El domingo 28 de febrero, poco más del 50% del electorado salvadoreño acudió a las urnas en elecciones legislativas y municipales, y eligió darle más poder a Nayib Bukele en El Salvador, otorgándole mayoría calificada de la Asamblea Legislativa.
El escrutinio preliminar indica que su partido Nuevas Ideas (NI) tendrá 56 legisladores, con lo que no necesita alianzas para aprobar cualquier iniciativa del mandatario y podría elegir a magistrados de la Corte Suprema y Corte de Cuentas, además del fiscal general y el procurador de Derechos Humanos.
Bukele es el presidente más joven en la historia política salvadoreña pero, en menos de dos años de gestión, ha sido duramente criticado y señalado por violaciones a derechos humanos, a la libertad de prensa y a la democracia salvadoreña. El 9 de enero del 2020 se tomó la Asamblea Legislativa con militares para presionar a los diputados para que aprobaran un préstamo millonario. Además, ha sido señalado por periodistas, activistas y defensores de derechos humanos por promover ataques en contra la libertad de expresión.
Por otra parte, Bukele enfrenta una demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia por atentar contra el Estado constitucional y democrático de derecho, emprendida por Napoleón Campos, un ex diplomático y abogado salvadoreño, por considerar que el presidente “de forma gradual y progresiva a colocado la democracia de El Salvador en puesto vulnerable y peligroso.
El discurso que Bukele replica desde antes de llegar a la presidencia está llevando al país hacia la mayor polarización de los últimos años. Su partido NI y sus candidatos lograron lo que ningún otro partido había logrado antes en una sola elección: obtener la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Y por consiguiente, la posibilidad de elegir magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo Electoral y hasta al fiscal general.
“Los electores han optado por un perfil claramente autoritario y autócrata, dándole un poder casi absoluto (a Bukele). El próximo órgano del Estado en caer será el Judicial, que ya tenía mucha cautela y temor frente el Ejecutivo, aún antes de tener control de la Asamblea Legislativa.
Con contadas excepciones, tanto Ministerio Público como Órgano Judicial mantendrán un perfil aún más tímido y permisivo como el que han mantenido hasta ahora, esperando que el partido oficial elija a funcionarios de segundo grado de elección totalmente leales a la figura presidencial.”, señaló Celia Medrano, periodista, activista de derechos humanos y candidata a la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con el catedrático Alfredo Cantarero, de la Universidad Francisco Gavidia, el resultado de las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero es una mezcla entre un castigo para la derecha, la izquierda y los partidos minoritarios, que se alejaron de sus electores durante los 30 años que alternaron en el poder, y el agradecimiento a Bukele que ofreció mediáticamente acabar con “los mismos de siempre”.
“En las cuatro administraciones de ARENA y las dos del FMLN, en cada uno de los momentos, la gente afincó sus esperanzas de verse reconocidos y favorecidos por ambos partidos; pero el volumen de sus acciones favorecieron los bolsillos de sus funcionarios y de los grupos que representan. Los ciudadanos fueron la excusa para aprovecharse del poder otorgado electoralmente”, dijo Cantarero a la radio universitaria.
La preocupación de defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones de sociedad civil radica en el hecho que Bukele ha manifestado, desde antes de llegar a la presidencia, rasgos de autoritarismo y que su discurso se enfocó en el debilitamiento de las instituciones del Estado, para evadir los controles y la transparencia. Estos sectores advierten que poco a poco, desde las instituciones del Estado que ahora estarán controladas por el presidente, se anulará y se silenciará toda crítica, oposición, cuestionamiento o fiscalización.
“Atropellando toda la ya débil institucionalidad democrática y con viejas prácticas populistas, no puede esperarse otra cosa que la anulación de toda manifestación crítica o de oposición. Quienes mantengan posiciones críticas, les espera coacción y presión. Serán los primeros en sufrir la consolidación de una estructura estatal alineada a un solo poder y sin contrapesos”, dijo Medrano.
Los diputados que ahora tendrá Bukele y sus aliados, han expresado la posibilidad de considerar una reforma a la Constitución salvadoreña que permita la reelección. En la próxima Asamblea Legislativa que toma poder el 1 de mayo, 79 votos de los aliados del presidente pueden lograr esa reforma. Y de hecho, en noviembre pasado, el gobierno nombró una comisión especial, encabezada por el vicepresidente Félix Ulloa, que trabaja para hacer consultas sobre la posible reforma.
