Hilda Lezama estaba llevando de vuelta a pasajeros, río arriba, hasta el municipio de Ahuas, después de una expedición de pesca en una zona remota de la Costa Mosquito, en Honduras. En la oscuridad que se produce antes del amanecer, podía escuchar los helicópteros zumbando por encima de su cabeza, pero al principio no les dio importancia.
De repente, las balas –disparadas desde helicópteros del Departamento de Estado de Estados Unidos con agentes de la DEA y la policía de Honduras a bordo– le penetraron ambas piernas. “Me tiré al río para que no me volvieran a disparar”, dijo. Se quedó allí, aferrándose a una rama y manteniendo sólo la nariz por encima del agua, para evitar la lluvia de balas.
Más tarde, en conferencia de prensa, Lezama habló por el teléfono celular de su hija desde una cama de hospital en La Ceiba. Con una voz sorprendentemente tranquila para alguien acaba de recibir un disparo, Lezama dijo que nunca imaginó que los helicópteros dispararían sobre su pequeño bote, cuya carga eran pescadores, mujeres y niños.
Lezama fue uno de los afortunados que iban en ese barco la mañana del 11 de mayo.
Juana Jackson y Candelaria Pratt -ambas embarazadas- fueron asesinadas a balazos, junto con Hasked Brooks y Emerson Martínez de 14 años de edad. Otros tres pobladores de Mosquito se encuentran en estado grave.
Los helicópteros del Departamento de Estado llevaban a cabo una operación contra el narcotráfico en conjunto con una unidad de la policía hondureña entrenada por el gobierno de Estados Unidos y un Desplegado Extranjero de Asesoría (FAST, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Control de Drogas. Su versión de la historia es que el barco había recibido un cargamento de droga ilegal desde un pequeño avión que ellos habían seguido en la selva cercana.
¿Por qué no hubo arrestos desde el supuesto avión con droga? Ésa es una de las muchas preguntas abiertas de la historia, junto con los informes contradictorios sobre las confiscaciones y las versiones opuestas de cómo y por qué los habitantes del pueblo fueron asesinados.
Obstruccionismo oficial
El Departamento de Estado se niega hasta el momento a abrir siquiera una investigación sobre el tiroteo. El asesinato de los aparentemente inocentes pobladores de la Costa Mosquito, ha puesto sobre la mesa el debate acerca de la participación indebida en operaciones letales contra mujeres y niños. La ira de los hondureños y las peticiones de organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos han fracasado al ceder al Departamento de Estado esta posición.
Los funcionarios han aplazado todas las inquietudes de los resultados de una investigación del gobierno hondureño que, más de un mes más tarde, no se han presentado. El gobierno de Estados Unidos, las organizaciones internacionales y el presidente de Honduras, Porfirio Lobos, han reconocido públicamente que el sistema judicial hondureño tiene deficiencias graves, por decir lo menos. Especialmente en los casos que requieren una persecución de delitos presuntamente cometidos por agentes del gobierno, la trayectoria deja pocas esperanzas de un resultado justo. La DEA informó que también está investigando.
Las breves declaraciones que hasta la fecha ha hecho la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiskie, y el Departamento de Estado han afirmado que las personas asesinadas eran narcotraficantes que dispararon contra los helicópteros, y no conceden el beneficio de cualquier tipo de investigación.
La negativa del gobierno para lidiar con el incidente no termina ahí. A principios de junio, cuando un grupo contra la violencia hacia las mujeres dirigido por el Premio Nobel Jody Williams y Just Associates pidieron que el Departamento de Estado asegurara atención médica a los heridos como un acto humanitario básico (un joven está a punto de perder el brazo), el Departamento emitió un comunicado que destaca por su crueldad:
“Todos los ciudadanos hondureños tienen derecho a recibir atención a través del sistema de salud pública de Honduras. Puede dirigir preguntas específicas sobre el tratamiento de estas personas al gobierno de Honduras”.
En una llamada telefónica reciente, la hija de Lezama informó que su madre recibe tratamiento para limpiar las heridas dos veces al día y necesitará al menos una operación más. “No sabemos de dónde vamos a obtener el dinero”, dijo. Testigos presenciales informaron a investigadores independientes de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que agentes que hablaban inglés –por lo que asumieron eran estadounidenses– impidieron que los familiares rescataran a sus heridos durante varias horas. Estas investigaciones indican que al menos una de las personas muertas podría haber sido salvada con la respuesta y atención adecuadas cuando los agentes de Estados Unidos ya estaban en tierra.
