“A los malacates (ladrones) se les acabó al fiesta”. Con esta frase cientos de salvadoreños celebraban la detención del expresidente Elías Antonio Saca, quien gobernó al país centroamericano desde 2004 hasta el 2009, acusado de actos de corrupción y de desviar $246 millones de fondos de Estado a cuentas personales. Esa misma frase fue utilizada por Saca cuando lanzó su plan Súper Mano Dura contra las pandillas en 2006.
“Estamos atendiendo el clamor de la gente de que se investigue la corrupción y es por eso que estamos iniciando esta investigación de estructuras que extrajeron fondos públicos desde el gobierno. La Fiscalía recibió información de la Corte Suprema en la que se determinó que era tan obvio que existía una sustracción clara y objetiva de los fondos del Estado y fue por eso que hace tres meses ahondamos más en este caso”, dijo el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez en conferencia de prensa.
La detención del expresidente y otros exfuncionarios de su gobierno representan un golpe fuerte contra el partido de ultra derecha ARENA que se encuentra en una crisis desde que la izquierda le arrebató la presidencia en 2009, luego de haber estado en el gobierno por más de 20 años.
Tras la derrota, Saca fue expulsado de ARENA y este formó, junto a otros políticos disidentes areneros GANA, un movimiento que poco a poco ha cobrado fuerza en el ámbito político salvadoreño y que además ha respaldado al partido de izquierda FMLN en el parlamento.
Saca es el segundo expresidente arenero acusado por actos de corrupción. Su antecesor, Francisco Flores, fue llevado a los tribunales luego de ser acusado de desviar más de $10 millones provenientes de donaciones del gobierno Taiwán hacia cuentas personales y hacia cuentas del partido ARENA. Flores falleció este año antes que se realizara el juicio en su contra.
Además Mauricio Funes, el primer presidente por el partido de izquierda, también está bajo la lupa de la Fiscalía. Funes figura como el tercer presidente acusado de cinco delitos relacionados con malversación y desvío de fondos del Estado. La Fiscalía cree que Funes colaboró con Saca para mover algunos millones de dólares desde la Casa Presidencial hasta las cuentas empresariales de Saca.
Junto al expresidente Saca, también fueron detenidos elexsecretario privado de la presidencia Elmer Charleix, el secretario de comunicaciones Julio Rank, el director de la institución gestora de agua ANDA César Funes y tres empleados del área contable de la Casa Presidencial, todos acusados por actos de corrupción y agrupaciones ilícitas.
“La actuación de la Fiscalía, hasta este momento, parece adecuada y sustentada. El proceso apenas comienza y hay mucho camino que recorrer en la investigación y en las personas que participaron en este robo al Estado salvadoreño. Y aunque las acusaciones están sustentadas alientan la polarización del país, pues para los detractores areneros representan las malas administraciones del partido de derecha y para los derechistas esto representa una “vendetta” política y ambos bandos trasladan esto a sus seguidores, obviando aceptar su responsabilidad en el deterioro del país”, dijo Rodrigo Morán, un salvadoreño que sigue de cerca el proceso.
El caso Saca también ha mostrado el nivel de polarización en el que viven los salvadoreños. De acuerdo a Abraham Ábrego, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), organismo observador de qué hacer político y de derechos humanos, los casos de los expresidentes acusados demuestra la división de la opinión de los salvadoreños por tratarse de dos expresidentes del partido de derecha.
“En general lo que está haciendo la Fiscalía se ve positivo. Aunque el salvadoreño promedio no tiene confianza en que las investigaciones lleguen a buen término por los precedentes del caso del expresidente Flores”, dijo Ábrego, al Programa de las Américas.
Según el director de FESPAD en otros períodos, los fiscales que ha tenido El Salvador han mostrado una actitud pasiva ante las investigaciones de corrupción en el país para no afectar intereses de los partidos políticos, debido a que el fiscal general es electo por todos los partidos que tienen representación en el parlamento salvadoreño. Parece que, cómo ha actuado hasta ahora, el fiscal general Douglas Menéndez ha roto con este esquema.
“No se puede concluir que el fiscal actual siga lineamientos de algún partido político, lo que parece ser es que ha roto con el molde pasivo que caracterizó a anteriores fiscales. El fiscal actual ha procesado más casos de corrupción que en los últimos 20 años, incluyendo casos de enriquecimiento ilícito, delito sobre el cual no se había judicializado ningún caso”, dijo Ábrego.
