El gobierno mexicano se empecinó a lo largo de cuatro años en cavar una fosa clandestina donde enterrar la lucha de los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala. La perversa tarea de inhumación en el páramo denominado «verdad histórica» –se aprecia ahora– en realidad es parte de la estrategia oficial para imponer la llamada «reforma educativa».
Las acciones contra los opositores a la referida reforma empezaron el 1 de mayo de 2013 en Chilpancingo cuando la Policía Federal detuvo a cuatro maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), después de la conmemoración del Día Internacional de Trabajo, y los envió, esa misma tarde, a una cárcel de alta seguridad en Tepic, Nayarit, acusados de terrorismo.
Un mes después, grupos armados ‘levantaron’ al líder de Unidad Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y a siete de sus compañeros; tres días después, los cuerpos del dirigente y de dos de sus compañeros aparecieron en un paraje cercano a la colonia Valerio Trujano, perteneciente al municipio de Tepecoacuilco, con huellas de tortura.
Así se atajó el movimiento magisterial que germinó en los primeros meses de 2013 y que culminaría en el asesinato de tres civiles y tres normalistas, con dos decenas de heridos y 43 estudiantes desparecidos en esa noche aciaga, en la cuna de la bandera nacional, que se tiñó de sangre, en el otoño de 2014.
En el lapso de 2013 a 2014, diez dirigentes de organizaciones sociales fueron asesinados y 25 más, encarcelados, tres de ellos, en cárceles de máxima seguridad de Oaxaca, Veracruz y Nayarit. Todos ellos participaban activamente en las protestas de los normalistas que demandaban justicia por el asesinato de sus compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús ocurrido el 12 de diciembre de 2011, y que acompañaban a la CETEG en sus movilizaciones en contra de la «reforma educativa» impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La represión contra la disidencia y el movimiento social se recrudeció desde el comienzo del sexenio que culmina este 1 de diciembre. “El Estado mexicano usa al escuadrón de la muerte [sicarios del narcotráfico] para callar las voces disidentes en el país”, advirtió, en su momento, el fallecido luchador social Bertoldo Martínez Cruz, en una entrevista frente al féretro de Hernández Cardona, en Iguala, en junio de 2013. Y agregó, “Ni en las peores dictaduras militares de Sudamérica fue tan aterrador lo que estamos viviendo estos años. El regreso del ‘nuevo’ PRI es la encarnación de la guerra sucia”.
Así, las cosas en Guerrero, cuando la “reforma educativa” se tambaleó, vino la campaña de odio en contra de los profesores y de los normalistas. El entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo en una entrevista en cadena nacional que “los muchachos de la Normal de Ayotzinapa tienen rencor social, porque son adoctrinados por la guerrilla”.
Y acusó, “Además, ellos se dedican a robar combustible a los trasportistas; mi gobierno ha sido y será tolerante ante estos hechos, pero llegará el día que meteremos en orden a los muchachos porque ya rebasaron el límite de la ley; pronto llegará el día en que aplicaremos todo el rigor de la ley”.
En efecto, la amenaza del gobernador se cumplió. Su primera acción fue resguardar las centrales camioneras de Chilpancingo con el fin de impedir que los normalistas tomaran autobuses para sus actividades de protesta. En consecuencia, el día de la barbarie, los estudiantes fueron a Iguala, ciudad que, prácticamente, fue una trampa para ellos.
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En los días subsecuentes a los ataques en Iguala y la desaparición de los 43 normalistas se desató una estrategia de los gobiernos federal y estatal basada en la mentira y la calumnia para criminalizar el movimiento surgido a raíz de esa noche trágica, al acusar a los estudiantes de tener nexo con el crimen organizado. La intención del gobierno fue clara: sembrar confusión en la opinión pública al señalar que los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas, están vinculados al trasiego de droga. Con ese argumento impidió que se abrieran los cuarteles militares para buscar a los muchachos desaparecidos, a pesar de que miembros del Ejército mexicano participaron en el operativo policiaco-militar en Iguala.
En lo que se ve como un enorme desprecio por la opinión pública nacional e internacional, Peña Nieto ha protegido al Ejército mexicano para que sus elementos señalados por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) no declaren, a pesar de que cada día se hace más evidente la responsabilidad de la milicia en el ataque contra los normalistas.
El gobierno de Peña Nieto enturbió la investigación mintiendo con descaro, trivializando el tema y confrontándose con instituciones de reconocido prestigio internacional, como el Equipo Argentino de Antropología Forense y el mencionado GIEI (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), al grado de que prácticamente los expulsó del país, en lo que puede considerarse como una torpeza imperdonable en el manejo de las relaciones internacionales.
