Es la primera vez que un gobierno local toma en cuenta la opinión de los habitantes de un municipio para iniciar la elaboración de una ley local que impida la explotación minera de metales. De 811 votantes, solo cinco votaron a favor en una consulta sin precedentes en el país.
Campesinos del municipio de San José las Flores, en el departamento de Chalatenango, al norte de la capital de El Salvador, votaron en contra de la explotación de la minería, en una consulta ciudadana sin precedentes en el país. Esta consulta popular se da en medio de un litigio legal entre la empresa canadiense Pacific Rim y el estado salvadoreño por más de $315 millones por un supuesto arbitraje cometido por las autoridades salvadoreñas en la entrega de licencias para la explotación minera.
“Esperamos que esto sirva de ejemplo para otras personas y que se escuche la voz del pueblo”, dijo el alcalde del municipio Felipe Tobar, tras los resultados obtenidos en la consulta donde 803, de 811 electores, votaron en contra de la explotación minera. Del total de los votantes, residentes de la zona, únicamente cinco votaron a favor de la minería y tres votos más fueron nulos.
Según el alcalde Tobar, con estos resultados él y su consejo municipal iniciarán la elaboración de una ley local ambiental que tendrá como finalidad prohibir la minería en el municipio basándose en lo que los habitantes han dicho mediante la consulta realizada el 21 de septiembre pasado.
De acuerdo al Código Municipal salvadoreño, las alcaldías pueden establecer mecanismos de participación ciudadana para que la población se exprese democráticamente sobre asuntos de interés de las comunidades. Para que los habitantes votaran los organizadores colocaron ocho urnas en el casco urbano para recibir a residentes de los cantones Portillo de los Guardados, Aldea, Hacienda Vieja, Llano Verde y Las Limas.
Según representantes ambientalistas de la Mesa Frente a la Minera de El Salvador, los municipios del departamento de Chalatenango que se ven amenazados por la explotación minera son Arcatao, Las Vueltas, San Isidro Labrador, Potonico, San Antonio Los Ranchos, Dulce Nombre de Jesús, Nueva Trinidad y San José Las Flores, este último donde se realizó la consulta a las comunidades de la zona.
En otra zona de El Salvador, la historia es otra. En 2012 habitantes de los alrededores del lago de Güija, que comparte territorio también con Guatemala, luchan para que se reconozcan los efectos de la explotación minera en la zona. Según los salvadoreños que residen en el lugar, los desechos químicos que bota la empresa, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, que trabaja en la mina del Cerrón Grande son arrastrados por las corrientes de agua y algunos estudios realizados en la zona revelaron que en el agua hay presencia de cianuro, mercurio, arsénico y plomo, componentes que están relacionados con enfermedades como el cáncer, insuficiencia renal y alteraciones genéticas.
De acuerdo a estos resultados del último estudio realizado en 2012, los desechos representan una gran amenaza por la contaminación con “drenaje ácido”, es decir una concentración alta de químicos y metales pesados en las aguas del lago que comparte El Salvador y Guatemala y que es además el principal afluente del río Lempa, el más grande e importante de El Salvador que abastece de agua a por lo menos a tres departamentos del país y otros más de Guatemala y Honduras.
En la cuenca del lago y del río, la mayor actividad es agrícola y de pesca, ejercida principalmente por los pobladores de las zonas en los alrededores de estos. Además, el agua del lago sirve para las únicas dos plantes sementeras y la central hidroeléctrica en El Salvador que abastece a casi todo el país.
Pese a los resultados, los ambientalistas señalaron que el estudio no detalla la cantidad de los químicos encontrados en las aguas y según las estimaciones de la empresa minera se extraerá 1,579,959 onzas de oro y 4,486,632 onzas de plata en un período de 15 años, esto en dinero es el equivalente a $2,800 millones de dólares.
El proyecto minero del Cerrón Grande concluyó los estudios de impacto ambiental en 2007 y aun no se desarrolla la fase de explotación minera. El jefe del departamento de la presa dijo a medios de comunicación guatemaltecos, tras las denuncias, que hay procesos para reducir la cantidad de arsénico en el agua termal de la zona.
“Durante el proceso enfriamos y reducimos al mínimo los niveles de arsénico antes de verter al agua al río. Hay un solo estudio al respecto y nunca se ha segmentado”, dijo Raúl Recinos, representante de la empresa.
El Salvador cuenta con una ley que regula la explotación minera vigente desde 1995, pero en 2012 los ministros de Economía y Medio Ambiente presentaron un nuevo borrador con algunas modificaciones que de aprobarse, tal y como fue presentado, se suspenderían temporalmente los procesos para extraer recursos minerales en el país.
Según los datos del Ministerio de Economía, el país tiene nueve peticiones de licencias para explotación minera y otras 12 solicitudes en prórroga. Mientras que Medio Ambiente tiene 18 solicites para permisos ambientales con el fin de hacer explotación minera, de aprobarse la ley todos estas propuestas serían rechazadas de inmediato.
Los ministros de Economía, Armando Flores y de Medio Ambiente, Herman Rosa Chávez, explicaron en ese momento que la intención de esta ley es reducir la vulnerabilidad del país frente a la explotación minera y dar “tranquilidad” a los habitantes de las zonas que se verán afectados, entre estos los pobladores de San José Las Flores, en Chalatenango. Estos mismos pobladores se opusieron mediante protestas y concentraciones en la zona que se permitiera estudios previos a la explotación de metales en 2005.
Mientras tanto, El Salvador continúa en una contienda legal ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo en Diferencias Relativas a la Inversión (CIADI) en Washington DC bajo la ley salvadoreña de inversiones, por la demanda interpuesta por al empresa canadiense Pacific Rim por un supuesto arbitraje cometido por el estado salvadoreño en la emisión de licencias para explotar la mina El Dorado en San Isidro, en el departamento de Cabañas.
Según la demanda de la empresa canadiense, el estado salvadoreño violó sus leyes al negarse a dar las licencias para que ejecutase el proyecto en la zona, lo que conlleva una responsabilidad monetaria al estado salvadoreño de $315 millones por el incumplimiento de las protecciones de inversión para los extranjeros.
Durante la segunda semana de septiembre iniciaron las audiencias finales y según la Fiscalía General de la República (FGR) salvadoreña, la empresa no cumplió con los requisitos mínimos para obtener los permisos medioambientales y de minería que exige la ley vigente.
Los documentos expuestos en el caso detallan que el Ministerio de Economía le preautorizó a la empresa realizar un estudio para explorar la factibilidad de la explotación minera en la zona de Cabañas. Sin embargo, la representación salvadoreña alega que la empresa no cumplió con los requisitos para tener derecho a la concesión y que la previa autorización para el estudio no era una llave para los permisos para la explotación minera en la zona.
Según la empresa, el estudio que realizaron en 2008 reveló que en la zona hay al menos 1.3 millones de onzas de oro de alto quilataje, yacimientos de plata de 9.4 millones de onzas y otras 558 mil onzas de oro de baja calidad, por lo que la empresa argumenta que invirtió millones de dólares para abrir la mina del Dorado y hacer los descubrimientos.
El fallo del caso se conocerá hasta el próximo año y según confirmó el fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, él participará en los alegatos de los últimos días.
