Después de 30 años, el gobierno de El Salvador continúa asegurando impunidad para los responsables de la peor masacre de la historia moderna de Latinoamérica, en la que fueron asesinadas por la Fuerza Armada salvadoreña 986 personas.
El presidente Nayib Bukele, que prometió a finales de 2019 a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas colaborar y abrir los archivos militares para contribuir a que se haga justicia, ahora respalda y promueve el bloqueo de los documentos y las pruebas solicitadas por el juez del caso.
Además, en su intento por opacar las críticas, el trabajo del juez Jorge Guzmán, de los activistas de derechos humanos, de sobrevivientes y abogados que colaboran en el proceso judicial, el presidente aseguró que las investigaciones y las solicitudes de acceso a los archivos militares, son parte de “un show” montado por sus detractores.
Bukele, llegó en diciembre pasado al Mozote, un caserío ubicado al oriente de El Salvador, en la que la vida de sus habitantes cambió para siempre el 11 de diciembre de 1981. El presidente no llegó para honrar la memoria de las víctimas, sino para ofrecer “obras comunitarias”, computadoras e internet gratis y para anunciar que su plan es convertir el lugar en un sitio turístico para que -según él- la gente conozca la historia del país.
“He tratado de olvidar, pero no he podido… No he podido olvidar cómo asesinaron a mujeres y a niños, como asesinaron a mi familia y cómo huímos para escondernos cinco años en un cerro. Yo lo que pido es justicia, porque de justicia no se ha visto nada”, dijo Rosario López, en una entrevista concedida al Programa de las Américas/Americas Program.
Ella es una de las sobrevivientes del operativo “tierra arrasada”, en el que el sanguinario batallón Atlacatl, ejecutó primero a los hombres, violó a las mujeres y niñas; y después, masacró a sangre fría a 558 niños en la iglesia.
Lejos de mostrar empatía con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, durante su visita el presidente dejó claro que su presencia en el lugar, no era para pedir perdón por el crimen, como lo han hecho otros presidentes y personajes; ni mucho menos para que su gobierno se responsibilizara o se comprometa a hacer justicia; sino, para hacer campaña política.
“Cuando se perpetró la masacre, yo tenía cuatro meses de vida, por eso no vengo a pedir perdón, porque no tendría por qué. En todo caso, que pidan perdón los asesinos que causaron la masacre”, dijo el presidente, lavándose las manos.
La negativa de Bukele y su cambio de postura, desataron críticas en contra de la administración salvadoreña. El congresista demócrata de Estados Unidos, Jim McGovern, dijo que este no solo es un bloqueo a la justicia, sino que también representa la continuidad de la cadena de impunidad que sigue imperando en el país centroamericano.
“El juez está haciendo lo que puede hacer, las familias y sobrevivientes están haciendo lo que pueden hacer, pero el presidente Bukele y el ministro de Defensa que pueden ayudar no solo a que se sepa la verdad, sino también a que se haga justicia, están frustrando este caso. Es tan decepcionante y dañino para el futuro de El Salvador”, dijo McGovern en una entrevista a The Americas Program.
El cambio de gobierno en Estados Unidos revive la esperanza para algunos, de que el presidente se pronuncie al respecto de los crímenes que continúan impunes en El Salvador. De hecho los demócratas predicen una administración en contra de la corrupción y de las violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica.
“Espero que en los próximos meses haya un pronunciamiento más fuerte en este caso, en los primeros meses de la Administración Biden. El Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en El Salvador podrían referirse al tema y apoyar para que se combate la impunidad y apoyar el trabajo del juez Guzmán”, señaló el congresista.