En otras palabras, el presidente de la República ha tratado de que este caso, que ha causado la indignación no sólo de México, sino de muchas partes del mundo, quede en la impunidad, como muchas otras atrocidades cometidas desde el poder.
La versión oficial no convenció a medios internacionales como The New York Times, que publicó que el caso Ayotzinapa es una de las peores atrocidades en materia de derechos humanos cometidas en México, mientras The Economist señaló que Ayotzinapa es prueba de la descomposición del sistema judicial mexicano. Por su parte, organismos internacionales y nacionales no creen que los 43 normalistas fueran incinerados en Cocula. Expertos en la materia han probado la falsedad de la “verdad histórica” del gobierno mexicano.
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En el lapso de los últimos 28 años, han sido asesinados diez estudiantes de Ayotzinapa, por parte del Ejército mexicano, la policía o la delincuencia organizada, sin que haya un solo sentenciado por estos crímenes.
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En las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, un grupo de pelones (alumnos de nuevo ingreso), apurados, labraban su tierra para sembrar flores de cempaxúchitl, mientras que en los lavaderos unos muchachos lavan su ropa desaliñada. Lo hacen rápido porque el sol está a punto de desvanecerse; antes de que esto ocurra deben de salir a realizar una actividad.
Ese día, Bernardo le dijo a su compañero del comité de Orden que a las 6:00 de la tarde saldrían a tomar unos autobuses, sin precisar a dónde. Ese viernes 26 de septiembre de 2014, los estudiantes salieron de Ayotzinapa en dos autobuses; después de cortar vuelta en la carretera hacia Chilpancingo, a la altura del hospital de Tierras Prietas, se desviaron a Iguala.
“El viaje a Iguala esa tarde del 26 de septiembre fue para tomar autobuses, que ocuparíamos para trasladar a las delegaciones de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México a la marcha nacional del 2 de octubre en la ciudad de México”, dijo un estudiante conocido como Carrilla, días después del ataque.
Recuerda, “Dos horas y media después de que salimos de la Normal, en Iguala, fuimos atacados por policías municipales en la central camionera. Esa noche, los policías salieron por todos los flancos; no pudimos hacer nada. Al camión donde iba le cerraron el paso; nos defendimos como pudimos, pero fue imposible. A todos mis compañeros se los llevaron. Si no fuera por la herida, no sé dónde estaría ahora”.
En el operativo policiaco-militar no sólo participaron soldados del 27 Batallón de Infantería y agentes de las policías Federal, Estatal y Municipal, sino también grupos civiles armados, los cuales, meses después, la Procuraduría General de la República dio a conocer que pertenecían al cartel Guerreros Unidos, aunque la versión oficial que se emitió fue para confundir a la opinión pública.
“No supe qué pasó después,” dijo Carrilla. Mientras él y otros heridos eran trasladados a hospitales, en las calles de Iguala seguía la persecución en contra de sus compañeros, como ocurrió en varias ocasiones sin que los soldados del 27 Batallón de Infantería intervinieran para contener la persecución contra los estudiantes.
En el ataque de esa noche aciaga cayó herido Aldo Gutiérrez Solano —hasta la fecha continúa en estado vegetativo. Minutos después fue atacado el autobús del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo. La policía asesinó al chofer del camión y al futbolista David Josué García Evangelista, de 15 años.
Dos horas después, cuando los normalistas platicaban con reporteros sobre la primera agresión, en la esquina de Periférico y Juan N. Álvarez, llegaron hombres a disparar a quemarropa a normalistas y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero. En esa ofensiva fueron asesinados Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava, mientras Edgar Andrés Vargas resultó herido; además, los policías mataron de un disparo a la pasajera de un taxi.
El informe del GIEI revela que el gobernador Ángel Aguirre y presidentes municipales de la región Centro y Norte estuvieron enterados de lo que sucedía en Iguala, a través del C4, mientras que el alcalde Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, tuvo conversación con el árbitro del equipo de futbol Los Avispones, pero no hizo nada por contener la agresión en contra de los estudiantes.
El sábado 27, en el primer recuento a cargo de normalistas y maestros de la CETEG, faltaban 57 estudiantes. De inmediato, organizaron la primera búsqueda. Cuatro horas después localizaron el cuerpo del normalista Julio César Mondragón Fontes, del Estado de México, con el rostro desollado. En tanto, la Fiscalía del estado detuvo a 22 policías preventivos de Iguala y los trasladó a Acapulco, como presuntos responsables de los hechos.
