Las denuncias señalan que la mayoría de los ataques son promovidos por el gobierno y sus funcionarios. Además, que los ataques en contra de mujeres periodistas tienen un alto contenido misógino y de odio.
El periodismo en El Salvador no había vivido un ambiente tan hostil desde la guerra civil que marcó la historia salvadoreña en la década de los 80. Las amenazas, las persecuciones y las acusaciones falsas en contra de periodistas se están convirtiendo en el pan de cada día, en el país que pagó con más de 75 mil muertes, la construcción de su joven y débil democracia.
En 29 años, después de la firma de los acuerdos de paz, en el país, por primera vez un presidente y varios miembros de su gabinete son señalados por las acciones represivas y por incitar a la violencia en contra de los críticos, como lo hacían los gobiernos militares de la década de los 80.
La semana pasada, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó su informe sobre agresiones a periodistas, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. De acuerdo con el informe de la APES “Libertad de Expresión en El Salvador 2020”, las agresiones a los y las periodistas se duplicaron, entre marzo y septiembre de ese año. La entidad registró 125 casos en 2020 y 77 en 2019, mientras que en 2018 fueron 65. Los principales agresores e instigadores de periodistas o medios de comunicación son el presidente Nayib Bukele y varios funcionarios de su gabinete.
“Las afectaciones en redes sociales son una tendencia desde las elecciones de 2019. La mayoría de los ataques digitales provienen de funcionarios, encabezados por el presidente Nayib Bukele, que también se ha dedicado a bloquear usuarios, a periodistas ante todo. Luego le siguen sus funcionarios, también de simpatizantes del gobierno y le siguen cuentas anónimas”, dijo la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo.
El 2 de julio pasado, Julia Gavarrete, periodista de la revista Gato Encerrado, vivió una de esas escenas que eran comunes durante el conflicto armado del país. La periodista salió de su casa hacia una conferencia de prensa convocada a último momento por el Ministerio de Salud (MINSAL). Era la única oportunidad de escuchar de los funcionarios del gobierno, las cifras oficiales sobre casos positivos de Covid-19 en el país, pues esa información se ha mantenido oculta y con recelo entre las instituciones del Estado salvadoreño.
“Ese día, se iban a publicar datos que no publican oficialmente y que tenía el Ministerio de Salud. Me pareció curioso que al llegar insistí para anotarme en la lista de preguntas y me dijeron que no, después de insistir, casi al final de la conferencia, le preguntaron al secretario de prensa (Ernesto Sanabria) y él asintió con la cabeza y pude hacer mi pregunta”, dijo Gavarrete al Boletín Américas.
La conferencia tomó más de lo normal. Cuando Julia regresó a su casa, encontró todo revuelto, la puerta de su habitación estaba abierta, los cajones de su armario estaban abiertos. Alguien había entrado a su casa. Su laptop y otros dispositivos electrónicos que usa para trabajar no estaban.
“No fue un simple robo”, dice la periodista. Las personas o la persona que irrumpió en la casa de Gavarrete, no se llevó nada más que la computadora y otras herramientas de trabajo. “Por la cuarentena, no había salido en tres semanas. La persona que entró a mi casa, sabía dónde estaba esa tarde”, continuó.
“No se llevaron nada de valor. Mi billetera estaba en casa con dinero y no se la llevaron; tampoco se llevaron joyas. Solo se llevaron mi laptop, una tablet, que normalmente la dejaba en la mesa donde trabajaba”.
Semanas previas a que irrumpieran en la casa, Gato Encerrado había publicado varios artículos de investigaciones que Gavarrete realizó, en las que se exponen casos de corrupción y nepotismo cometidos en el primer año del gobierno de Nayib Bukele. Además, la periodista había participado en foros sobre las violaciones a derechos humanos durante la cuarentena en el país.
Las reacciones a las publicaciones fueron inmediatas. Como suele pasar ahora, cualquier periodista o medio que investiga o pública casos de corrupción, nepotismo, falta de transparencia, irregularidades administrativas en el Ejecutivo o sobre el constante irrespeto a las instituciones del Estado atribuidas al presidente Bukele, tiene que lidiar con una horda de cuentas anónimas, o cuentas trolls, que atacan y difaman con mensajes cargados de odio y violencia.