En representación del partido ARENA, Norman Quijano, excandidato presidencial y dirigente del partido de derecha, dijo que los areneros debe “pedir perdón a la población” por las acciones en contra del país cometidas por el expresidente Saca.
“No podemos olvidar que fue un presidente que llegó con nuestra bandera, luchamos para que él llegara a la presidencia. Nosotros debemos pedirle perdón a la población, porque también fue el presidente del partido. Yo pedí el voto para Tony Saca, yo estuve en su campaña, por eso pido perdón”; dijo Quijano. “Nos equivocamos y esperamos que esto no vuelva a suceder”.
Saca y sus exfuncionarios fueron detenidos en un gran operativo ordenado por la Fiscalía mientras celebraban la boda del hijo mayor del expresidente en un lujoso salón de reuniones en San Salvador, pocos días después que la Corte Suprema considerara que durante su mandato presidencia hubo una “manipulación abusiva” de los fondos públicos.
Y esta no es la primera acusación en contra del expresidentes Saca. En 2015, se abrió un proceso civil en su contra en un juzgado de San Salvador por enriquecimiento ilícito, debido a que el expresidente no presentó la documentación legal requerida por las autoridades judiciales para justificar $4 millones de su patrimonio que entraron a sus arcas mientras dirigía el gobierno salvadoreño.
No todos aplauden la detención de Saca. Para la abogada representante de Saca, Silvia de Bonilla, lo principal del caso no es la malversación de los miles de millones de fondos públicos sino la salud y el bien estar del expresidente. Bonilla criticó que la Fiscalía “haya irrumpido un momento íntimo” de la familia Saca y además criticó la forma en la que Fiscalía hizo las detenciones en la fiesta de la boda del hijo del expresidente.
En declaraciones a los medios de comunicación local antes que la jueza ordenara la detención del expresidentes y sus funcionarios, de Bonilla dijo: “Es un presidente, no un pandillero, debe enfrentar el proceso en libertad. No le conviene al estado que otro expresidentes se muera”, en referencia al fallecimiento del expresidentes Francisco Flores, también del partido ARENA, quien había sido acusado por delitos de corrupción.
Aunque el expresidente pidió a la jueza clemencia y libertad para continuar el caso afuera de una cárcel, la funcionaria consideró que existen suficientes pruebas para determinar que Saca y sus exfuncionarios sí cometieron actos de corrupción durante su gestión en el gobierno, envió a la cárcel a todos los involucrados y ordenó el embargo de las cuentas bancarias de estos.
Fondos públicos a cuentas personales
En conferencia de prensa nacional, Meléndez dijo que el expresidente Saca y sus exfuncionarios tenían instalada una red de corrupción en el gobierno que se encargó de desviar $246 de las arcas del Estado a cuentas personales y a cuentas de las empresas del expresidente.
“El monto general de $246 millones fue desviado a una gran cantidad de cuentas particulares de los imputados. Hemos determinado que por lo menos 116 millones de dólares fueron cobrados en efectivo. Los fondos del Estado fueron remitidos a cuentas particulares de empleados de Casa Presidencia y posteriormente fueron remitidas a cuentas de empresas”, dijo el fiscal general.
Según la Fiscalía, el tesorero de Casa Presidencia, Jorge Herrera, que está entre los detenidos, ayudó en el desvió de los fondos. El dinero salía de la cuenta del gobierno en cheques a nombre del secretario privado de la presidencia, luego depositado en cuentas bancarias que fueron abiertas por el mismo funcionario dos días después que Saca asumiera la presidencia.
Toda la información que ha recaudado la Unidad de Investigaciones Financieras de la Fiscalía salvadoreña señala que diez meses después que Saca llegara a la presidencia, su secretario privado abrió dos cuentas a nombre de la compañía Arteaga y Gómez, a las que se movió gran parte del dinero desviado de los fondos públicos durante la gestión de Saca.
Además del delito de corrupción, la Fiscalía acusa al expresidente y sus exfuncionarios de lavado de dinero. De acuerdo a la investigación, el exsecretario privado, Elmer Charleix y Saca lavaron más de $6 millones, cantidad que podría aumentar -dijo el fiscal- a medida que la Fiscalía reúna los documentos incautados en las propiedades y empresas radiales y de publicidad que posee el expresidente.