El lunes 29, padres de familias de los 43 normalistas desaparecidos, acompañados de estudiantes, organizaciones sociales, la FECSM y maestros de la CETEG marcharon en la capital, del monumento a Nicolás Bravo hasta el lugar donde fueron asesinados Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino el 12 de diciembre de 2011.
La presión social, estudiantil y magisterial obligó a José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, a pedir licencia por 30 días el 1 de octubre. El Cabildo de Iguala le aprobó dicha licencia, pero el perredista huyó de Iguala minutos antes de que policías ministeriales sitiaran el palacio municipal para detenerlo.
Ese mismo día el presidente Peña Nieto habló por primera vez del tema.
El 2 de octubre, de nueva cuenta, padres de familia, normalistas, universitarios, maestros y organizaciones sociales inundaron las calles de Chilpancingo, exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Ese día también hubo protestas masivas en Atoyac, Acapulco, Ayutla, Zihuatanejo, Tlapa, Chilapa y Tecoanapa.
A seis días de la tragedia, la Organización de las Naciones Unidas en México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron los hechos y los calificaron de “extrema gravedad”, como uno de “los sucesos más terribles de los tiempos recientes.”
A 11 días del ataque, familiares de los jóvenes desaparecidos, apoyados por normalistas, maestros de la CETEG, organizaciones sociales y universitarios, marcharon e instalaron un plantón en la Plaza Primer Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo.
Ante la impotencia de no encontrar a sus compañeros, estudiantes de Ayotzinapa incendian el palacio de gobierno después de dos semanas de protesta, mientras que maestros de la CETEG hacen lo propio con el palacio municipal de Chilpancingo.
Al día siguiente, Peña Nieto prometió encontrar pronto a los 43 normalistas desaparecidos y presentar a los culpables, promesa que quedó en el olvido, burlándose del dolor de los padres de los desaparecidos, quienes marcharon en Acapulco, 20 días después de la tragedia. La petición generalizada era la renuncia del gobernador Ángel Aguirre y la presentación con vida de los 43 normalistas.
El 22 de octubre, durante la llamada Primera acción global por Ayotzinapa, más 150 mil personas marchan en la capital del país. Varias universidades se sumaron a la protesta nacional a través de la movilización y de paros para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Ese día, las protestas se extendieron a todo el país. En el extranjero, muchos mexicanos se congregaron en espacios públicos y sedes diplomáticas para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas.
La condena nacional e internacional obligó al gobernador Ángel Aguirre Rivero a pedir licencia para separarse del cargo, después de ser advertido por el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática de que, de no hacerlo, el gobierno federal iniciaría un proceso penal en su contra.
El día que se cumplió un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, el secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, asumió el cargo como gobernador interino. Ese día, organizaciones sociales esperaban que el gobernador fuera a Ayotzinapa a buscar a los agraviados, pero el mandatario prefirió ir, al día siguiente, a Los Pinos a ponerse a las órdenes del presidente Enrique Peña Nieto.
A un mes y dos días del atentado, Peña Nieto se reunió con los padres de los 43 desaparecidos en Los Pinos. Después del encuentro de cinco horas, el presidente emitió un mensaje en cadena nacional para anunciar que firmó una minuta de diez acuerdos, en la que las autoridades se comprometen a localizar a los normalistas y detener a los responsables, sin que hasta ahora se haya cumplido lo estipulado allí.
41 días después de los hechos de Iguala, la Policía Federal detiene al exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en la ciudad de México. El 7 de noviembre, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que tres detenidos (autores materiales y miembros del cártel Guerreros Unidos) revelaron que a los 43 normalistas los asesinaron en el basurero de Cocula o murieron en el traslado desde Iguala, los quemaron durante 15 horas hasta calcinarlos por completo y sus restos fueron fragmentados, metidos en ocho bolsas de plástico y arrojados al río San Juan, donde se halló una bolsa intacta, la que contenía huesos y dientes calcinados.
Ese día, en Acapulco, normalistas, organizaciones sociales, maestros y padres de los 43 desaparecidos cerraron las instalaciones del aeropuerto internacional Juan Álvarez durante tres horas y media. En respuesta a la protesta, el nuevo gobernador Rogelio Ortega Martínez dijo que los normalistas de Ayotzinapa, “de víctimas, han pasado a victimarios”.