“Con las publicaciones recibimos ataques digitales. En uno de los mensajes, me decían ‘ojalá te encuentren en una bolsa negra a vos y tu familia’. A veces se sabe que son trolls y a veces no se sabe si son seguidores reales del gobierno. Pero es peligroso”, afirmó la periodista.
El robo de la computadora en la casa de la periodista fue minimizado por el presidente Bukele en sus redes sociales. Junto al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) Julia denunció el hecho en público. En la conferencia de prensa nii la periodista, ni la UCA señalaron a alguien en particular, pero el presidente Bukele se sintió aludido.
“La UCA da una conferencia de prensa acusando al gobierno del robo de una laptop. Parece broma pero no lo es”, reaccionó Bukele en las redes sociales, e intentó llevar la atención hacia otro tema.
Ataques a periodistas en aumento
Durante el primer año de gobierno de Nayib Bukele, las denuncias de ataques o agresiones en contra de periodistas aumentaron considerablemente. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también señaló en su último informe que durante 2019 aumentaron las agresiones, amenazas y falta de garantías al trabajo de los periodistas en El Salvador.
Y además, destaca que “medios independientes denunciaron inspecciones selectivas a sitios críticos con el gobierno actual, vulneraciones que se consolidan contrarios al ambiente propicios para el desarrollo normal del ejercicio periodístico en el país”.
El caso de Julia Gavarrete es uno de los más graves, pero hay más. El mismo mes, el medio informativo independiente Focos, denunció “incesantes expresiones de acoso y odio” en contra de la periodista Karen Fernández, por criticar al gobierno. Los mensajes con alto contenido misógino y de odio contra las mujeres periodistas fueron republicados por funcionarios del gobierno, miembros y candidatos del partido Nuevas Ideas, el partido de Bukele.
La diputada Karina Sosa señaló en un conversatorio sobre la situación política de El Salvador que se desarrolló con organizaciones civiles de Estados Unidos a principios de septiembre, que el aumento de los ataques en contra de los periodistas, especialmente en contra de las mujeres periodistas en el país, promovido por el gobierno y sus funcionarios es preocupante.
“Hemos observado un creciente número de ataques y nos preocupa que los ataques que sufren las mujeres periodistas son peores que los ataques que realizan en contra de los hombres periodistas. Estos ataques van cargados con un mensaje de odio y de violencia misógina contra las mujeres periodistas. Hemos visto mensajes en los que estas cuentas les dicen a las periodistas que las van a violar y esto nos parece muy preocupante”, dijo Sosa.
Datos de APES apuntan que entre enero de 2019 y agosto de 2020, 80 mujeres periodistas han sido víctimas de vulneraciones y ataques. La presidenta de la organización, Angélica Cárcamo, señala también que estas vulneraciones son más evidentes cuando se trata de mujeres periodistas y que la mayoría de los ataques son promovidos y animados por el presidente Bukele y altos funcionarios de su gobierno.
“Hay una intención de estigmatizar a los periodistas que critican o que no siguen el mensaje oficialista del gobierno. Nos preocupa que el presidente o sus funcionarios promuevan mensajes de desacreditación o difamación en contra de los periodistas y que los ataques contra mujeres periodistas tengan un componente misógino”, dijo Cárcamo al Boletín Américas.
A principios de septiembre, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, presidido por el congresista Eliot Engel, envió una carta al presidente Bukele, en la que se cuestiona “la creciente hostilidad del gobierno hacia los medios de comunicación independientes y de investigación”.
Unos días antes de que senadores republicanos y demócratas enviaran la carta, Bukele había promovido una serie de ataques en contra de periodistas de El Faro, uno de los medios de investigación más prestigiosos de Centro América. El mensaje de desprestigio hacia los periodistas fue replicado en páginas afines al gobierno y en las cuentas de funcionarios del gobierno. En respuesta al las acusaciones públicas del presidente contra El Faro y la falta de seguimiento a acusaciones de violencia de género en su propio gobierno, la Mesa de Protección a Periodistas publicó un comunicado bajo el título: “La violencia de género se investiga y enjuicia; no se instrumentalizay ni se revicitimiza”. Entre los casos impunes, mencionó las acusaciones de violencia contra la mujer contra el secretario de prensa de Bukele, Ernesto Sanabria.
