La Corte Suprema de Chile dispuso, el pasado mes de septiembre, declarar fundada la demanda del
Estado peruano para que Alberto Fujimori sea extraditado al Perú a efectos de ser procesado
por graves acusaciones de corrupción, abuso de poder y delitos de lesa humanidad contra los
derechos humanos. El proceso representa un golpe contra la impunidad y abrirá una nueva oportunidad
para que los peruanos relean la verdadera historia de los 90 y la imposición del modelo autoritario
neoliberal, desnacionalizador y mutilador de los derechos sociales y económicos de las mayorías
empobrecidas y manipuladas con un clientelismo descarado.
Contra toda previsión—dados los antecedentes de Carlos Menem, de los procesos del mismo Agosto
Pinochet (a quien apenas se levantó la inmunidad parlamentaria pero no se condenó), la
Corte Suprema acordó extraditar a Fujimori al Perú para ser procesado. El acuerdo, por
los casos de violación de derechos humanos ocurridos en Barrios Altos y La Cantuta, y en los
sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) fue por unanimidad, y en los
otros cinco casos de corrupción, lo decidió por mayoría.
Más allá de las presiones políticas internas y externas, primó la validez
de los argumentos legales y las pruebas presentadas, el peso de los fallos de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, y las fundadas opiniones de equipos de juristas de diversas partes del mundo (destacando
la George Washington University de EEUU y la Universidad Católica del Perú, la Federación
Internacional de Derechos Humanos de Paris, la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra,
Human Rights Watch-USA, y Amnistía Internacional-Londres) que también emitieron informes
jurídicos, así como el interés de Chile de presentar una nueva imagen en materia
de derechos humanos a nivel internacional.
Las acusaciones y las evidencias
El proceso Fujimori, a iniciarse en diciembre de este año por la prorroga solicitada por el
abogado del reo, de momento, tiene siete casos por los que la Corte Suprema de Chile ha autorizado
su extradición. Los dos más graves tocan temas de derechos humanos, resaltando la detención,
desaparición, tortura y asesinato de nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad
de la Cantuta; y el ametrallamiento de una pollada de vendedores ambulantes en los Barrios Altos de
Lima en lo que se asesinó a 15 personas y se dejó a cuatro gravemente heridas. Por este último
caso, el fiscal ha querido, en mayo 2005, 35 años de prisión para Vladimiro Montesinos
Torres, para el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos y para Santiago Martín Rivas,
jefe del comando paramilitar Colina. No podrá pedir menos para el propio Fujimori.
Los otros casos—aparte de los producidos en los sótanos del SIE—hacen referencia a notorios
casos de corrupción. Van desde el pago de $15 millones de dólares a Montesinos como "Compensación
por Tiempo de Servicios"; la compra de congresistas tránsfugas el año 2000 para
asegurarse una mayoría parlamentaria servil en el congreso; el soborno a medios de comunicación
para ponerlos a su servicio; la interceptación telefónica desarrollada por medio del
Servicio de Inteligencia Nacional, y el allanamiento ilegal—con un falso fiscal—a la casa de la esposa
de Montesinos en la búsqueda de los videos que él tenía en su poder.
Todos los casos tienen evidencias notables: declaraciones de testigos directos y otros procesados
que permitirán careos; resoluciones, decretos y cartas firmadas por Fujimori que lo vinculan
con los hechos dolosos o con la impunidad, protección y promoción al Grupo Colina; declaraciones
de Hermoza Ríos, Montesinos y Santiago Martin Rivas, Matilde Pinchi Pinchi, ex Ministros; transferencias
de fondos; investigaciones periodísticas, etc. Así lo recogen los fallos de la CIDH,
la Corte Suprema de chile, la Fiscal Suprema Chilena, etc. Sería un escándalo que sea
sobreseído, especialmente en los casos de La Cantuta y Barrios Altos.
