Perdieron quienes apostaron al desgaste del movimiento. Fracasó el intento gubernamental de dar el carpetazo. No pudieron echar la tragedia en la fosa del olvido.
El 26 de enero, por octava ocasión desde el fatídico 26 de septiembre, decenas de miles de personas de diversos sectores marcharon por las calles de la capital del país con una demanda sobre dos vías: presentación con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y transformación de la vida pública nacional. Nada menos.
A cuatro meses del crimen contra los normalistas de Ayotzinapa, y ante la falta de resultados confiables de las investigaciones del gobierno mexicano, el movimiento mantiene su capacidad de convocatoria y logró alcanzar un nuevo nivel de coordinación con los movimientos sociales opuestos al régimen de Enrique Peña Nieto.
La VIII Acción Global por Ayotzinapa y por México consistió en diez horas de marchas desde los cuatro puntos cardinales de la Ciudad de México hacia el Zócalo, además de actividades de protesta en más de 40 ciudades del país y del mundo. En esta primera jornada del año, que evidenció el fracaso de quienes confiaron en que el periodo vacacional de diciembre sería un factor desmovilizador del movimiento, los padres de familia de los normalistas llamaron a todos los familiares de las víctimas de desaparición forzada en el país a dar la lucha conjunta.
Fue Mario César, padre de Manuel, quien al arrancar el mitin llamó a la unidad en la lucha contra la desaparición forzada en México:
“Es impresionante el dolor que se siente al tener un hijo desaparecido. Invito a todos los papás que tengan hijo desaparecido para que entren en contacto con nosotros, que tengamos comunicación para que también levanten la voz, porque no nada más somos nosotros… Los cuerpos encontrados en las fosas también tenían una cara, un apellido, una familia y tienen derecho a saber de quién eran esos cuerpos. A todas esas personas yo las invito para que nos unamos, para que podamos encontrar una solución a este problema”.
Varios oradores invitaron a las personas presentes en el mitin que cerró la jornada, a la Convención Nacional Popular que llevarán a cabo los días 5 y 6 de febrero próximo en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, con la intención de acumular fuerza y generar condiciones para la instalación de un nuevo constituyente. El 5 de febrero es una fecha emblemática en Mèxico, cuando se cumple un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1917.
Los padres de los normalistas, cada quien con carteles de sus hijos desaparecidos, marcharon junto a integrantes de la sección XVIII del SNTE, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Llegaron a las 10 de la mañana al Auditorio Nacional y partieron al Ángel de la Independencia, donde esperaron para integrarse al contingente formado por sindicatos y organizaciones campesinas que salió a las 4 de la tarde hacia el Zócalo.
Para esa hora, a la plaza central capitalina ya habían llegado sendos contingentes que partieron desde Taxqueña, la calzada Ignacio Zaragoza e Indios Verdes.
La movilización fue un ensayo de inclusión de demandas sectoriales sumadas a la demanda principal de presentación de los 43 desaparecidos. La marcha nacional que por más de una década han llevado a cabo los contingentes sindicales y campesinos del movimiento por la soberanía alimentaria y energética el último día hábil de enero, esta vez se incorporó a la jornada de acción global por Ayotzinapa constituyendo la quinta marcha del día.
Desfilaron el Sindicato Mexicano de Electricistas, en lucha por el regreso a labores de sus más de 15 mil agremiados que se mantienen en larga resistencia de 5 años, tras de que el gobierno federal desapareciera su fuente de trabajo; las organizaciones de la Convención Nacional Campesina e Indígena, que pugnan por una reforma rural integral y la derogación de la reforma energética que permite la ocupación de sus territorios por las compañías petroleras y eléctricas. Y un cúmulo de organizaciones estudiantiles, gremiales, civiles y movimientos sociales unidos por el repudio general al modelo neoliberal dominante.
La frase “Fue el estado” —portada por una enorme mantis religiosa construida por integrantes del Centro Mexicano de 
la Marioneta—, con la que decenas de miles de manifestantes han contrastado la inverosímil versión oficial de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, ahora se conjugó con acusaciones directas al ejército mexicano de cuya intervención en los trágicos hechos surgen cada vez más indicios.
El estudiante Omar García reconoció la firmeza y determinación de los padres que no han cesado en reclamar por más de 120 días la presentación con vida de sus hijos, mientras el gobierno sigue sin aceptar su participación directa en los acontecimientos del 26 de septiembre en Iguala, y es notoria su prisa por cerrar el caso.