Impunidad continúa
Rosario perdió a 24 miembros de su familia, incluida su mamá, sobrinos, hermanos y cuñados. Ella, su esposo y sus hijos tuvieron que esconderse en cuevas por cinco años. Al igual que otros sobrevivientes y familias de las víctimas, tuvo que esperar 11 años para poder sepultar los restos de sus parientes; después que la Corte Suprema de Justicia entrega las osamentas en 2016, luego de 24 años de litigio
La masacre del Mozote y cantones aledaños, es el mejor ejemplo de cómo la impunidad aún se mueve e impera en El Salvador. El crimen fue negado en la década de los 80 por los militares salvadoreños y por políticos en Estados Unidos, para asegurar más cooperación en la lucha contra la guerrilla y el comunismo en Centroamérica.
“Espero que eventualmente Estados Unidos libere todos los documentos relacionados a la masacre, ya sea públicamente o para algo específico. Mi preocupación es que esto pase muy tarde para la evaluación de las pruebas. Pero mientras tanto, el Departamento de Estado y la Embajada en El Salvador pueden hablar sobre esto en apoyo al curso de la investigación y del proceso judicial”, dijo McGovern. CITA de algún político de EEUU
En 1993, después de la firma de los Acuerdos de Paz, con la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía, el caso del Mozote fue anulado. al igual que otros crímenes de guerra. Años después, en 2012, el entonces presidente, Mauricio Funes, reconoció públicamente que el Estado salvadoreño ocultó la masacre y además admitió que la Fuerza Armada cometió la matanza. Funes pidió perdón públicamente a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.
En 2018, durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén, el gobierno salvadoreño creó una comisión que trabajaría en la indemnización de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. Sin embargo, ninguna acción consideró abrir los archivos militares o colaborar con la investigación, ni mucho apoyar legalmente a los sobrevivientes y las familias de las víctimas.
Fue hasta el 2017 que el caso resurgió, con la derogación de la Ley de Amnistía, ordenada por la Corte Suprema salvadoreño un año antes. Pero además, de reabrir el caso, el juez de la causa ordenó acusar penalmente al mando militar señalado en los documentos y en las pruebas que ya habían sido presentadas. Ese año, los militares involucrados recibieron la notificación judicial de su incorporación en el proceso.
Desde entonces, se encuentra en la etapa de investigación el juez Guzmán se ha dado a la tarea de reunir las pruebas necesarias para impartir justicia. Pese a que la Corte Suprema también ordenó que la Fuerza Armada permite que el juez tenga acceso a los documentos de algunas bases militares, los obstáculos para que las averiguaciones se realicen han estado a la orden del día.
“Por orden del presidente Bukele”, el ministro de Defensa, René Merino Monroy y sus subalternos han impedido, en tres ocasiones, que el juez Guzmán realice las pesquisas de documentos en las bases militares.
“Miren señores, ahí no hay papeles del Mozote y se preguntarán por qué no los dejamos entrar, pues porque son bases militares, con documentos militares secretos y sensibles”, dijo Bukele en cadena nacional, cuando le fue negada la entrada a uno de los cuarteles militares al juez Guzmán.
El 1 de noviembre de 2019, el presidente salvadoreño prometió en cadena nacional abrir los archivos militares para “que se conozca la verdad en todo su espectro: de la A a la Z. Es más, si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer hasta la Z”. Sin embargo, menos de un año después, la postura que parecía empática dio un giro completamente diferente.
“Bukele había prometido lo contrario y había prometido romper el círculo de complicidad desde el gobierno. Había prometido no solo acompañar a las víctimas, sino también la reparación a las víctimas. Pero todo fue una promesa falsa, rota. Llegado el momento, cuando el juez pide el acceso a esos archivos”, señala David Morales, ex procurador de derechos humanos en el país y abogado que acompaña la causa.
El Ejecutivo salvadoreño no solo ha respaldado el bloqueo de la Fuerza Armada para impedir el acceso a los documentos o para que se abran los archivos militares. El gobierno de Bukele además, cerró toda posibilidad de que los sobrevivientes sean indemnizados, cerrando por completo el organismo que los gobiernos anteriores crearon con el fin de establecer cuotas económicas a los sobrevivientes.
