La firma del acuerdo sobre “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP”, en La Habana el 23 de junio, es el principal resultado de casi cuatro año de negociaciones de paz. Los 6.770 combatientes de las FARC y sus 8.500 milicianos se reagruparán en 23 zonas, donde entregarán las armas. Mediante un referendo en la cual colombianos se pronunciarán a favor o en contra de los acuerdos de paz, sellando de ese modo el fin simbólico de un conflicto de más de cuatro décadas.
Para la firma del acuerdo acudieron a La Habana mandatarios de varios países: Michelle Bachelet (Chile), Danilo Medina (Dominicana), Salvador Sánchez (El Salvador) y Enrique Peña Nieto (México), quienes estuvieron acompañados por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Timoleón Jiménez y el presidente de Colombia Juan Manuel Santos.
Los guerrilleros harán entrega de sus armas en 180 días, aunque el desarme comenzará en dos meses y será gradual. Los desarmados permanecerán en las regiones fijadas, donde cuentan con apoyo de la población, para realizar el tránsito hacia un movimiento político legal. La Misión de las Naciones Unidas será encargada de coordinar y verificar los pasos que van a dar el gobierno y la guerrilla, que también integrará personal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
El Estado colombiano se comprometió a garantizar la seguridad de los desarmados, para evitar que se repita la persecución sufrida por la Unión Patriótica en la década de 1980, cuando no menos de dos mil de sus militantes fueron asesinados por grupos paramilitares vinculados al ejército y al narcotráfico. La presencia activa de redes de paramilitares desmovilizaciones bajo el gobierno de Álvaro Uribe que atentan contra defensores de los derechos humanos y activistas sociales, es uno de los aspectos más complejos del posconflicto.
El nuevo escenario abre posibilidades a los movimientos sociales que se vienen fortaleciendo en los dos últimos años, sobre todo luego el paro agrario de 2013. Aunque el movimiento popular está lejos de movilizarse de forma unitaria, ha establecido amplias convergencias en base a dos aspectos que jugarán un papel central en el futuro: las consecuencias del TLC firmado con Estados Unidos y el avance de la minería transnacional, que configuran el núcleo de la nueva economía colombiana.
El largo paro camionero
Según un análisis de la página La Silla Vacía, “el paro camionero es una muestra de que los acuerdos entre el gobierno y las FARC comenzarán a utilizarse como ‘vara’ con las que se comparan otras reivindicaciones sociales” (La Silla Vacía, 12 de julio de 2016). Se trata de una amplia y extensa movilización que comenzó el 7 de junio y que involucra a 250.000 camiones que se encuentran apostados en las principales carreteras del país. Tanto por la importancia del sector como por la extensión del paro, estamos ante una situación nueva y trascendente.
Los conductores están agrupados en varias organizaciones como la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), que rechazan las políticas neoliberales y demandan el cumplimiento de acuerdos pactados en paros anteriores, entre ellos el rechazo al incremento en los precios de los peajes y la gasolina.
Pero el aspecto fundamental de sus demandas es el llamado “uno a uno”, que choca frontalmente con el TLC firmado por Colombia con los Estados Unidos. “Para que haya un camión nuevo debe salir un vehículo viejo de la misma tipología”, asegura Jorge García presidente de la CCT (Desdeabajo, 13 de julio de 2016). Se trata de la regulación del sector, algo que el gobierno quiere evitar en función de los acuerdos de libre comercio.
Según García, la desregulación beneficia “a las grandes empresas de Estados Unidos que vendrán a Colombia con sus equipos”, mientras el paro busca que “los camioneros tradicionales sigamos teniendo derecho a seguir trabajando”.
El presidente de la ACC, Pedro Aguilar, denuncia que “el gobierno viene generando hace tiempo una política de globalización”, por la cual grandes multinacionales del transporte como Impala y Trafigura “se quieren quedar con la carga de los camioneros individuales, independientes”, como ya lo hicieron con el transporte de pasajeros en las principales ciudades del país (Desdeabajo, 13 de julio de 2016).