Incluso pretende negar la desaparición forzada de los normalistas. “Uno de estos días, en el informe que dieron a nivel internacional en materia de derechos humanos, no tocan para nada el 26 de septiembre, siguen hablando de los mismos desaparecidos de antes de esa fecha, a pesar de que este problema ha trascendido las fronteras y está en la boca de todos los mexicanos”, dijo.
García alertó que ya es hora de hacer algo más que marchas, e invitó “a toda la sociedad organizada y a la no organizada a aglutinarse en un gran movimiento nacional para transformar de fondo nuestro país. Ya no podemos andar los mismos caminos de siempre, tenemos que apostarle a algo distinto y tenemos que construirlo nosotros.”
Consideró necesario que el movimiento se plantee la transformación del país. “Nosotros como estudiantes de Ayotzinapa y los padres de familia queremos que se mantenga la consigna principal que ha hecho retumbar el mundo entero: la presentación con vida de nuestros compañeros, pero también tenemos que empezar a impulsar la transformación de México”.
Y lanzó la invitación que sería reiterada por el conductor del mitin: “Los esperamos el 5 de febrero para discutir e intentar forjar la unidad nacional de los mexicanos en una agenda común que nos permita de una vez por todas transformar este país en contra de estas instituciones corruptas que para nada sirven y en nada ayudan a nuestro pueblo”.
El maestro de ceremonias también afirmó que votar en Guerrero es votar por el crimen organizado “y no habrá elecciones aunque el gobernadorcillo y el secretario de Gobernación lo aseguren”. Añadió que, con base en el Art. 39 constitucional, en esa entidad va a gobernar el pueblo mediante la elección de asambleas populares.
Otras voces doloridas resonaron en la histórica plaza. Como la de Epifanio Álvarez, padre de uno de los 43:
“Dejamos nuestras casas, nuestras cosechas porque somos campesinos humildes pero con mucho corazón y mucho valor. Hemos estado sufriendo mucho pero no estamos cansados, seguiremos luchando. Un hijo no se puede olvidar, como por ahí dijo el señor presidente que’ superemos el dolor’. Lucharemos hasta el final, con el apoyo de ustedes que sienten lo que estamos pasando. A veces a las dos de la mañana nos acordamos y empezamos a llorar. Con el apoyo de ustedes seguiremos adelante sin parar.”
El Zócalo gritó al unísono: ¡No están solos! ¡Fuera Peña!
El papá de Alexander Mora Venancio afirmó que se mantiene en pie de lucha por la presentación con vida de su hijo porque “a dos meses diez días de la desaparición en Iguala, me lo dieron por muerto el día cinco de diciembre, y a un mes 45 días no he visto nada de lo que me iban a entregar de sus restos…”
Remató, “Este pinche gobierno chismoso no sirve para nosotros los mexicanos, sólo para presionar a las organizaciones sociales, a nosotros nos quiere amenazar pero no le tenemos miedo”.
Otro padre de familia leyó un posicionamiento de la comunidad escolar de Ayotzinapa y de la Asamblea Nacional Popular, que presenta un panorama perturbador de Guerrero y otras regiones del país: el crimen organizado sigue dejando su estela de muerte entre la población. Territorios completos son controlados por las bandas criminales ante la mirada complaciente de autoridades de todos los niveles. La delincuencia se ha enquistado en la estructura gubernamental. Los jefes de plaza delincuenciales se han erigido en gobierno. Las instituciones encargadas de brindar seguridad son las que extorsionan, desaparecen y matan a gente inocente.
El diagnóstico es crudo: gobiernos, clero, partidos políticos son comparsa de la delincuencia. Nadie ha hecho nada para poner un alto a esta situación. La forma de hacer política basada en el dispendio de dinero ilícito ha permitido que la delincuencia se incruste en los partidos políticos que después se convierten en asesinos del pueblo.
El neoliberalismo —continúa el documento—, adoptado de manera dogmática como política económica, empobrece a diario a la mayoría y enriquece a unos cuantos oligarcas. Empresas extractivas roban descaradamente los recursos naturales de los pueblos campesinos e indígenas, metiéndose sin consulta a sus territorios, con la complicidad gubernamental.
Este gobierno lacayo de los organismos multilaterales y financieros ha terminado por privatizar el campo, el petróleo, la educación, la salud y otros servicios para favorecer al capital privado. Para los normalistas, las privatizaciones, es decir, el robo de los bienes públicos, el saqueo de los recursos naturales y la desaparición de los 43 estudiantes son parte de una misma política criminal.
En el caso de Ayotzinapa, el gobierno enfrenta su propio descrédito, ganado a pulso en varios sexenios de mentiras y de políticas contrarias al interés mayoritario de la población.