Adicionalmente a ello, si bien la Corte Chilena ha recortado un elemento central de la acusación—el
Delito de Asociación Ilícita para Delinquir—Fujimori encara, además de las evidencias,
cuando menos cuatro elementos de la doctrina jurídica que resultan lapidarios para él:
a) el de la Doctrina de la Responsabilidad del Superior, que se remonta a la Segunda Guerra
mundial y establece la responsabilidad de los Jefes Militares y Civiles por los ilícitos de
sus subordinados. Él era el Comandante en Jefe de la FFAA y Presidente, con control efectivo
sobre los autores del delito (hizo dar una Ley para que el SIN responda al mismo Presidente), estaba
informado de los hechos pues hasta vivía en las instalaciones del SIE y del SIN, vecino a Montesinos;
y omitió medidas para impedir los delitos o sancionarlos, más bien, los amnistió y
encubrió.b) El de la Doctrina del Dominio de la Escena, que refiere al control sobre la escena y
los espacios en que se cometían los delitos, lo que es evidente.c) El de autor intelectual, no material, de los hechos delictivos, que está evidentemente
probado en varios casos como la CTS de $15 millones de dólares a Montesinos, la sustitución
del fiscal real por su edecán al allanar la casa de trinidad Becerra, o las continuas promociones
a los miembros del Grupo Colina o de la interceptación telefónica.d) El de la Doctrina de la Empresa Criminal conjunta que se presenta cuando un grupo de
personas, con un plan o propósito común delictivo, participan en ese proyecto. Al ordenar
actos delictivos a sus subordinados o brindarles protección absoluta participa en el establecimiento,
funcionamiento y continuidad de una empresa criminal.
Las implicancias internacionales
Se trata del tercer ex presidente latinoamericano extraditado a su país de origen para rendir
cuentas de sus actos. El primero fue Pérez Jiménez, dictador venezolano que ejerció el
poder entre 1953 y 1958, extraditado desde los Estados Unidos en 1963 y condenado a prisión,
de la que salió apenas cinco años después, gracias a su elección como senador.
El segundo fue General García Meza, jefe de gobierno militar en Bolivia—entre 1980 y 1981—extraditado
desde el Brasil bajo los cargos de asesinato, genocidio y corrupción, en 1995. Fue condenado
a 30 años de prisión, sin derecho indulto, los que viene cumpliendo actualmente en Bolivia.
El tercero es Fujimori, que enfrentará acusaciones que podrían implicar condenas a 35
años de prisión, en los casos de derechos humanos, aunque la legislación peruana
no acumula penas sino que obliga al sentenciado a cumplir la pena mas alta de las que recibe.
Pero, la lista de expresidentes sometidos a demandas de extradición, es larga en América
Latina. Hoy están pendientes los casos de Sánchez de Losada (dos veces presidente boliviano
1993-1997 y 2002-2003) acusado de genocidio y la responsabilidad de la muerte en de 63 personas en
su segunda gestión. Venezuela reclama también a Carlos Andrés Pérez (también
presidente en dos ocasiones: 1974-1979 y 1988-1993), acusado de corrupción: así como
a Pedro Carmona, cabeza del golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez. En la lista de
espera está el Gral. Manuel Antonio Noriega cuya extradición demandan tanto Panamá como
Francia después de que cumpliera su condena en los Estados Unidos. Y también a Abdala
Bucaram, ex presidente en Ecuador, dos ex Jefes de Estado de Guatemala (Jorge Serrano y Alfonso Portillo),
así como Raoul Cedras de Haití. También esta el caso de Bordaberry y el ex canciller
Blanco de Uruguay, por crímenes de derechos humanos.
