Por Talli Nauman
El aniversario de un incendio en el edificio de un reactor de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) dio inicio al primer año del sexenio presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo. Era solo uno de los más recientes accidentes de muchos en las instalaciones nucleares a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), propiedad del gobierno de México. Fue hasta cuatro horas después de la conflagración cuando sonó la alarma, evidenciando faltas de seguridad y cumplimiento con las normas. Como ocurrió con otros dramáticos incidentes anteriores, el público nunca se enteraría de estos errores potencialmente fatales si no fuera por un llanero solitario.
A la sombra de la única planta de energía nuclear en México, el físico Bernardo Salas Mar se encargó de alertar a Sheinbaum sobre la historia de los riesgos aún latentes en la central ubicada en las cercanías del Puerto de Veracruz. Salas Mar libra una batalla por el “átomo pacífico” desde hace unas tres décadas cuando él y cientos más perdieron sus trabajos sindicales en Laguna Verde por evidenciar la corrupción vinculada a los peligros ambientales que emanaban de sus dos reactores.
Sus revelaciones lo convirtieron en un niño prodigio del movimiento antinuclear. Su vigilancia le ganó prominencia tras los colapsos de Three Mile Island (1979) y Chernobyl (1986), mucho antes de que el de Fukushima (2011) reavivara el temor internacional a la generación nuclear. Los jurados de sus pares en todo el mundo aceptan sus presentaciones en foros del extranjero.
Sin embargo, los árbitros de los derechos humanos y laborales a menudo hacen caso omiso de las afirmaciones de Salas sobre la discriminación y acecho que sufre en su cruzada para prevenir un desastre por radiación en la nucleoeléctrica. Mientras tanto, la decrépita planta se mantiene en servicio – como un amago a toda la región de la costa del Golfo de México y más allá.
Salas se queja de que la élite nacional de la industria de energéticos ha ejercido un control absoluto sobre su papel como asesor técnico profesional en un escenario de riesgo inminente. “Vulnerable” es la palabra que usa para describir su situación. “Andan muy enfurecidos y son capaces de afectarme en mi trabajo, a mi familia o a mí personalmente”, admite.
Habiéndose convertido en un experto en el uso de las herramientas del derecho a saber – mismas que la sociedad civil organizada consiguió durante el desarrollo de su carrera –, sigue luchando. A la par, su familia se defiende de las amenazas a la salud y seguridad personal.
Ahora Salas se enfrenta a otro enemigo formidable: una nueva política climática global alentadora a la tecnología de fisión.
La inteligencia medioambiental ha rechazado esta fuente de electricidad por su probada historia de tragedias mortales. Pero ahora las apologistas de la industria nuclear se empeñan en convencer a la clase política de su alternativa preferida. La promueven por su papel percibido en reducir los gases de efecto invernadero emitidos por la combustión.
Generan falsas esperanzas, porque la energía atómica produce un promedio de 23 veces más emisiones por unidad de electricidad generada que, por ejemplo, los parques eólicos terrestres a gran escala. Cuesta cinco veces más instalar la capacidad y tarda entre cinco y diecisiete veces más en ponerse en funcionamiento.
La industria aprieta el puño sobre la gobernanza
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de diciembre de 2023, más de 20 naciones firmaron un acuerdo para triplicar la capacidad de energía nuclear. Durante esas negociaciones en Dubai, declararon que un avivamiento nuclear es fundamental para alcanzar emisiones cero neto.
Su receta – frente a los modelos científicos de supervivencia planetaria cada vez más desalentadores – se alinea con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global. Apostaron a la ayuda de la tecnología experimental de pequeños reactores modulares para evitar llegar más allá del umbral mundial decisivo de la temperatura 1.5 grados Celsius (2.7 Fahrenheit).
Un año después, en la siguiente conferencia sobre el clima celebrada en Bakú, Azerbaiyán, los defensores de la justicia medioambiental se manifestaron al grito de “No bombardeemos el planeta”. Sin embargo, seis países más firmaron el compromiso para promover la energía nuclear.
La Asociación Nuclear Mundial, que representa a la industria de la energía atómica, difundió en septiembre de 2024 el anuncio de que 14 instituciones financieras se habían sumado a la causa. Se trata de Abu Dhabi Commercial Bank, Ares Management, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Brookfield, Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Guggenheim Securities LLC, Morgan Stanley, Rothschild & Co., Segra Capital Management y Société Générale.