El 11 de noviembre, maestros de la CETEG incendiaron las oficinas del PRI estatal; policías estatales rociaron gas lacrimógeno a los maestros para desalojarlos. En la represión, 25 profesores resultaron heridos, tres detenidos, y el subsecretario de Seguridad Pública, Juan José Gatica Martínez, fue retenido por los manifestantes.
Familiares de los desaparecidos parten de Ayotzinapa en tres autobuses, el 13 de noviembre, en tres caravanas con destinos diferentes: norte, sureste y sur, y en su paso por ocho estados de la República pidieron a las organizaciones sociales luchar por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
En Chiapas, la caravana Sureste es recibida por el EZLN en el municipio autónomo de Oventik. Los rebeldes ofrecieron apoyo a estudiantes y familiares de los desaparecidos y le advirtieron a los normalistas y familiares que se cuidaran de que las organizaciones sociales que se acercaron a ellos, porque muchos buscarían sacar provecho de su dolor. Lo advertido se cumplió meses después.
Durante la llamada Tercera acción global por Ayotzinapa, el 20 de noviembre, en el zócalo de la Ciudad de México, familiares de los 43 desaparecidos afirmaron que llegarían hasta “las últimas consecuencias” para encontrar a sus hijos vivos.
En más de 185 ciudades de todo el mundo, miles de personas salieron a exigir la presentación con vida de los 43 normalistas.
Como si no le importara el dolor de los padres de los normalistas desparecidos, el presidente Peña Nieto convocó a los guerrerenses a hacer un esfuerzo colectivo “a superar” el dolor que dejó la desaparición de los 43 normalistas.
Dos días después de la declaración de Peña Nieto, el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, da a conocer que un hueso de los restos encontrados en una bolsa que supuestamente sicarios al servicio de Guerreros Unidos arrojaron al río de Cocula corresponde al normalista Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. El Equipo Argentino de Antropología Forense aclaró, el 7 de diciembre, que ellos no fueron testigos del hallazgo del fragmento óseo que culminó con la identificación de Alexander Mora Venancio.
Un día antes de que se cumpliera el tercer aniversario luctuoso del asesinato de Jorge Alexis Herrera Pinos y Gabriel Echeverría de Jesús, cinco científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana aseguraron que la hipótesis de la PGR era imposible de probar científicamente, porque para la cremación de 43 cadáveres se requería de algo más que leña y llantas. “Hacen falta, en definitiva, hornos crematorios”, dijeron.
El día de nochebuena, pese a la lluvia y el frío, padres de los 43 desaparecidos protestaron frente a la residencia oficial Los Pinos para recordar al presidente Enrique Peña Nieto que, mientras no les devolvieran a sus hijos, no habría fiestas ni descanso para ellos ni para su gobierno.
Al cumplir tres meses de la desaparición de los 43 normalistas, los padres de familias encabezaron una marcha para exigir la presentación con vida de sus hijos, y la renuncia de Peña Nieto a la presidencia. Una vez más, se manifestaron a las puertas del 27 Batallón de Infantería.
A cuatro meses de la tragedia, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, presentó lo que llamó “la verdad histórica”. El procurador aseguró que existen elementos legales y científicos suficientes para asegurar que los 43 desaparecidos fueron secuestrados, asesinados, incinerados y que sus restos fueron tirados al río San Juan, en el municipio de Cocula.
Organismos internacionales de derechos humanos y los padres de los 43 jóvenes desaparecidos no creyeron en las declaraciones de Murillo Karam y denunciaron inconsistencias en la tesis que sostenía el Fiscal federal para asegurar que todos los estudiantes fueron asesinados y calcinados.
El 24 de febrero en Acapulco, policías federales asesinaron al profesor Claudio Castillo Peña durante una protesta de los maestros de la CETEG y del SUSPEG, quienes demandaban la presentación con vida de los 43 normalistas.
El 2 de marzo llegan a la Normal de Ayotzinapa los integrantes del GIEI, el español Carlos Beristain, la colombiana Ángela Buitrago, el chileno Francisco Cox Vial, la guatemalteca Claudia Paz y Paz y el también colombiano Alejandro Valencia Villa para iniciar la investigación.
Después de la jornada electoral del 7 de junio, en Tlapa, policías federales y militares asesinan de un balazo al universitario Antonio Vivar Díaz, quien participaba desde octubre de 2014 en la protesta por la presentación con vida de los 43 normalistas. Ese día, brigadas de padres de los 43 desaparecidos y sus grupos de apoyo confiscaron y quemaron la papelería electoral de 24 casillas en Tixtla para boicotear las elecciones federal, estatal y municipal.
