No es lo mismo el campo mexicano antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que veinte años después. Si el campo está en llamas, no se debe sólo a “malos” es decir a los cárteles de la droga, a los grupos de sicarios y matones. Porque la violencia criminal ni es la única, ni fue el factor que disparó la crisis humanitaria que viven amplias zonas rurales del país. La drástica transformación de las políticas públicas hacia el sector agropecuario, inducida por los programas de ajuste estructural y la apertura comercial, cuya joya de la corona es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), generaron las condiciones para el surgimiento de múltiples formas de violencia en el agro mexicano.
Los gobiernos federales a partir de 1983 impusieron toda una serie de políticas de ajuste económico, como la expulsión de todos los productores de temporal del sistema de crédito rural. Los precios de los energéticos se empezaron a disparar: en 1993 un litro de gasolina costaba 1.36 pesos, actualmente más de doce pesos. La energía eléctrica para riego agrícola se disparó de 14 centavos el kilowatt/hora a 1.15 pesos. Lo que producen los campesinos empezó a bajar de precio, pues se acabó con los precios de garantía. Se crearon nuevos subsidios como el PROCAMPO, pero se concentran en los grandes productores.
Y, a pesar de las múltiples advertencias de las organizaciones campesinas y de muchos investigadores, se firmó el TLCAN, cuando los productores mexicanos de granos básicos, sobre todo campesinos y agricultores medios, no pueden competir ni en términos de condiciones agroclimáticas, ni de subsidios, ni de tecnología, ni de apoyos gubernamentales con la agricultura más poderosa del mundo.
Al no poder competir con la agricultura norteamericana en condiciones de apertura comercial, centenas de miles de unidades campesinas se sumieron en la quiebra. Así, se disparó la emigración del campo hacia las ciudades o los Estados Unidos. Según la Secretaría del Trabajo desde 1994 han dejado el campo un millón 780 mil personas. Y la Sedesol reconoce que cada día salen del medio rural un promedio de 600 campesinos. Las comunidades rurales se van quedando sin hombres jóvenes, convirtiéndose en poblaciones de mujeres, niños y adultos mayores; se vació la vida comunitaria; se acabaron muchas agrupaciones en los pueblos. Esta es una violencia, sorda, pero real.
Con insumos caros y precios bajos para las cosechas, muchos productores tuvieron que intensificar la perforación de pozos para riego, a abusar de los agroquímicos o incluso emplear semillas transgénicas para elevar su producción. Empezaron a emplear tecnologías que ejercen una enorme violencia sobre el medio ambiente: suelos, corrientes de agua, bosques, pastos, etc.
A resultas de ello, el desastre ambiental en el campo ha crecido, con ineludibles y costosos impactos en las ciudades y para el desarrollo económico nacional. De los 196 millones de hectáreas con que cuenta México, 64 por ciento están degradadas, principalmente por erosión hídrica y eólica. Anualmente se pierde la utilidad agrícola de unas 10 mil hectáreas en las mejores tierras irrigadas, por causa de la acumulación de sales. Ello acumula ya una superficie de 425 mil hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva.
Se han sobreexplotado los mantos acuíferos, se han devastado los bosques que generan el agua de las principales corrientes en México. Ante la urgencia de abatir costos para poder competir contra los productos importados, se sobreexplota a quien no puede protestar: los recursos naturales. Así, la violencia ambiental es otro de los sobreproductos del Tratado y de las políticas de ajuste.
Luego de 20 años de la imposición del TLCAN, la agricultura mexicana se ha polarizado mucho más. El subsidio del Procampo que debiera orientarse a dinamizar a los campesinos pobres y medios a producir más y mejores alimentos, es acaparado por los grandes agricultores. El 10% más rico de los productores concentra el 45% de este subsidio, el 80% del programa “ingreso objetivo” de SAGARPA, y el 60% de los subsidios para la energía y el agua. Todo esto ha llevado a una mayor depauperación de las familias rurales: En octubre de 2011 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social declaró que el 55.7 % de la población, 63 millones de personas, padece inseguridad alimentaria, de estos 28 millones padecen pobreza por hambre y de ellos 20 millones viven en áreas rurales. Esta enorme desigualdad es el núcleo duro de la violencia social que hoy cunde en nuestro campo.
En este campo en proceso de devastación el crimen organizado comienza a penetrar con gran fuerza en el medio rural durante los años noventa. Se ocupan los vacíos que deja el Estado al retirarse como financiador, comprador, inversionista, regulador, promotor de la economía rural. Los capos se establecen en las poblaciones rurales de diversas formas. Compran propiedades de quienes están en quiebra para inyectarles recursos y blanquear dinero, agrandan ranchos, tecnifican explotaciones, perforan pozos, mejoran razas de ganado, plantan huertos, construyen infraestructura productiva.
No sólo eso, ante la retirada de la banca paraestatal y comercial de las actividades agropecuarias, se convierte en financiadores y prestamistas. También comienzan a hacerla de comercializadores. No necesitan créditos de avío de una banca tacaña y especuladora: ellos mismos financian la compra de cosechas, el almacenamiento y la distribución.
Esta fue una penetración silenciosa que poco a poco fue evolucionando a la situación actual. Ya apoderado de buena parte de la economía rural, el crimen organizado se apodera de otros aspectos de la vida del campo: explota ilegalmente los recursos naturales, como es el caso de los bosques en Michoacán y Chihuahua. Diversifica sus exacciones más allá de la venta de estupefacientes–roba maquinaria y equipo, despoja de la nómina a quienes contratan trabajadores agrícolas, extorsiona a productores y comerciantes, pide una parte de la venta de las cosechas.
Se hace del control territorial de vastas zonas rurales, de manera informal y formal. Controla alcaldes, ocupa las direcciones de seguridad pública de los municipios, cobra cuotas y derechos de paso, etc. etc. Para adueñarse de los territorios ha sembrado previamente el terror mediante ejecuciones, mutilaciones, secuestros, incendios. Aplica castigos ejemplares a quienes se atrevan a desafiarlo, sobre todo si lo hacen de manera organizada como las policías comunitarias. Coopta, compra o de plano se colude con los diversos cuerpos policíacos, el Ejército y la Marina. Se conforma así en el medio rural de muchos estados de la República una auténtica “societas sceleris”, es decir, una sociedad de crimen en donde las familias campesinas viven como una población sometida por un ejército de ocupación, con su ciudadanía minimizada, si no es que anulada.
El campo mexicano está padeciendo la más terrible crisis de violencia desde el término de la Revolución de 1910, pero a diferencia de aquella violencia revolucionaria, generadora de algo nuevo, la violencia promovida por los neoliberales con los programas de ajuste y el TLCAN, no ha generado sino más y muy diversas violencias, al destruir las formas productivas, de asociación, de vida comunitaria, de distribución de la riqueza, de relación con el medio ambiente que había subsistido hasta antes de que ellos llegaron, y facilitar la implantación de los cárteles de la droga y el crimen organizado precisamente ahí donde el Estado falló.
Víctor M. Quintana S. es asesor al Frente Democrático Campesino de Chihuahua, profesor-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es colaborador con el Programa de las Américas.