Vale la pena recordar que varias solicitudes de extradición resultaron infructuosos en años
y décadas anteriores, bajo el argumento de la protección o asilo a perseguidos políticos
(institucionalizada en América Latina), aunque los cargos hicieran referencia a hechos de corrupción,
delitos contra los derechos humanos o inclusive, actos de terrorismo. Tal es el caso de la extradición,
solicitada a Chile, de ex presidente argentino Menem por corrupción, que fue denegada, así como
las extradiciones solicitadas en relación a conocidos fujimorista como Calmell del Solar y el
publicista Borobio, residentes también en Chile. Es también notorio—aunque no se trata
de un ex presidente—el caso de Posada Carriles, terrorista responsable del atentado contra un avión
venezolano, en los años 60, que causó la muerte de una delegación deportiva cubana
y de todos los pasajeros del avión, actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica,
que se ha negado a entregarlo para ser procesado por solicitud de Venezuela.
Cabe anotar que, durante el propio gobierno de Fujimori, se intentó procesar al ex presidente
Alan García, a quien se declaró reo contumaz, después de un frustrado intento
de captura. Se le acusaba por cargos de corrupción y violación de derechos humanos, pero
no se dio por dos razones: a) no se le capturó porque fugó, aunque un oficial de las
FFAA de entonces ha declarado hace poco que fue a advertirle del operativo por orden de Montesinos,
y, b) porque se asiló en Colombia, y se daba una efectiva falta de autoridad política
y credibilidad—en lo que refiere a independencia del Poder Judicial—en el régimen de Fujimori
post autogolpe del 5 de Abril del 1992.
El que la extradición haya tenido lugar es un nuevo síntoma de los cambios en el derecho
internacional en contra de la impunidad, cambios que implican nuevas relaciones entre los espacios
de administración de justicia nacionales e las internacionales (al hacerse universal la persecución
de delitos de lesa humanidad por ejemplo) y la importancia de las convenciones internacionales y de
elementos del derecho internacional que apuntan a eliminar la impunidad en casos de violación
de derechos humanos y de corrupción, a pesar de sus limitaciones en ello.
Sin embargo, hay que resaltar el hecho de que estos procesos de extradición reclaman procesar
a los ex jefes de Estado en sus propios países, a diferencia de los procesos que se han llevado
adelante en los años pasados respeto a gobernantes como Jean Kambanda de Ruanda (condenado a
cadena perpetua), o Charles Taylor, de Liberia, y Milosevic, de Serbia, quienes fueron procesados por
tribunales internacionales y no por los aparatos judiciales de sus propios países.
El hecho de que los ex gobernantes hayan sido entregados para ser procesados en sus propios países,
evidencia—por un lado—un creciente reconocimiento a la realidad jurídica y judicial de los países
solicitantes, así como un giro en la lógica de la diplomacia internacional respecto a
la inmunidad y protección que corresponden a expresidentes y autoridades políticas, especialmente
cuando se trata de casos de violación a los derechos humanos. Ciertamente, desde los 90 se han
dado cambios significativos en esta materia.
Importa enfatizar los nuevos tiempos que pueden estar abriéndose en el escenario internacional,
y latinoamericano especialmente, en relación a las responsabilidades (o accountability) de las
más altas autoridades de gobierno, particularmente cuando se trata de graves violaciones a los
derechos humanos o de evidentes y escandalosos casos de corrupción en la gestión pública.
Lo ocurrido fortalece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la capacidad de incidir en los
temas de derechos humanos que llegan a ser de su conocimiento. Es, sin duda, una institución
que sale fortalecida de este proceso, a la vez que lo ocurrido puede abrir una nueva situación
respecto al tema de derechos humanos en Chile y en el Perú.
Cabe anotar que la sentencia de la CIDH sobre La Cantuta ha servido para que la Corte Suprema de Argentina
declare la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y se estén reabriendo
las causas judiciales a los perpetradores de la época de la Dictadura—el caso de Echecolatz
el más reciente.
La constitución del Tribunal Penal Internacional en Roma, unos años atrás, es
otra expresión de los intentos internacionales de perseguir delitos de lesa humanidad y castigarlos.
