Por: Ariela Ruiz Caro
La confirmación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 16 de enero de inhabilitar la candidatura de la mediática lideresa de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, para las elecciones presidenciales de 2024, ha sido presentada por el gobierno estadounidense –y la prensa que le hace eco– como causante de un fuerte remezón en el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y una parte de la oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria, el pasado 18 de octubre en Barbados. El fallo del TSJ no viola en absoluto el Acuerdo de Barbados.
Lo que más bien llevó a decir al Presidente Nicolás Maduro que el Acuerdo estaba “herido de muerte” son las conspiraciones tramadas en los últimos meses que apuntaban a cegar su vida, la del ministro de Defensa general en jefe Padrino López, y la del gobernador del Estado de Táchira, Freddy Bernal, en las que participaban la DEA y la CIA, y que determinaron la baja de 33 militares la semana pasada. Asimismo, fueron arrestados civiles, varios vinculados a partidos de la ultraderecha venezolana, que en algunos casos habrían confesado su participación en la conspiración.
A ello se añade la divulgación de un informe de la agencia de noticias estadounidense Associated Press, el 1° de febrero, que da cuenta de operaciones encubiertas realizadas por la DEA en Venezuela, iniciadas durante el gobierno de Donald Trump, con el fin de armar casos falsos por narcotráfico contra dirigentes del país, y rastrear a altos funcionarios públicos, incluido el Presidente Nicolás Maduro.
Afortunadamente en medio de las tensiones, por sugerencia de Noruega, el gobierno y la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria –de la que no participa el partido Vente Venezuela (VV) liderado por Machado– han aceptado conformar comisiones para supervisar la instrumentación del Acuerdo de Barbados y evitar que éste sucumba, en un año electoral.
El Acuerdo de Barbados
El 17 de octubre pasado se llegó a un acuerdo en esa ciudad Bridgetown –con la mediación de Noruega y la participación de representantes de Países Bajos, Rusia, México, Colombia y Brasil– en la que se definieron los términos para lograr una elección transparente y competitiva y se establecieron compromisos en la participación de los medios de comunicación y en la actualización del padrón electoral, entre otros temas.
El día que se firmó, los cancilleres de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad emitieron una declaración de apoyo conjunta en la que señalaron que el Acuerdo representaba un paso necesario para la continuidad de un proceso de diálogo inclusivo y la reinstauración de la democracia en Venezuela. Asimismo, que seguirían reclamando la liberación incondicional de todas las personas que están detenidas injustamente, la independencia del proceso electoral y las instituciones judiciales, la libertad de expresión, inclusive para miembros de la prensa, y el respeto de los derechos humanos y políticos.
Horas después, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken publicó un nuevo comunicado, esta vez individual, en el que anunció que el alivio parcial por seis meses de las sanciones económicas, en particular las relativas a la industria del oro, gas y petróleo, luego de la firma del Acuerdo de Barbados, en octubre, podría extenderse si el gobierno de Venezuela cumplía con lo establecido en dicho Acuerdo. Añadió que Estados Unidos entiende que Venezuela definirá un cronograma y procesos específicos para la reintegración de todos los que deseen participar en la contienda electoral presidencial, mensaje claramente destinado a la habilitación de María Corina Machado, la candidata más apoyada por ese país.
En el texto del Acuerdo de Barbados no hay ningún artículo que comprometa al gobierno venezolano a habilitar a Machado –ni a ninguna otra candidatura inhabilitada– como candidata presidencial.
El problema es que la Secretaría de Estado del país del Norte pretende imponer acciones que no están contempladas ni en el Acuerdo de Barbados ni en la Constitución venezolana. Machado fue inhabilitada en junio pasado para participar en cargos públicos por 15 años por la Contraloría General, por desbalances patrimoniales omitidos en sus declaraciones juradas y por su participación en la “trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó, que propició el bloqueo a Venezuela y el despojo descarado de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero”.
En el texto del Acuerdo de Barbados no hay ningún artículo que comprometa al gobierno venezolano a habilitar a Machado –ni a ninguna otra candidatura inhabilitada– como candidata presidencial. Lo que se consigna el artículo 11 es, textualmente, que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana.
De hecho, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno venezolano en las conversaciones de la Mesa de Diálogo, negó que el acuerdo con la oposición levantara las inhabilitaciones políticas. No obstante, se abrió la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia examinara los casos de las candidaturas inhabilitadas.
