La administración Trump acaba de ayudar a robar una elección presidencial nacional frente a nuestras narices. Eso no es un buen augurio para la democracia—ni en Honduras, ni en Estados Unidos, ni en cualquier otro país.
Eso es lo que pasó: después de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre en Honduras, los primeros resultados oficiales mostraron una clara ventaja para el candidato de la Alianza Contra la Dictadura, Salvador Nasralla, sobre el presidente actual, Juan Orlando Hernández. Como indica el nombre de la coalición opositora, el pueblo hondureño votó no tanto por el candidato de la Alianza, sino en contra del intento de reelección, prohibida por la Constitución, del líder más déspota y represivo de la región.
Bajo Hernández, conocido en Honduras por sus iniciales como “JOH”, Honduras se convirtió en el país más peligroso del planeta para los defensores y las defensoras de los derechos a la tierra y al medio ambiente. Periodistas, estudiantes, activistas LGBT y feministas han sentido el peso de las políticas hondureñas anti- derechos humanos, apoyadas y alentadas por el gobierno de Estados Unidos.
Desde que la derecha tomó el poder en el golpe de Estado militar de 2009, el empobrecido país centroamericano se ha desatado. Sus ciudades tienen las tasas de homicidios más altas del mundo, la migración se ha disparado, el crimen organizado ha invadido el territorio nacional y se han borrado los avances en el desarrollo de instituciones democráticas. El asesinato en 2016 de Berta Cáceres, activista ambientalista y feminista de fama mundial, provocó protestas internacionales, y sobre todo cuando se supo que entre las personas detenidos figuraban varios miembros o ex miembros del ejército hondureño. Un informe reciente de un grupo de expertos revela que el gobierno de JOH ha obstruido la investigación sistemáticamente.
La trama del fraude
Cuando salieron los resultados de las elecciones, un miembro del Tribunal Supremo Electoral de la nación declaró que la ventaja de cinco puntos de Nasralla era “irreversible“, una conclusión a la que se llegó extrapolando del 57% de los votos ya registrados. Y entonces se cayó el sistema. El Tribunal dejó de dar información más de 30 horas, atribuyendo la falta de información a un problema técnico. Cuando regresó, el candidato de derecha repentinamente se colocó por arriba en un revés muy sospechoso y mantuvo su mínima margen, ya sin confiabilidad hasta que, en medio del caos en el país, el Tribunal declaró presidente electo a Hernández el 17 de diciembre–tres semanas después de las elecciones.
Casi nadie cree en el pronunciamiento del Tribunal. La misión de observación de la Organización de Estados Americanos declaró: “El estrecho margen entre los votos obtenidos por una y otra candidatura, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos que rodearon esta elección no permitieron en su momento a la Misión tener certeza sobre quién fue el ganador de la elección presidencial”.
Un análisis de los datos hecho por The Economist mostró que la explicación del Tribunal sobre el patrón de votación que le dio a JOH el triunfo tenía una probabilidad “cercana a cero”. La afirmación de que la interrupción en el recuento de votos se debió a un problema técnico generalmente se trató como una mala broma. La oposición exigió primero un recuento total con supervisión internacional y luego que JOH dimitiera. Luis Almagro, jefe de la OEA, pidió nuevas elecciones.
Desde los comicios de 26 de noviembre, cientos de miles de hondureños han protestado en las calles casi a diario, exigiendo que se respete el voto popular. El gobierno ha respondido con gases lacrimógenas y balas. Más de 35 manifestantes de la oposición han sido asesinados hasta el momento, según versiones de testigos compiladas por la organización nacional de derechos humanos, COFRADEH.