¿Qué puede hacer alguien de la disciplina científica encargada de Palacio Nacional?
El 1 de octubre de 2024 tomó posesión como presidenta de México Claudia Sheinbaum, doctora en Ingeniería Energética y ex-jefa de gobierno de la capital del país.
En pos de las políticas de transporte y reforestación de Sheinbaum, la Ciudad de México, otrora descrita como la urbe más contaminada del planeta, llegó a ubicarse por delante de otras 871 ciudades.
Sheinbaum ha colaborado en el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). La serie de Informes de Evaluación del panel fue galardonada en el 2007 con el Premio Nobel de la Paz. En su Grupo de Trabajo III, Sheinbaum descartó la energía nuclear como forma en que la industria podría contribuir a la “Mitigación del Cambio Climático”.
El 20 de noviembre pasado, el Nobel Sustainability Trust le otorgó una Medalla por Contribución Destacada a la Sostenibilidad durante una cumbre en San Francisco, Estados Unidos. La Familia Nobel la reconoció por haber “defendido la sostenibilidad a través de políticas destinadas a reducir el carbono […] al mismo tiempo que alentaba la participación de la comunidad en la toma de decisiones ambientales”.
Como la primera mujer en ascender a Palacio Nacional, subió a la silla presidencial endeudada con el movimiento de mujeres: por ejemplo, con las integrantes del Grupo Antinuclear Madres Veracruzanas, que asistieron a manifestaciones todos los sábados durante más de ocho años para exigir una auditoría de Laguna Verde.
Apenas había ganado las elecciones del 2 de junio de 2024, Salas le solicitó una audiencia para rebatir la recomendación que ella heredó de construir otro reactor durante su mandato de seis años. Respecto a las fallas de Laguna Verde, Salas había advertido a los cuatro presidentes previos a Sheinbaum, entre ellos, el más reciente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Sheinbaum no dio respuesta a la petición ciudadana, entregada el 15 de julio, sino hasta febrero. Mientras, la mayoría de las críticas a su proyecto energético -también heredado- se centran lejos de ahí. Provienen de inversionistas que aspiran a hacerse de una tajada mayor del pastel de la infraestructura pública.
Elegida por la revista Forbes en 2024 como la cuarta persona más influyente del mundo y nominada para persona del año de la revista Time, Sheinbaum sin duda tiene el peso para enfrentarse tanto a ellos como a la aristocracia nuclear. De hecho, México bajo su mando, no ha cedido ante el señorío pro-nuclear global.
Cartas echadas
Sin embargo, un rastreo revela un aumento sigiloso del apoyo federal, no sólo para impulsar Laguna Verde, sino también para la proliferación de pequeños reactores modulares ya contemplada.
El Programa del Sistema Eléctrico Nacional 2024-2038 prevé la construcción de 2 mil 350 MW de capacidad nuclear. Eso duplicaría con creces los 1 mil 620 MW máximos instalados que proporcionó el fabricante General Electric. El pronóstico se basa en la “expectativa de que en el mediano plazo, la integración de tecnología para plantas de energía nuclear de menor capacidad se volverá accesible”. Un megavatio de energía puede iluminar aproximadamente mil hogares.
A finales de su administración, AMLO desestimó las inquietudes de Salas y respaldó el proyecto de un tercer reactor. El 8 de julio de 2024 a pregunta expresa de un periodista “¿Habrá un tercer reactor en Laguna Verde?” AMLO respondió: “Los especialistas lo consideran viable. Aquí se ha hecho esa propuesta”. Sin embargo, dejó la decisión a su sucesor, diciendo “Ella es experta y ella lo tiene que analizar”.
Declaración de AMLO desactiva el interruptor de seguridad
La declaración desactivó un interruptor de seguridad, desatando anhelos reprimidos en la jerarquía pro-nuclear.
Rocío Nahle, quien asumió el cargo de gobernadora de Veracruz el 1 de diciembre pasado, lamentó que los planes para un tercer reactor quedaron en el tintero durante el mandato de AMLO, cuando ella fungió como Secretaria de Energía. Dijo que Laguna Verde “representa energía limpia, constante y barata”. Tocando los nervios ya raídos por el amague, dijo: “Yo soy pro-nuclear, pero espero que Claudia, que además sabe mucho del tema en forma técnica, lo pueda analizar”.
