Mientras los hechos de lo que pasó en Iguala, estado de Guerrero, la noche de 26 de septiembre y la madrugada de 27 se van esclareciendo poco a poco, las consecuencias están a la vista: cuarenta y tres estudiantes desaparecidos, tres muertos, uno con señales de tortura, y uno más con muerte cerebral, tras un ataque iniciado por la policía municipal de Iguala contra tres autobuses de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Un mes después del acontecimiento, no se sabe de su paradero ni si están vivos o muertos, sus padres y madres viven en la angustia y la sociedad se ha levantado frente a un crimen que revela la profundidad de la corrupción y la violencia que antes había sido un secreto a voces en México.
En esencia, hay dos versiones sobre las razones tras el crimen. Una, la del gobierno, culpa a los carteles del narcotráfico y a los políticos que trabajan con ellos. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, anunció el 22 de octubre que fue el alcalde que ordenó el secuestro, por considerar que los estudiantes tenían intenciones de interrumpir el evento de su esposa como directora de servicios familiares del ayuntamiento. Posteriormente, según la línea de investigación de la PGR, los jóvenes detenidos por los policías y ahora desaparecidos fueron entregados en una ciudad cercana al cartel de los Guerreros Unidos, con la advertencia de que estaban causando disturbios en Iguala y que estaban vinculados a su archirrival, Los Rojos.
El procurador estatal Iñaki Blanco había dicho el 10 de octubre que un líder del crimen organizado llamado “El Chuky”, por el muñeco de las películas de terror, habría ordenado el secuestro y asesinato de los jóvenes. Con esta interpretación el gobierno federal intentó dejar el crimen en manos del estado de Guerrero.
Los estudiantes de Ayotzinapa rechazan esta explicación. Dice uno, “al narco no le conviene esto.” Y agrega su interpretación del objetivo del ataque, “el gobierno no quiere que esta Normal viva”. Efectivamente, por años, si no décadas, el gobierno ha intentado cerrar las Escuelas Normales Rurales con el argumento de que son obsoletas. Creadas después de la revolución mexicana en el cardenismo, enseñan los ideales de aquella época y sostienen las reivindicaciones de los sectores pobres y marginados del campo. Su ideología revolucionaria choca con el neoliberalismo. Mientras las escuelas refuerzan las raíces y los valores campesinos de sus alumnos, el gobierno busca reducir el pequeño campesinado y vaciar buena parte del campo para megaproyectos de inversión internacional. Los jóvenes se oponen abierta y activamente a las reformas educativas del presidente Peña Nieto y rechazan las privatizaciones que caracterizan el programa económico del gobierno.
Sus métodos incluyen la acción directa. Sin recursos por el abandono del Estado, piden dinero en las ciudades cercanas y en la carretera para recaudar fondos, a veces deteniendo el tránsito. Por falta de transporte, toman autobuses de las empresas privadas en las centrales, regresándolos después del uso. Con el pretexto de prohibir estas actividades, la policía federal y estatal asesinó a dos estudiantes en 2011, en otro crimen que nunca fue llevado a la justicia.
Es esta historia de oposición y de represión que lleva a los estudiantes–no solo de Ayotzinapa sino en todo el país– a llamar la desaparición forzada de sus compañeros un crimen del Estado y no un problema de la cooptación de unos cuantos políticos por el crimen organizado.
La distinción no es menor. Tiene que ver con el grado de responsabilidad del Estado y el tipo de imbricación entre éste y el crimen. Bajo la premisa de que el alcalde es el responsable del crimen, el gobierno federal entra como aliado de los estudiantes en la búsqueda tanto del alcalde prófugo como de los estudiantes. Según los estudiantes y los padres de familia, la búsqueda es “una farsa”.
Los y las jóvenes tienen más razones para pensar que el crimen es de represión y que implica a todos los niveles del Estado. Primero, el presidente tardó más de una semana en reconocer la responsabilidad federal por asumir el caso. El Procurador no anunció orden de aprehensión contra el alcalde, que ahora el mismo procurador señala como responsable principal, hasta el 22 de octubre. Después de los hechos, el alcalde tranquilamente pidió licencia y se dio a la fuga junto con su esposa, ahora señalada como la líder del cartel regional. El gobierno no ha podido, o no ha querido, detener a ninguno de los dos, ni al jefe de seguridad del municipio.