Según reconoce la Asociación de Industriales, Colombia tiene los peajes más caros de América Latina que además pueden ubicarse hasta a 40 kilómetros de distancia. En Colombia cada kilómetro recorrido vale 600 pesos, mientras el promedio en América Latina es menor a 100 pesos por kilómetro. Sumado a los bajos precios de los fletes y el alto precio de los combustibles, hace que las ganancias de los camioneros sean muy bajas. “En ocasiones los camioneros no alcanzan a ganar siquiera un salario mínimo mensual” (Colombia Informa, 24 de junio de 2016).
El TLC lleva a la apertura y desregulación de todos los sectores. En el transporte, están ingresando grandes multinacionales como Trafigura, el segundo mayor operador de petróleo y el tercero de metales en el mundo, después de Vitol y Glencore[1]. A través de su filial Impala, ha invertido mil millones de dólares desde 2015 para desarrollar una red de transporte por carretera, ferrocarril y por el río Magdalena (la principal vía fluvial del país) que conecta los principales puertos de la costa con el corazón industrial de Colombia.
De ese modo se enlazan el puerto de Buenaventura en el Pacífico, las dos ciudades industriales, Medellín y Bogotá, con el puerto de Barrancabermeja y los puertos de Barranquilla y Cartagena en el Caribe (ver mapa). Esa interconexión permitirá el transporte de petróleo y sus derivados, carga seca a granel y carga en contenedores desde el interior de Colombia.
La multinacional suizo-holandesa Trafigura señala que su nuevo terminal fluvial en Barrancabermeja y la flota de barcazas modernas que surcan el Magdalena la coloca en un lugar de privilegio, ya que “ninguna otra compañía ofrece la logística integrada en el país”, capaz de realizar embarques directos a puertos como Rotterdam o Shanghai[2]. Es evidente que los pequeños y medianos camioneros no pueden competir con esta multinacional. Para evitar la ruina, necesitan que el mercado sea regulado como lo estaba hasta la firma del TLC.
La Minga indígena, negra y popular
Entre el 30 de mayo y el 12 de junio, decenas de miles de campesinos, indios y negros se movilizaron en la Minga Nacional, Agraria, Étnica y Popular, una gran protesta de los productores de alimentos que ocuparon los principales corredores del país para hacer escuchar sus reclamos. La Minga incluyó acciones en 65 municipios de 23 departamentos, con cien puntos de acción en los que participaron más de 110 mil personas denunciando los incumplimientos de acuerdos que se habían firmado con el gobierno y reclamando debatir el modelo de país.
La policía militarizada, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), fue responsable del asesinato de tres indígenas (dos de ellos en el Cauca), más de 200 heridos y 170 detenidos. El paro se levantó al llegarse a un acuerdo que estableció el inicio de un diálogo con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero los camioneros siguieron movilizados ya que sus demandas no fueron contempladas.
El protagonista principal de estas jornadas fue la Cumbre Agraria creada a raíz de los paros campesinos de 2013, que movieron el tablero político colocando al gobierno a la defensiva, ya que los productores mostraban tanto fuerza material como razones, al argumentar las dificultades que encuentran los pequeños agricultores desde la firma del TLC, ya que Colombia pasó de importar 700 mil toneladas de alimentos en 1990, a 10 millones en 2012[3].
La Cumbre Agraria se convirtió en punto de confluencia de un amplio conjunto de organizaciones que incluyen al Congreso de los Pueblos, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con especial fuerza de las organizaciones del Cauca (CRIC y ACIN), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Marcha Patriótica y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, integrada en la anterior. Diversos sectores sindicales, sobre todo el magisterio, coordinan con la Cumbre Agraria.
Las dos acciones más significativas fueron el largo corte de la Carretera Panamericana entre Santander de Quilichao y Popayán, y el bloqueo del puerto internacional de Buenaventura sobre el Pacífico. Ambas consiguieron paralizar puntos estratégicos del país. La primera fue protagonizada por indígenas nasa y misak, con presencia de comunidades negras, en una carretera que ya han cortado en otras ocasiones. El bloqueo de uno de los mayores puertos del país fue protagonizado por las comunidades negras, que movilizaron 130 lanchas para impedir la entrada y salida de mercancías, en una acción tan simbólica como audaz.
