Nota de la edición: En esta entrega presentamos tres notas de tres países–México, Argentina y Brasil–sobre los avances y los retrocesos en el acceso a un aborto seguro y legal en nuestro continente. Los distintos panoramas nos recuerdan que si bien hay momentos que tenemos que celebrar como victorias, estas conquistas no están exentas de retrocesos, nuevos obstáculos o cooptación. La lucha por los derechos sexuales y reproductivos en América Latina es constante. Por eso, nuestros movimientos son de largo plazo.
La lucha por los derechos reproductivos en Argentina
Por Gabriel Leão
Cuando el candidato de la derecha argentina Javier Milei ganó las elecciones presidenciales de 2023, las banderas rojas se encendieron inmediatamente entre los movimientos de derechos humanos. Milei ha sido comparado con Jair Bolsonaro y Donald Trump, escupiendo retórica antiaborto y enfrentándose abiertamente a la agenda de derechos reproductivos en medio de una profunda crisis económica y política.
El aborto fue legalizado en Argentina en 2020, siendo entonces el tercer estado sudamericano en permitir la realización de abortos electivos en las primeras 14 semanas de gestación. Esa conquista, muy celebrada por las mujeres de todo el hemisferio, ha sido puesta en duda por la oposición a Milei. En su campaña, el ahora presidente anunció que abriría un referéndum nacional para revocarla.
“La crisis demuestra que los derechos siempre están en peligro”, declaró a Mira la periodista argentina Marina Abiuso. Abiuso fue una de las primeras integrantes del movimiento de base Ni Una Menos (“Ni una [mujer] menos”), que comenzó a protestar contra los femicidios allá por 2015 y evolucionó para encabezar los derechos de las mujeres. Ni Una Menos jugó un papel fundamental en el movimiento pro-aborto “Marea Verde” (conocido por el uso de pañuelos verdes) que reunió a otros sectores de activistas y de la sociedad a favor del derecho a elegir la maternidad.
“El movimiento por la legalización del aborto es anterior a Ni Una Menos, pero sin duda dio un fuerte impulso para abrir la agenda. De hecho, todos los oradores usaron pañuelos verdes el 3 de junio de 2015. Lo que pasa es que entonces el símbolo no era muy conocido. El discurso fue sobre la violencia, pero también sobre el aborto, ya que hablamos del derecho a decidir y del derecho a decir ‘no'”, denota Abiuso.
“Es importante dejar en claro que se trata del derecho a decidir y de apoyar a quienes deciden parir”, explica Abiuso sobre el rol y los logros de los movimientos feministas argentinos, entre ellos Ni Una Menos.
En 2018, el derecho al aborto se ha convertido en un tema público importante en la agenda política gracias a los fuertes movimientos feministas argentinos. “Las activistas, en particular Marea Verde, lograron llevar el tema a las conversaciones cotidianas en los hogares, las universidades, las calles y los medios de comunicación”, dice Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en una entrevista con Mira.
Un importante catalizador de este cambio fue el caso de violación y embarazo en 2019 de una niña de 11 años del campo que fue obligada a dar a luz. El caso conmocionó al mundo y, según Belski, provocó un cambio en la opinión pública.
“Hoy el aborto ya no es un tema tabú. La gente ha empezado a tomar decisiones informadas y sin prejuicios sobre su salud sexual y reproductiva y de sus embarazos”, dice Belski. “Las organizaciones sociales se vieron afectadas positivamente en cuanto se aprobó la ley. Por fin podían hablar libremente sobre el aborto y acompañar a las mujeres y personas embarazadas que solicitaban acceder a los servicios de aborto.”
En general, la situación en Argentina ha mejorado; sin embargo, los logros están amenazados, incluso cuando los movimientos exigen más avances. “La educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos son los principales pilares de los derechos reproductivos y hay una resistencia bajo el argumento falaz de que busca adoctrinar y sexualizar a las infancias, cuando en realidad les da herramientas, por ejemplo, para detectar y denunciar abusos”, concluye Abiuso sobre las próximas batallas por el derecho a decidir en Argentina.
Libertad para defender los derechos reproductivos en Brasil
Por Gabriel Leão
En septiembre de 2023, la presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Rosa Weber, abrió un debate virtual y votó a favor de despenalizar el aborto, afirmando que la ilegalidad del procedimiento fomenta la discriminación contra las mujeres y viola sus derechos a la igualdad, la privacidad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, poco después su sucesor en el tribunal, Luis Roberto Barrosso, suspendió el debate.
“Teniendo en cuenta lo que pasó en la Corte Suprema, había una gran posibilidad de que abriéramos el debate, pero se suspendió. La ministra Rosa Weber depositó su voto, hermoso debo añadir, afirmando que la cuestión del aborto es una cuestión de justicia social reproductiva, que es una realidad en Brasil. El discurso sobre la autonomía y la libertad individual no habla mucho en favor de la mayoría de las mujeres brasileñas, que en realidad no luchan tanto por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sino por el derecho a vivir con un poco más de dignidad y permitir que sus familias sobrevivan. En muchas situaciones, la decisión de abortar para las mujeres negras y empobrecidas tiene que ver con eso: más que una cuestión de decidir sobre sus propios cuerpos, libertades individuales y autonomía corporal, para ellas es una cuestión de supervivencia”, afirma la ginecóloga, obstetra y académica Dra. Helena Paro en una entrevista en vídeo con Mira.
