Chile: Del terremoto social al tsunami político

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60% de los chilenos no votó en las elecciones municipales del 28 de octubre. En opinión de Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia y uno de los intelectuales más escuchados, si ese insólito nivel de abstencionismo se hubiera registrado sin la existencia de un movimiento social, podría hablarse de “flojera” o “escapismo”. Pero cuando en Chile existe un potente movimiento estudiantil y  fuertes organizaciones territoriales en el norte y en el sur, la abstención fue “un rechazo a participar de ese modelo”[1].

En efecto, el crecimiento del movimiento social que se constata en la última década tuvo un desarrollo exponencial en 2011: paros y protestas regionales en Magallanes (sur), Arica y Calama (norte), levantamiento regional contra el megaproyecto HidroAysén (sur), huelgas de los trabajadores del cobre, acciones de comunidades mapuche, movilizaciones de los damnificados por el terremoto de 2010 y, sobre todo el amplio movimiento por la educación pública que incluye estudiantes, padres y docentes[2].

A mediados de 2011, en pleno fervor estudiantil, el tercer Manifiesto de Historiadores aseguraba que estaba sucediendo un “movimiento de carácter revolucionario-antineoliberal”[3]. En 2013 luego de dos años de intensas movilizaciones y de la elevadísima abstención electoral, es posible acordar, como apuntan numerosos analistas, que la clase política se tambalea. Por eso se viene abriendo paso la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente que, como señala el historiador Sergio Grez, por primera vez en la historia chilena proceda democráticamente “a la refundación de las bases de la institucionalidad”[4].

La Constitución vigente fue aprobada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Muchos analistas consideran que fue diseñada para impedir cambios ya que incluye algunos “cerrojos” como la necesidad de contar con 4/7 de los parlamentarios para aprobar una ley orgánica. El abogado constitucionalista Fernando Atria sostiene: “Ningún país que uno considere democrático exige más que una mayoría simple para la aprobación de una ley”[5].

Atria concluye que la dictadura institucionalizó tres mecanismos para perpetrar el poder de las elites que la democracia no ha conseguido desmontar: el sistema electoral binominal, los quórums especiales de 4/7 para aprobar leyes importantes y el Tribunal Constitucional, que “forman un conjunto de instituciones profundamente antidemocráticas” que “le dan poder de veto a la derecha”. Concluye que la dictadura, a través de esa arquitectura legal, decidió “quitarle poder a las mayorías, porque parecieron peligrosas”.

El movimiento actual rechaza la estrategia de la Concertación, coalición centrista que gobernó entre 1990 y 2010, de desmontar paso a paso la Constitución heredada. De hecho este proceso se detuvo porque los “cerrojos” funcionan impidiendo reformas, como sucede con la ley de la educación heredada de Pinochet.

La inagotable resistencia mapuche

Se llega al penal El Manzano, en las afueras de Concepción, luego de atravesar montañas de pinos y eucaliptos que delatan la presencia del modelo extractivo en su versión maderera. La comitiva, luego de anunciar la intención de visitar a Héctor Llaitul y pasar tres controles de Gendarmería, no muy estrictos por cierto, sigue el camino hacia la sanidad del penal. Sentado en su cama, rodeado de su esposa, su madre y dos familiares de presos, saluda con una amplia sonrisa.

La comisión está integrada por cinco premios nacionales, el presidente de la Iglesia Evangélica Luterana, el presidente del Colegio Médico, un ex juez y un diplomático, dirigentes estudiantiles y sindicales, diversos intelectuales, la Pastoral Mapuche y la Comisión Ética contra la Tortura. La mitad fueron a la cárcel de Angol, donde está detenido Ramón Llanquileo, al igual que Llaitul miembro de la Coordinadora Arauco Malleco dedicada a la recuperación de tierras ancestrales en manos de corporaciones forestales y de latifundistas.

Los presos mapuche pusieron fin a la huelga de hambre de 76 días el 28 de enero, cuando la comitiva se comprometió a poner en pie una Comisión Nacional e Internacional de observación de los derechos humanos del pueblo mapuche. Aunque animado, Llaitul adelgazó 26 kilos que se notan sobre todo en la holgura del pantalón y la palidez del rostro. Motivos para la huelga sobran, pero los visitantes reparten un panfleto con siete demandas.

La libertad inmediata de Llaitul y Llanquileo, abrir una instancia de diálogo entre el Estado y representantes mapuches, definir una agenda que “considere la autodeterminación y formas de representación y autogobierno del pueblo mapuche”, recuperar para las comunidades los territorios apropiados por las forestales, indulto general a los presos mapuches, respeto del Convenio 169 de la OIT que reconoce los derechos colectivos y resguardo a la niñez mapuche, ya que muchos niños comuneros han sido violentados por los aparatos represivos.