En el mismo mes de julio en que Nahle hizo el pronunciamiento, el ex-gremio de Salas, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), respaldó plenamente la expansión de la central.
El expresidente de la Sociedad Nuclear Mexicana, Gabriel Calleros Micheland, miembro de la Academia de Ingeniería, apoyó la propuesta del gobierno federal de construir un tercer reactor nuclear en Laguna Verde. Habló durante una conferencia de prensa en compañía de representantes de otras organizaciones con ideas afines.
Físico contraataca a la propaganda
La carta que Salas envió a Sheinbaum fue “para exponerle ciertas consideraciones que espero le ayuden a tomar la decisión de instalar o no instalar un tercer reactor en la Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV) o en cualquier otro sitio de la República Mexicana.”
Como físico matemático, pronunció estar “a favor de la energía nuclear para usos pacíficos”. A continuación escribió, “Lamentablemente, los dos reactores nucleares de Laguna Verde no han sido una buena opción, aunque las autoridades, mediante engaños y ocultamiento de información, quieran hacer creer lo contrario”.
Acto seguido, envió una copia a los medios de comunicación de su misiva entregada a mano a la presidencia. Agregó un informe de inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) que mostraba 14 deficiencias en “Aspectos de seguridad de la operación a largo plazo” en la central nucleoeléctrica.
A pesar de la evaluación de la AIEA, los reguladores federales – antes de completar las medidas de reparación prescritas por la agencia – autorizaron continuar operaciones hasta 2055, 30 años después de su fecha de vencimiento.
A solo diez días de haber asumido su mandato, Sheinbaum, en la conferencia de prensa diaria de la presidencia, aseguró a sus electores: “Yo no soy muy pro-nuclear, porque la nuclear también tiene otros impactos ambientales: No emite emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, pero tiene sus riesgos”.
Claridad sobre los riesgos de la energía nuclear
El agua hirviendo que crea el vapor para alimentar las turbinas de Laguna Verde proviene del calor liberado por el bombardeo de neutrones a átomos de uranio, eso en sí mismo no produce emisiones, sin embargo, la energía nuclear depende de una cadena de procesos de contaminación por CO2. Los eslabones son: la extracción de uranio, el refinado del mineral, el transporte de la fuente de combustible, la construcción de la planta, la operación de los generadores de energía de respaldo a base de gas para asegurar una transmisión constante de electricidad, y la combustión térmica para destruir ciertos residuos, así como el aislamiento de los desechos radiactivos.
En cuanto a “sus riesgos”: Los mineros de uranio y los residentes a sotavento o río abajo de las minas – por lo general, en zonas rurales empobrecidas – enfrentan una mayor incidencia de cáncer relacionada con partículas radiactivas y gas radón. Las barras de combustible nuclear consumidas son desechos radiactivos de alta peligrosidad, almacenados en el sitio del reactor.
El gobierno debe mantener y financiar su aislamiento durante al menos 200 mil años, mucho más allá de la vida útil de la central eléctrica. Cuanto más residuos nucleares se acumulen, mayor será el riesgo de fugas radiactivas en el hábitat, que pueden dañar el suministro de agua, los cultivos, el ganado y la vida silvestre, así como a los seres humanos.
Además, promueve la amenaza y el costo asociados con la proliferación de armas, debido a que los desechos contienen la materia prima de bombas atómicas. Igual y abre la posibilidad del colapso de reactor, algo que la producción de energía limpia y renovable evita. Debido a estos “otros impactos ambientales”, dijo Sheinbaum, “por el momento, no tenemos contemplado crecer con energía nuclear”.
Falta de presupuesto, la única que nos salva de más reactores
En un comunicado de prensa del 14 de octubre, Salas felicitó a Sheinbaum “por su sabia decisión de cancelar la construcción del tercer reactor nuclear en la Central Nuclear Laguna Verde, porque los dos reactores actuales están mal operados y constituyen un riesgo para la salud de la población”. Dijo a la Red Mexicana de Periodistas Ambientales que seguiría informando a la Presidenta “de las irregularidades que se siguen presentando”.
Sin embargo, Sheinbaum no quedó de cancelarla. Simplemente dotó al público una respuesta diplomática: Naturalmente, si el tiempo mínimo para construir y activar un reactor es de cinco años, México con toda seguridad no podrá “crecer con” energía nuclear durante sus seis años de mandato. Lo máximo por esperar sería gastar el presupuesto federal en un proyecto poco querido – todo lo contrario.