Cinco días después de la firma del Acuerdo tuvieron lugar las elecciones internas en los partidos de oposición agrupados en la Plataforma Única en la que Machado ganó con más de 90% de los votos. El problema es que estas se realizaron fuera del marco legal del Consejo Nacional Electoral (CNE). Al no haber actas, no se sabía cuántos venezolanos participaron. Medios independientes consideran que fueron a votar 2 millones, de un padrón de 21 millones de electores. Las elecciones no fueron validadas por el Consejo Nacional Electoral. El viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, había advertido antes que, quienes convocaron las elecciones primarias, “engañaron a sus electores haciéndoles creer que con los resultados de esa consulta podrían forzar las habilitaciones”.
Machado promete instalar una economía liberal y privatizar empresas públicas como Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre otras. Se declara admiradora y amiga de Patricia Bullrich y de Javier Milei, así como de Jair Bolsonaro. Tiene estrechos vínculos políticos con Álvaro Uribe y con Iván Duque, y dice tener grandes amigos en el Partido Popular y en Vox de España.
María Corina Machado dice que Maduro tiene miedo de competir con ella en las elecciones y cree que “Chávez hubiese tenido ya saben qué para enfrentarse y medirse contra mí”. Cierto es que la candidata presidencial tiene profundas convicciones y es de armas tomar: en 2002 participó en el golpe contra Chávez; en 2004 estuvo al frente de la recolección de firmas para lograr un referéndum revocatorio en su contra, que Chávez ganó con el 59% de los votos, proceso auditado por el Centro Carter que lo calificó de impecable; en 2005 se reunió con el Presidente George W. Bush y solicitó apoyo para acabar con el gobierno de Chávez; y en 2014, siendo diputada electa, se presentó ante una Asamblea de la OEA en Panamá, con el cargo de “embajadora alterna”, para exigir que se endureciera la oposición al gobierno venezolano. Aquella vez fue destituida como diputada y se ganó su primera inhabilitación para ocupar cargos públicos, por un año.
Machado promete instalar una economía liberal y privatizar empresas públicas como Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre otras. Se declara admiradora y amiga de Patricia Bullrich y de Javier Milei, así como de Jair Bolsonaro. Tiene estrechos vínculos políticos con Álvaro Uribe y con Iván Duque, y dice tener grandes amigos en el Partido Popular y en Vox de España.
Inhabilitación de la Justicia
A pesar de que no hubo un compromiso expreso en el Acuerdo, las candidaturas inhabilitadas fueron apeladas ante el TSJ. El 26 de enero, este habilitó algunas, pero ratificó el fallo de inhabilitación a las de Machado, Henrique Capriles –que antes había retirado su candidatura en esta elección– y algunos ex miembros del gabinete de la presidencia interina de Juan Guaidó. Inmediatamente, Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, señaló en un comunicado que la decisión del TSJ de Venezuela de inhabilitar a la ganadora de las primarias de la oposición democrática era incompatible con el compromiso de los representantes de Maduro de celebrar unas elecciones presidenciales competitivas en 2024.
A continuación, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que se reactivarían las sanciones a la empresa estatal de extracción de oro Minerven y le dio al gobierno plazo hasta abril para que el TSJ vuelva a revisar el fallo de inhabilitación de las candidaturas para no perder el beneficio del retiro parcial de sanciones que Estados Unidos había otorgado tras la firma del Acuerdo, a los sectores del gas y el petróleo.
Intromisión y operaciones encubiertas
La exigencia del gobierno de Estados Unidos de habilitar la candidatura de Machado, que está impedida de ocupar cargos públicos por fallos de la Contraloría General y del TSJ, es un acto de injerencia en los asuntos internos de un país. Además constituye un irrespeto a lo establecido en el Acuerdo de Barbados.
Pero esto no es lo más grave. El Presidente Maduro ha denunciado actos de conspiración contra varios miembros de su gobierno, incluido él mismo, así como de objetivos militares. En ese marco, ha detenido a una treintena de personas, varias de ellas vinculadas a Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado. Según el fiscal de la Nación, dichos arrestos se han realizado a partir de mayo y responden a sospechas que han sido confirmadas esta semana.
En efecto, dos periodistas de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), Joshua Woodman y Jim Mustian, publicaron un informe el 1° de febrero a partir de la obtención de un memorándum secreto de 15 páginas, en el que se señala que la DEA envió agentes encubiertos a Venezuela para actuar subrepticiamente y construir casos de narcotráfico contra los líderes del país, incluido el propio Presidente. La actividad encubierta fue reconocida por el propio gobierno estadounidense como una posible violación del derecho internacional, según lo señala el informe publicado por la agencia AP.