Además de las demandas vinculadas a la tierra –el tema que provocó la larga guerra colombiana y que está lejos de ser resuelto- y del modelo de desarrollo con especial énfasis en las críticas a la minería, los temas centrales fueron el respeto a la protesta social y a las organizaciones populares.
Los poderosos siguen asociando movimientos populares con guerrilla, por eso demandan garantías para ejercer el derecho a la protesta. En paralelo apareció el debate sobre los grupos paramilitares que siguen siendo tratados de forma preferencial por los organismos armados del Estado.
La división en el campo popular entre Marcha Patriótica (que apenas se movilizó durante la Minga) y el Congreso de los Pueblos que fue el principal protagonista dentro de la Cumbre Agraria, no impidió que las movilizaciones fueran exitosas. La mayor dificultad de ambos sectores se relaciona con su presencia en los espacios urbanos, donde la hegemonía del Estado y de las clases medias y altas tiene un peso determinante.
Lo más destacable, por novedoso, fue la presencia activa de las comunidades negras, que viene forjándose desde que en 2008 los corteros de caña se sumaron a la Minga nacional que originó el Congreso de los Pueblos. En esta ocasión salieron con sus músicas, “armados de tambores y de baile”, como señala un comunicado de la Minga. El ascenso del movimiento negro en un país donde los afrodescendientes representan más del 10%, jugará un papel determinante en el posconflicto[4].
Los movimientos hacia adelante
El fin del conflicto está teniendo un impacto muy fuerte en los movimientos, en dos sentidos. Primero, porque se abren oportunidades inéditas de actuación y de plantear demandas a partir de los acuerdos de La Habana. Segundo, porque el posconflicto tiene su propia economía, que se basa en el TLC con Estados Unidos y la minería como locomotora del país que, inevitablemente, choca la minería tradicional y las comunidades indias y negras.
El 8 y 9 de julio se realizó en Bogotá el Encuentro Nacional de organizaciones sindicales, sociales y políticas, una de las más amplias confluencias de movimientos, que se propone realizar un gran paro cívico nacional en el segundo semestre de este año. En esta confluencia estable participan las centrales sindicales (que tienen el peso principal), pensionistas, campesinos, indígenas, camioneros agrupados en la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera, y algunas organizaciones estudiantiles.
Sin embargo, las organizaciones barriales urbanas fueron muy escasas, “denotando el evidente divorcio entre las organizaciones de estructura más tradicional y las de nuevo tipo” (Desdeabajo, 13 de julio de 2016). Este es uno de los principales problemas del movimiento social colombiano: la hegemonía de organizaciones jerarquizadas, representativas, masculinas y “tradicionales”.
Por el contrario, los movimientos que encarnan nuevas culturas políticas, juveniles, horizontales, femeninas y autónomas respecto a los partidos y las instituciones, aún no cuentan con espacios peropias y visibles. Pero, sobre todo, estas agrupaciones no suelen ser reconocidas por las organizaciones más antiguas como las centrales sindicales y los partidos de izquierda.
La larga guerra colombiana, protagonizada por organizaciones jerárquico-patriarcales, parece haber contribuido a la continuidad de los movimientos más tradicionales y de la vieja cultura política estadocéntrica. Tanto el narcotráfico como ahora la mega minería, tienden a fortalecer la cultura machista. Sin embargo, desde la Minga indígena de 2008 que congregó a 60 mil nasas en el Cauca y culminó en Bogotá, generando las condiciones para la creación del Congreso de Pueblos, la nueva cultura política ha avanzado lentamente.
Esta incipiente cultura política puede encontrar viento a favor en una Colombia que haya superado la guerra. Para crecer y fortalecerse deberá confluir con el potente movimiento feminista y con las diversas culturas juveniles rebeldes, que han sido capaces de sobrevivir al conflicto armado y muestran modos de hacer distintos a los hegemónicos.
NOTAS:
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Trafigura
[2] http://www.impalaterminals.com/our-global-network/latin-america/colombia/
[3]Marco Coscione y Viviana García Pinzón, “TLC, paro nacional agrario y movimiento social en Colombia”, Nuevos Mundos, 2014 en https://nuevomundo.revues.org/67127?lang=en
[4] La población indígena es apenas el 3% pero jugó un papel muy importante en la configuración de los actuales movimientos sociales.
