No hace mucho, se consideraba a la comunidad de Lomas de Poleo—situada en un alto del desierto—una sección empobrecida y desolada de Ciudad Juárez, México. Poblada por pioneros de clase obrera que habían conseguido trabajo en las plantas ensambladoras, o maquiladoras, de la ciudad limítrofe, Lomas de Poleo era emblemática de la marginación que existía a las orillas de una ciudad construida a partir de la exportación de productos legales e ilegales. Cuando este asentamiento polvoriento y de crecimiento irregular llamaba la atención, era casi siempre por motivos negativos, como a mediados y finales de los 1990, en que se hallaron los cuerpos de por lo menos ocho jóvenes asesinadas tirados en sus inmediaciones.
Ahora, las varias decenas de familias que aún habitan la meseta de Lomas de Poleo se encuentran en el centro de una creciente batalla internacional que podría definir la naturaleza del desarrollo urbano y comunitario en la comarca fronteriza de Paso del Norte que atraviesa Tejas y Nuevo México en Estados Unidos y en Chihuahua en México. Cercados por guardias torvos y torres imponentes que evocan imágenes de la tierra de Mordor concebida por J.R. Tolkien, familias de larga historia están atrapadas en una batalla por la propiedad de cientos de hectáreas de tierra contra los miembros de la familia Zaragoza, uno de los clanes más poderosos de Ciudad Juárez.
Antaño aislados, los habitantes de Lomas de Poleo unidos en resistencia se están ganando el respaldo cada vez mayor de organizaciones internacionales pro derechos humanos; dirigentes políticos de Nuevo México y una multitud de grupos activistas tanto en México como en Estados Unidos. En un vuelco significativo, han unido fuerzas con la organización Paso del Sur, que está luchando contra el proceso de "refinamiento social" del histórico Segundo Barrio Chicano al otro lado de la frontera en El Paso, Tejas.
A ambos lados de la frontera, urbanistas y funcionarios electos se afanan demoliendo viejos edificios, planificando corredores artísticos binacionales y paseos a orillas de río al estilo San Antonio, tratando de atraer parques de atracciones con la esperanza de aferrarse a la fábrica del Siglo 21. "Los residentes están enviando a los empresarios locales y al dinero trasnacional que los pobres de la frontera ya no están dispuestos a permitir la construcción de grandes negocios a costa de su propio exterminio", declara Juan Carlos Martínez, activista del grupo zapatista "La Otra Campaña" en Ciudad Juárez.
Apoyados por un tribunal mexicano, los abogados de los Zaragoza reclaman la tierra alegando su presunta compra en 1963 por Pedro Zaragoza Vizcarra, el padre de los actuales quejosos Pedro y Jorge Zaragoza. Sin embargo los colonos, encabezados por Luis Urbina, solicitaron del Instituto de la Reforma Agraria los títulos de las tierras en 1970. Desde aquel entonces han estado esperando. Los residentes atribuyen los agresivos esfuerzos de la familia Zaragoza por reclamar la propiedad de la comarca, al súbito valor industrial adquirido por la tierra en un corredor de rápido crecimiento en la franja fronteriza entre Chihuahua y Nuevo México. Sus hogares quedan cerca de una planeada entrada internacional en Anapra así como del proyecto de ciudad binacional Jerónimo-Santa Teresa. A Pedro Zaragoza se le designó miembro de la nueva Comisión México-Chihuahua instituida por el ex gobernador de Chihuahua Patricio Martínez y el gobernador de Nuevo México Bill Richardson en 2003, para supervisar proyectos compartidos de desarrollo urbano, turísticos y ecológicos. De ser prácticamente un pedazo de tierra no-deseado , Lomas de Poleo pasó a ser un codiciado bien inmueble.
En Ciudad Juárez, el proyecto Jerónimo-Santa Teresa es controvertido. Muchos dirigentes y activistas comunitarios se oponen a este desarrollo urbano, hacia el cual se desviará el ya escaso suministro de agua y los recursos económicos de la ciudad. En 2005, una campaña por un referendo para sujetar los planes de desarrollo a la aprobación de los votantes de Ciudad Juárez fue desestimada por la Suprema Corte de Justicia de Chihuahua.
En el lado estadounidense, las tierras para el desarrollo están bajo el control de Verde Group, una empresa urbanista fronteriza fundada por el acaudalado negociante William Sanders. En una carta reciente a Kent Evans, presidente de la Comisión del Condado Doña Ana en Nuevo México, el presidente adjunto de Verde Group Realty, Ronald Blankenship, deslindó a la empresa de las controversias en Lomas de Poleo y Jerónimo.
