desde 1982, diseñado durante el gobierno militar[5]. El mecanismo previsional no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. Según la agrupación No+AFP (No más administradoras de fondos de pensiones), que en 2016 convocó a una marcha de 600 mil personas, se trata de “bancos encubiertos de los empresarios más ricos de nuestro país que utilizan los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocas manos”.[6] El promedio de la pensión de los jubilados es de 286 dólares mensuales y el 80% de ellos recibe pensiones menores al sueldo mínimo”. El monto de las pensiones es en promedio cercano al 40% de los ingresos de las personas al momento de retirarse.
La educación es el segundo gran tema que retroalimenta la inequidad. En 2006 y 2011 tuvieron lugar grandes movilizaciones estudiantiles que exigieron una profunda reforma del sistema educativo, caracterizado por la enorme brecha entre la educación pública y privada. Esto se explica por el retiro del Estado de sus funciones como generador, regulador y supervisor del sector educativo. A la vanguardia de las reformas neoliberales, Chile inició este proceso en los años ochenta.
Hay un reconocimiento unánime de parte de ex gobernantes chilenos con respecto al malestar social que genera la situación de inequidad que originó las protestas en este país. Rolf Luders, exministro de economía de Pinochet y actual profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, admite que “los ingresos de la gran mayoría de los chilenos aún son bajos en términos absolutos y las diferencias de ingreso son muy significativas”. Asimismo, que “ha habido abusos no sancionados debidamente por el Estado”. El ex presidente por la Concertación, Ricardo Lagos, señala que “la ciudadanía siente que, aunque la pobreza ha disminuido sustancialmente, hay una concentración muy alta del ingreso, y una desigualdad que no se ha atacado adecuadamente.”
Lagos considera que “Chile necesita aumentar los impuestos, especialmente a los ricos porque se necesitan más servicios públicos” y advierte que la gente exige un nuevo contrato social para que los frutos del crecimiento lleguen a todos.”[7] El propio presidente Piñera, después de negar y desconocer las protestas, ha dicho que “es verdad que los problemas se acumulaban desde hacía muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud”. En efecto, en los primeros días de las manifestaciones sociales Piñera dijo que estaban “en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible”.[8]
De nada sirvió declarar el estado de emergencia en el país y entregarle el control de la seguridad ciudadana a los mandos militares. Eso solo sirvió para atizar el fuego que incrementó la violencia. Las protestas con dos decenas de muertes, miles de heridos y detenidos, denuncias por tortura, entre otros, le doblaron la mano a Piñera y este tuvo que verse obligado a hacer un cambio maquillado de su Gabinete, a suspender el estado de emergencia y el toque de queda vigente en algunas ciudades, y a anunciar medidas económicas favorables a la población, como se verá más adelante.
La elitización de la política
Las grietas no solo tienen lugar en la esfera económica sino también en la política y en la social. El sistema económico neoliberal necesita una democracia excluyente y limitada, que Chile construyó exitosamente en las tres décadas de democracia desde el fin de la dictadura militar en 1990. Por largos años, se sostuvo un sistema electoral binomial diseñado en la dictadura para propiciar la participación de dos bloques políticos que se alternaron el gobierno[9] y que ha dado lugar a la concentración del poder en una élite reducida.
Uno de esos bloques fue la Concertación de Fuerzas por la Democracia (desde 2011 Nueva Mayoría) mientras que el otro, de centro derecha, es la Alianza por Chile (desde 2009 Coalición por el Cambio). Salvo el anterior periodo del gobierno de Sebastián Piñera del Partido Renovación Nacional (2010-2014) y el actual, (2018-2022) el gobierno ha estado en manos de los partidos de la Concertación. El partido socialista, miembro de esta última, gobernó en tres oportunidades: la primera, con Ricardo Lagos (2000-2006), y después Michel Bachelet en dos oportunidades: (2008-2010) y (2014-2018). Pero en esencia, nunca se alejaron del modelo, lo que dio lugar a una estabilidad política y económica que gobernó para las necesidades del mercado, pero no de la ciudadanía.[10] En La violence des riches, Michel y Monique Pinçon describen un fenómeno similar ocurrido en Europa, en particular en Inglaterra y en Alemania, en el que los dirigentes socialistas se unieron al neoliberalismo y capitularon frente al modelo neoliberal.[11]
En el mismo libro, los autores señalan que el neoliberalismo crea una clase social que se moviliza en función de sus intereses en todos los frentes (la política, las finanzas, los medios de comunicación, el arte, la música, entre otros) y nada queda librado al azar. Prevalece una manipulación ideológica y lingüística que determina una pérdida del pensamiento crítico, neutralizado además por la voracidad del consumo, que paraliza los reclamos de la ciudadanía frente a la desigualdad. En esta fase neoliberal, señalan, es el sistema financiero el que impone la política.