Salas, en su carta a Sheinbaum, mencionó: “Debe usted saber que, a diferencia de otras centrales generadoras de electricidad, tales como hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas, etc., la CNLV no ha sido inaugurada por ningún presidente de México, debido a la impopularidad de la energía nuclear y a los graves accidentes que han ocurrido a nivel mundial”.
Salas pidió a Sheinbaum revisar las causas por su despido de la central eléctrica, y atribuyó el hecho a su denuncia ante el SUTERM , sobre “la corrupción en contratos y adquisiciones por parte de altas autoridades”. Subrayó, “también señalé el incumplimiento de los compromisos internacionales en materia nuclear y radiológica, porque como mexicano pienso que era mi obligación”.
En busca de reivindicación
En un principio, Salas dijo que ni sus supervisores ni su sindicato apoyaron las propuestas que hizo para resolver los problemas. Presentó quejas en el marco del programa de gestión de calidad total de la central, pero sin resultado.
Fue en el mes de abril de 1996, cuando recurrió al sindicato, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz y a la Organización Internacional del Trabajo.
Salas denunció “irregularidades, […] abuso de poder” y “la prisa con la que se toman decisiones que ponen en riesgo la seguridad, no sólo de los trabajadores, sino de nuestra planta”.
Las demandas legales que presentó se sustentaron con docenas de transacciones espurias sin tener en cuenta el propósito previsto de los monitores de radiación, que es la salud y seguridad de la fuerza laboral. Las afirmaciones también incluían la discriminación contra las mujeres en la fuerza laboral.
En respuesta a las acusaciones hacia la CFE, el gerente de la planta, Rafael Fernández de la Garza, dijo: “Salas está totalmente equivocado. Lo despedimos por flojo. Está desahogando su amargura, atacándonos”.
La CFE despidió a Salas un mes después. “Las razones del despido son que usted cometió faltas de integridad o de honestidad”, explica en una carta dirigida a Salas y adjunta a un documento que niega todas sus acusaciones contra la gerencia.
El Grupo Antinuclear Madres Veracruzanas aprovechó la experiencia del ex-trabajador para reforzar sus propias demandas colectivas de investigación. Sacaron un desplegado en el que preguntaban: “¿Qué más pruebas se necesitan para suspender las obras y auditar la Central Nuclear de Laguna Verde […] tras la denuncia interpuesta por el físico Salas Mar?”
Alejandro Calvillo, entonces coordinador del programa de energía de la organización ambientalista Greenpeace, remató: “Lo de Bernardo confirmó muchas de las cosas que el movimiento antinuclear sostenía”.
Greenpeace ya había apoyado la exigencia de las madres veracruzanas de hacer la auditoría, cuando encabezó una manifestación con su embarcación Moby Dick frente a Laguna Verde, situada a la orilla del estado de Veracruz.
La organización internacional aboga desde entonces por una reforma de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias con el fin de realizar una auditoría objetiva. El organismo regulador tiene que separarse de la Secretaría de Energía, toda vez que la misma dependencia promueve la industria nuclear por medio de la CFE, lo que constituye un conflicto de intereses, según Greenpeace.
Tras su trabajo de 13 años entre los mil empleados de la planta, Salas obtuvo una plaza académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde el año 2000 vigila Laguna Verde a través de su puesto como encargado único del Taller de Análisis Radiológico de Muestras Ambientales en el Laboratorio de Radiología de la Facultad de Ciencias.
Salas reveló casos en su país y en el extranjero
Entre otras cosas, Salas denunció el uso de un incinerador clandestino de residuos radiactivos. Presentó pruebas del fraude de mil millones de dólares de Rafael Fernández de la Garza en la licitación de la sustitución de turbinas. La Secretaría de la Función Pública puso al director de la planta en licencia sin sueldo en 2006. Fernández de la Garza demandó sin éxito a Salas por difamación.
La Agencia Internacional de Energía Atómica publicó los hallazgos de Salas en 2013 sobre unas fisuras en las bombas de chorro de agua de mar de ambas torres de reactor. Salas atribuyó a los empleados el haberle avisado cuando los reactores se apagaron simultáneamente en 2012. La población de Veracruz temía un evento de radiación, mientras las autoridades de la instalación y las agencias reguladoras guardaban silencio.