Por su parte, la Cuarta Declaración de Historiadores respecto de la Cuestión Nacional Mapuche, firmada por cientos de intelectuales, fue difundida días después de la muerte del matrimonio de colonos suizos Luchsinger-Mackay en Vilcún, el 3 de enero, al parecer por comuneros mapuche que ocuparon la propiedad en el quinto aniversario del asesinato por la espalda del comunero Matías Catrileo, por  un carabinero cuando un grupo intentaba ingresar en la hacienda de Jorge Luchsinger.

Cinco años después, en el marco de movilizaciones en homenaje al joven estudiante de 22 años, y en demanda de que sea procesado el asesino, unos 20 mapuches ocuparon la hacienda del primo de Jorge, Werner, quien se habría defendido disparando mientras le incendiaban su casa. La Declaración de los historiadores asegura que los hechos de violencia “tienen su punto de partida en la mal llamada ´pacificación de la Araucanía´ realizada por el Estado chileno entre las décadas de 1860 y 1880, en violación de los acuerdos concluidos con los mapuches después de lograda la Independencia (1825)”[6].

“Mediante una prolongada campaña militar –continúa la Declaración-, el Estado de Chile ocupó a sangre y fuego la Araucanía y, utilizando los métodos más violentos y crueles, usurpó grande extensiones de tierra indígena que subastó a bajo precio o regaló a colonos chilenos y extranjeros, confinando a los mapuches en pequeñas y míseras reducciones”. Por eso consideran que “la violencia actual es el resultado de más de 130 años de injusticias, despojos y negación de derechos”.

Desde la década de 1990 nuevas generaciones mapuches han creado un sinfín de organizaciones urbanas y rurales, en lo que el historiador Gabriel Salazar denomina como la “sexta época” de la guerra mapuche, iniciada en 1981[7]. Por primera vez en la historia las cárceles del sur están llenas de jóvenes mapuche en calidad de presos políticos. Piensa que el Estado chileno poco puede hacer “frente al más antiguo e indómito movimiento social de la historia de Chile”, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los chilenos y simpatías internacionales. Por eso asegura que el Estado “no podrá ir demasiado lejos”.

“Yo no presto el voto”

La noche del 28 de octubre el gobierno de Piñera debió suspender precipitadamente los festejos programados para celebrar lo que consideraba el seguro triunfo de los candidatos oficialistas en los distritos decisivos: Santiago, Providencia y Ñuñoa. El derrotado alcalde de Providencia, un coronel y ex ministro de Pinochet, mostró el estilo de la derecha al insultar a quienes le ganaron en las urnas: “Ha vencido el odio, la intolerancia, la falta de respeto. (…) Aquí venció de nuevo la serpiente del paraíso”[8].

Es evidente que el movimiento estudiantil agrupado en ACES, y algunos colectivos que los apoyaron, leyeron correctamente el estado anímico de los chilenos cuando decidieron lanzar su campaña “Yo no presto el voto”. El mismo día electoral llegaron al Estadio Nacional a protestar en cuclillas y con las manos en la cabeza “para recordar a los votantes que el lugar fue el centro de detención más grande del país en la última dictadura militar, apoyada por los candidatos de la derecha”[9].

Para las elecciones de 2012 se modificó el padrón electoral. Antes era necesario inscribirse para poder votar, pero sólo lo hacían 8 millones de los 13 millones que podrían hacerlo, ya que mayoritariamente los jóvenes decidían no inscribirse. En esta ocasión la inscripción era automática, pero la cantidad de personas que no votaron fue incluso mayor que las que no se inscribían: casi 8 millones no fueron a las urnas y cinco millones votaron, o sea se abstuvieron tres millones más. Ahora muchos políticos pretenden decretar la obligatoriedad del voto.

Mario Sobarzo, del Centro Alerta, un colectivo que se destacó por la campaña contra el sistema de transporte urbano Transantiago, reflexionó sobre la abstención del 60% recordando que en las comunas más pobres, como la periférica Puente Alto, en la capital, sólo votó el 30% del padrón[10].  En esa comuna el Transantiago tiene los más altos niveles de evasión, en un sistema que presenta una evasión promedio del 20%. A pesar del despliegue de guardias en todas las estaciones y en todos los autobuses, uno de cada cinco usuarios no paga el pasaje a pesar de que pueden ser sancionados con multas elevadas.

Para Sobarzo la abstención refleja “un deseo de innovación y cambio que el sistema no logra representar”. Cree que “la campaña Yonoprestoelvoto politizó la interpretación de la abstención”. En el futuro cree que el movimiento social debe intensificar tres procesos: “la capacidad de articular propuestas colectivamente, la capacidad de coordinarse y cooperarse entre distintas organizaciones y mantener la movilización como principal instrumento de negociación”.

Los estudiantes secundarios agrupados en ACES, que es el núcleo mayor del sector más movilizado de la sociedad chilena, siguen agrupando entre 45 y 65 liceos, según relatan Manuela y Max, recordando que en el pico del conflicto coordinaban 120 liceos de un total de 200 que estaban ocupados. Creen que el movimiento está lejos de haber sido neutralizado y que en asambleas semanales han profundizado su comprensión de la realidad chilena. Apuestan a “confluir los focos en conflicto” para lo que crearon una Comisión Mapuche en ACES para relacionarse directamente con las comunidades afectadas por la represión.