"No existe ninguna relación de coordinación, formal o informal, entre el desarrollo urbano que planea Verde Realty en Santa Teresa y el desarrollo potencial del proyecto de San Jerónimo," escribió Blankenship.
Planeada como una comunidad de 100,000 habitantes, Santa Teresa también se ha vuelto objeto de polémica en el sur de Nuevo México. El año pasado, Verde Realty propuso la creación de un Distrito de Desarrollo con Incremento Fiscal para ayudar a financiar dos nuevos parques industriales y un desarrollo urbano de 5,000 lotes en Santa Teresa. Según esta fórmula, una parte de los impuestos por ventas generados dentro del distrito se destinarían a pagar bonos con valor de $113 millones de dólares, necesarios para financiar el proyecto. La propuesta se empantanó en la Comisión del Condado de Doña Ana, entre críticas de que el público se perjudicaría para beneficiar un desarrollo de la iniciativa privada. En una región que enfrenta prolongados cortes de agua, la dimensión del desarrollo Jerónimo-Santa Teresa, que a la larga podría albergar 500,000 personas, es también motivo de preocupación.
Expulsión de los habitantes locales
El conflicto entre los Zaragoza y los residentes de Lomas de Poleo se intensificó en 2003. Los residentes y sus defensores sostienen que miembros de pandillas callejeras, empleados por los Zaragoza para vigilar el área, son culpables de tres muertes violentas, entre ellas las de dos niños en el incendio de una casa presuntamente iniciado por los vigilantes para presionar a los habitantes a dejar sus hogares.
También se les ha implicado en la quema y arrasamiento de la Iglesia de Jesús de Nazaret, múltiples intentos de destruir otras propiedades, cortes de energía eléctrica y el continuo acoso contra la gente que intenta circular en una comunidad cercada y aislada bajo la observación de patrullas y torres de vigilancia. En una ocasión, un desconocido o desconocidos cubrieron con pintas las cruces que habían sido instaladas para conmemorar los femi ni cidios.
En dos ocasiones el otoño pasado, partidarios forasteros de los habitantes en resistencia, que intentaron entrar a la comunidad para asistir a foros ya planeados, fueron detenidos por guardias armados.
En un caso, "contramanifestantes" organizados, según informes, por un individuo vinculado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibieron como recompensa despensas llenas de productos atractivos. De acuerdo con el grupo defensor de Lomas de Poleo, se oyó a un joven secuaz de los Zaragoza señalar que "sería grandioso disparar algunas balas entre la multitud."
El 20 de febrero de este año, Gustavo de la Rosa Hickerson, investigador de la oficial Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, afirmó haber sido golpeado y detenido contra su voluntad por los guardias de los Zaragoza durante 15 minutos.
En diferentes ocasiones se informó que miembros de la policía municipal de Ciudad Juárez, que actualmente son investigados por el ejército mexicano por presuntas ligas con el narcotráfico y el crimen organizado, presenciaron impávidos cómo los residentes y sus defensores eran intimidados.
Respondiendo a un S.O.S. lanzado al extranjero, una delegación internacional compuesta por observadores de Amnistía Internacional, la Comisión Civil Internacional para la Observación de los Derechos Humanos, el Centro Legal La Raza, el National Lawyers Guild (Gremio Nacional de Abogados) y otros organismos visitaron Paso del Norte a fines de febrero. Durante ocho días, los observadores de derechos humanos recorrieron el área, revisaron documentos y fotografías, hablaron con residentes y sus defensores y entrevistaron a un puñado de funcionarios gubernamentales de niveles medio y bajo. No obstante, les fue imposible reunirse con Pedro y Jorge Zaragoza y con autoridades mexicanas de mayor nivel. En un informe de 20 páginas, la delegación determinó que existía un patrón de acoso contra los residentes.
"La mayor parte de estos actos constituyen violaciones a los derechos civiles y humanos conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Constitución Mexicana", estipuló el informe. Los documentos mencionan violaciones a las garantías de asociación y libertad de expresión, derecho al libre tránsito y a condiciones de vida decorosas, entre otras. La policía se ha mantenido en su papel de testigo impasible de la evolución de estos acontecimientos y hasta el momento no se han presentado denuncias ni entablado acciones penales contra nadie.