El investigador atribuyó mérito al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI, después INAI) por ayudarlo a obtener las respuestas que explicaban el episodio y dijo que el público no había estado en peligro. Sin embargo, en su exposición ante el IX Congreso Regional de la Asociación Latinoamericana de Protección Radiológica Internacional en Río de Janeiro, recomendó sacar de operación ambos reactores hasta poder reemplazar las bombas.
En 2014, Salas envió una carta a la Cámara de Diputados, diciendo que se habían acumulado 86 mil toneladas de desechos radiactivos en el sitio. Dado que estaban en almacenes temporales mucho después de la fecha límite para su retiro, pueden escapar al medio ambiente, escribió. “La energía nuclear generada por Laguna Verde no es energía limpia”.
Les recordó un incendio histórico en el Depósito de Residuos Radiactivos Sólidos Secos. Mencionó los frecuentes huracanes de la zona, como Roxanne, cuyos vientos arrancaron el techo de hojalata de un almacén en 1995.
Un informe que Salas obtuvo más tarde de los reguladores de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) citó la falta del tratamiento comprometido internacionalmente de este material peligroso durante 15 años a partir de esa fecha. “No es posible intentar construir más reactores sin resolver antes este problema de los residuos radiactivos”, argumentó.
Cuentos de terror
También en 2014, Salas reveló en el Simposio Internacional sobre Dosimetría del Estado Sólido la pérdida de la cadena de custodia de un emisor de neutrones y un acelerador de partículas. Los instrumentos radiológicos, necesarios para crear reacciones nucleares, desaparecieron cuando la UNAM cerró abruptamente su laboratorio en 2011.
Los dispositivos aparecieron más tarde, pero la Agencia Internacional de Energía Atómica publicó el estudio con el interés de fomentar las mejores prácticas en la cultura de la seguridad nuclear.
Sus solicitudes de la información pública sobre los exámenes para ascensos laborales arrojaron evidencia de certificaciones falsificadas de procedimientos y resultados durante 2015. Esto lo llevó a especular en los medios de comunicación sobre cuánto tiempo ha persistido tal duplicidad.
Algunos de los 150 informantes de Salas dentro de Laguna Verde, que cuentan con él para correr la palabra sobre su seguridad, lo ayudaron a documentar una peligrosa operación no autorizada en un reactor en agosto de 2020. Al realizar trabajos sin los sistemas de respaldo, que se encontraban inhabilitados por mantenimiento, elevaron el estado de amenaza de amarillo a naranja, dijo. Además, se produjeron alertas naranjas cada mes siguiente hasta enero de 2021.
Tanto en noviembre como en enero, el personal tuvo que efectuar una SCRAM, o sea, una parada de emergencia de los reactores. Una evaluación de riesgos que Salas obtuvo y entregó a AMLO, determinó “una gran descarga radiactiva al medio ambiente” con una “probabilidad de un accidente grave”.
Un solo incidente de este tipo podría contaminar la mayor parte del país y parte de Texas, advirtió Salas. La radiación ionizante liberada mataría células vivas, causaría mutaciones, alteraría el ADN, provocaría cáncer y resultaría en la muerte, tanto de seres humanos, como de otros seres vivos.
Sin embargo, ni él ni el Grupo Antinuclear Madres Veracruzanas han podido lograr que la gerencia de la Central cumpla con el requerimiento a la industria y realice los Simulacros de Emergencia, evacuando a la población – tal y como Argentina, por ejemplo, ha hecho 42 veces con su central.
Salas tomó muestras a lo largo de toda la costa del Golfo de México durante tres años. El estudio registró los niveles naturales de elementos radiactivos y de los que pudieran deberse a Laguna Verde. Su equipo encontró productos radiactivos de fisión en las inmediaciones de la Central. Oxford University Press publicó los resultados. La actividad sentó las bases para una prevista “Caracterización radiológica de la República Mexicana”.
Un año después de la alerta de Salas a la Cámara de Diputados, los reguladores federales sancionaron al Departamento de Residuos Radiactivos de Laguna Verde por actuar “de manera irresponsable, indiferente y descuidada”. Se enteraron por una investigación de derecho a la información pública entregada por Salas.