Según la versión de algunos miembros de la Fuerza Armada y de uno de los abogados defensores de los militares, lo que pasó en El Mozote no fue una masacre cometida por efectivos militares, sino un enfrentamiento armado entre grupos de la guerrilla y el ejército.
“El Salvador es uno de los países en donde la impunidad institucionalizada es más férrea en todo el continente. Tuvimos una ley de amnistía, incondicional, que favoreció a los violadores de derechos humanos del conflicto armado; así se tratarán de crímenes de guerra o de lesa humanidad desde 1993”, señala Morales.
Tras la postura de bloqueo del presidente Bukele y del mando de la Fuerza Armada, los abogados de la causa, decidieron presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de intervención y se confirmó que el organismo programó una audiencia especial para el próximo mes de marzo, para que el gobierno salvadoreño expliqué por qué razones a bloqueado las inspecciones judiciales del caso.
La esperanza de justicia que dio en 2019 el presidente salvadoreño a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas de la peor matanza de campesinos de la historia reciente de Latinoamérica fue un espejismo. Después de 39 años, el gobierno salvadoreño y los militares continúan impidiendo que haya justicia y bloqueando las investigaciones.
El Estado salvadoreño nunca ha acompañado a las víctimas. Además de la falta de compromiso y cumplimiento de su palabra, el presidente Bukele trata de desprestigiar al juez de la causa, a los abogados, a activistas y al actual procurador de Derechos Humanos acusándolos de utilizar la masacre para sus “réditos económicos” y como un show mediático.
Pero además en su última visita al Mozote, el presidente dijo que la guerra y la firma de los acuerdos de paz, con la que se puso fin a los enfrentamientos armados que costaron la vida de más de 75 mil muertos y 10 mil desaparecidos, fueron “una farsa”. “¿O qué beneficios le trajo los Acuerdos de Paz a los salvadoreños?”, preguntó el presidente en su discurso frente a los sobrevivientes de la masacre.
“Los 75 mil muertos de la guerra no se pueden ver como una farsa. El cambio al sistema político no se puede ver como una farsa, porque ese sistema es el que le permitió -Bukele- estar dónde está. Esto está dentro del manual de Casa Presidencia que tiene como fin descalificar a todo el mundo”, dijo el diputado de derecha Mauricio Vargas.
Muerte y desesperanza
“Escuchamos en la radio de ese operativo “tierra arrasada”, yo fui a ver a mi mamá que vivía cerca de nuestra casa. No me sentía bien, porque cuatro meses antes de eso yo había perdido a mi hijo por un aborto involuntario. Al llegar a la casa me encontré con la escena”, recuerda Rosario.
A los sobrevivientes, a las víctimas y a los familiares de las víctimas de la masacre, se les ha negado sistemáticamente la justicia. El gobierno de Salvador Sánchez Cerén, en el quinquenio pasado proporcionó algunos documentos, pero no eran relevantes., Siempre se adujo que no se localizaba dentro de los archivos. El negar información sobre los archivos de guerra es un patrón histórico”, en el país, señala Morales.
El día de la masacre, cuando Rosario llegó a la casa de su mamá, se encontró con los cadáveres de sus familiares masacrados. Los soldados aún estaban en la humilde vivienda y ella logró esconderse entre los matorrales. Después, regresó a su casa, pero en el camino su esposo la interceptó para avisarle que los militares habían llegado a la vivienda.
Rosario, su esposo y sus hijos caminaron horas para refugiarse en una cueva. Desde ahí, “escuchábamos las balaceras y veíamos el humo de las casas quemadas”, dijo. Rosario. Esta familia no fue la única que tuvo que dejar todo ese día para esconderse, mientras el batallón militar ejecutaba su misión de acabar con todos los posibles y potenciales guerrilleros.