La mano de Estados Unidos en Honduras: Primero un golpe, luego una elección robada
Parece que el gobierno de los EE. UU. no puede dejar a Honduras solo cuando se trata de elegir sus propios líderes. Durante la Guerra Fría, parcialmente apoyó un golpe militar de 1963 y luego mantuvo casi dos décadas de dictaduras militares. Honduras se convirtió en la base de las operaciones para socavar brutalmente a las fuerzas progresistas en la región. En 2009, el gobierno de Obama demostró que no tenía intención de cambiar esa historia cuando la Secretaria de Estado Hillary Clinton maniobró para permitir que el régimen golpista permaneciera en el poder a pesar del clamor internacional contra la primera toma de poder militar del siglo XXI.
El gobierno de Trump fue uno de los primeros gobiernos en respaldar las elecciones robadas en Honduras, felicitando a Juan Orlando Hernández el 21 de diciembre, pocos días después del pronunciamiento del Tribunal Electoral. El comunicado del Departamento de Estado se refirió brevemente a las “irregularidades” al tiempo que llamaba santurronamente a Honduras a “sanar la división política en el país y promulgar reformas electorales muy necesarias”. Con la población en las calles detrás de pancartas que dicen “¡FUERA JOH!”, sanar la división política es una forma de decir que la oposición debe callarse y volverse a casa. Del mismo modo, llamar a promulgar reformas electorales mientras se apoya activamente y se orquesta la peor forma de violación electoral que existe (subvertir una elección presidencial) es la hipocresía en su forma más descarada.
El reconocimiento de los Estados Unidos después del hecho es solo la parte visible de su apoyo a la antidemocracia en Honduras. El gobierno de los EE. UU. tiene considerable influencia para reprimir la democracia allí. La estrategia consistió primero en asegurar una victoria para JOH. Eso, sorprendentemente para los estrategas hondureños y estadounidenses, fracasó en las urnas cuando los hondureños se levantaron para derrocar al presidente que ha estado vinculado con actos de represión y corrupción. Ante el inesperado triunfo de la oposición, la segunda fase se centró en manipular el conteo de votos y declarar a JOH ganador de cualquier forma. El respaldo de los EE. UU. fue un factor clave para convencer al Tribunal Electoral de seguir adelante con el fraude a pesar de la abrumadora evidencia pública de que efectivamente fue un fraude.
Después de que el Tribunal ungiera oficialmente a Hernández, la administración de Trump comenzó a manipular a la Organización de Estados Americanos (OEA) para evitar un desafío internacional al poder del presidente hondureño. Esta era una tarea necesaria porque el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA conformado por expertos de 25 países fue una condenatoria de las elecciones en donde se concluyó que el resultado no tenía credibilidad en términos técnicos. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, hizo un gran esfuerzo para presentar el informe de la Misión Electoral ante la OEA y establecer una posición regional contra las elecciones sucias. Por lo general, es un procedimiento automático para que la organización apruebe sus propios informes.
Pero no esta vez. Según el servicio noticioso de EFE, Estados Unidos obligó a Almagro a dejar de plantear el tema antes de la toma de posesión, enfrentándolo con la legión de EE. UU., México y Colombia, lo que bloqueó la medida hasta que JOH se instaló de forma segura e ilegítima en el poder. Eso significa que el informe ampliamente documentado por la delegación de 82 miembros prácticamente va directamente a la basura.
La administración Trump también ha ignorado e incluso buscado desviar los informes de las terribles violaciones de los derechos humanos y los asesinatos del gobierno en el conflicto postelectoral. El prominente activista de derechos humanos y sacerdote jesuita Ismael Morales me dijo en entrevista: “Juan Orlando Hernández cuenta con un aval, y esto se expresa en que la embajada del gobierno de los Estados Unidos en esta capital hondureña, no solamente ha guardado silencio ante los hechos de represión y de sangre que se han cometido en estos días, sino lo que están haciendo es llamar a la “calma”, insinuando que los responsables de esas muertes y de la desestabilización es por parte de los que no aceptan el veredicto final del Tribunal Electoral”.
El Departamento de Estado de EE. UU. emitió un informe en el que felicitaba al gobierno hondureño por su historial de derechos humanos justo cuando la policía y los soldados de Hernández estaban atacando a los manifestantes con gas lacrimógeno y balas reales. Cuando los reporteros llamaron su atención sobre esto, alegó que el momento del informe anual era meramente casual.