“Cuando pase la euforia, el 28 de febrero de 2021 será recordado como el día en que la “democracia” mató a la Democracia en El Salvador. Por las vías democráticas, un grupo de poder autoritario plagado de viejas prácticas y viejos actores logra que una imagen fresca se posicione”, dijo Medrano a The Americas Program.
Rechazado en Washington DC
Durante el primer año de gestión de Bukele e incluso cuando mandó a los militares a tomar control de la Asamblea Legislativa, la postura de Estados Unidos hacia El Salvador fue indiferente. Las duras críticas y señalamientos de violaciones al estado de derecho, a derechos humanos y a la libertad de prensa fueron ignoradas por el presidente Donald Trump.
Y de hecho, Trump y Bukele tienen mucho en común: parece que Nayib ha seguido al pie de la letra el guión que Trump utilizó en Estados Unidos. Promovió una insurrección que no consumó. Cuando militarizó la Asamblea, pidió a sus bases estar listos y de ser necesario sacar a los diputados del recinto.
Como Trump, Bukele promueve ataques y desacredita a la prensa no oficialista. El número de denuncias de ataques a periodistas y a medios de comunicación no se veían desde la guerra; además, enfrenta críticas y señalamientos por irrespeto a las leyes y a la institucionalidad del país. Su familia trabaja para el gabinete de gobierno, esconde información de interés público y difunde teorías de fraude electoral.
“Vemos puntos comunes entre un expresidente Donald Trump y la actual gestión del presidente de El Salvador por lo menos en cinco aspectos. El uso de redes sociales para transmitir mensajes de odio, ocupando el odio como instrumento electoral proselitista; una posición negacionista a la historia y las razones de por qué las leyes están pensadas de tal manera. El desconocimiento que llega a la burla o al ataque de otros órganos del Estado”, señaló Medrano.
Solo días antes de las elecciones, el odio que ha suscitado Bukele desde que asumió la presidencia, provocó un ataque armado en contra de militantes del partido de izquierda, perpetrado por dos miembros de la escolta privada de uno de sus ministros. Y como Trump que nunca condenó los crímenes xenófobos motivados por el racismo, Bukele tampoco condenó el asesinato de dos ancianos militantes del FMLN. Gloria Rogel de López y Juan de Dios Portillo Tejada, fueron las víctimas asesinadas en la vía pública el 31 de enero pasado.
De hecho, el presidente salvadoreño -como lo hizo Trump con los crímenes raciales- justificó el hecho, asegurando que esta había sido promovido por el mismo partido de izquierda. Los tres escoltas del ministro de Salud, fueron detenidos y según la Fiscalía, las pruebas de balística comprobaron que uno de ellos fue el que asesinó a los militantes del partido de izquierda.
Una semana después de ese hecho, el jueves 4 de febrero, se corrió la voz entre la comunidad salvadoreña de Washington DC, de que Bukele estaba en la ciudad. Ex miembros del cuerpo diplomático, miembros de la diáspora y algunos periodistas trataban de confirmar la información esa noche. Un viaje no oficial y sin aviso a la capital estadounidense generaba dudas.
Al día siguiente, el viernes 5 de febrero, se supo que Bukele se reunió por la mañana con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuestionado también por no pronunciarse en contra de los señalamientos hacia el presidente salvadoreño por violaciones a derechos humanos, por conductas dictatoriales cometidas durante la pandemia de Covid-19 en El Salvador de encerrar por semanas a cientos de personas que ingresaron al país, con la excusa de que debían estar en observación o de permitir que la Policía y los militares arrestaran y usaran la fuerza contra todo aquel que no siguiera sus indicaciones.
Almagro, quien ha mostrado un claro sesgo derechista frente al organismo, tampoco se pronunció por la incursión militar en la Asamblea Legislativa organizada y ejecutada por Bukele; pero sí designó una comisión que observará las elecciones pocos días después de que Bukele denunciara, sin pruebas, un supuesto intento de “golpe de estado” en su contra y un supuesto fraude electoral, incluido en su discurso, meses antes de las elecciones.