Y añade: “La suspensión de este debate por un ministro hombre blanco significa que este debate probablemente permanecerá durante mucho tiempo en manos de hombres blancos, teniendo en cuenta que ahora no hay perspectivas de que otra mujer entre en el Tribunal Supremo”, observa la Dra. Paro. En 2021, la Dra. Paro creó el primer servicio legal de aborto telemedicinal del país para mujeres y niñas víctimas de violación.
Becaria de la Universidad Federal de Uberlândia (UFU) del estado de Minas Gerais, en la región Sudeste, y miembro del NUAVIDAS (Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresiones Sexuales) la Dra. Paro también trabaja en el Hospital Universitario como médico. Tiene los ojos cansados de quienes lo dieron todo durante la pandemia de Covid-19 que asoló Brasil, pero también lleva el cansancio de su permanente defensa de los derechos reproductivos, entre ellos la opción de abortar, que según la legislación brasileña es un delito y sólo puede practicarse si la persona embarazada fue violada, corre riesgo de muerte o ha recibido un diagnóstico de anencefalia fetal. El trabajo por el derecho al aborto es una ardua batalla en Brasil, un país con una fuerte y activa presencia de grupos religiosos y conservadores.
Sólo por hablar del misoprostol -medicamento actualmente restringido a los hospitales, pero a menudo utilizado en abortos domiciliarios- la doctora Paro ha sido víctima de constantes abusos y amenazas que le han pasado factura. Asiste a abortos permitidos por las cláusulas citadas.
“Teniendo en cuenta mi salud mental, el año pasado me tomé una excedencia de 10 meses en NUAVIDAS. Por supuesto, también hubo una serie de condicionantes como el desgaste profesional, pero las amenazas jugaron un papel importante en ello”, me cuenta la Dra. Paro con una mezcla de tristeza e indignación en la voz.
“Lo que estoy haciendo es aplicar la evidencia científica para dar más acceso a las mujeres, comodidad y privacidad en el tratamiento, y al mismo tiempo aliviar al Sistema Público de Salud porque cada vez que tiene que aceptar a una paciente para proporcionarle un tratamiento que podría tener en casa, está poniendo a disposición una cama de hospital para alguien que lo necesita.”
A pesar de todas las dificultades, el Dr. Paro afirma: “Soy optimista, pero no tanto. Creo que la población ha cambiado, sobre todo porque ha cambiado la cobertura mediática y la gente ha buscado otras fuentes y ha participado más en la conversación, pero en cuanto a los que deciden, seguimos en un debate muy superficial de ‘pros y contras’ y argumentos fundamentalistas.”
Para la Dra. Paro, los avances en las leyes sobre el aborto en países latinoamericanos como Uruguay, Argentina y México ofrecen un rayo de esperanza para su causa en Brasil, “porque son nuestros vecinos y viven situaciones similares a las nuestras” en cuanto a fundamento, religiosidad, machismo, etc.
Al terminar la entrevista, la Dra. Paro parece entusiasmada por poder compartir su punto de vista sin ser interrumpida o, peor aún, amenazada durante nuestra llamada.
Expresó su esperanza de que en los próximos años más mujeres, familias y comunidades desfavorecidas puedan hablar de tener más acceso a los conocimientos sobre derechos reproductivos.
La Marea Verde recorre México
Por Olivia León
La victoria feminista y por los derechos de las mujeres y de personas gestantes en México con la despenalización del aborto a nivel federal no es un logro aislado. La marea verde en México–la lucha de mujeres organizadas por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos – es mejor entendida cuando se lee junto con los avances en toda la región: la legalización del aborto en Argentina en 2020, los avances en esta misma materia en Colombia y pequeños pero importantes pasos en otros países, como el fin de la prohibición de la píldora de anticoncepción de emergencia en Honduras en 8 de marzo del 2023.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que el delito de aborto es inconstitucional, por lo que se debe eliminar del Código Penal Federal el 6 de septiembre del 2023. Ahora ninguna mujer puede ser denunciada ni enjuiciada por la interrupción voluntaria del embarazo en los primeros meses de gestación.
El largo camino hacia el derecho de decidir
GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), ONG mexicana con más de 30 años de trayectoria luchando por los derechos sexuales y reproductivos en México, junto con muchas otras colectivas y organizaciones locales desarrollaron y ejecutaron una estrategia integral a nivel nacional para garantizar el acceso a un aborto seguro, enfocada en interponer una serie de amparos. En septiembre del 2021, uno de esos amparos fue dirigido contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo. El pasado 6 de septiembre (2023), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó el amparo y decidió que ninguna mujer o persona gestante puede ser castigadx por abortar.