Dicho informe recoge las acusaciones que hizo Maduro a la DEA y a la CIA por sus esfuerzos para desestabilizar el país, donde a la vez dijo creer que el Presidente Biden no estaba involucrado, y que la CIA y la DEA operan de forma independiente como organizaciones criminales imperialistas.
Según el informe periodístico, el memorándum fue redactado “en la cúspide de la campaña de máxima presión del presidente republicano Donald Trump para destituir al presidente venezolano” en 2018. Asimismo, destaca que debido a que el plan parecía pasar por alto el derecho venezolano e internacional, requirió la aprobación de lo que se conoce como el Comité de Revisión de Actividades Sensibles, o SARC, un panel secreto de altos funcionarios del Departamento de Estado y de Justicia reservado para los miembros más sensibles de la DEA, casos que involucran consideraciones difíciles en términos éticos, legales o de política exterior.
La DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dice el informe periodístico, han rechazado responder los interrogantes formulados por el medio sobre esta operación unilateral, que se llevó a cabo en violación de las normas establecidas en el derecho internacional.
Las posibilidades de la oposición
La participación de la líder de Vente Venezuela en la elección presidencial parece imposible luego del fallo del TSE. Se dirá entonces que hubo fraude y probablemente varios países no reconocerán los resultados de las próximas elecciones. El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ya lo anunció. Y las cancillerías de Perú y la de Francia se suman al coro mediático y le exigen a Venezuela que cumpla con el Acuerdo de Barbados, como si el gobierno venezolano no lo estuviera cumpliendo.
Tal como ha sido señalado, en el texto del Acuerdo no existe ningún compromiso de parte del gobierno venezolano de contravenir fallos emitidos por la Contraloría o el Poder Judicial contra candidatos. . Si bien el escenario mundial de guerras hace menos vulnerable al gobierno venezolano dada la relevancia que adquiere el petróleo como recurso estratégico, será la población, como siempre, la más perjudicada si el gobierno estadounidense vuelve a imponer las sanciones parcialmente levantadas.
Machado es, sobre todo, una figura mediática fomentada por Estados Unidos y los medios afines, una suerte de segunda versión de Guaidó, con la que se busca desprestigiar y deslegitimar las próximas elecciones.
Dadas las circunstancias, la oposición podría postular a algún otro candidato que esté habilitado–hay más de una decena compitiendo– pero les cuesta conformar un frente común, como ha pasado en otras elecciones para ganarle a Maduro. Milei no sería presidente de la Argentina si la oposición al peronismo no hubiera ido unida en el balotaje. Como Mauricio Macri con Milei, María Corina podría ser el poder detrás del trono de algún candidato de la oposición agrupado en la Plataforma Unitaria. Cierto es que Machado enfrenta resistencias internas pues ha sido crítica de la oposición tradicional y su partido no participa en la mesa de diálogo. Lo que sucede es que Machado, es sobre todo una figura mediática fomentada por Estados Unidos y los medios afines, una suerte de segunda versión de Guaidó, con la que se busca desprestigiar y deslegitimar las próximas elecciones.
Lo más probable es que surja algún candidato/a de la oposición en las elecciones primarias cuya fecha, así como la de las elecciones viene siendo debatida actualmente. Las elecciones primarias en las que ganó Machado, convocadas cinco días después del Acuerdo de Barbados, no fueron coordinadas por el Consejo Nacional Electoral y no se disponen de Actas de votación, por lo que no fueron validadas. Por eso es fundamental preservar el Acuerdo de Barbados y que Estados Unidos deje de intervenir en los asuntos internos de los países al abogar por la candidatura de Machado. El gobierno estadounidense no puede exigir que las autoridades de cualquier eliminen o impongan sentencias a ciudadanos. Es decir, no puede exigir la reversión de sentencias emitidas por las instituciones locales que la han habilitado de participar por las razones expuestas. Es condenable e inaceptable la injerencia de los Estados Unidos imponiendo candidatos, presidentes, asfixiando a la población con las sanciones, condicionándolos a su voluntad política, armando programas de espionaje a altas figuras públicas, violando el derecho internacional y promoviendo golpes de Estado. Con estas acciones lo único que logran es desprestigiar más la democracia y convertirla en un cascarón vacío de contenido.
