Paradojas de la democracia en una Argentina que se empobrece aceleradamente 

Por Julia Muriel Dominzain 

En 1983, en plena apertura democrática, el presidente Raúl Alfonsín solía decir: “Con la democracia se vota, se come, se cura y se educa”. Fue la promesa a la que se aferró la sociedad luego de los años de plomo de la más dura dictadura militar: con democracia sostenida, los males se irían yendo. 

El Congreso de la Nacion Argentina aprobó el veto del Presidente Javier Milei al aumento de los Jubilados. Foto: Tomás F. Cuesta
El Congreso de la Nación Argentina aprobó el veto del Presidente Javier Milei al aumento de los Jubilados. Foto: Tomás F. Cuesta

Pero pasaron 40 años y las endiabladas estadísticas conspiran contra esta idea: el país está hundido en una crisis ya demasiado larga, que se come expectativas y materialidades. Durante el primer trimestre del año la pobreza en Argentina alcanzó al 55% de la población y la indigencia al 19%. Consideramos que sin democracia no se puede, pero es claro que sólo con democracia no alcanza. 

La elección por las urnas de Javier Milei, presidente desde fines de 2023, puede interpretarse como una reacción a las condiciones económicas. Con un discurso anti-establishment el liberal-libertario logró captar el descontento de diversos sectores con un discurso “anti casta”. Ahora bien, la casta, según Milei, no son los ricos ni los poderosos, sino aquellos que se habrían beneficiado de un aparato estatal ineficaz, decadente y corrupto. Ellos son, para Milei, los privilegiados responsables del empobrecimiento del conjunto de la sociedad. De esta ecuación resulta que la élite económica mira al Gobierno como aliado.

Milei se hizo famoso yendo a los principales programas de televisión como el columnista excéntrico y exuberante que decía “lo que nadie se animaba a decir”. Un supuesto tipo común, que puteaba con furia y enojo en el prime time. Esa construcción, la del outsider marginal, lo llevó a empatizar desde el hastío con la desesperanza y el enojo que, las elecciones demostraron, permeaba a una mayoría social. “Era uno como nosotros, eso fue lo que me impactó”, cuenta un hombre que fue a ver a Milei cantar al Luna Park a fines de mayo de este año.   

Milei se define como anarcocapitalista y gobierna bajo la premisa de que el Estado no debe intervenir ni para evitar la venta de niños, ni para asegurar la alimentación de todos, ni para limitar a las grandes corporaciones, ni para reducir la brecha de género. Para Milei, el problema es el Estado. Su obsesión es la macroeconomía y así posterga la micro cotidiana.  Su gobierno solo ambiciona con sanear las cuentas públicas, bajar la inflación y que no se le dispare el dólar. Todo el resto no es que no le interese: simplemente considera que cuanto menos Estado haya, mejor. 

Para llegar a donde llegó, sin embargo, precisó de alianzas varias. Por un lado, la fórmula de la centroderecha del conservadurismo más clásico, encabezada por el expresidente Mauricio Macri, decidió incorporarse casi de lleno al gobierno de “La libertad avanza”. Es una decisión estructural para una alianza que se juega su propia supervivencia estratégica: fusionarse – e intentar conducir – la precaria estructura con la que cuenta el presidente o ser un aliado circunstancial a la espera del momento adecuado para saltar del barco e intentar un gobierno propio. Lo cierto es que en las elecciones de 2023 los candidatos de este espacio fueron Patricia Bullrich y Luis Petri y hoy ambos son ministros de Milei. 

Es clave entender la fragilidad institucional del ejecutivo: no tiene ningún gobernador propio y en el parlamento son una minoría marginal. Tal es el grado de dispersión, que hasta está en crisis la relación con la vicepresidenta Victoria Villaruel, quien por su cargo debe presidir el Senado. Ella representa quizá la derecha más clásica dentro del gobierno de Milei desde su negacionismo: ha dicho en muchas oportunidades que no fueron 30 mil los desaparecidos. También ha reivindicado la teoría conocida como “de los dos demonios”, que subestima el concepto de terrorismo de Estado. 

Con perspectiva

¿Qué pasa cuando se rompen todos los acuerdos? ¿Por qué los Estados han perdido capacidad de intervención y poder para satisfacer las demandas de la población? ¿Cuánto explica la creciente concentración económica a nivel global? ¿Qué ocurre cuando, democráticamente, una sociedad vota a un presidente que no defiende la democracia? 

El politólogo Iván Schuliaquer señala que este fenómeno no es exclusivo de Argentina–está presente en diversas naciones. “Los Estados pierden capacidad de intervención porque tienen menos presupuesto y, al mismo tiempo, cada vez se les reclama más”. También señala que la crisis, que la pagan las democracias, tiene que ver con cómo funciona el mercado global. “Hay un proceso de concentración económica que no habíamos visto nunca en la historia mundial y a la vez dinámicas que tienen que ver con la digitalización de nuestras vidas: usamos las mismas plataformas en casi todo el mundo”, explica.

Durante la década de 1980, la mayoría de los países latinoamericanos comenzaron a transitar de regímenes autoritarios a democráticos. Schuliaquer subraya, “Las salidas de las dictaduras traían la promesa de que no solo iba a haber pluralismo político, se terminaba la persecución política, la represión, el asesinato de disidentes o la censura, sino que también se iban a dar ciertas condiciones sociales y económicas que iban a mejorar la vida de la mayoría de la gente”. 