La masacre de Ahuas es tan sólo el ejemplo más evidente y reciente de otra política exterior de Estados Unidos que funcions terriblemente mal. Algunos dicen que la guerra contra las drogas ha fracasado. Otros sostienen que la guerra contra las drogas está teniendo éxito, pero sólo para servir a un conjunto de intereses diferentes, que no representan los utilizados para justificar los gastos de un billón de dólares. Con más de 50 mil muertos en México y América Central, provocados por la vorágine de la violencia, casi nadie diría que la guerra contra las drogas está funcionando o que la victoria está a la vuelta de la esquina.
En un reconocimiento implícito de las crecientes críticas a la estrategia, los funcionarios del Departamento han intentado vender la idea de una “amable y gentil” guerra contra las drogas. Hacen hincapié en la “suave” ayuda, mientras que en la práctica el componente militar se mantiene en el centro de la estrategia de seguridad, tanto en la Iniciativa Mérida en México, cómo en la Iniciativa de Seguridad Regional de Centro América (CARSI).
Ambas iniciativas utilizan el “modelo estándar Nixon” de una guerra contra las drogas basada en la prohibición y la aplicación. Como se señala en el reporte del 21 de Febrero de 2012 del Servicio de Investigación del Congreso, en CARSI, “el presupuesto para el control de drogas de los Estados Unidos sigue estando en gran medida centrado en programas para la reducción de la oferta en el extranjero y en los esfuerzos nacionales de aplicación leyes”.
En los Estados Unidos, esta estrategia consiste en enviar a millones de jóvenes a la cárcel – en su mayoría pobres, afroamericanos o latinos; en el extranjero, significa la militarización de las tierras – en su mayoría, tierras de pobres, afro-descendientes y pueblos indígenas. Hay un patrón aquí.
La masacre de Ahuas pone al desnudo la ficción de un “nuevo” enfoque y demuestra los costos humanos de la estrategia militar. Con más y más agentes de Estados Unidos y equipo en las líneas del frente, la probabilidad de incidentes mortales similares sólo aumentará.
Los informes preliminares indican que los helicópteros volaron desde la recientemente reinstalada Base de Operaciones El Mocorón, que era una base de operaciones ilegales de Estados Unidos para respaldar a las Fuerzas Contrarias en Nicaragua. Debido a los tiroteos, más fuerzas militares han sido enviadas a la región. Los paralelismos históricos han infundido temor entre los hondureños que sufrieron bajo los regímenes represivos apoyados por el gobierno de Estados Unidos en la década de 1980.
Exigiendo rendición de cuentas
El grupo de derechos humanos en Honduras, COFADEH, ha exigido una investigación completa de la masacre y ayuda a las víctimas. El gobierno de Estados Unidos debe investigar el tiroteo, así como los actos posteriores, incluyendo denuncias de tortura, bloqueo de acceso a la atención médica inmediata, y amenazas a familiares que han protestado contra el trato a los sobrevivientes. Debido a que el personal y equipo que estuvieron directamente involucrados en la masacre son financiados por los contribuyentes, los ciudadanos estadounidenses deben presionar al Congreso y al Departamento de Estado para investigar y asignar responsabilidades.
Como ciudadanos tenemos derecho a saber quién estaba a cargo de esta operación mortal, ¿por qué se tomó la decisión de dar rienda suelta a la fuerza letal contra un barco de pasajeros? y lo que se hará para prevenir la muerte de civiles en el futuro. Se nos dice que la violencia es causada completamente por el crimen organizado. En este caso, los disparos procedían de las fuerzas de seguridad. Como la COFADEH señala, “en medio de la llamada” guerra contra las drogas, las principales víctimas son los pobladores indígenas de Mosquito, entre ellos, mujeres y niños; la entidad principal responsable de estos actos tan graves es el Estado”.
Estas muertes deben ser tratadas con tanta o más importancia que las que resultan de operaciones de los cárteles de droga.
Si los gobiernos de Estados Unidos y Honduras esconden este caso bajo la alfombra, sería una parodia a la justicia y una ofensa a las familias afectadas. Si no nos paramos frente a las organizaciones de derechos humanos en los Estados Unidos y Honduras para exigir que el delito sea investigado a fondo y castigar a los culpables, la guerra contra las drogas entra en una nueva fase de la ignominia.
Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos continúa canalizando cientos de millones de dólares a la confiscación de sustancias prohibidas, en lugar de hacer que la gente esté más segura. No sólo estas políticas no hacen que la gente esté más segura, sino que a menudo terminan matando, mutilando y exiliando a los más pobres y vulnerables. Podemos poner fin a la guerra contra las drogas antes de que la cifra se eleve. Le debemos eso a las víctimas. A personas como Hilda Lezama.
Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas, www.americas.org/es. Contacto: info@americas.org
Traducción por Desinformémonos http://desinformemonos.org/
