Brasil está a poco menos de seis meses de sus elecciones generales. El escenario electoral apunta, según todas las encuestas de opinión, a una disputa, en el caso de la presidencia de la república, entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva. Aunque Lula aparezca como líder en todos los sondeos desde hace varios meses, incluida la posibilidad, según algunos de esos sondeos, de ganar en primera vuelta, ha visto crecer en las últimas semanas las intenciones de voto por Bolsonaro. Mientras tanto, los candidatos de la así bautizada “tercera vía”, en particular los de centro-derecha, no han logrado la simpatía de los ciudadanos y, en las circunstancias actuales, la disputa debería restringirse al actual y al antiguo presidente. Queda por ver si se decidirá en la primera vuelta a favor de Lula, o en una segunda vuelta con un resultado impredecible.
Para muchos analistas resulta curioso que Bolsonaro mantenga un promedio del 30% de intenciones de voto mientras Brasil vive una profunda crisis económica, marcada por las tasas de inflación más altas en décadas y por cerca del 13% de desempleo, además del crecimiento de la informalidad laboral que afecta a decenas de millones de personas. A eso se suman los malos resultados del país durante la pandemia, con casi 700,000 muertos, lo que hace de Brasil el segundo país del mundo donde la covid-19 más mató. Al mismo tiempo, también llama la atención que Lula aparezca en todas las encuestas con alrededor del 45% de las intenciones de voto, incluso después de todo el desgaste que ha sufrido su partido, el Partido de los Trabajadores (PT) desde 2013 con denuncias de corrupción, con el impeachment a la expresidenta Dilma Rousseff y con la detención del propio Lula por la Operación Lava Jato.
Es muy probable que los altos índices obtenidos por Lula en todas las encuestas se refieran a la memoria económica de la sociedad acerca de su gobierno (2003-2010). De hecho, aquellos fueron años de crecimiento económico, reducción de la pobreza, expansión del empleo formal y del poder adquisitivo de las clases medias y de los sectores populares.
En el caso de Bolsonaro, es probable que el apoyo que mantiene de 1/3 de los brasileños, incluso en medio de una gestión de muy malos resultados económicos, se deba a cuestiones más ideológicas: de hecho, una parte importante de la sociedad brasileña se identifica con el discurso ultraderechista del actual presidente, y está realmente convencida de que si hasta ahora no ha podido hacer un mejor gobierno es porque el statu quo político no se lo ha permitido. A pesar de su larga carrera de tres décadas como diputado, Bolsonaro se presentó en las elecciones de 2018 como un político outsider y continúa presentándose de la misma manera hasta el día de hoy.
Curiosamente, en el pasado, parte de la sociedad brasileña identificaba al Congreso Nacional como un obstáculo para que los presidentes lograsen implementar sus programas de gobierno. Actualmente el obstáculo, según Bolsonaro y sus fieles seguidores, es la Suprema Corte. De hecho, el actual presidente tiene una amplia mayoría en el parlamento, mayoría que se ha convertido en miembro de su gobierno a través del llamado “presupuesto secreto”, a través del cual sus aliados en la Cámara de Diputados y en el Senado Federal manejan grandes cantidades de recursos públicos sin el escrutinio de las instituciones de control.
Al mismo tiempo, Bolsonaro cuestiona la transparencia del proceso electoral, señalando un posible fraude de carácter tecnológico que podría ocurrir con las máquinas de votación electrónica que se han adoptado en Brasil desde la década de 1990. A pesar de todas las evidencias técnicas en contra, comprobadas por la Justicia Electoral, y a pesar incluso de las declaraciones de miembros del gobierno de los Estados Unidos de que el sistema electoral brasileño es seguro y confiable, Bolsonaro y sus seguidores continúan afirmando que el fraude es posible. Queda por ver qué pasaría si los resultados electorales de este año no vengan a ser favorables al actual presidente, cómo reaccionaría él y cómo reaccionarían sus correligionarios.
Lula, a su vez, ha buscado reforzar la confianza en el sistema electoral y en las instituciones políticas en general. Pasó los últimos meses dedicado a tejer articulaciones políticas en todo el país, incluyendo el diseño de alianzas regionales, ya que, junto con la elección de presidente, también habrá elecciones para gobernadores provinciales y senadores y diputados federales.
Para eso, restableció antiguas alianzas con partidos políticos y líderes que incluso apoyaron el juicio político a Dilma Rousseff. Hace unos días, el expresidente comenzó efectivamente su campaña electoral, haciendo discursos públicos para audiencias más amplias, y deberá recurrir todo el país en las próximas semanas y meses con encuentros con públicos diversos, como jóvenes, mujeres, sindicalistas, trabajadores rurales, pequeños y medianos empresarios etc.
Al mismo tiempo, ha buscado acercarse a sectores de la élite económica, estrategia cuya primera señal fue la designación del conservador Geraldo Alckmin, exgobernador de São Paulo, como su candidato a vicepresidente. Además de las reuniones con algunos de los líderes empresariales más importantes del país, Lula y su equipo económico están elaborando un plan de gobierno que probablemente será aún más moderado que aquel con el que el expresidente fue electo en 2002. Temas fundantes del Partido de los Trabajadores (PT), como la distribución del ingreso, la reforma agraria y la tributación de las grandes fortunas, que nunca fueron implementados, probablemente una vez más no lo serían en un eventual nuevo gobierno de Lula.
Para los electores de Lula, además de esperar el regreso a un período de bonanza económica, también vale apoyarlo para evitar, de acuerdo a su entendimiento, que un reelegido Bolsonaro acumule poderes ilimitados en lo que entienden sería una clara amenaza a la imperfecta democracia brasileña. Para los electores de Bolsonaro, además de darle un segundo mandato en lo cual el estaría legitimado para combatir a quienes, según su entendimiento, no lo dejan gobernar, se trata de impedir la vuelta al poder del PT, empañado por denuncias de corrupción, y evitar su agenda económica y moral que consideran comunista.
Brasil está ante unas elecciones en las cuales la lógica de decisión de voto está marcada, en gran medida, por la idea de evitar el triunfo del otro. No parece haber espacio, en este momento, para la discusión de otros proyectos de país que no sean la reedición del conocido proyecto lulista de alianza inter clases y su “keynesianismo tropical” o la alianza de Bolsonaro con los suyos en su estrategia de gira conservadora que intenta conducir Brasil a ser una sociedad caracterizada por los valores más tradicionales de la familia patriarcal y cristiana y por una estructura económica de carácter neoliberal.
Wagner Iglecias es doctor en Sociología y profesor del Programa de Posgrado en Integración de América Latina de la Universidad de São Paulo (USP), Brasil. Es columnista en el Programa de las Américas.
