Dos hechos recientes han activado la posibilidad de relanzar la cooperación y coordinación latinoamericana y caribeña, tan abandonada durante el último lustro: el discurso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el del nuevo canciller de Perú, Héctor Béjar durante la asunción de su cargo en el Palacio de Torre Tagle de Lima, quien ha impreso un giro de 180 grados a la política exterior del Perú.
Ambos discursos coinciden en el rechazo al bloqueo y embargo impuesto a algunos países de la región, en el respeto a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos y en la necesidad de utilizar las plataformas de integración como organismos de coordinación política en diversos ámbitos. Específicamente han señalado que la región latinoamericana, a diferencia de otras, ni siquiera delineó pautas comunes de políticas públicas o coordinó compras conjuntas de vacunas para combatir la pandemia a través de los organismos de integración existentes.
A diferencia de América Latina y el Caribe, varios países del sudeste asiático, la Unión Africana (UA) –compuesta por 56 naciones de distintos credos ideológicos—y la Unión Europea adquirieron parte de las vacunas de forma conjunta y establecieron algunos criterios comunes de salud pública. La UA fue más allá y tuvo una posición unánime de apoyo a la propuesta de India y Sudáfrica consistente en suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra la COVID-19 hasta disponer de una oferta que permitiera proveer las vacunas a toda la población en el marco del foro de Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio.
En los últimos dos años, América Latina y el Caribe han hecho gala de la desintegración. Así, los gobiernos permitieron que se quebrara la UNASUR, que se nombrara al candidato del expresidente Trump, el estadounidense Mauricio Claver-Carone en la presidencia del BID, que la OEA fuera cómplice de un golpe de Estado en Bolivia, sin contar las tensiones que tienen lugar actualmente en el Mercosur. Sin embargo, aparecen algunas luces lanzadas por el Presidente de México, el giro de la política exterior del recientemente electo Presidente del Perú, Pedro Castillo, y la posibilidad de surgimiento de nuevos gobiernos de izquierda, que podrían configurar un nuevo escenario para la cooperación y concertación de la región.
La propuesta de México
El 24 de julio, en la reunión de Cancilleres de la CELAC, el presidente AMLO pronunció un discurso histórico en el que hizo un repaso de la lucha por la independencia y el ideal de integración de las nacientes naciones americanas del libertador Simón Bolívar. “No todo fue fácil en su lucha: perdió batallas, enfrentó traiciones y, como en todo movimiento transformador o revolucionario, aparecieron las divisiones internas que pueden llegar a hacer hasta más que las contiendas contra los verdaderos adversarios”, señaló, y concluyó que el propósito de la integración regional no había podido hacerse realidad.
Parte de esta imposibilidad la atribuyó a la preponderante influencia de la policía exterior de Estados Unidos en el continente. Ese gobierno “nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del Río Bravo –advirtió–. Sólo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia enfrentando políticamente a los Estados Unidos”. Por eso, agregó, “el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad”. El presidente agregó que se puede “estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña…aunque mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos…”.
López Obrador invocó a decir “adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos, y a aplicar en cambio los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”. En ese espíritu, llegó a decir que “no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia”. Una invocación audaz, sin duda, en un escenario de creciente conflictividad entre Estados Unidos y China, en la que la región es también escenario de ese enfrentamiento, tal como también lo destacó en su discurso.
La sustitución de la OEA mencionada por AMLO es una figura retórica que puede interpretarse más bien como su debilitamiento mediante el fortalecimiento de instancias como la CELAC y la UNASUR, que han sido relegadas como espacios de concertación política para abordar los problemas que afligen a países de la región en términos de respeto a los derechos humanos y a la democracia. Son estos foros los que revisten mayor importancia y posibilidades puesto que las diferencias prevalecientes en las opciones de inserción en la economía internacional de países miembros de organismos subregionales de integración –como la Comunidad Andina e inclusive el Mercosur– han derribado, o están a punto de hacerlo, los proyectos de construir un mercado común o una unión aduanera. La integración económica al estilo de la Unión Europea, adaptada a nuestra realidad, como sugirió AMLO, ha dejado de ser un modelo posible, pero ello no significa que esas plataformas no puedan ser utilizadas en el ámbito de la cooperación política y en una multiplicidad de materias.
El giro de la política exterior de Perú
La cancillería peruana, a cargo de Héctor Béjar, cambió drásticamente el rumbo de la política exterior de ese país. En su discurso de asunción, el ex guerrillero del del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante los años ‘60, preso durante cuatro años y liberado por el general Juan Velasco Alvarado, trazó los lineamientos que la regirán. Destacó que se pondrá en marcha una diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y descentralizada. Es decir, el servicio exterior será funcional a los requerimientos sociales y económicos de las mayorías.
El Perú vuelve a considerar a la región y a sus organismos de integración como espacios de coordinación política y cooperación en los ámbitos ambiental, cultural, económico salud, entre otros. Ha anunciado que activará la UNASUR y retirará del Congreso de la República el expediente enviado por el gobierno presidido por Martín Vizcarra para que se aprobara en esa instancia el retiro del Perú de esa entidad. De acuerdo a la Convención de Viena, los países miembros de algún organismo creado por un tratado internacional, como es el caso de la UNASUR, deben ser denunciados por el Ejecutivo y aprobados en el Congreso.. Esta iniciativa brasileña, creada en 2008, fue abandonada diez años después por seis de sus doce miembros (la Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) por indicaciones del gobierno de Donald Trump, específicamente de Mauricio Claver-Carone, entonces asesor de la Casa Blanca en materia de Seguridad Nacional para América Latina. Así lo señaló el excanciller peruano Rafael Roncagliolo.