Sin embargo, no todas las promesas se cumplieron. La década de 1980 fue testigo de la crisis de deuda en la región, lo que llevó a muchos países a adoptar reformas neoliberales durante los años 90 que aumentaron la desigualdad y la pobreza. Las expectativas de desarrollo y equidad social chocaron con la realidad de economías inestables y sistemas políticos que no siempre lograron representar efectivamente a sus ciudadanos. 

La globalización y la creciente concentración económica jugaron un papel clave al limitar la capacidad de los Estados para cumplir con las demandas de la población. Las políticas neoliberales priorizaron la liberalización del mercado y la reducción del papel del Estado, lo que llevó a la privatización de servicios públicos esenciales y al desmantelamiento de redes de seguridad social.

“Después sí hubo gobiernos pos-neoliberales y algunos incluso de izquierda, que mejoraron los niveles de vida de sus sociedades. Pero en los últimos ocho o nueve años ya no está esa tendencia a mayor igualdad social, mayor desarrollo, menos pobres”, explica el politólogo. Fue el caldo de cultivo perfecto para que aparecieran outsiders que se presentan como desafiando al status quo: fue el caso de Javier Milei en Argentina. Su discurso anti-establishment y libertario capturó el descontento de diversos sectores, ofreciendo una drástica reducción del papel del Estado en la economía y en la vida social. 

El prometido ajuste llegó. El pequeño detalle (o la gran trampa) es que había prometido que lo pagaría la casta, pero lo está pagando toda la ciudadanía, especialmente la clase baja y media. Durante los primeros meses de su mandato, Milei desmanteló 21 políticas de cuidado de alcance nacional, despidió a casi 30 mil empleados estatales, liberó los precios de alimentos de modo que aumentaron un 25 por ciento sólo en diciembre y dejó de entregar alimentos en 44 mil comedores comunitarios. Muchos de ellos tuvieron que cerrar y otros, cambiar la estrategia y solamente entregar alimentos una vez al día.

Schuliaquer señala que el daño a mediano y largo plazo del gobierno actual. Por ejemplo, una de las bases del pacto democrático en el país era la condena unánime a la última dictadura cívico-militar que terminó con 30 mil desaparecidos, bebés entregados que todavía hoy se buscan y una economía destrozada. “La condena a la dictadura estuvo en la base del pacto democrático en la Argentina. Este es un gobierno que no solo no condena a la última dictadura, sino que dice que la dictadura fue una guerra”, explica. Este mes, diputados libertarios visitaron en prisión a genocidas condenados. 

Según el experto, con Milei llegó la “institucionalización del discurso de deslegitimación, descalificación e insulto y violencia contra los adversarios políticos”. Llama a “los políticos” basuras, se refirió al Congreso como un “nido de ratas”. En otras partes del mundo, figuras como Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil han seguido un patrón similar.

El lenguaje violento y descalificador se convirtió en una característica predominante en la política actual, exacerbada por el uso de las redes sociales. Schuliaquer destaca: “Las redes sociales tienen un sistema que premia a los que hacen más ruido y más escándalo, y a los que insultan.” En cambio, van quedando con menor volumen los esfuerzos de quienes intentan construir un discurso más argumentado, que tiende puentes.

Así, las plataformas digitales han ido amplificando las voces más extremas, recompensando el contenido conflictivo y sensacionalista. La dinámica profundiza la polarización y va degradando, poco a poco, el discurso público y la posibilidad de tener debates constructivos. 

En la era de la post verdad, Javier Milei ha hecho varias afirmaciones falsas que fueron ampliamente difundidas y aceptadas por parte de la población. “Milei dice que hubiera habido 100.000 muertos menos en la pandemia si se libraba a todo el mercado y el Estado no intervenía. Algo que es, por supuesto, mentira”, recuerda Schuliaquer. Cuando los ciudadanos no pueden discernir entre la verdad y la mentira, “es muy difícil recomponer ese debate público y el debate público es lo que hace a una democracia”, dice Schuliaquer.

Las políticas de género en Argentina habían avanzado significativamente en las últimas décadas, con la implementación de programas para combatir la violencia de género y promover la igualdad. Incluso el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) había destacado al país como el que  más acciones con perspectiva de género implementó para aliviar el impacto de la pandemia. 

Sin embargo, bajo la administración de Milei, muchos de estos programas han sido desmantelados. Desde su asunción, ha desarticulado las políticas centrales de género que existían en Argentina y ha estigmatizado constantemente los esfuerzos para promover la igualdad de género: disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cambió el nombre del Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, eliminó el lenguaje inclusivo de la administración pública. Pero no es lo único. Shuliaquer destaca: “Permanentemente estigmatiza todo lo que tiene que ver con proponer cierta igualdad de género o con -al menos- reconocer que hay una desigualdad de género rampante, histórica y fuerte”.

Pensando en el futuro, Schuliaquer dice: “El otro día me crucé con una frase de Karl Popper que se pregunta después de la Segunda Guerra Mundial cómo hacer una democracia. Y él decía: ‘La democracia se basa en la tolerancia con todos menos con los intolerantes’. Para que una democracia o un debate público sea diverso, plural, que acepte las diferencias y trate a los otros como humanos, se necesita la tolerancia con todos, pero también la intolerancia con los intolerantes’”. 

Julia Muriel Dominzain es periodista argentina. Escribe y colabora en diversos medios de Argentina y la región. Fue corresponsal desde Moscú. Trabajó en televisión, participa de documentales, guiona, produce y locuta series podcast. Es colaboradora habitual de MIRA: Feminismos y Democracias.

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