Además del crimen de lesa humanidad, el juez Guzmán considera que el Estado salvadoreño debe responder por los desplazamientos, los sobrevivientes y sus familias, y por la tortura que sufrieron tanto las víctimas como los sobrevivientes.
“No existe una justificación legal, mucho menos moral y mucho menos ética. Sin embargo, la posición política de los gobernantes y del actual gobierno, se ha mantenido en proteger a los criminales de guerra. Vemos un sistema de justicia pasivo, una Fiscalía pasiva y una Asamblea Legislativa con intención de legislar a favor de las víctimas, pero a la vez, con la intención de repetir una ley de amnistía”, dice Morales.
Los diputados salvadoreños tienen en sus manos una propuesta para una nueva Ley de Amnistía que se estudia en la Asamblea Legislativa, que es similar a la derogada por la Corte Suprema en 2016. En la Asamblea Legislativa aún ejercen como diputados militares retirados, del partido ARENA y el ex partido de los militares PCN, que participaron directamente en la guerra civil de El Salvador desde la Fuerza Armada, que se oponen a una ley que no permita la continuidad de la impunidad en crímenes de guerra.
En diciembre pasado, Estados Unidos publicó una lista de ex militares salvadoreños señalados por haber participado en y encubierto abiertamente crímenes de guerra y violaciones a derechos humanos, incluido el diputado José Almendáriz, por el PCN. Las sanciones -según esta lista- derivan en la cancelación de la visa y la prohibición del ingreso de estas personas al país. Esta es la única acción que por ahora ha realizado Estados Unidos, con respecto a los crímenes de guerra y a la masacre de El Mozote.
Estados Unidos y El Mozote
En la década de los 80, el gobierno de Ronald Reagan tuvo una influencia muy activa en el desarrollo del conflicto armado civil en El Salvador y en Nicaragua.
Y aunque no han salido a la luz documentos que comprueben participación directa de las fuerzas militares estadounidenses en crímenes de guerra en Centroamérica o en caso del Mozote, sí se ha comprobado que Estados Unidos cooperó económicamente y dio entrenamiento militar a favor de los cuerpos de represión de los estados centroamericanos en estos conflictos.
“Todo esto es un recordatorio para nosotros en Estados Unidos de un capítulo oscuro de nuestra historia. Tomamos partido en ese guerra, proporcionamos mucha ayuda militar, incluso a aquellos que asesinaron a los jesuitas, sin condicionar el respeto a los derechos humanos”, aseguró McGovern, durante su visita a El Salvador en 2019.
Cuando la noticia de la masacre del Mozote llegó hasta el Congreso estadounidense, por medio de reportes del New York Times y el Washington Post, algunos políticos estadounidenses y hasta el embajador de El Salvador en Washington DC, negaron la masacre, para no opacar la apuesta por la lucha contra el comunismo en Centro América.
“Cuando ocurrió la masacre, yo la negué públicamente, siguiendo instrucciones del gobierno al que representaba”, escribió en un post publicado en El Salvador el ex embajador salvadoreño Ernesto Rivas Gallont.
Según dijo David Morales, las investigaciones y algunos testimonios señalan que un asesor militar estadounidense pudo haber sabido e incluso estado en El Mozote horas antes de la masacre, sin autorización; pero, al darse cuenta de que el objetivo del operativo era asesinar a todos los campesinos para evitar que fueran reclutados por la guerrilla, se retiró del lugar.
En 2019, una comisión del Congreso y de la Cámara de Representantes, encabezada por Nancy Pelosi, viajó a El Salvador para reunirse con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, y con el presidente Bukele. Entre el grupo estaba el congresista demócrata Jim McGovern, que además, visitó El Mozote.
McGovern es uno de los actores extranjeros que ha seguido de cerca el caso y que ha desarrollado una relación cercana con El Salvador. “Espero que eventualmente Estados Unidos libere los documentos y el material que es relevante, ya sea públicamente o para apoyar al juez Guzmán en el proceso del caso del Mozote”, dijo en entrevista con el Programa de las Américas.