Se puede decir que las fuerzas de seguridad, más allá de la policía municipal que fue cómplice del acto, mínimamente no hicieron su trabajo y no han dado explicaciones de por qué. El ejército mexicano tiene un cuartel muy cerca de donde fueron atacados y llevados los jóvenes. No salió ni cuando los estudiantes llevaron un herido a su puerto buscando auxilio. Existen reportes de que la policía federal también estuvo en el lugar sin hacer nada por detener el ataque o ayudar a los jóvenes.
Bajo la tesis de que son “unos malos”, el Estado se lava las manos de los actos del crimen organizado y se erige como el protector del pueblo. Sigue con la simulación de justicia que ha caracterizado el PRI desde sus orígenes como Partido Revolucionario Institucional, partido autoritario en donde el afán de institucionalizar y perpetuar su poder borra lo revolucionario de sus raíces. Sigue una estrategia de callejón cerrado, apoyada por los Estados Unidos, de revisar policías individuales en el afán de purgar y capacitar en derechos humanos a las mismas fuerzas de seguridad que son los principales violadores de los derechos del pueblo.
La crisis política de México ahora se vuelve incontenible porque la juventud no acepta las declaraciones de buena fe del gobierno. La marcha de decenas de miles de personas, el 22 de octubre, entró al Zócalo gritando “¡Fuera Peña!”. Cuando las multitudes dispersaron, aparecieron en el suelo letras gigantes que decían: “FUE EL ESTADO”.
Hay otro factor que alimenta la rabia y la desconfianza de la juventud mexicana, que ahora realiza una campaña por Twitter para pedir la renuncia del presidente. Es que la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, y llevado a cabo sin cambios por Peña nieto, ha llevado a una gran parte de la población a un límite. A pesar de la estrategia del actual gobierno de no hablar de la violencia, la gente en muchos lugares vive la violencia y ven la complicidad entre las autoridades y el crimen todos los días.
Un ejemplo muy presente es la ejecución de jóvenes por el ejército el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México. Cuando 22 jóvenes fueron ultimados en “un enfrentamiento” con el ejército, según un escueto comunicado, algunos reporteros empezaron a investigar. Resulta que los jóvenes tenían impactos de bala a quemarropa y fotos de la escena del crimen mostraron evidencias de que habían “sembrado” armas al lado de sus cadáveres. Una testigo informó que un joven murió en enfrentamiento y que los 21 restantes se habían rendido, cuando el ejército los asesinó. No es la primera ejecución extrajudicial. El Relator Especial sobre el tema señaló hace poco en un informe el grave problema en México.
Los informes de organizaciones locales, nacionales e internacionales sobre las ejecuciones extrajudiciales, tortura, abuso sexual y otras violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad, dan cuenta de un país en donde no es que haya individuos cooptados, sino que el sistema se ha configurado para proteger los intereses de los grandes negocios, incluyendo el de los narcos, contra los anhelos de justicia y paz de la población. Por eso, la impunidad no es un problema que se arregla con los programas de la Iniciativa Mérida estadounidense o del gobierno federal para limpiar la policía.
Para entender Ayotzinapa, es urgente cambiar el marco de análisis. Es necesario abandonar el falso discurso de la guerra contra las drogas, que habla de las fuerzas de seguridad dando la lucha contra las fuerzas del mal que trafican drogas prohibidas y “capturan” a elementos de un Estado débil o corruptible. México es un país militarizado en donde un conjunto de poderes establecidos y fácticos han hecho alianzas de múltiples formas en contra del pueblo. El modelo patriarcal de la fuerza, que se ha impuesto de manera notable desde 2006, sirve para ejercer control sobre la población y para alejar las propuestas de democratización desde abajo. Y también para producir muertos, desaparecidos, fosas clandestinas y los horrores que son parte de la vida cotidiana de este país.
Un crimen de Estado contra jóvenes implica una estrategia desde arriba de reprimir toda una generación. Una nación que mata a sus jóvenes, mata a su futuro.
Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas. Esta columna fue publicada en la revista colombiana Palabras del Margen, 1 de noviembre de 2014. http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/internacional/item/ayotzinapa-captura-del-estado-o-crimen-de-estado?category_id=139