Salas presentó una denuncia ciudadana ante la Secretaría de Medio Ambiente en 2017, cuando la dependencia autorizó la construcción de una instalación de almacenamiento de residuos nucleares sin el estudio de impacto ambiental requerido. Presentó otra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el plan de reclutar a elementos de la Marina mexicana para vigilar a la construcción a pesar del riesgo a su salud. A fines de 2021, la documentación más reciente disponible de alguna solución al problema fue la cancelación de la licitación para un incinerador de residuos.
Salas documentó la insuficiencia de las rutas de evacuación de emergencia alrededor de Laguna Verde, antes y después de la tormenta tropical Barry de 2019, en un esfuerzo por prevenir un desarrollo inmobiliario costero peligroso para los residentes y en contradicción con las pautas de seguridad.
En 2023, Salas informó a sus colegas en Sevilla, en la 7.ª Conferencia Internacional sobre Radiactividad Ambiental, sobre el almacenamiento de barras de combustible gastado fuera del perímetro de seguridad monitoreado de Laguna Verde.
Entre otros carcinógenos, contiene plutonio-239, la materia prima para la fabricación de bombas atómicas, de interés para las organizaciones internacionales preocupadas por la proliferación de armas nucleares, dijo. Está al aire libre y fuera de la doble valla de seguridad que rodea los edificios del reactor, observa. Por lo tanto, “podría considerarse a merced de los terroristas. Este tipo de situación ilustra por qué el proceso de concesión de licencias ha sido cuestionado en los Estados Unidos y en México”.
En 2024, Salas reveló al mundo que varios empleados de Laguna Verde sufrieron sobredosis de radiación durante la recarga de combustible a un reactor y otras actividades. A través de solicitudes de derecho a la información, obtuvo documentación acerca de que los inspectores federales descubrieron que la administración de la planta ocultó la información de la sobredosis. El rastreo de los tramites reveló que la agencia reguladora no suspendió la licencia de operación del reactor por esa violación de las normas.
La 11.ª Conferencia Internacional sobre Áreas de Radiación Ambiental de Alto Nivel lo invitó a Malasia para presentar los hallazgos el pasado 28 y 29 de octubre. Sin embargo, la administración de la UNAM no le permitió representarlos, y mucho menos cooperó con los gastos del viaje. Salas, con sus recursos propios, costeó dichos gastos y presentó su trabajo en Malasia de forma virtual.
Apoyo menguante
Salas contó con el apoyo total de sus empleadores y profesores durante seis años, dijo. “Inicialmente, cuando la UNAM me dio permiso y me apoyaba para presentar mis trabajos de investigación, pude presentarlos en los congresos internacionales organizados por la Agencia Internacional de Protección Radiológica (IRPA) en Huelva, España; Lima, Perú; Austin, Texas (EUA). ), y Acapulco, México, entro otros”.
Pero durante los últimos nueve años, el investigador experimentó una creciente discriminación y acoso laboral, dijo a la autora. Trató de defender su posición presentando un caso ante la CNDH. Después de 50 quejas a la CNDH sin satisfacción, la Comisión declaró que no se demostraba abuso por parte de las autoridades. Entonces Salas presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la ONU. Al respecto, manifestó:
“Debo señalar que el trato discriminatorio y acoso laboral cometido en mi contra en la UNAM no tiene, al parecer, sus orígenes en esta; sino que es debido a mi activismo en favor del medio ambiente y de grupos vulnerables presuntamente afectados por la contaminación radiactiva emitida por la Central Nuclear de Laguna Verde y por manifestar mi preocupación por la manera irresponsable en que se opera dicha central nuclear”.
El intento periodístico de obtener el expediente que languidece en los tribunales de la CIDH no logró resultado, por falta de respuesta de la Fundación Konrad Adenauer, que había ofrecido una oportunidad en 2024 de financiamiento para la investigación de casos en aquella agencia de la ONU.
Condiciones hostiles
Rosaura Ruiz Gutiérrez, bióloga e investigadora, ex Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México nombrada por Sheinbaum mientras era encargada de la ciudad, había puesto en la mira a Salas. Testimonio escrito de un tribunal de apelaciones dentro de la UNAM muestra que ella, mientras actuaba como directora de la Facultad de Ciencias, dijo que deseaba despedirlo y penalizarlo si viajaba a Brasil atendiendo la invitación para presentar sus hallazgos radiológicos.
