La interminable búsqueda de Bolivia por un Pacífico soberano dio un giro sorprendente en abril del 2013, cuando la administración de Evo Morales empezó un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya, pidiéndole que dictamine que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo con Bolivia, otorgándole acceso soberano al Océano Pacífico.
Los últimos acontecimientos se dieron a lugar en mayo, durante los argumentos de apertura, cuando Chile le pidió a la Corte dictaminar que ésta no tiene jurisdicción sobre el conflicto territorial con Bolivia, el cual empezó en el siglo diecinueve. Los representantes chilenos arguyeron que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 resolvió este debate definitivamente hace ya más de 100 años.
Bolivia perdió su acceso al mar durante la Guerra del Pacífico (1879-1883) y, desde ese entonces, se ha dedicado a buscar la manera de volver a tener acceso al mar. Algunas recientes instancias, separadas pero relacionadas, ayudaron a persuadir al gobierno de Morales de que éste es el momento adecuado para llevar su caso a la Corte, en lo que sin lugar a dudas es una estrategia audaz y de alto riesgo.
Legalmente, las autoridades bolivianas creen haber creado un caso convincente para apoyar su argumento de que la CIJ sí tiene jurisdicción sobre este conflicto. Bolivia presentó su caso de forma clara y efectiva durante los argumentos de apertura en mayo, los cuales están resumidos en El Libro del Mar (2014). Los resultados del Diferendo Marítimo (Perú v. Chile), en el cual Perú le pidió a la CIJ definir la barrera marítima del sur de Perú utilizando el método equidistante, fortaleció la determinación de Bolivia de traer su caso frente a la Corte. En el enero del 2014, la Corte emitió un dictamen a favor de Perú, lo cual fue alentador para que Bolivia pensara que también podría tener éxito ante la Corte, después de que muchas de sus iniciativas para resolver el conflicto con Chile hayan fallado.
Bolivia continúa enfrentando limitaciones impuestas por el Tratado de Tacna y Arica y el Protocolo Complementario de 1929. Éstos estipulan que ni Chile ni Perú pueden ceder los territorios que les fueron otorgados durante el tratado de 1929 a un tercer estado sin un acuerdo previo con el otro signatario. Chile ocupó las provincias peruanas de Tacna y Arica después de la Guerra del Pacífico y hasta 1929, cuando Chile y Perú acordaron dividirse estas provincias, quedando Tacna bajo soberanía peruana y Arica como parte de Chile.
El poder que tiene Perú de vetar cualquier propuesta por parte de Chile de cederle parte de Arica a Bolivia, al igual que el poder que tiene Chile de vetar cualquier intento de Perú de cederle parte de Tacna, significa que, sea como sea, Perú tendrá que involucrarse en cualquier concebible solución al conflicto Bolivia-Chile. Esta complicación ha hecho que los intentos previos de tramitar el acceso soberano al mar de Bolivia, como la llamada Negociación Charaña en 1975-1978, no hayan tenido éxito.
Implicaciones Económicas
Lo que yace al centro del conflicto marítimo entre Chile y Perú no solo es delinear fronteras, sino, también, tener un mayor control sobre recursos económicos, ya que las aguas de la costa Pacífica contienen una importante industria pesquera y recursos potencialmente significativos de hidrocarburo y suelo marino. Si a Bolivia se le concediera un puerto soberano en el Pacífico entre Chile y Perú, presuntamente con cierto nivel de pesca mar adentro y derecho al suelo marino, esto complicaría el conflicto entre Chile y Perú porque la frontera delimitada por la Corte en el Diferendo Marítimo (Perú contra Chile) tendría que ser re-delineada para ajustarse a los intereses de Bolivia.
Algunos estudios independientes han sugerido que el PIB de Bolivia podría haber sido hasta 20% más alto si no hubiera perdido su acceso al mar y el gobierno de Bolivia ha estimado que su PIB aumentaría 1% por año si tuviera acceso directo al Pacífico. Aunque estos datos podrían ser cuestionados, está claro que Bolivia es un país prisionero de la geografía y continuará teniendo una desventaja económica con respecto a sus vecinos mientras que no tenga acceso más libre a nuevos mercados y tecnologías.