El fiscal explicó que el hecho de abrir y cerrar cuentas bancarias, tal y como lo hicieron los exfuncionarios, fue una forma de operar para eludir las investigaciones y para desviar la atención del movimiento de dinero que se realizó durante la gestión de Saca.
En un informe revelado por la Corte Suprema salvadoreña, se publicó que el patrimonio del expresidente Saca aumentó $10,435,339 luego de dejar la presidencia del país donde, según instituciones de análisis económico, el Estado está por quedarse sin los fondos para seguir funcionando.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía salvadoreña, en el caso “Destape de la corrupción”, el expresidente ocultó parte del dinero desviado de los fondos públicos en una cuenta del International Bank Egypt-Cairo a su nombre y a nombre de su esposa, la exprimera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca. La documentación que está en manos de la Fiscalía afirma que la cuenta llegó a tener un saldo de más de $600 mil y fue cerrada en 2014.
Además, la Fiscalía asegura que el expresidente aprovechó su condición de diplomático para sacar parte del dinero del país mientras realizaba viajes oficiales. “En los registros de viaje aparece que Saca viajó a República Dominicana y Dubai, donde presumimos ha tenido cuentas bancarias. En Costa Rica hubo compra de inmuebles y hay una presunción de que viajaba con el dinero en efectivo en maletas que no fueron revisadas por su condición de mandatario”, dijo el fiscal del caso.
Durante la primera diligencia judicial, Saca negó haber tenido cuentas bancarias en otros países y alegó ser inocente. “Le pido a la Fiscalía que investigue, porque aquí se hicieron insinuaciones de que teníamos propiedades en algunas partes del mundo. Yo no tengo propiedades en Dubai, República Dominicana o Costa Rica, lo único que yo tengo es lo que todo el mundo me conoce, lo que fundé hace más de 30 años. No tengo cuentas en el extranjero, lo que tengo es lo que mi familia administra. Soy inocente”, dijo el expresidente.
¿Quién combate la corrupción?
En diciembre de 2015, el senado de los Estados Unidos condicionó el desembolso de $750 millones para los países del Triángulo del Norte, incluido en este grupo El Salvador. Sin embargo, el tema anticorrupción en la esfera de la comunidad internacional no es nuevo.
Desde el 2015 Estados Unidos ha estado abogando por el combate a la corrupción en El Salvador. La exembajadora estadounidense, Mari Carmen Aponte, fue clara al recalcar el interés de su país para que el gobierno y las instituciones salvadoreñas pongan su atención y esfuerzo en el combate de la corrupción.
“El interés de Estados Unidos contra la corrupción es alto. Lo que queremos es que se vea progreso que hayan instituciones fuertes que puedan perseguir la corrupción, que la puedan limpiar porque la corrupción es un factor que socava la democracia”, dijo Aponte en una conferencia de prensa.
Unos meses después el vice presiente Joseph Biden, dejó claro en una reunión con los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador que mientras estos países no den señales puntuales de que se está combatiendo la corrupción en sus gobiernos y buscando en los gobiernos anteriores el delito, la cooperación de Estados Unidos puede verse afectada.
“Es absolutamente crítica erradicar todos los relevantes vestigios que aún quedan de la corrupción y que permanecen en los lugares donde los gobiernos, durante demasiado tiempo, han operado a través de sobornos y tráficos de influencias”, dijo el vicepresidente Biden a los presidentes centroamericanos.
A su llegada a la embajada de Estados Unidos en El Salvador, en junio de este año, la embajadora Jean Manes, dijo en conferencia de prensa que todo el país debe luchar contra la corrupción para garantizar un clima de inversión y estabilidad económica.
Para muchos salvadoreños, ya fue instalada una comisión anticorrupción en El Salvador similar a la CICIG de Guatemala. Aunque no se ha hecho oficial, las últimas investigaciones de la Fiscalía y las acusaciones en contra de los últimos dos expresidentes salvadoreños son una muestra del trabajo que esta comisión está haciendo, apoyada por otros países.
Carmen Rodríguez, es periodista en San Salvador, El Salvador, y tiene cinco años de experiencia en el periodismo digital. Su especialización es el tema de Seguridad y Judicial y ha sido colaboradora para el Programa de las Américas desde 2014.