Lo que interesa al poder económico, destacan, es preservar el orden y que las clases medias y populares no lo cuestionen. Por eso el modelo se presenta como natural y eterno, como el sol que calienta o la luna que brilla. No obstante, advierten, esta situación puede cambiar. “Ello solo es posible cuando se pierde el respeto a esa jerarquía, cuando la ciudadanía se reconoce como ser humano y se pregunta si yo no trabajara, ¿qué harían ellos? No podrían lograr nada. Es entonces que, a los cuestionamientos a esa suerte de aristocracia del dinero, le siguen el caos y la rebelión”.
Es esto lo que está ocurriendo en Chile. El audio de WhatsApp difundido al inicio de las protestas entre la primera dama de Chile, Cecilia Morel, con una amiga donde describe a los manifestantes chilenos como “una invasión extranjera, alienígena” [12], evoca a María Antonieta y al distanciamiento de su cónyuge, Luis XIV, con el pueblo francés.
Chile tiene una sociedad profundamente elitista. “La capacidad de desarrollo de la gente está limitada por el apellido que tiene, por el lugar donde vive, por el colegio que puede pagar o no pagar para sus hijos” en un escenario en el que la ciudadanía tiene la percepción de que 80% de la administración del Estado es corrupta o muy corrupta.[13]
Si bien Chile no ostenta el premio por presentar los índices más altos de corrupción en América Latina, no está exento de ella.[14] El financiamiento ilegal a partidos políticos, la malversación de fondos públicos en el ejército, los fraudes en los Carabineros, así como la colusión entre grandes empresas para incrementar los precios de los medicamentos (sobre todo de enfermedades crónicas) y de algunos productos de primera necesidad han desacreditado a la política y a las instituciones. Además de la inequidad económica prevalece una sensación de impunidad y pérdida de representatividad de la ciudadanía con sus autoridades. Eso explica también que, cada vez más, los chilenos voten cada vez menos.
Quienes se resisten a admitir el fracaso de este modelo de desarrollo en Chile, califican el reciente estallido social como revueltas propias del Primer Mundo, similares a los indignados de España o los chalecos amarillos de Francia, las cuales reflejan una crisis de expectativas incumplidas en países desarrollados. Esos países todavía poseen un margen de negociación para superar los conflictos derivados de sus demandas. No es el caso de Chile, cuyo gobierno está contra las cuerdas porque no hay espacio para negociar si no se hacen cambios profundos en el modelo. Otros, como el presidente Trump, han denunciado “la injerencia de otras naciones en Chile, con el objetivo de “socavar” las instituciones, la democracia y la sociedad chilenas.”[15]
Funcionarios del Departamento de Estado norteamericano han informado que “han sido identificadas cuentas falsas que emanan de Rusia, fingen ser chilenas y estarían tratando de socavar todas las instituciones y la sociedad chilena”.[16] Pero el propio ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, Gonzalo Blumel, ha señalado que “prefiere ser prudente, conocer esos antecedentes y, si son efectivamente ciertos, investigarlos en las instancias que corresponden.”[17]
La Secretaría General de la OEA, por su parte, considera que las protestas en Chile revisten el mismo patrón que las sucedidas anteriormente en Ecuador y Colombia y señala que “las brisas del régimen bolivariano impulsadas por el madurismo y el régimen cubano traen violencia, saqueos, destrucción y un propósito político de atacar directamente el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones en los mandatos constitucionales.”[18]
El diario La Tercera de Chile, por ejemplo, informó que detrás de los ataques a las estaciones del metro habría extranjeros de origen cubano y venezolano. Sin embargo, los fiscales encargados de la investigación concluyeron que “no hay antecedentes respecto de identidades ni nacionalidades específicas”[19], “que algunos lugares en los que se inició el fuego eran bastante estratégicos para las estaciones de Metro, especialmente donde están instalados los sistemas de electricidad”[20] y que “los lugares son de acceso restringido y no son de libre alcance para todos los que transitan por la vía”.[21]
Sobre la violencia y destrucción de la propiedad pública y privada en todo el país, algunos analistas consideran que “hay serias sospechas, testimonios y registros visuales elocuentes que, si bien indicarían que fueron organizadas, podrían haber sido realizadas por los servicios de inteligencia chilenos”.[22]
Ello habría justificado la declaración de estado de emergencia y el consiguiente control del orden público por las fuerzas militares luego que el presidente Piñera señalara, al inicio, que el país se encontraba en una guerra frente a un enemigo poderoso. Grave error haber criminalizado la protesta social en lugar de responder políticamente. Días después tuvo que retirar las medidas luego de pedir perdón a la ciudadanía por no haber escuchado sus reclamos, ni él, ni los gobiernos que lo precedieron.