Ataques en mi contra
En enero de 2020, pasé a formar parte de la lista de las periodistas mujeres que han sido atacadas por funcionarios del gobierno salvadoreño y por sus seguidores.
Este mes publiqué un artículo que puso en evidencia los procesos penales por amenazas y delitos de violencia contra la mujer en contra del secretario de prensa de la Casa Presidencial de El Salvador Sanabria. En los documentos judiciales, consta que Sanabria sentenció a su expareja y la amenazó: “Te voy a matar y nadie se dará cuenta dónde te voy a enterrar”. Según los testimonios registrados en la corte, para intimidarla y evitar que la mujer lo denunciara, le dijo: “Yo compro la justicia en el país. No te he matado porque yo voy a ser el primer sospechoso”.
Esta publicación y las publicaciones sobre denuncias de mujeres periodistas víctimas de acoso sexual en los medios de comunicación en El Salvador que promoví en noviembre de 2019 fueron el detonante de los ataques en mi contra, promovidos por el secretario de prensa en tres momentos.
El último ataque sucedió la primera semana de agosto pasado. Sanabria me acusó de difamar al presidente Bukele, de difundir mensajes de odio en contra del gobierno salvadoreño y de sembrar desunión entre los salvadoreños. Varias cuentas en los medios sociales reprodujeron los mensajes de odio de Sanabria. Uno me declararó “enemiga del país y del color turquesa”, color que representa al partido del presidente Bukele. Además, utilizaron el caso de violencia doméstica del que fui víctima para humillarme.
Mi fotografía fue expuesta, se difundió información falsa sobre mi estatus migratorio y sobre una supuesta investigación en mi contra en Estados Unidos del Internal Revenue Service (IRS) que nunca ha existido. Al cabo de unas semanas de haber iniciado los ataques, el medio en el que se publicaron los artículos sobre las denuncias de acoso a mujeres periodistas y los casos por violencia, amenazas y violencia física en contra de Sanabria, que también propició ataques y difamaciones, eliminó las publicaciones.
Alarmas y preocupación
Las alarmas y la preocupación, por la situación de los periodistas en El Salvador empiezan a encenderse. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), también repudió las amenazas y los ataque que promueve el presidente Bukele y su gobierno contra quienes ejercen el periodismo y señaló que “el aumento de ataques, la tirantez con la presidencia, el bloqueo selectivo de información pública y utilización de troles favorables al gobierno para denigrar a la prensa crítica e independiente”, son preocupantes.
El relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, ha señalado su preocupación en reiteradas ocasiones en entrevistas y en las redes sociales:
“Los niveles de estigmatización a medios y periodistas en El Salvador por parte de funcionarios ha llegado a niveles asombrosos. No se acude al debate o a la rendición de cuentas, sino a la diatriba y descalificación desde el poder. Seguimos desde la Relatoría de la CIDH estas acciones”, tuiteó Lanza.
La Asamblea Legislativa salvadoreña autorizó a finales de agosto la creación de una comisión especial para investigar los ataques a los periodistas y el uso de fondos públicos para financiar estos ataques. El grupo de diputados ha entrevistado a miembros de la APES, a periodistas que han sido víctima de ataques y agresiones y al procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar.
Después de 15 sesiones con 26 periodistas, esta comisión concluyó que el gobierno de Bukele utiliza recursos del Estado para promover y ejecutar ataques en contra de periodistas y de medios de comunicación críticos a su gestión.
“En El Salvador existe acoso, discriminación, insultos y maltratos a periodistas por parte del Órgano Ejecutivo. Existe bloqueo a la información pública y acceso a funcionarios públicos hacia ciertos medios de comunicación que son críticos a la actual administración”, dijo el diputado Emilio Corea, miembro de la comisión que investigó los ataques.
Sin embargo, las conclusiones del informe no incluyen acciones que podrían tomarse para evitar más agresión en contra de periodistas y únicamente recomiendan al gobierno parar los ataques. La Fiscalía salvadoreña confirmó que existen denuncias de periodistas y medios de comunicación que han sido objetos de amenazas, atentados a la libertad de expresión y coacción, pero ninguno de estos casos ha sido llevado a los tribunales.
Carmen Rodríguez es periodista en San Salvador. Su especialización son los temas de Seguridad, Justicia, Migración y Relaciones Internacionales de El Salvador. Ha sido colaboradora para el Programa de las Américas desde 2014.