Actualmente, el Tratado de Paz y Amistad (1904) permite que Bolivia utilice los puertos chilenos, sin embargo, Bolivia ha sostenido por mucho tiempo que Chile ha sido innecesariamente restrictivo aun cuando los puertos de Antofagasta, Arica e Iquique son importantes salidas para los minerales bolivianos de exportación hacia Asia y los Estados Unidos. Por contraste, el gas natural boliviano, el mayor producto de exportación del país, se mueve a través de tuberías desde los campos de gas natural en Tarija hasta Argentina y Brasil, pero no por Chile.
La exportación de gas a través de Chile es un tema controversial en Bolivia. El presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada fue despojado de su puesto en octubre del 2003 tras el descontento popular masivo que causó al anunciar planes para exportar gas para Estados Unidos a través de puertos chilenos. Su destitución sentó las bases para que Evo Morales se convirtiera en el presidente electo en el 2006. En el 2004, un referendo respaldado por Morales prohibió la venta de gas a Chile hasta que éste le otorgará a Bolivia acceso soberano al mar.
Bolivia tiene la segunda reserva de gas natural más grande de Latinoamérica y su sector energético es vital para la economía del país. Y, ya que Argentina y Brasil están desarrollando sus propias reservas de gas natural, el futuro de la industria de gas de Bolivia podría estar entrelazado con Chile. Chile también se beneficiaría económicamente si se hayara una resolución al conflicto, ya que Chile tendría mayor acceso a los sectores agricultores, de gas y mineros de Bolivia y posiblemente también a sus recursos de agua dulce. Bolivia también cuenta con los depósitos de litio más grandes del mundo, así que tanto la minería como la industria de gas podrían ser especialmente importantes para el futuro de ambos países.
¿Por qué ahora?
El gobierno de Bolivia lleva ya varias décadas utilizado este conflicto de puertos para generar apoyo del pueblo. Aun cuando el Presidente Morales fue reelegido en el 2014 con un amplio margen, su Movimiento al Socialismo (MAS) ha sufrido pérdidas en las más recientes elecciones de diputados y presidentes municipales. Consecuentemente, aquellos quienes criticaron la decisión de llevar el conflicto frente a la CIJ, han insinuado que ésta propuesta es solo un juego nacionalista para elevar la popularidad del gobierno, que se encuentra en declive. En una entrevista en mayo del 2015, Sergio Bitar, el ex-senador de la región norte de Chile, frontera con Bolivia, dijo que Morales había cometido “un increíble error al llevar su caso frente a La Haya,” añadiendo que, “Morales puede haber conseguido el apoyo del pueblo boliviano, pero para Chile las acciones de Bolivia son vistas como combativas”.[1]
Sin embargo, hay muy poca evidencia empírica que apoye ese punto de vista. Bolivia no llevó su caso a la CIJ hasta abril del 2012 después de que la administración de Morales llevara ya 2 años preparando su caso, en los que constituyó la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR). En ese entonces, Morales gozaba de un auge en su popularidad.
La administración de Morales ha abordado este problema con un mayor nivel de cuidado y profesionalismo que los gobiernos previos, quienes solo estaban interesados en las ganancias políticas a corto plazo. El presidente Morales ha caracterizado esta situación como una causa nacional, mucho más allá de diferencias ideológicas, y ha buscado la asesoría y el apoyo de expresidentes y cancilleres de relaciones exteriores, entre otros. El expresidente M. Eduardo Rodriguez Veltzé (2005-2006) fue nombrado como Agente frente a la CIJ y el expresidente Carlos Diego Mesa Gisbert (2003-2005) estará encargado de compartir el caso boliviano con la comunidad internacional. Ambos han estado profundamente involucrados en desarrollar y presentar el caso boliviano. Para resumir, la iniciativa boliviana que está frente a la CIJ parece ser verdaderamente un esfuerzo colectivo, y, aunque el presidente Morales tiene mucho por ganar políticamente si Bolivia tiene éxito, la iniciativa boliviana no parece estar diseñada para impulsar los objetivos políticos de un solo individuo o movimiento.
Implicaciones regionales
El conflicto Bolivia-Chile ha tenido un efecto divisorio en sus respectivas comunidades regionales, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-ALBA y la Alianza del Pacífico, ya que ambos países han buscado el apoyo de los estados miembro de esas agrupaciones regionales. La discordia entre estos dos países también se ha esparcido a otras organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, a las que ambos países han abogado agresivamente para que apoyen sus posiciones.
Además del impacto negativo que el conflicto Bolivia-Chile ha tendido sobre la integración y la cooperación regional, también ha causado que sea más difícil para Bolivia sacarle ventaja a las cambiantes realidades económicas de la región. La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), una iniciativa multinacional de $37 miles de millones para apoyar la integración regional, efectivamente circunvala a Bolivia y enlaza a Brasil con el Océano Pacífico a través de varios puertos peruanos.