Piñera cercado
A pesar que el presidente dejó sin efecto el alza de precios del pasaje del metro y de la electricidad y aprobó un conjunto de medidas sociales como un incremento de los salarios mínimos y de las pensiones de los jubilados, un plan de apoyo a las pequeñas y medianas empresas afectadas por las protestas y mayores impuestos para los ricos los manifestantes continuaron auto-convocándose en todo el país. Si bien carecen de un liderazgo único, su organización comenzó a tomar forma en los barrios y en las agrupaciones vecinales y sociales convocados en cabildos abiertos, en los que la demanda común fue el cambio de la constitución. Se señalaba que es precisamente el texto de la constitución la gran limitante para satisfacer muchas de sus demandas, en particular, lo referido al rol subsidiario del Estado.
Para no quedar al margen y dilatar el tiempo, Piñera anunció el 6 de noviembre su intención de iniciar jornadas de “diálogos ciudadanos” por espacio de sesenta días para recoger propuestas sobre los principales reclamos de la población. Se trata de un mecanismo similar al utilizado por Macrón cuando tuvo que lidear con el movimiento de los chalecos amarillos. El problema es que Chile no es Francia. El descontento y frustración social en el país andino lleva incubándose por más de tres décadas y su nivel de sindicalización es bajo. Francia, en cambio, cuenta con fuertes organizaciones de la sociedad civil y tiene una tradición democrática mucho más consolidada.
La intensificación de las protestas llegó a un límite tal, que el presidente Piñera tuvo que anunciar el 9 de noviembre que su gobierno preparaba un proyecto para actualizar la Constitución promulgada en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, el mismo que debía ser discutido con otras propuestas que ya existían en el Congreso. Su anuncio representó un viraje con respecto a sus posiciones iniciales, toda vez que cuando asumió la presidencia en marzo de 2018 anunció que no daría curso a un proyecto de ley que su predecesora, Michelle Bachelet (2014-2018) envió al Congreso para modificar la Constitución. La iniciativa de Bachelet buscaba consagrar la inviolabilidad de los derechos humanos, el derecho a la salud y educación, además de garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Si bien hubo acuerdo entre el gobierno y la ciudadanía en cambiar la Constitución, no lo hubo en la forma de hacerlo. La ciudadanía no estaba de acuerdo en modificar la Constitución a través de un Congreso Constituyente como lo propuso el presidente Piñera, puesto que ello implicaba que el actual Congreso designaría un grupo entre sus propios integrantes, para modificar la Constitución durante un período de doce meses. El problema radicaba en que las organizaciones cívicas y sociales deseaban participar en forma directa en la nueva Constitución y para ello proponían redactarla a través de la elección de una Asamblea Constituyente. Esto es, la elección de un grupo de personas que no pueden ser miembros del actual Congreso, cuya función específica es diseñar una nueva Constitución para luego ser ratificada por plebiscito.