“No lo digo yo —subrayó Bardo Flores, otro padre—, lo dicen expertos de la UNAM, que no es creíble la versión de Murillo Karam (titular de la Procuraduría General de la República). Se le olvidó que aunque somos campesinos, aunque seamos obreros, personas de bajos recursos, también somos seres pensantes y que no nos va a engañar.”
“Mientras no haya una prueba científica en contrario, para nosotros nuestros hijos están vivos y así queremos que los busquen, porque nosotros los padres de familia estamos seguros de que los tiene el gobierno, porque desde un principio, el gobierno no los ha buscado, siempre anda haciendo teatros en los cerros, en las carreteras.”
“Se equivocó el gobierno, pensaron que con reprimirnos, con llenarnos de militares y antimotines al estado de Guerrero íbamos a cesar, pero les decimos que vamos a seguir adelante, no importa las consecuencias, y como lo dijo un maestro ayer, si es preciso morir como los árboles de pie, así lo haremos por nuestros hijos”, concluyó Flores.
Hilda Hernández, madre de familia, admitió su coraje contra el gobierno. “No nos vamos a quedar con las manos cruzadas por lo que hicieron a nuestros hijos, van a tener que aparecer; se los llevaron policías, se los llevaron federales, participaron militares, y aquí no hay otra cosa más que buscar con ellos, no hay nadie más, ni narcotraficantes ni nada, porque aquí los narcotraficantes son el gobierno.” La respuesta de la multitud no tardó un segundo: “¡Fue-el-estado! ¡Fue-el-estado! ¡Fue-el-estado!”
Carmelita Cruz, también madre de un normalista desaparecido, coincidió: “Fueron uniformados quienes se los llevaron, personas mandadas por el alto mando. Y que no se haga tonto Enrique Peña Nieto, si no los tiene él, sí sabe dónde están. Los militares asesinos, ellos participaron de manera directa, el 27° Batallón de Iguala participó llevándose a nuestros hijos. Y por eso nosotros queremos que nos los entregue, dondequiera que los tenga…”
Las voces contra el ejército federal formaron un coro demandando someter a investigación a la fuerza armada.
“Los padres de familia estamos seguros que el gobierno tiene a nuestros hijos porque ellos nos confesaron que habían sido amenazados en el crucero de Huitzuco por militares del 27° Batallón de Infantería de Iguala. Les pusieron las pistolas en la cabeza, los patearon y los subieron al autobús cuando ellos iban a botear semanas antes de haber sido acribillados y desaparecidos”, expresó el último padre de familia en usar el micrófono.
Dijo más: “El gobierno es el único que hace polvo a las personas, porque los narcotraficantes no; ellos despedazan, queman pero no los terminan en polvito. Siempre se han encontrado restos en las fosas o pedazos quemados pero nosotros estamos seguros que el gobierno es el que desaparece gente por completo; él puede, los narcos no.”
Al día siguiente, la PGR se apresuró a dar por cerrado el caso con su versión oficial presentada como “verdad histórica”, a saber, que el crimen se circunscribe al ámbito local, que los estudiantes desaparecidos fueron entregados por la policía municipal a un cartel de la región el cual los mató e incineró en el basurero de Cocula, tiró sus cenizas al río y por lo tanto ya no es posible encontrar sus restos.
Por su parte, el Centro Pro, organismo de defensa de derechos humanos, dio a conocer un posicionamiento de los padres y madres de familia llamado “Diez razones para no cerrar el caso Ayotzinapa”, en el cual expresa que no existe plena certeza científica sobre lo sucedido en el basurero de Cocula. Que las hipótesis oficiales dependen en exceso de declaraciones que pudieron haber sido inducidas, que el estado se ha mostrado incapaz para detener Felipe Flores Velázquez, jefe de la policía, y a 11 prófugos más; que la PGR no ha logrado un solo juicio penal por desaparición forzada (figura legal pertinente) y no se ha esclarecido la participación del ejército, entre otros puntos.
En tanto, el movimiento de Ayotzinapa se ha convertido en el motor de la construcción de una conciencia nacional de lucha, tejiendo la unidad de diversos sectores inconformes con el modelo neoliberal que ven la oportunidad de encontrar juntos una salida democrática y popular para transformar el sistema político mexicano aquejado por la peor crisis del último medio siglo.
Alfredo Acedo es director de comunicación y asesor de la UNORCA y miembro del Programa de las Américas www.americas.org/es.
Fotos: Alfredo Acedo