Con la desintegración de la UNASUR, se creó, en abril de 2019, el supuestamente desideologizado “Foro para el Progreso Social de América del Sur (Prosur)”, que duplica varias de sus funciones y que no ha tenido ningún protagonismo. Un mes antes, el expresidente de Ecuador, Lenin Moreno, le dio la última estocada a la UNASUR al anunciar su retiro. El día anterior, el FMI le había aprobado un crédito por 4.200 millones de dólares.
La UNASUR nació con un fuerte perfil político, en el que la seguridad regional jugó un papel clave. En su corta historia tuvo un rol protagónico durante la crisis por los enfrentamientos entre el gobierno central y los gobiernos regionales autónomos en Bolivia en 2008; en las consultas sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia en 2009; y en el intento de destituir al presidente Rafael Correa en 2010. Sin embargo, al surgir gobiernos de derecha, la UNASUR no pudo albergar ya el proceso de paz en Colombia ni las conversaciones para lograr un acuerdo entre Nicolás Maduro y la oposición que evitara la erosión del Estado de derecho en Venezuela.
Béjar también anunció la intención del nuevo gobierno de fortalecer la CELAC como foro de coordinación política, en línea con la propuesta del presidente de México. Esta podría consolidarse, despues del retiro de Bolsonaro, en enero de 2020, si Lula ganara las elecciones en octubre del próximo año como se prevé en las encuestas. De hecho, la reconfiguracion geopolítica del continente frente las posibilidades del triunfo de Lula el año que vienes, de Gabriel Boric, del Frente Amplio en las elecciones de noviembre en Chile, de Gustavo Petro del izquierdista Colombia Humana en mayo del próximo año y de Lula en octubre de 2022 auguran nuevos espacios de concertación en la región.
En otros temas regionales, la Cancillería condenó “los bloqueos, los embargos y las sanciones unilaterales que solo afectan a los pueblos” en clara referencia a las crisis económicas por las que atraviesan Cuba , Venezuela y Nicaragua. La sentencia del representante de la diplomacia peruana tuvo lugar días después de que su par estadounidense, Anthony Blinken, “agradeció a Perú por su apoyo respecto de la crisis de Venezuela y expresó su esperanza de que Perú continúe jugando un rol constructivo al abordar las deterioradas situaciones en Cuba y Nicaragua”. Esta invocación tuvo lugar en oportunidad de su comunicación telefónica para felicitar al nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo.
En el caso de Venezuela, específicamente, dijo que se limitaría a apoyar una “renovación democrática” que busque cautelar los derechos humanos y un entendimiento de las diversas tendencias políticas, sin intervenir en su política interna”. Si bien no anunció oficialmente su retiro del Grupo de Lima, el gobierno no reconocerá a Carlos Scull, embajador de Juan Guaidó en Perú, toda vez que en diciembre de 2020 Guaidó dejó de ser presidente de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, perdió el paraguas bajo el cual se lo reconocía como presidente interino. Desde ese momento, la Unión Europea sólo lo reconoció como un líder de la oposición. Pero como Estados Unidos lo siguió reconociendo, Perú también.
El gobierno peruano se sumaría así a Argentina y México, que ya no participan del Grupo de Lima, creado en 2017 por iniciativa del ex presidente Trump, específicamente de John Bolton, ante la imposibilidad de conseguir los votos suficientes en el marco de la OEA para sancionar a Venezuela. Cabe señalar el hecho inaudito de que dos miembros del Grupo de Lima no estaban en condiciones de impartirle clases de democracia a ningún gobierno: Honduras y Bolivia. El gobierno del primero fue electo en un proceso muy irregular que determinó que, hasta el propio Luis Almagro, dijera que estas debían repetirse. En el caso del gobierno de Bolivia, presidido por Jeanine Áñez, su designación fue resultado de un golpe de Estado avalado por la OEA.
Las negociaciones en Venezuela hoy avanzan por otras vías. El 5 de agosto, el presidente mexicano anunció que su país sería sede de las negociaciones que se llevarán a cabo, el 13 de agosto, entre los sectores de la oposición y el gobierno venezolano, con la mediación de Noruega. Estas se realizarán en un marco en el que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá coinciden en su disposición a “revisar las sanciones” impuestas a Venezuela si se produce “un avance significativo en una negociación global” que repare “las instituciones del país” y permita elecciones libres. En efecto, los máximos representantes de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, Josep Borrell de la UE y Marc Garneau de Canadá, firmaron un documento el 25 de junio en el que, además, abogaron por una “solución pacífica” que parta “del propio pueblo venezolano” y que se canalice a través de las estructuras políticas venezolanas. Estos últimos puntos revelan un cambio importante de enfoque con respecto a la propuesta inicial de Estados Unidos durante el gobierno de Trump, cuando Mauricio Claver Carone, entonces asesor de seguridad para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca y Elliot Abrahams, enviado especial para Venezuela, consideraban a principios de 2019 que Juan Guaidó era quien tenía que convocar elecciones en ese país. Para ambos, Maduro, era un ciudadano más de Venezuela y solo podría hacer esa oferta al gobierno interino. “Nosotros no reconocemos a Maduro como presidente y desde nuestra perspectiva no tiene la autoridad para convocar nada”.
La correlación de fuerzas políticas en América Latina muestra algunas luces de cambio, en la región. Asimismo, el fracaso de la política de Trump frente a la región, podría determinar, bajo el gobierno de Biden, algunos cambios en su relación con la región.
Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina (1985-1994), asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (2006-2008) y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina (2010-2015). Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.