El punto central de la discordia en el texto de la Constitución es el principio de subsidiaridad del Estado que establece que este solamente puede intervenir cuando las necesidades básicas no pueden ser satisfechas por agentes privados. Tal como señala la historiadora Nicole Schwabe, del Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld, el Estado dejó un gran vacío al retirarse, pues muchos derechos sociales, como la educación, la salud y las pensiones, quedaron en manos de privados, que trataron estos temas con criterios mercantiles. “Esto ha determinado los grandes problemas de los últimos años y el surgimiento de movimientos y una serie de protestas sociales”. Si bien hubo mejoras, señala “el sistema político no ha sido capaz de responder a las demandas de los movimientos sociales que vienen desde hace años. No hay salida alguna a este conflicto si no hay cambio constitucional. Si no se toman las medidas necesarias, la violencia podría escalar más”.[23]
En esta misma línea de pensamiento, la Iglesia católica se pronunció a través del administrador apostólico de Santiago, Celestino Aos, quien expresó la imperiosa necesidad de cambiar la Constitución”, argumentando que “si no se hacen cambios profundos, estaremos hablando de maquillaje y volveremos a repetir la misma historia”.[24]
Mientras tanto, el cerco se le fue estrechando a Piñera. Su aprobación actual de 13%, en caída libre, y las masivas protestas que muchas veces terminaban en actos vandálicos, no podían ser controlados. Si bien la ciudadanía chilena autoconvocada se manifestaba de forma pacífica, hay tanto descontento y frustración acumulados por años que, en medio de estas, grupos de anarquistas encontraban el espacio para producir incendios, barricadas y actos de pillaje con el fin de crear caos.
La situación generó presiones de los altos mandos militares hacia el gobierno. Por ello, a la par que el presidente Piñera tendía una mano a la ciudadanía al satisfacer ciertas demandas, como proponer diálogos ciudadanos al estilo francés, e inclusive ofrecer una nueva constitución, los mandos militares lo presionaban para ejercer mano dura frente el descontrol ciudadano. Ello explicaría que el pasado 8 de noviembre, el presidente Piñera optara por endurecer nuevamente su discurso y por criminalizar las manifestaciones sociales. Así, anunció que impulsaría varios proyectos como la Ley Antiencapuchados, convocaría al Consejo de Seguridad Nacional y lanzaría iniciativas para respaldar la labor de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile. Esto solo contribuiría a recrudecer la violencia.
Entretanto, continuaban acumulándose las denuncias por violación a los derechos humanos en este país. La ONU denunció el uso arbitrario e indiscriminado de balines y perdigones para contener las protestas y pidió a las fuerzas de seguridad del país que dejaran de usar esos proyectiles de manera “inmediata”. Además, llamó la atención por “la gran cantidad de muertos y heridos” e hizo una exhortación para “alinear las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales existentes, ratificados por el Estado chileno”.[25]
Asimismo, la Secretaría General de la OEA deploró las muertes, tanto de las que se han dado por el exceso y la desproporción del uso de la fuerza por parte del Estado, como de las que han ocurrido en el marco de los saqueos. Además, anunció que respaldaría, suscribiría y haría suyas las investigaciones y conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre violaciones de derechos humanos en Chile.[26] En efecto, representantes de la CIDH se encuentran Chile “para atender a las solicitudes de decenas de organizaciones de Derechos Humanos, Movimientos Sociales y de Pueblos Indígenas, representantes de Partidos Políticos, legisladoras y legisladores, intelectuales, artistas, además de la Defensoría de los Derechos de la Niñez”.[27]
De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, 2365 personas han resultado heridas en manifestaciones, más de 6,000 han sido detenidas y el organismo ha presentado 335 querellas por torturas, violencia sexual, homicidio y homicidio frustrado, entre otras causas. Desde el inicio de las manifestaciones el pasado 18 de octubre, un total de 217 personas han sufrido heridas oculares. La Sociedad Chilena de Oftalmología alerta sobre una situación de emergencia sanitaria por estos casos, y el vicepresidente del Colegio Médico de Chile, Patricio Meza, ha manifestado que no se ha respetado la distancia de seguridad para disparar proyectiles, se ha apuntado por encima de la cintura y, en ocasiones, en presencia de niños, embarazadas o personas con movilidad reducida. Tanto la BBC como el New York Times, este último a través de un reportaje, titulado “’It’s Mutilation’: The Police in Chile are Blinding Protesters” (“Es Mutilación: La Policía en Chile está Cegando a Manifestantes”)[28] han denunciado estos hechos.