Verónica Esparza, Coordinadora de Investigación en GIRE, explicó en entrevista con Mira que esta victoria es un seguimiento de una victoria el 6 de septiembre del 2021, cuando la Corte reconoció que el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva es un derecho constitucional. Esa sentencia brindó los argumentos para determinar la inconstitucionalidad de prohibir el aborto, utilizados en el amparo logrado en septiembre del 2023.
Según Esparza, “el amparo tendría dos resultados. Por un lado, la no criminalización del personal de salud que practique un aborto y de las mujeres y personas gestantes que lo practiquen, y que las instituciones de salud pública federales deberán prestar el servicio de aborto a quien lo solicite.” En Amparo en revisión 267/2023, la Corte declaró inconstitucional el tipo penal de aborto en el código penal federal y ordenó al congreso federal derogar el delito en el primer periodo a partir de su notificación. Sin embargo, no menciona ningún efecto con respecto a las instituciones de salud pública, es decir, que aún no hay servicios de aborto por parte de instituciones federales.
La agenda pendiente
“Esto es un paso importante, pero recordemos que siguen existiendo marcos normativos locales en los que aún existe el delito de aborto”, advierte Esparza.
En México, 12 entidades lo han despenalizado en los primeros meses del embarazo. De estos, 10 lo consiguieron a través de la vía legislativa – reformando el Congreso local y con reformas a los códigos penales, en los que se determina en qué condiciones o hasta qué periodo no se va a considerar delito el aborto voluntario. En la mayoría es entre 12-13 semanas. Guerrero lo despenaliza sin límite de tiempo pero sigue castigando al personal de salud o a quien auxilie a la persona a abortar después de la semana 12, lo cual es un gran obstáculo” indica Esparza.
Más adelante podríamos ver un efecto dominó, como lo vimos con los 12 estados que hoy ya han legislado en el camino a la despenalización del aborto. El proceso puede pasar por las legislaturas estatales o por la vía judicial. La primera opción implica que los Congresos locales asuman la responsabilidad política y jurídica para reformar los códigos penales locales haciendo eco a las sentencias de la Corte.
El segundo escenario es en entidades con partidos de corte más conservador. Ahí, seguramente las legislaturas se resistirán a adecuar las leyes, así que esperarán a que se resuelva por la vía judicial, o sea, que el poder Judicial obligaría al Congreso a realizar las reformas pertinentes en sus Códigos, como fue en Aguascalientes. Aguascalientes se convirtió en la 12ª entidad federativa que despenaliza el aborto, lo cual implicará al Estado mexicano la obligación de prestar servicios de aborto en la entidad.
Desde Abortistas MX indican que “la Corte continúa argumentando la necesidad de establecer un plazo razonable para acceder al aborto. Lo que puede ser empleado por los Congresos y otras autoridades para continuar perpetuando el sistema de plazos. Creemos que la interpretación que se debería hacer es que lo mínimo que se debe despenalizar es el primer trimestre, pero pueden ampliar a más semanas”.
Aprendizajes
“Desde la sentencia de Coahuila en 2021 el argumento de la Corte ha sido la despenalización y la necesidad de contar con acceso a servicios para reforzar la despenalización. No basta con que exista una despenalización si en la práctica las mujeres y personas gestantes no pueden abortar en la entidad en donde se encuentren”, dice Esparza.
La sentencia de 2021 obliga al estado a brindar los servicios del aborto. “Es decir, que la despenalización debe ir acompañada de proveer servicios por parte del Estado” señala.
Una de las lecciones centrales de la organización exitosa del pasado es que las estrategias de incidencia deben ser coherentes e integrales. En esa línea, Esparza aclara: “Lo deseable para tener mayor certeza, es que haya una reforma a la Ley General de Salud.” Esta reforma permitirá desarrollar el marco deseable y completo para el acceso al aborto, y clarificará los procedimientos y lineamientos de los servicios de aborto en hospitales públicos y privados -no solo al personal médico, sino a todo el personal de acompañamiento en estos procesos. Una reforma así daría mucha más certeza a todas las partes. Esparza señala que Colombia ha logrado una Ley de Salud de este tipo.
Advierte que además de los pendientes en la ley, la estigmatización no termina con la despenalización. Todo este esfuerzo es un logro como instrumento jurídico, pero no es suficiente.
“El que siga un plazo para poder realizarlo (el aborto) no termina con el estigma que implica la penalización; es decir, hasta que logremos que se conciba como un servicio de salud, como un derecho, hasta ese momento podremos avanzar en esta necesidad o impulso de denunciar, que dejen de estar estigmatizadas en sus comunidades y en sus espacios. Por eso es importante que esté presente en los Códigos penales”.
Además faltará brindar mecanismos para su implementación: capacitaciones, acompañamientos de estos casos, garantizar el servicio de aborto respetuoso, responsable, digno y gratuito. También hay que considerar cómo habrá reparación integral del daño a aquellas personas a quienes fueron violados sus derechos. Y, para todo ello no puede faltar presupuesto.
“Este es una gran avance, pero no es suficiente; tenemos que seguir avanzando”, concluyó Esparza.