Bolivia tampoco ha participado en las recientes discusiones que han tenido Brasil, China y Perú para construir una nueva vía ferroviaria que cruzaría Sudamérica, conectando el Atlántico con el Pacifico. Bolivia trató de aunarse a las discusiones de la vía ferroviaria, pero, aparte de Bolivia, ha habido poco apoyo para la propuesta del gobierno de Morales de redirigir esta vía ferroviaria a través de Bolivia, culminando en el puerto peruano de Ilo. En 1992 y otra vez en el 2010, el gobierno peruano acordó alquilar suelo boliviano para una zona franca y un parque industrial en Ilo, pero el acuerdo nunca fue ratificado y hasta ahora, Bolivia ha hecho poco para gestionar el desarrollo del puerto y convertirlo en un conducto de comercio boliviano.
Estrategia de altos riesgo para Bolivia
El gobierno de Morales está involucrado en juego de alto riesgo que Bolivia no puede darse el lujo de perder. Una variedad de desafíos y oportunidades interrelacionadas se juntaron al mismo tiempo a principios de esta década para persuadir al gobierno de Morales de hacer algo que ningún otro gobierno de Bolivia ha hecho, que es de llevar la misión nacional por un puerto soberano en el Pacifico a la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Para preparar su caso legal, Bolivia se puso en contacto con una variedad de diplomáticos, políticos y académicos para forjar un apoyo nacional e internacional de lo que bien podría ser su mejor y última oportunidad de lograr su objetico. El resultado es un caso bien preparado y bien argumentado que tiene una buena probabilidad de tener éxito.
Pero Chile se rehusa a ceder. Hace más de un año, la presidente chilena Michelle Bachelet invitó a cuatro de sus predecesores a La Moneda para mostrar su apoyo colectivo al tratado de 1904[2]. El gobierno chileno mantuvo esta posición hasta los argumentos de apertura frente a la Corte en mayo. Durante su discurso frente a la VII Cumbre de las Américas el 12 de abril 2015, el canciller de relaciones exteriores chileno, Heraldo Muñoz, aseguró que, “Chile no tiene asuntos pendientes con Bolivia. Los resolvió el año 1904 cuando ambos países en el tratado de Paz y Amistad, establecieron sus fronteras de manera perpetua”[3]. Si la Corte rechaza tener jurisdicción sobre el caso contra Bolivia, Chile probablemente vea la decisión de la Corte como una justificación de su posición y se resistirá a negociar con Bolivia en el futuro.
Se espera que en el otoño el Tribunal dé su veredicto sobre la cuestión de si tiene o no jurisdicción sobre el caso. Si decide que sí tiene jurisdicción, Bolivia y Chile serán invitados a volver a la Corte para presentar argumentos orales sobre por qué Bolivia piensa que Chile tiene una obligación legal bajo el artículo XXXI del Pacto de Bogotá de negociar una salida soberana al Pacífico. Todo este proceso, si se mueve hacia adelante, probablemente tomará otros 3-5 años.
Ronald Bruce St John ha sido un estudiante de la política de los Andes desde su primer visita a Bolivia, Chile, Ecuador y Perú en 1968 como parte de la investigación para su disertación de doctorado sobre la política exterior peruana. Su libro más reciente sobre la región es Toledo’s Peru: Vision and Reality (University Press of Florida, 2010). Ronald es colaborador del Programa de las Américas www.americas.org
Traducido por Miriam Lara-Meloy
Notas:
[1] “Why Is Bolivia Still Suing for Access to the Pacific Ocean?,” Latin American Advisor, May 26, 2015, http://latinamericaadvisor.org/2015/05/26/why-is-bolivia-still-suing-for-access-to-the-pacific-ocean
[2] Charlotte Karrlsson-Willis, “Ex-presidents to Bachelet: Challenge ICJ jurisdiction in Bolivia case,” The Santiago Times, May 15, 2014, http://santiagotimes.cl/ex-presidents-bachelet-challenge-icj-jurisdiction-bolivia-case
[3] “La protesta de Muñoz contra la intervención de Morales: ‘Chile no tiene asuntos pendientes con Bolivia,’” La Tercera, April 12, 2015, http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/04/674-625119-9-la-protesta-de-munoz-contra-la-intervencion-de-morales-chile-no-tiene-asuntos.shtml