En el plano político interno, la oposición chilena firmó en el Parlamento una acusación constitucional para la destitución de Piñera, quien a su vez registra múltiples denuncias por violación a los derechos humanos. Al menos una de ellas ha sido aceptada por un tribunal de justicia chileno. Esta demanda interpuesta por un grupo de abogados de derechos humanos se debe a “la responsabilidad que le cabe (al presidente) en su calidad de autor, como jefe de Estado y de todos quienes resulten responsables como autores, encubridores y/o cómplices del delito de crimen de lesa humanidad”.[29]
Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución ¿desactivará la protesta social?
Es en este contexto que, el 16 de noviembre, la mayoría de fuerzas políticas[30] representadas en el Congreso lograron un acuerdo para restablecer la paz y el orden público y convocar, en abril de 2020, a un plebiscito por una nueva Constitución que sustituya a la vigente. La consulta popular contendrá dos preguntas: si se está de acuerdo con cambiar la Constitución y cuál debería ser el mecanismo para redactarla. Este puede ser mediante una convención constituyente mixta —compuesta por una mitad de parlamentarios activos y la otra mitad de nuevos delegados—; o con una convención totalmente nueva, similar a una asamblea constituyente.
Si la ciudadanía opta por una convención constitucional, se deberá elegir a sus integrantes en el mismo proceso electoral que elegirá a alcaldes y gobernadores regionales en octubre del 2020, bajo sufragio universal. Una vez redactada la nueva Constitución, en un plazo máximo de un año, el texto será sometido a un plebiscito ratificatorio, el que se realizará mediante sufragio universal obligatorio. Finalmente, el Congreso volverá a votarlo.
Si bien el acuerdo tiene plazos extensos para las urgencias de la ciudadanía, la decisión de redactar una nueva Constitución, y dejar de lado la actual, representa un hecho histórico para Chile y para el mundo, al demostrar que es posible que, frente a la protesta ciudadana, un gobierno abandone el instrumento que garantiza el control económico político y social de la sociedad a los grupos de poder. Sin embargo, habrá que ver cuál es el nivel de representatividad que tienen los partidos políticos en la población y cuál es el grado de tolerancia del poder económico y mediático con esta medida, que amenaza su estabilidad. De ambos factores dependerá si efectivamente se logra desactivar la protesta social, los cabildos autoconvocados por la ciudadanía y los actos de violencia.
El estallido social ha desnudado la imagen de bienestar de la sociedad chilena que vendía el establishment internacional, ha afectado su liderazgo regional y sus proyecciones de crecimiento económico y ha mostrado a una sociedad herida, que ha sumado temas pendientes de solución como los juicios por violación de los derechos humanos, la reparación a las víctimas de la violencia y la situación de los presos políticos.
Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina entre 1985 y 1994, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR entre 2006 y 2008 y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina entre 2010 y 2015. Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.
NOTAS:
[1] Según destaca la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país acumuló en 2017 el 26,5% de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.
[2] Según el anfitrión de la primera cumbre presidencial de Prosur, Sebastián Piñera, se trataba de “crear un nuevo referente en Sudamérica para una mejor coordinación, cooperación e integración regional, libre de ideologías, abierto a todos y 100% comprometido con la democracia y los derechos humanos” El problema es que no existen foros libres de ideologías. Prosur es funcional al gobierno norteamericano y es una respuesta ideológica al fracaso de la Unasur en su intento por resolver autónomamente los problemas de la región.
[3] Mientras un ciudadano chileno tiene un 9% de probabilidades de ver su ingreso crecer hasta incorporarse al 20% de la población de mayores ingresos, tiene un 16% de probabilidades de ver su ingreso reducirse hasta incorporarse al 20% de la población de menores ingresos.
[4] Kahhat Farid, “El eterno retorno, la derecha radical en el mundo contemporáneo” https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/la-paradoja-chilena-por-farid-kahhat-noticia/
[5] El sistema previsional en Chile es suministrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones.