En su informe preliminar del 6 de septiembre, el GIEI desmanteló la “verdad histórica”, lo que significó un duro golpe a la versión presidencial. Con base en peritajes del experto peruano en Ciencias del Fuego José Torero, se descartó que los 43 detenidos-desaparecidos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.
Las reacciones del gobierno federal llegaron diez días después (16 de septiembre) con otra mentira, al afirmar que forenses de la Universidad de Innsbruck identificaron material genético del normalista de Ayotzinapa Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 desaparecidos en restos hallados en Cocula.
Los padres rechazaron la versión, mientras que el EAAF aclaró el jueves 17 que los resultados del laboratorio de la Universidad Innsbruck, Austria, no son definitivos para identificar al normalista y que los valores obtenidos en el análisis de una muestra ósea indican que sólo se puede considerar como una posibilidad de que pertenezca a Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Al cumplirse un año de la tragedia, padres de los desaparecidos marcharon en la Ciudad de México. La protesta salió del auditorio nacional al zócalo de la capital. Más de 80 mil personas salieron a la calle ese día.
Las marchas continuaron en todo el país cada día 26 de mes.
Después de un año de investigación, el gobierno mexicano anunció el 13 de abril que daba por concluido el trabajo de GIEI, tras varias confrontaciones por la veracidad de la investigación.
El domingo 24, el GIEI presenta su segundo informe de los hechos, en donde desecha por completo la versión de la PGR, y el 24 de mayo entrega su último informe sobre el caso y pide cambiar la versión oficial, porque «no existe certeza sobre el destino de los estudiantes».
El anunció de la renuncia de Tomás Zerón a la Dirección de la Agencia de Investigación Criminal pareció un triunfo para los padres de los 43 estudiantes, pero, en cuestión de horas, se desvaneció con la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de nombrarlo secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad.
A cinco días del segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se reunió con familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos, en la Normal de Ayotzinapa.
El 22 de septiembre, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena dijeron que a dos años de que «el mal gobierno cometió uno de sus peores crímenes, al desaparecer a 43 jóvenes indígenas estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa», ahora premia a los responsables de mentir y tratar de deformar aún más la verdad, al tiempo que persigue y encarcela a quienes buscan la verdad y la justicia.
A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Ángela Buitrago, exintegrante del GIEI, sostuvo que “era claro y es claro que el resultado final no fue el basurero de Cocula. Sobre esos elementos ya hay cinco dictámenes técnicos en ese sentido”.
A dos años y ocho días de la barbarie, fueron asesinados Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro, alumnos del último grado de la Normal de Ayotzinapa, a bordo de una camioneta Urvan, del transporte público, en la carretera Tixtla-Chilpancingo, a cuatro kilómetros de la capital.
En el lapso de los últimos 28 años, han sido asesinados diez estudiantes de Ayotzinapa, por parte del Ejército mexicano, la policía o la delincuencia organizada, sin que haya un solo sentenciado por estos crímenes.
Kerry Kennedy, directora del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, de Estados Unidos, visitó la Normal de Ayotzinapa el 9 de octubre de 2017, y llamó a los compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 a seguir buscando la verdad, aunque eso afecte al gobierno o al crimen organizado.
26 de septiembre, 3 semillas, 43 esperanzas, se llamó a la generación de los estudiantes ausentes, quienes egresarían el 13 de julio, ello, trece días antes de que se cumplieran los 46 meses de su desaparición.
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El normalista José Sánchez Madero previó lo que se venía en contra del movimiento normalista, más de cinco meses antes de los hechos de Iguala. En una entrevista en los pasillos de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 8 de abril de 2014, José Sánchez dijo que la “reforma educativa” que aprobaron los diputados del Pacto por México en diciembre de 2012, no traería nada bueno para los normalistas rurales.
“Nos quieren callar… ahora, el gobierno quiere cerrar las normales rurales a través de la reforma; lo que quieren es cercenar la lucha estudiantil más activa del país. ¿Dónde están esos movimientos? Te lo contesto rápido: Ayotzinapa y Tiripetío, Michoacán, es donde damos la batalla por la defensa de la educación popular y campesina en el país”, aseguró.
Y agregó, “Así como hay normales fuertes, también hay otras que son débiles en su organización de lucha. Sabemos que el golpe del Estado vendrá en contra de uno de los dos. En la FECSM (Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México) se sabe que primero vendrán por los más fuertes, para que los débiles no puedan defenderse. No es gratuito que haya más de diez activistas asesinados y, 26 de ellos, encarcelados. El PRI viene con todo”.