Por su proximidad geográfica a proyectos urbanistas fronterizos en Nuevo México, Lomas de Poleo se convirtió en últimas fechas en un asunto político para el lado estadounidense. En 2008, los activistas lograron incluir el conflicto sobre las tierras en la agenda de la Comisión del Condado Doña Ana, la autoridad local que ayuda a regular los desarrollos regionales. Comenzando este año, se presentó a la Comisión del Condado un proyecto de resolución que unía la futura urbanización fronteriza al respeto por los derechos humanos de los colonos de Lomas de Poleo; la eliminación de "la milicia y guardias privados" de la comunidad, y una solución justa al conflicto por la propiedad de las tierras. En una sesión de la Comisión del Condado el 26 de febrero en Las Cruces, Nuevo México, funcionarios electos escucharon los testimonios de primera mano de los habitantes de Lomas de Poleo y del Padre Bill Morton, el sacerdote católico cuya iglesia fue quemada en la acosada comunidad.
Alfredo Piñón, residente en Lomas de Poleo por casi 40 años, relató en esta sesión que había tenido "la desgracia" de presenciar el asesinato de amigos y vecinos.
"Lo más duro es ver a tu amigo asesinado enfrente de ti, o escuchar a dos niños gritar pero no poder hacer nada por ellos", dijo Piñón. Tomando la palabra, El Comisionado Oscar Vázquez-Butler expresó su simpatía con la situación de los residentes. "Tenemos una crisis de derechos humanos en Lomas de Poleo", declaró. "Hay explotación e injusticia contra civiles. Hay una comunidad encerrada con muros de alambre de púas y perros de ataque y bates y pistolas y rifles…"
En otra sesión de la Comisión del Condado dos semanas después, el abogado de los Zaragoza Mario Chacón reiteró el alegato de sus clientes de que el padre de los Zaragoza había comprado legalmente las tierras en 1963. Contradiciendo las quejas de los habitantes sobre la atmósfera de violencia en la comunidad, Chacón sostuvo que la situación "no era así de seria."
La Comisión del Condado Doña Ana aprobó la resolución, y ordenó el traslado de copias al Senador de Nuevo México Jeff Bingaman y otros funcionarios. Citado en el diario Las Cruces Sun-News, el Comisionado del Condado Doña Ana Kent Evans expresó dudas de que la acción de sus colegas lograría un gran efecto. "Podemos expresar nuestra insatisfacción y esperar que nos escuchen, pero eso es todo", declaró Evans.
En una reunión posterior con el Procurador General mexicano Eduardo Medina Mora y el Embajador mexicano ante EEUU Arturo Sarukhan, Bingaman abordó el tema de Lomas de Poleo y entregó a ambos funcionarios federales la resolución emitida por la Comisión del Condado Doña Ana.
"Me satisface haber podido poner este asunto a consideración del Procurador General mexicano y que él se haya comprometido a examinar la situación", dijo el Senador Bingaman en un comunicado de prensa.
Hasta ahora no se ha alcanzado acuerdo alguno entre la resistencia en Lomas de Poleo y los Zaragoza. Mientras tanto, los demás habitantes de Ciudad Juárez están experimentando un poco de lo que ha sido la vida en Lomas de Poleo. Desde que inició este año, tiroteos por tierras entre pandillas, niveles nunca antes vistos de ejecuciones relacionadas con el narcotráfico y el descubrimiento de fosas comunes clandestinas, han sacudido a la ciudad fronteriza, y más mujeres y hombres jóvenes han desaparecido. El 28 de marzo, el ejército mexicano intervino en la competencia sangrienta y salvaje que se libra por el control del lucrativo comercio de drogas en Ciudad Juárez. Armados hasta los dientes, más de 2,000 soldados mexicanos llegaron como parte de la Operación Conjunta Chihuahua del gobierno mexicano y comenzaron a patrullar las calles, deteniendo a los residentes y estableciendo puestos de inspección. El remolineo de helicópteros militares mexicanos acentuaron los sonidos de la guerra en la frontera.
Por mucho tiempo, la vida a la sombra de un estado policiaco ha sido una realidad sórdida y familiar para los habitantes de Lomas de Poleo, una que ha sido convenientemente ignorada por otros en la región de Paso del Norte. Ahora, a medida que se extienden las batallas por el dominio de las tierras y las rutas de las drogas, otros residentes ya sienten el amargo regusto de esa realidad. En este contexto de violencia creciente, la lucha de los colonos de Lomas de Poleo por sus derechos humanos básicos se ha vuelto un ejemplo para el resto de la franja fronteriza.