El congresista espera que con la llegada de Joe Biden a la presidencia estadounidense, la postura oficial de Estados Unidos ante esta masacre cambie, pues a su juicio, el gobierno de Trump no se enfocó en el respeto a los derechos humanos y permitió además, conductas autoritarias de algunos gobernantes que dañan la democracia centroamericana, como esperaban algunos congresistas.
La impunidad sigue imperando
El congresista McGovern destacó la importancia de hacer justicia en el caso de la masacre, que va incluso más allá de los derechos de los y las sobrevivientes. “Es importante porque El Salvador tiene una historia de impunidad. Si no se puede impartir justicia en el caso del Mozote, un hecho en que más de mil personas fueron masacradas, no hay ningún tipo de esperanza que indique que los salvadoreños pueden tener justicia en ningún caso”, señaló el congresista McGovern.
La esperanza de justicia que dio Bukele se esfumó también para las organizaciones que acompañan legalmente a los sobrevivientes y a las víctimas, pues, el gobierno de Bukele le ha dado protagonismo y protección a la Fuerza Armada, y además, la ha utilizado como una herramientao de presión y represión política en contra de sus detractores.
“El gobierno de Bukele ha exacerbado el militarismo y le está dando un protagonismo muy grande a la Fuerza Armada. Bukele coloca a los militares en el primer plano e incluso realiza la toma militar de la Asamblea Legislativa con los militares. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, están entrando al sometimiento del presidente y él se pliega al pacto de encubrimiento histórico. Al presidente Bukele no le importó romper su promesa y no le importó deslegitimar al juez del caso de la masacre de El Mozote”, señala David Morales.
La cadena de mando militar que ordenó, ejecutó y masacró a los pobladores de El Mozote está identificada. Los documentos y las pruebas que están en manos del juez, comprueban que la operación “tierra arrasada” fue una “estrategia” del Estado Mayor, -máximo organismo militar,- que contó con la autorización del ministro de defensa (de entonces), Guillermo García, acusado en el proceso.
“Todo esto, demuestra también cómo el gobierno salvadoreño se opone a la fortaleza e independencia del Sistema Judicial, algo que ha sido una prioridad para muchos de nosotros en el Congreso por décadas. No solo es triste. Es perturbador cómo el presidente Bukele y el ministro de defensa no pueden ser confiables porque no guardan su palabra y no cumplen con la ley”, apuntó el congresista McGovern.
Hay dos órdenes de la Corte Suprema de Justicia y del juzgado en el que se desarrolla la investigación que mandan abrir el acceso a los archivos militares relacionados a la masacre. Ambas órdenes han sido desobedecidas por el ministro de defensa, René Merino Merino Monroy, e incluso, el funcionario dijo públicamente que no las acatará.
“El juez está haciendo lo que puede hacer, las familias y sobrevivientes están haciendo lo que pueden hacer, pero el presidente Bukele y el ministro de defensa que pueden ayudar no solo a que se sepa la verdad, sino también a que se haga justicia, están frustrando este caso. Es tan decepcionante y dañino para el futuro de El Salvador”, dijo el congresista.
La negativa de incumplir órdenes de la Corte Suprema de Justicia y del juez del caso, indica que el presidente Bukele no solo continuará el patrón de protección hacia los militares involucrados en crímenes de lesa humanidad en El Salvador; sino que también, seguirá incumpliendo sus deberes como presidente, cometiendo actos arbitrarios y, acciones que podrían ser constitutivas de delito.
La continuidad del encubrimiento y protección a los militares involucrados en la masacre sigue causando indignación, dolor, abandono y discriminación de los sobrevivientes y las víctimas, que 39 años después de la peor masacre del país, siguen esperando que el Estado salvadoreño haga justicia.