[6] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50124583
[7] Las protestas en Chile son del Primer Mundo, Andrés Oppenheimer https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/andres-oppenheimer-es/article236564373.html
El enigma chileno, Mario Vargas Llosa, https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=el-enigma-chileno-por-mario-vargas-llosa-2
[8] https://www.dw.com/es/pi%C3%B1era-estamos-en-guerra-contra-un-enemigo-poderoso/a-50910426
[9] En enero de 2015 se eliminó el sistema electoral binomial creado por la dictadura de Pinochet que, en la práctica, favoreció a la derecha política, que, 2015 El Parlamento de Chile ha aprobado este martes la eliminación del sistema electoral binominal creado por la dictadura de Augusto Pinochet n la práctica favoreció a la derecha política que, al amparo de este sistema, con un tercio de los votos controlaba la mitad del congreso.
[10] Se exceptúa al Frente Amplio fundado en 2017. Es una coalición política chilena conformada por partidos y movimientos políticos de izquierda, liberales igualitarios y ciudadanos que se plantean superar la dicotomía del bipartidismo chileno, conformada por la Nueva Mayoría y Chile Vamos
[11] La violance des Riches, Michel Pinçon & Monique Pinçon-Charlot, Paris, 2014 https://www.youtube.com/watch?v=Ys3cjJlTcDE
[12] “Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena (…) Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar las comidas y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. (…) Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave”. “Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto”.
[13] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50208871
[14] Entre 2014 y 2017 tanto la coalición política de derecha (con el Caso Penta y SQM) como el propio gobierno de Michelle Bachelet (con el caso Caval) estuvieron salpicados por temas relativos a financiamientos ilegales de campañas políticas y boletas falsas
[15] Días antes, en una entrevista con Efe el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Michael Kozak, dijo que Estados Unidos había identificado en las redes sociales “cuentas falsas” procedentes de Rusia que intentan sembrar discordia en la red. Por el momento no ha mencionado una posible interferencia de Cuba o Venezuela en este país.
[16] https://www.cnnchile.com/pais/diplomacia-eeuu-cuentas-falsas-rusia-agitando-manifestaciones-chile_20191025/
[17] https://www.t13.cl/noticia/politica/prefiero-ser-prudente-ministro-blumel-se-desmarca-supuesta-intervencion-extranjera-chile
[18] https://www.bnamericas.com/es/noticias/comunicado-de-la-secretaria-general-de-la-oea-sobre-la-situacion-en-chile
[19] Declaraciones del fiscal regional metropolitano oriente, Omar Mérida, aseguró que la investigación que él encabeza “no tiene antecedentes respecto de identidades específicas ni nacionalidades específicas”.
[20] Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur https://www.t13.cl/noticia/politica/prefiero-ser-prudente-ministro-blumel-se-desmarca-supuesta-intervencion-extranjera-chile
[21] Rubén Alvarado, gerente general del Metro de Santiago https://www.t13.cl/noticia/politica/prefiero-ser-prudente-ministro-blumel-se-desmarca-supuesta-intervencion-extranjera-chile
[22] http://www.noticiasser.pe/opinion/la-nacion-insurrecta-y-el-fin-de-los-tiempos
[23] https://www.dw.com/es/chile-es-el-cambio-de-la-constituci%C3%B3n-la-soluci%C3%B3n-a-la-crisis/a-51144077
[24] https://www.cnnchile.com/pais/celestino-aos-pidio-cambio-de-constitucion_20191108/
[25] https://www.theclinic.cl/2019/11/08/violacion-grave-a-los-derechos-humanos-onu-demanda-el-cese-inmediato-del-uso-de-balines-y-perdigones-en-chile/
[26] https://www.bnamericas.com/es/noticias/comunicado-de-la-secretaria-general-de-la-oea-sobre-la-situacion-en-chile
[27] https://www.cnnchile.com/pais/cidh-visita-chile-derechos-humanos_20191106/
[28] https://www.t13.cl/noticia/nacional/the-new-york-times-publica-reportaje-sobre-manifestantes-que-quedaran-ciegos-por-traumas-oculares
[29] https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/crisis-en-chile-sebastian-pinera-es-denunciado-por-presuntos-crimenes-de-lesa-humanidad-en-protestas-sociales-noticia-1228713?ref=rpp
[30] El Partido Comunista no participó y el Frente Amplio se dividió.