A pesar de algunos países que se han negado a suscribir y ratificar el tratado, éste
ha obtenido vigencia internacional. Vale la pena anotar que entre los países que no han ratificado
el Estatuto de Roma en América Latina está Chile y países centroamericanos como
Guatemala y Nicaragua (no han firmado ni ratificado). EEUU no firmó (y reclama sea inaplicable
a sus soldados operando en el mundo, para quienes reclama inmunidad a pesar de los escándalos
en Irak o Afganistán) y la Federación Rusa y el Japón solo han firmado.
Implicancias internas de la extradición de Fujimori en el Perú
Sin duda, resaltan las implicancias políticas . Por delante, la posibilidad de terminar con
la impunidad de crímenes cometidos desde las más altas esferas del poder, que es lo más
significativo, aunque todavía esta pendiente el desenlace final.
Pero hay muchas otras consecuencias de la extradición. Quizás la principal es el cambio
del cuadro político, de la relación entre las fuerzas políticas, y de la relación
con la población. En 2006, las tres principales listas en campaña—García, Lourdes
Flores y Humala—llevaban fujimoristas en diversos espacios. Hoy la cabeza de Fujimori esté en
la picota y su rol "indispensable" en cuestión.
En el corto plazo , afecta la alianza política entre el partido del presidente, el APRA,
y el fujimorismo—que ha constituido un factor de sustento y estabilidad del régimen de García.
Incide, por lo tanto en el bloque en el poder y puede obligar a algunos cambios, como los que se expresan
en distanciamientos relativos entre el APRA y el fujimorismo, y acercamientos entre el APRA y la facción
de UPP que dirige Aldo Estrada.
Por otro lado, es evidente que ha afectado internamente a diversas fuerzas políticas. En el
APRA ha reabierto el debate sobre sus alianzas, pero especialmente, ha remecido al fujimorismo.
Por un lado, ha desenmascarado la supuesta genialidad de Fujimori: no sólo por el desastre
de su decisión de ir a Chile o su estruendoso fracaso de postular al Senado japonés,
sino porque el argumento de que no sabia nada de lo que hacían los militares y de la corrupción
a su alrededor lo ponen en la disyuntiva de ser un idiota o un cómplice y socio.
Por otro lado, ha llevado a los fujimoristas a la agresividad y la desesperación. Estos han
ido desde la justificación al salvaje atentado contra el Monumento del "Ojo que Llora" en
homenaje a los muertos en el época de la violencia, que desembozadamente hizo Martha Chávez
(su ex candidata presidencial), hasta el ridículo del ex ministro y actual congresista Aguinaga
al exigirle al Presidente García amnistiar a Fujimori; lo que es legalmente imposible por los
tratados internacionales suscritos por el Perú y por la sentencia de la Corte Interamericana
sobre el caso Barrios Altos que dejó sin efectos jurídicos las leyes de amnistía
de 1995 en Perú.
También ha acentuado las pugnas internas (como la que expresa Marta Chávez al negar
que el liderazgo lo herede Keiko, la hija de Fujimori) y, lo más dramático para ellos,
es que se ha evidenciado tanto su limitada capacidad de movilización de masas, como el hecho
de que Fujimori no parece más el insustituible campeón del modelo neoliberal que hoy
encuentra otros portavoces.
Por supuesto, el tema ha de poner en la atención pública la forma como actúe
el Poder Judicial el Congreso y el Gobierno, los que estarán bajo escrutinio público.
Ciertamente, valdrá la pena resaltar ahora la importancia que tuvo la fiscalización desde
las comisiones investigadoras del Congreso anterior, así como la labor de procuradores y jueces
anti-corrupción que no se amilanaron a pesar de la campaña de desprestigio y descrédito
que se pretendió sobre esta importante labor.