El lunes 8, La agencia de noticias AP confirmó el viaje de Bukele a Washington y además, confirmó que funcionarios de la Administración Biden rechazaron reunirse con él. El ex asesor del presidente Barack Obama, Dan Restrepo, ratificó la visita y la negativa de Estados Unidos de recibir a Bukele, en una entrevista al canal 33.
“Está bien establecido aquí en Washington que sí buscó estas reuniones y que no tuvo ni una reunión. Lo sé de primera mano”, dijo Restrepo en una video llamada al canal 33 de El Salvador.
El ex asesor señaló que el mensaje enviado de parte de la Administración Biden al presidente Bukele, está claro: “Es bastante obvio… que los que respetan los marcos democráticos, del Estado de Derecho, serán socios cercanos con los Estados Unidos y los que se salen de esos marcos, tendrán una relación más compleja”, dijo Restrepo.
En Washington se dice que las oficinas que negaron reunirse con Bukele, son la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dirigida por subsecretaria Kimberly Breier y la Oficina del director para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González, encargado por ahora, de la política de la Administración Biden hacia Latino América.
Reunión con Almagro
La visita a Washington en que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue el único que recibió a Bukele, fue confirmada, además, el 8 de febrero por la canciller salvadoreña, Alejandra Hill, a AP. Sin detalles, la funcionaria dijo que se trató de un viaje “corto y privado”; sin embargo, Bukele, en medio de críticas y burlas, primero negó tal viaje. Después, negó haber intentado o solicitado reunirse con funcionarios de la Administración Biden y por último, arremetió contra los medios que reportaron la visita fallida.
“No podemos confiar en los medios internacionales. Por ejemplo, AP dijo que había ido a Estados Unidos a pedir una reunión con el presidente Biden y que me la negaron. Eso es mentira… Con toda la desinformación que hay a nivel mundial creo que es importante que ustedes reporten este tipo de información”, dijo el presidente salvadoreño a varios miembros de la representación diplomática, que el mismo Bukele convocó para desmentir la información de su viaje.
The Americas Program obtuvo el registro oficial del Servicio de Inmigración y Aduanas (USCIS) que confirma la entrada de Bukele a Washington DC, el 3 de febrero y la salida desde el mismo lugar, el 5 de febrero. Bukele nunca aceptó el viaje, la canciller Hill dijo que se había tratado de un viaje “corto y privado”.
Aunque la oficina de prensa de la OEA dijo que “no tenía información al respecto” de la reunión, fuentes cercanas a la organización confirmaron a The Americas Program y La Prensa Gráfica que el presidente salvadoreño sí estuvo el viernes con Almagro.
Almagro se mantuvo silencioso cuando la Administración Trump implementó las políticas anti inmigrantes. Bukele, por su parte, abrazó sin reparos esas políticas, incluso cuando El Salvador no cuenta con las condiciones de seguridad para proteger a sus ciudadanos firmó el Acuerdo del Tercer País Seguro, que permitió a Estados Unidos enviar a Centro América a los inmigrantes que rechazaba.
Según dijeron las fuentes que confirmaron la reunión entre Bukele y Almagro, que pidieron guardar sus identidades, en la reunión el presidente salvadoreño pidió al secretario de la OEA apoyo de cara a las elecciones a diputados y alcaldes en El Salvador, del 28 de febrero.
Según las mismas fuentes cercanas a la OEA que confirmaron el encuentro, se señala que Bukele apuntó directamente al Secretario General la negativa del gobierno salvadoreño a respaldar la candidatura de Celia Medrano a la Secretaría de la CIDH.
Si bien este cargo lo elige un consejo de la OEA, en el que no participa el secretario general, cada candidato debe obtener el respaldo del gobierno de su país para sumar puntos y poder ser electo. Bukele, en lugar de apoyar a Medrano, ha dedicado varios tuits para desacreditar y cuestionar la larga trayectoria de la periodista y reconocida activista de derechos humanos, pues, ha criticado a las denuncias, a los indicios de corrupción y a la impunidad atribuidos al gobierno de Bukele.
Medrano ha señalado, además, que tal y como lo demostró el expresidente Trump en Estados Unidos, Bukele comparte “maneras de gobernar de carácter autoritario y populista” y haciendo la comparación de ambas gestiones es posible “entender lo que está pasando y el riesgo de que haya permisividad o tolerancia” de parte de la comunidad internacional. Esta postura no ha caído bien al presidente salvadoreño.
