La demanda presentada por la Administración Obama giraba en torno a cuatro secciones de la ley SB- 1070, y no en torno a la totalidad de dicha ley. Las secciones en cuestión fueron las siguientes:
Sección 2 (b): Requiere que la policía local y estatal lleve acabo revisiones sobre la condición legal migratoria de personas detenidas en las vías públicas, si existe sospecha razonable de que dichas personas están en el país sin autorización migratoria.
Sección 3: Vuelve un crimen estatal el que una persona extranjera no autorizada no posea una tarjeta federal de registro. En otras palabras, volvería un crimen el acto de residir en Arizona, sin autorización migratoria.
Sección 5 (c): Vuelve un crimen estatal el que un inmigrante no autorizado trabaje, solicite o busque un empleo de otras maneras, incluyendo lenguaje corporal que sugiera que se está buscando empleo.
Sección 6: Le permite a la policía local y estatal llevar acabo arrestos de extranjeros no autorizados sin una orden judicial, cuando exista causa probable de que tales personas cometieron cualquier tipo de ofensa pública que haga a tal persona sujeto a una deportación de los EE.UU.
La decisión anunciada el lunes 25 de junio afirmó la constitucionalidad de la Sección 2 (b) y declaró las últimas tres como inconstitucionales. Sin embargo, la decisión hecha sobre esta sección de la ley (la cual nunca fue puesta en vigencia, dada la invalidación que sobre dicha sección hizo una corte inferior), viene con una serie de factores condicionantes que abren la posibilidad de nuevas demandas, especialmente basadas en la posible violación de leyes federales contra la discriminación étnica y racial. Debido a la naturaleza de esta decisión, es muy difícil categorizarla como un respaldo pleno a la letra y el espíritu de lo que sus proponentes tenían en mente al conseguir la aprobación de esta ley en Arizona.
Indudablemente, el respaldo de la Corte Suprema para la Sección 2 (b), que como ya se mencionó, viene con muchos condicionantes, significa que muchas personas en el estado de Arizona, residentes o visitantes del estado, pudieran estar sujetas al tipo de indagación que esta cláusula permite.
El fallo de la Corte, que ha respaldado lo que muchos han llamado la provisión “muéstrame tus papeles,” seguramente animará al fortalecimiento de esta modalidad en otras leyes existentes, como también en la consideración de nuevas leyes.
Las tres secciones de la ley que fueron invalidadas por este fallo son todas secciones que interfieren con el largo precedente de la pre-eminencia del gobierno federal en lo referente a la aplicación de la ley de inmigración. En este sentido, el principio de pre-eminencia del gobierno federal en lo referente a la aplicación de la ley de inmigración ha prevalecido, por encima de los derechos de los estados. Indirectamente, estas decisiones impactan de manera positiva el derecho individual, aunque la motivación del fallo en estos temas se basa estrictamente en el criterio mencionado antes.
En el ámbito político, el fallo de ayer le complica más las cosas al Partido Republicano, ya que vuelve absurdo el defender la ley de Arizona como un modelo para el resto del país, la cual fue la recomendación del presunto candidato Republicano en la fase de las primarias.
Un aspecto que resta credibilidad a la Administración Obama en el marco de este tipo de disputa legal es el hecho que la Administración Federal actual ha hecho del mal llamado programa “Comunidades Seguras,” la piedra angular de su estrategia de aplicación rigurosa de la ley. Dicho programa busca la delegación de responsabilidades en la aplicación de la ley de inmigración a manos de cuerpos locales de policía. A simple vista, pareciera una doble moral que por un lado se busque restringir a las localidades y los estados en sus propios esfuerzos de aplicar la ley de inmigración; y que por el otro lado, el gobierno federal busque el delegar tal autoridad por medio del programa antes mencionado.
Este fallo trae nuevamente a primera plana la importancia del trabajo de educación de base sobre este tema, al igual que el trabajo de organización social y política para poder seguir resistiendo los ataques xenófobos y racistas que seguramente continuarán, como también para avanzar en la vía de la incidencia política a favor de cambios concretos en la ley de inmigración.
Finalmente, el fallo de ayer deja una vez más planteada la urgencia de progresar en lo referente a reformas federales a la ley de inmigración. La manera en la que se va a poder avanzar en lo referente a la reforma de la ley de inmigración sigue estando sujeta a debate, especialmente en cuanto a si se va a seguir insistiendo en el concepto de reforma “comprensiva o integral,” como estrategia legislativa de corto plazo; o si se va a hacer un giro hacia una estrategia informada por una visión política clara de qué es lo que se quiere como aspiración de largo plazo en lo referente a ley de inmigración, pero reconociendo la viabilidad de avanzar de forma gradual en el plano legislativo hacia dicha meta.
Oscar Chacon es Director Ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latino Americanas (NALACC). Publicado por el Programa de las Américas www.americas.org/es.