Ella lo expulsó del lugar de trabajo, no presentó un informe de la cadena de custodia de los instrumentos radiológicos que dejó desatendidos allí, y luego lo culpó por robarlos, afirma la petición de Salas a la CIDH. Negó las solicitudes de Greenpeace para que él hiciera pruebas a los periodistas para detectar las dosis de radiación recibidas mientras informaban sobre la fusión de Fukushima y para que inspeccionara las fuentes de radiación en Hermosillo, Sonora, a raíz de un grupo de muertes por cáncer. Luego canceló prestaciones de salud, agrega la denuncia.
“Trata de someterme intentando matar de hambre a mi familia, por lo que me cancela el 40% de mis ingresos económicos del PRIDE” (Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo), Salas dijo.
Salas ganó un fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para el reintegro a su puesto y el pago de aguinaldo en 2018, mientras Ruiz Gutierrez se desempeñaba como directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Durante las acciones para reinstalarlo en su puesto de trabajo, el abogado de Salas pretendió que fuera liquidado de su puesto, para obtener el 25% de la liquidación, por lo que Salas le perdió la confianza y recurrió a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para que lo representara, pero en cinco ocasiones Salas fue rechazado por esta institución, alegando que estaba bien representado por este abogado.
Mientras Salas buscaba un abogado diferente, Sheinbaum le asignó a Ruiz una nueva dependencia federal: la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI). Salas teme que desde su puesto de Secretaria, Ruiz aún podría obligar a que se cancelara su bono por desempeño.
El año pasado, el sucesor de Ruiz, el director de la Facultad de Ciencias, Víctor Manuel Velázquez Aguilar, le negó su solicitud de viáticos a Malasia, por lo que Salas salió a las calles de la Ciudad de México con la esperanza de crear conciencia sobre su situación y recabar fondos para asistir a la conferencia. No logró reunir el dinero a tiempo para alcanzar a sus colegas en el sudeste asiático. Sin embargo, consiguió un encuentro largamente esperado con el director de la Facultad sobre estos temas.
Salas informó a la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, que la reunión no produjo los resultados deseados. Velázquez insistió: “A la UNAM no le interesan los efectos que Laguna Verde tiene sobre la salud de la población y el medio ambiente; ha reiterado que no debo realizar estudios ambientales sobre Laguna Verde, ni presentar dichos trabajos en congresos internacionales”, reveló Salas.
Esta redacción solicitó por escrito a Velázquez que verificara. El Coordinador de Gestión de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad Universitaria y Seguridad de la UNAM confirmó la recepción de la correspondencia. Velázquez no respondió a la consulta del 4 de noviembre de 2024.
Sin embargo, el 11 de diciembre, efectivamente el último día hábil de la UNAM de 2024, Salas recibió la respuesta de Velázquez a tres solicitudes que presentó al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas a principios de año.
Entre otras cosas, Velázquez decía: “El objetivo primordial de la Facultad de Ciencias es formar profesionales. En este contexto, no es necesario que usted asista a ningún lugar del país a tomar muestras para análisis radiológico, particularmente a los señalados por usted en los alrededores de la Central Nuclear Laguna Verde.” Salas respondió, “Considero que el doctor Velázquez Aguilar comete usurpación de funciones, pues la Facultad de Ciencias no me puede contestar en nombre del rector de la UNAM, por ello, lo consideraré sólo como una opinión si valor alguno del Dr. Velázquez y seguiré esperando la respuesta de la rectoría de la UNAM.
Para colmo, en la carta de la Presidencia de la República, se le dice a Salas que comunique sus quejas sobre el manejo de Laguna Verde a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Referente a sus derechos laborales y seguridad social, la carta se le manda a la misma Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
¿Qué hacer?
Salas concluye: “Considero que mis días están contados en la UNAM, por lo que continuaré prácticamente solo en mi trinchera y les informaré de lo que pase”.
En su solicitud a la CIDH, Salas indica: “La primera forma de contribuir a esta causa es difundir este mensaje entre sus contactos para lograr que este problema sea ampliamente conocido por la sociedad y lograr primeramente que las autoridades de la UNAM cambien de actitud y pasen a ser parte de la solución y dejen de ser parte del problema, como hasta la fecha lo han sido.”
Más detalles sobre cómo ayudar: aquí.