Sobre la posible influencia negativa que pudo haber expresado Bukele en contra de su candidatura a la CIDH, Medrano dice que esperará a que el proceso de selección finalice y que el nombramiento del próximo secretario se haga con base a la “idoneidad” y perfil de cada candidato, y no con base a objeciones externas.
“Sí sé que en el ambiente de la Organización de Estados Americanos, una objeción planteada por un jefe de Estado tiene un poder de veto; sin embargo, solo puedo plantear que la decisión sea en base al análisis de méritos y de idoneidades. Sin embargo, cuál sea el resultado yo no dejaría de ejercer la labor de defensa de derechos humanos que he realizado”, dijo Medrano a The Americas Program.
A finales del año pasado, trascendió que Bukele pagó $780,000 a una firma de lobistas en Washington DC para limpiar su imagen, manchada por las críticas y por los señalamientos de violaciones a derechos humanos y atentados contra la democracia salvadoreña.
Casualmente, después de la reunión en Washington y mientras Bukele, sus funcionarios y los candidatos de su partido Nuevas Ideas, difundieron conspiraciones de un supuesto fraude electoral, Almagro envió una misión especial de la OEA para evaluar la tensión política del país. El grupo descartó la teoría del fraude difundida por Bukele y sus aliados y resaltó que las elecciones legislativas se desarrollaron en medio de un ambiente polarizado en el que se irrespetó las leyes.
“La Secretaría General de la OEA acepta las solicitudes de la República de El Salvador de enviar una misión especial a los efectos de evaluar la situación político institucional y contribuir con la preservación y fortalecimiento del Estado de derecho”, dijo el secretario en un comunicado oficial enviado a El Salvador.
Cambio en la política de Estados Unidos
Desde septiembre de 2020, varios senadores y congresistas estadounidenses han expresado su preocupación ante la “creciente hostilidad” ejecutada y promovida por el gobierno salvadoreño y por el mismo Bukele. Desde entonces, varios senadores, demócratas y republicanos, han enviado cuatro cartas al presidente salvadoreño para expresar su preocupación.
Desde el triunfo del presidente Joe Biden, se habló de un cambio radical en la postura que tendría la nueva administración con la gestión de Bukele y esto, dijo el ex asesor, Dan Restrepo, de Obama, tiene que ver también con la negativa de los funcionarios de la Administración Biden, de recibir al presidente salvadoreño cuando la transición en Estados Unidos todavía no finaliza.
Mari Carmen Aponte, que se desempeñó como embajadora en El Salvador entre 2012 y 2015 advirtió que la postura pasiva que tuvo la Casa Blanca bajo el mando de Trump cambiará y que la administración Biden enviará mensajes no solo al gobierno salvadoreño, sino a todos los gobiernos que atenten contra la democracia.
“Nayib Bukele debería pensar que puede haber un cambio en Estados Unidos y que la Administración Biden no será tan pasiva… Habrá ciertos mensajes contundentes y fuertes a los gobiernos de atender la corrupción y las situaciones que corroen la democracia”, dijo Aponte al canal 33.
Después de la militarización de la Asamblea Legislativa “las alarmas sonaron” en Washington DC. Varios congresistas demócratas, incluidos Norma Torres, Jim McGovern y George Meeks, fueron los primeros en señalar que El Salvador está frente a un debilitamiento de la democracia y a una nula lucha contra la corrupción.
La congresista señaló que en estas “condiciones”, en las que se encuentra El Salvador, provocadas por el gobierno de Bukele, hace difícil la consideración de cooperación, debido a que no hay garantías de combate a la corrupción.
El combate a la corrupción en la región del Triángulo Norte, es uno de los pilares en los que se está estableciendo la política internacional que dirigirá la Administración Biden en Guatemala, Honduras y El Salvador, como parte de atacar las causas de la migración de centroamericanos.
Carmen Rodríguez es periodista en San Salvador. Su especialización son los temas de Seguridad, Justicia, Migración y Relaciones Internacionales de El Salvador. Ha sido colaboradora para el Programa de las Américas desde 2014.