Adicionalmente, la situación parece haber sido un punto de inflexión en la relación
abierta del fujimorismo con la prensa. Se han abierto ciertas inesperadas distancias con la
prensa más pro fujimorista, de momento, quizás provocadas por la destemplada reacción
de éstos, pero también porque el liderazgo del proyecto neoliberal parece haberse institucionalizado
en sus políticas económicas, primero con Toledo y ahora parece tener una cabeza de recambio
en el propio García. Así, la alianza ha tenido sus pros y contras para el Fujimorismo
al evidenciar que no se trata de un personaje indispensable.
Otro impacto de corto, pero también de mediano plazo, es el papel de las Fuerzas Armadas. Los
casos de La Cantuta y de Barrios Altos vuelven a poner en agenda el tema de la violación de
los derechos humanos por la estrategia antisubversiva aplicada en la lucha contra Sendero Luminoso
y el terrorismo, a la vez que sentará a algunos de sus ex Comandantes en el banquillo de los
acusados con Fujimori. Pero también traerá a colación que grupos paramilitares
como el llamado Grupo Colina—en tanto estructura operativa dentro de los aparatos militares y de inteligencia—ya
existían desde el primer gobierno de García. También que el espionaje telefónico
y la misma presencia de Montesinos en el SIN se dio con García en su primer gobierno.
Ello afecta también a parte del bloque de poder hoy con García: elementos militares
así como a políticos en la más alta gestión del gobierno y a empresarios
vinculados tanto a algunos hechos de corrupción y como a violaciones de derechos humanos (caso
de sus consejeros empresariales como Julio Favre). Finalmente, la situación reaviva procesos
judiciales y acusaciones que tienen pendiente tanto García como Giampietri (como la Matanza
de los Penales, Accomarca, Cayara y otros), actualizando aspectos importantes de su primera gestión
de gobierno. Estos asuntos pueden remover el bloque en el poder y han de implicar un juego de presiones
en el proceso judicial y en la forma como la prensa maneje el proceso.
Hay implicancias de más largo alcance. El desarrollo del proceso a Fujimori ha de afectar
la credibilidad de la ciudadanía en el sistema político y jurídico imperantes,
que se encuentran notoriamente desgastados. Captará atención y estarán sujetos
al escrutinio público. Pero, sobre todo, abrirá una nueva oportunidad para que los peruanos
relean y comprendan la verdadera historia de los 90 y la imposición del modelo autoritario neoliberal,
desnacionalizador y mutilador de los derechos sociales y económicos de las mayorías empobrecidas
y manipuladas con un clientelismo descarado.
El juicio a Fujimori puede evidenciar ante la opinión pública las relaciones que diversos
personajes del mundo empresarial, de los medios de comunicación de masas, de la tecnocracia
y del campo militar mantuvieron con su gestión, y las responsabilidades que asumieron a cambio
de los beneficios que obtuvieron. No olvidemos que Fujimori parece haber recuperado, de manos de Huamán
Azcurra su jefe de interceptación telefónica, varios videos y cintas; y que Montesinos
tiene otras tantas. Si bien para algunos no cabe ampararse en la "colaboración eficaz",
si podrían ampararse en la "confesión sincera" y sus—más limitados—beneficios.
El juicio está abriendo un reacomodo de fuerzas políticas y planteando nuevos retos,
tanto al fujimorismo, como al aprismo y también a aquellos sectores enfrentados a la política
neoliberal que Fujimori impuso al país. Constituye un cambio en el escenario político
que ha de abrir las puertas a redefiniciones y a nuevos posicionamientos de las fuerzas políticas
del país.