El tipo de relación que establecen los estudiantes secundarios con el mundo mapuche salta por encima de las representaciones, una figura que el movimiento rechaza, para establecer vínculos cara a cara. En las dos últimas décadas han surgido numerosos grupos estudiantiles mapuche, muchos de ellos vinculados a hogares y residencias estudiantiles universitarias en las ciudades, que se han convertido en uno de los focos más importantes de organización del pueblo mapuche.

En el marco de la movilización juvenil-estudiantil ha surgido la Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE) que se define como una “red autónoma compuesta por estudiantes de educación superior y enseñanza media, el cual tiene un carácter territorial y se ha fijado como objetivo principal contrarrestar el fuerte desarraigo cultural y político que sufre el estudiantado en la educación formal que ofrece el Estado de Chile”[11].

¿Hacia una Asamblea Constituyente?

Las enormes movilizaciones estudiantiles de 2011 se estrellaron contra el muro de la indiferencia del gobierno, pese a que el movimiento juvenil cuenta con mayores simpatías que el presidente Piñera. Las marejadas se dispersan pero no se disuelven. Retornan con más fuerza, buscando caminos laterales, indirectos. En Chile hay dos procesos convergentes: la protesta social está legitimada y desde hace una década crece continuamente; el régimen está en cuestión, ya no sólo el gobierno.

A esta doble realidad llamamos tsunami, en el mismo sentido que el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Noam Titelman, para quien “el terremoto social del 2011, el movimiento estudiantil, se está convirtiendo en un tsunami político; lo estamos viendo con el abordaje de nuevos liderazgos y visiones distintas”[12]. Un síntoma de este “tsunami” es la creciente politización de los movimientos. Veamos dos casos.

En 2012 la ACES publicó la “Propuesta para la educación que queremos”, un manifiesto donde analiza brevemente el escenario político y realiza tres propuestas educativas[13]. Consideran que luego de 2011 “se ha abierto la puerta para que el mundo social defina el tipo de sociedad que quiere”, porque las movilizaciones desnudaron injusticias las. Los jóvenes se consideran “memoria y acumulación histórica (…) los hijos y los nietos del modelo”. Y aclaran: “No estamos sometidos a los miedos y a la lógica de los consensos, por eso tenemos libertad para gritar, levantarnos y movilizarnos, para pensar y crear, para soñar un mundo distinto”.

Creen que la gran virtud del movimiento ha sido poner en debate uno de los núcleos del modelo, como el lucro en la educación. Sobre ellos mismos dicen: “Somos la punta del iceberg, de un continente social que ya no tolera ser abusado, embrutecido, golpeado, humillado, explotado”. La claridad del análisis de los jóvenes, pero sobre todo su decisión y falta de miedo, se constata en cada gesto y cada palabra, en cómo se visten y hablan, y esa forma sostenida y desafiante de mirar.

Es la misma mirada de Llaitul y de los familiares de los presos políticos mapuches. Para Salazar, el mapuche “es un movimiento que ha acumulado una memoria de sí mismo casi sin parangón en el mundo, en la que se estratifican no sólo una sino cinco o seis épocas de guerra a lo largo de seis o más siglos de historia”[14]. Encarnan una cultura política diferente a la tradicional, y, si se mira de cerca, muy similar a la de los estudiantes: no se rigen por la Constitución vigente, no forman partido político ni se acoplan al calendario electoral, no compiten por cargos en el Estado ni quieren convertirse en parte de la clase política.

Además, “no se proponen metas fijas, objetivos únicos y programas rígidos sujetos a evaluación periódica”[15]. Tienen una novedosa capacidad de análisis y comprensión de su pasado y de la realidad nacional. Abundan los colectivos de historia mapuche y cada militante conoce en detalle la raíz de sus problemas: la “pacificación de la Araucanía” sale en cada debate.

No es ninguna casualidad que estos actores, los abusados por el neoliberalismo y por el Estado de Chile, estén empezando a caminar juntos, recorriendo las grandes alamedas que nunca abandonaron, porque sólo se sumergieron un tiempo para juntar más fuerzas, más sabiduría y coraje para retornar a la superficie con la potencia de una erupción…o un tsunami.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas www.americas.org/es.

 

 

 

 

 

Recursos

 

Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios(ACES), “Propuesta para la educación que queremos”, La Revista Otra, MPL, Santiago, 2012.

“Cuarta  Declaración de Historiadores respecto de la Cuestión Nacional Mapuche”, La Araucanía-Santiago, 19 de enero de 2013.

El Ciudadano, periódico quincenal y web: www.elciudadano.cl

Gabriel Salazar, “Movimientos sociales en Chile”, Uqbar, Santiago, 2012.

Sergio Groz, “Chile 2012: el movimiento estudiantil en la encrucijada”, Le Monde Diplomatique, edición chilena, enero-febrero de 2012.

Raúl Zibechi, intercambio con movimientos sociales, Santiago, 28 de enero de 2013.

 

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