En la tarde del sábado 16 de junio, dos activistas del medio ambiente y defensores de derechos humanos se encontraban con amigos en frente del ayuntamiento en la calle principal de San José del Progreso, México. De pronto una camioneta Dodge Ram roja pasó por allí, rociándolos con balas. Bertín Vásquez Ruiz recibió un disparo en el abdomen y Guadalupe Vázquez Ruis recibió balas en su pierna y su mano. Los dos son miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), la cual ha estado protestando de manera activa en contra de la presencia de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc. en la mina de Trinidad/Cuzcatlán en su comunidad al sur de la ciudad de Oaxaca, México.
Las víctimas del tiroteo fueron llevadas a un hospital público, en donde recibieron atención superficial. Se informa que poco después de llegar al hospital civil, por ejemplo, Bertín Vázquez fue liberado – con la bala todavía en su abdomen. Después fue llevado a un hospital privado (de paga) en donde la bala fue removida. Se dice que ambas víctimas se encuentran en condición estable.
¿Quién hizo los disparos?
Testigos identificaron a tres de los hombres armados, todos presuntamente conectados de alguna manera con la operación de las minas de Trinidad/Cuzcatlán. Medios de comunicación locales reportan que se nombró a Evaristo González – aparentemente empleado y asesino a sueldo de Fortuna Silver, Edgar Vásquez Hernández – hijo de el ex presidente municipal que dio permiso de las operaciones de minería en San José del Progreso, y Aarón Vásquez – superintendente de una escuela local, como los supuestos tiradores.
La violencia en curso este año en San José del Progreso
Oponerse a la operación minera Fortuna Silver – basada en Vancouver – en San José del Progreso se ha convertido en algo cada vez más peligroso en meses recientes – e incluso mortal. El activista y miembro del CPUVO Bernardo Méndez fue muerto a tiros el 23 de enero de este año cuando, junto con un grupo de personas de San José, confrontó al personal trabajando en una tubería de agua en la comunidad. Sospechaban que la tubería desviaría el suministro de agua del pueblo – ya escaso – y sería usado para operaciones mineras. Los trabajadores se rehusaron a mostrar los permisos de trabajo que la multitud pedía. Se entabló una discusión y pronto la policía municipal llegó a la escena. Testigos reportan haber escuchado por la radio la voz del alcalde de San José, Alberto Sánchez Muñoz, dando a la policía órdenes de abrir fuego. Méndez recibió siete disparos y murió poco tiempo después. Otro miembro de la CPUVO, Abigail Vásquez, también fue baleada y herida de gravedad en el incidente.
Otro activista y miembro de la CPUVO fue asesinado dos meses después. El 15 de marzo de este año Bernardo Vásquez fue muerto a tiros cuando su vehículo fue emboscado en las afueras de San José. Su hermano, Andrés, y su amiga Rosalinda Canseco también fueron gravemente heridos en el ataque. Los médicos temían que la pierna de Rosalinda tuviera que ser amputada debido a las graves heridas de bala. El riesgo ha pasado, y actualmente Rosalinda se encuentra bajo terapia física. Nadie ha sido acusado de los crímenes a pesar de la existencia de lo que muchos observadores consideran como evidencia considerable y concreta – incluidas fotos de los presuntos agresores publicados en los medios de comunicación locales.
¿Porqué la oposición y el derrame de sangre?
Miembros de la CPUVO se oponen a la mina de Trinidad/Cuzcatlán por una variedad de razones. El agua es una preocupación central. El suministro de agua potable en la zona es cada vez más escaso, y las operaciones mineras requieren de grandes cantidades de agua. La gente del pueblo también expresa su preocupación sobre la contaminación de fuentes de agua y de tierras por químicos tóxicos usados por la mina para procesar la plata y el oro – como cianuro, arsénico y metales pesados.
Tienen razón para estar preocupados. La mina cercana de Canadian Continuum en Capulálpam de Méndez perturbó y contaminó gravemente los acuíferos de la zona. Los residentes locales informan que debido a las actividades mineras, 13 arroyos locales desaparecieron y los manantiales de la comunidad estaban tan contaminados por los químicos usados para procesar los minerales que el ganado murió por tomar agua de éstos. La destrucción ambiental causada por la mina Continuum fue tan flagrante que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente suspendió las operaciones.