Perspectivas del Proceso
El Tribunal que ha de asumir la primera fase del caso, está dirigido por el Dr. San Martín,
de reconocida trayectoria, pero estará sujeto a múltiples presiones. Sin duda, el problema
da en la composición del tribunal que verá a la apelación, en el que podrían
entrar vocales como Robinson González o Villa Stein, de reconocida vinculación con el
fujimorismo, así como otros articulados a la derecha o al APRA. Los fiscales nombrados no han
sido cuestionado por las organizaciones derechos humanos. En lo que refiere a los Procuradores del
Estado, no habrá participación de la procuraduría—en los casos de derechos humanos—pues,
por omisión, la segunda sala penal de la Suprema de Chile no incorporó el delito de desaparición
forzada.
El Poder Judicial Peruano tiene fuerte presencia política conservadora y es visto como un poder
muy corrupto y sujeto a influencias políticas y económicas. De cerca de 1,750 procesados
son pocos los condenados y presos, y son condenas con guantes de seda en muchos casos.
Por ello no hay que permitir que el optimismo apague la vigilancia, ni actuar con excesiva confianza.
Hay que estar vigilantes.
Otro tema que no debe dejarse de lado es la posibilidad de que Fujimori enfrente otras acusaciones,
aparte de las que refieren a los siete casos presentados. Y es que tiene pendiente una posible ampliación
de acusación a presentar ante Chile—ya aprobada por el Consejo de Ministros—que es la demanda
de extradición por la matanza de Lurigancho, lugar en donde se eliminó—desarmados y sin
alzamiento alguno—a diversos dirigentes y elementos acusados de ser Senderistas. Y está en camino,
ante instancias internacionales, el caso de la ejecución de los miembros del Movimiento Revolucionario
Tupamaru que sobrevivieron o se rindieron luego de una operación de rescate en la casa del embajador
japonés en 1997. Finalmente, no se puede olvidar que los casos de derechos humanos no prescriben
y que Fujimori podría ser acusado por cualquiera de los muchos casos pendientes no vistos en
Chile, al terminar su proceso o su condena.
¿El ocaso de la dictadura y una relectura de la historia?
Mientras algunos quieren seguir con el cuento del enorme apoyo a Fujimori, en la opinión pública,
más del 72% ha hecho expreso su acuerdo con la extradición de Fujimori, en las encuestas.
Un 24% se mostró en desacuerdo, en parte porque podría desestabilizar la situación.
Y cerca a un tercio, una parte lo ellos incrédulos de que sea posible hacer justicia, señaló que
Fujimori todavía podría tener futuro político.
Lo que la absoluta mayoría de la población no acepta son los ridículos argumentos
que levanta el fujimorismo: la ignorancia de Fujimori sobre lo que hacía Montesinos, el grupo
Colina y la extendida corrupción en el Estado; y el argumento de que Fujimori sería un
perseguido político. Los fallos de la CIDH y de la Corte Suprema de Chile, en relación
a la extradición, le quitan terreno a esos argumentos, y sobre todo llevan a una relectura de
la historia vivida y de la evidencia ante nuestros ojos.
Las circunstancias actuales dan pie a un debate no sólo jurídico sino también
político sobre el fujimorismo y su herencia para el Perú, sobre el paradigma o modelo
que impuso—y sigue vigente—y la necesidad de cambiarlo para responder al anhelo de un país justo,
soberano, desarrollado, con oportunidades para todos y sin los viejos privilegios que concentran los
grupos de poder económico y sus agentes políticos.
El gobierno cuidará mantener un perfil bajo frente al juicio y evitar hacer evidente compromisos
que impliquen un alto costo político. Mucho dependerá de la forma como se enfoquen los
procesos, de los sectores que aparezcan involucrados, de la reacción que tenga Fujimori, de
las contradicciones que se abran entre la Trinidad que gobernó (Fujimori, Montesinos y Hermoza),
etc.
Y claro, de la forma como reaccione el movimiento social y cómo logre atar la solución
a sus demandas al cambio del modelo económico y político que Fujimori entronizó en
el país. Está abierto pues un terreno de oportunidades. De la forma como las distintas
fuerzas sociales y políticas encaren el proceso, se abrirán distintos desenlaces.