El gobierno de los Estados Unidos lleva una gran batuta en Honduras. Los hondureños realizaron una manifestación en la base aérea militar de Estados Unidos en Palmerola, operada por el Comando Sur de los EE. UU. (anteriormente dirigido por el Jefe de Estado Mayor de Trump, el General John Kelly) para denunciar el papel de Estados Unidos en las elecciones. El Pentágono y el Departamento de Estado han desarrollado una amplia participación en la policía y las fuerzas armadas hondureñas desde el golpe. Con el pretexto de la guerra contra las drogas y el proyecto regional promovido por Kelly–la Alianza para la Prosperidad– han entrenado y equipado las mismas fuerzas de seguridad hondureñas que mataron a los más de treinta manifestantes. La Policía Nacional de Honduras y una fuerza de seguridad interinstitucional conocida como FUSINA han recibido apoyo directo de los EE. UU. y ahora son fundamentales para sofocar las protestas. La militarización de Honduras desde el golpe de Estado a través de estos programas estadounidenses está haciendo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: proporcionar una fuerza represiva contra la oposición política y social a las políticas de las élites.
Finalmente, el control diplomático estadounidense sobre sus estados clientes ha allanado el camino para que la comunidad internacional acepte la flagrante violación de los derechos democráticos. La lista de los primeros países en reconocer el supuesto triunfo de Juan Orlando Hernández incluye los países tradicionalmente más sumisos al poder de los EE. UU. México reconoció incluso antes de los Estados Unidos, ya que la administración de Peña Nieto sigue su intento de congraciarse patéticamente con el presidente racista y anti-México para preservar el TLCAN. Colombia, el otro país latinoamericano codependiente de la ayuda e intervención militar de Estados Unidos, fue uno de los primeros en dar su respaldo, junto con Taiwán, Israel, Corea del Sur, Panamá y Guatemala.
El fraude parecería ser un trato cerrado si no fuera por el único factor que las élites estadounidenses y hondureñas no pueden controlar: el pueblo hondureño. Decenas de miles de personas han estado en las calles a pesar del toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana y de las órdenes de disparar a matar. Las protestas se desvanecieron un poco durante las vacaciones, luego estallaron en un paro laboral general y una continua movilización con el enfoque de la inauguración. Aunque la oposición estuvo dividida sobre la participación en las elecciones, se ha unificado sobre la defensa de la democracia.
Es fácil descartar a Honduras como una república bananera, o en el lenguaje de Trump, un “país de mierda”. (De hecho, la razón probable de que Trump no incluyera a Honduras en la suspensión del “Estatus de Protección Temporal” para migrantes hondureños era reforzar al amigo y principal operador de Kelly–Juan Orlando Hernández.) Honduras se caracteriza por su inestabilidad, instituciones débiles, falta de estado de derecho y corrupción, la desigualdad y un nivel de violencia sin precedentes.
Estados Unidos tiene una gran responsabilidad al respecto y ahora está coordinando un gigantesco paso hacia atrás. Si la respuesta de la izquierda de EE. UU. es decir “por supuesto que se robaron las elecciones, eso el imperialismo”, entonces solo estamos hablando con nosotros mismos.
Honduras es una pieza geopolítica clave para el imperialismo estadounidense y lo ha sido durante años, dicho esto, no hay nada inesperado en el rol de la administración Trump en derrotar a las fuerzas democráticas allí. Pero no podemos abandonar el pueblo de Honduras y a nuestro propio compromiso con la democracia descartando como inevitable la farsa histórica que tiene lugar hoy. No podemos descansar en la defensa de los principios democráticos. Cuando el gobierno de EE.UU. actúa abiertamente como promotor de autoritarismo en el mundo, hay que actuar. La juventud no puede ver que abandonemos los ideales democráticos, no en los Estados Unidos y no en Honduras.