La mina Fortuna Silver ha dividido al pueblo y creado una atmósfera de tensión y miedo generalizado, a menudo conduciendo a la violencia. La gente del pueblo dice que la mayoría de la comunidad se opuso a la mina cuando fue inaugurada. En 2009, algunas 300 personas bloquearon la entrada a la mina por más de un mes. Alrededor de 700 miembros de la policía fueron enviados para romper de manera violenta el bloqueo, golpeando a las personas y arrestando a 23. La represión ha silenciado a algunos de aquéllos que se oponían a la mina, y al parecer sobornos y otro tipo de corrupción han sido empleados para obtener apoyo hacia la mina.
Los comentarios de Fortuna Silver, Inc. sobre la violencia en curso
Después de los asesinatos de los dos activistas de CPUVO en enero y marzo, Fortuna Silver emitió una declaración pública expresando su tristeza sobre los actos de violencia que están “…relacionados con una larga lucha por el poder local…De ninguna manera está relacionado con nuestras actividades o involucra personal de la compañía.” Los críticos, no obstante, impugnan estas afirmaciones, señalando que la violencia en San José claramente comenzó con la llegada de Fortuna Silver a la comunidad.
Durante la presentación pública de Fortuna Silver Inc. sobre sus ingresos financieros durante el primer trimestre de 2012, alguien en la audiencia le preguntó al presidente de la compañía Jorge A. Ganoza sobre la relación de la compañía minera con la comunidad de San José. Respondió que tienen una fuerte relación con las autoridades del pueblo y con la mayoría de las personas en la comunidad. Agregó que existen “grupos reaccionarios que se oponen a cualquier proyecto de desarrollo en el área – no sólo a las minas.”
La impunidad engendrando más impunidad
Según acusaciones hechas por CPUVO, los asesinatos y agresiones de este año en contra de activistas del medio ambiente y defensores de derechos humanos que se oponen a la mina Trinidad/Cuzcatlán fueron perpetrados por autoridades municipales y empleados de la compañía minera. Miembros de la CPUVO han denunciado en repetidas ocasiones en los medios de comunicación y al gobierno estatal que la mina está financiando a grupos armados en la comunidad, con el endoso del presidente municipal de San José, Alberto Mauro Sánchez. En un comunicado de prensa reciente hecho por organizaciones destacadas de los derechos humanos y la sociedad civil en Oaxaca y organizada por la Coalición en Defensa de los Territorios, se declaró:
“Desde el comienzo del presente año CPUVO ha denunciado las irregularidades y violaciones causadas por la compañía minera Cuzcatlán y las autoridades municipales de San José del Progreso, sin embargo, hasta este momento no ha habido una respuesta adecuada por parte del gobierno estatal en referencia a los problemas.”
La coalición exige que se investiguen los casos recientes de violencia, que los culpables sean traídos a la justicia, y por medidas de protección para asegurar la seguridad de los defensores de derechos humanos y activistas del medio ambiente.
Nadie ha sido acusado en ninguno de los ataques, y los asesinos siguen en libertad. Los observadores expresan su preocupación por la falta de justicia e impunidad concedida a los perpetradores, que dicen crea una atmósfera de miedo e inseguridad en San José. Los ataques recientes, desafortunadamente, dan crédito a esas preocupaciones.
Dado que en San José la violencia continúa y los perpetradores siguen sin ser enjuiciados, la Coalición de Oaxaca en Defensa de los Territorios declaró su profunda preocupación por el aumento a la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca, y demandó acciones inmediatas y efectivas por parte del gobierno del estado de Oaxaca.
Hasta la fecha, el gobierno estatal no ha respondido; no ha habido ningún comentario público oficial sobre los recientes tiroteos en San José del Progreso.
Texto y fotos por Jonathan Treat, periodista, profesor, activista y miembro fundador de la organización sin fines de lucro Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca, A.C. (SURCO, A.C.), www.surcooaxaca.org, una organización que conduce delegaciones y actividades educativas relacionada con los derechos de los indígenas en Oaxaca y Chiapas. Contribuye de manera frecuente al Programa de las Américas www.americas.org
Traducido por Nara González
