A solo diez días de asumir la presidencia tras ganar un balotaje con 55,7% de los votos, el liberal libertario Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que planteó las “bases para la reconstrucción argentina”. Una semana después envió al Congreso un proyecto al que denominó “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”. Es tan extensa y toca tan variados temas que, mediáticamente, se la conoce como “ley ómnibus”. El Decreto está en vigencia hasta que el Congreso lo trate (salvo algunos artículos que la Justicia suspendió). La ley, por su parte, se debate en la Cámara de Diputados mientras la movilización social no cesa. Entre las dos normas, el Presidente propone ajuste, desregulación económica y financiera, achicamiento del Estado, aumento de pobreza y retroceso en términos de derechos de mujeres, diversidades e infancias.
La moneda está en el aire y, mientras tanto, están en riesgo los derechos de las diversidades, los históricos esfuerzos del país por lograr paridad política, la formación en género para funcionarios y funcionarias del Estado, el cuidado del ambiente, la atención a niños y niñas en sus primeros mil días de vida, y hasta el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Por citar un dato, en las 89 páginas del Decreto de Necesidad y Urgencia la palabra “género” aparece una sola vez. Por citar otro, ni bien asumió, Milei convirtió el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidades en una Subsecretaría que solo se ocupará de la “Protección Contra la Violencia de Género”.
El Presidente propone ajuste, desregulación económica y financiera, achicamiento del Estado, aumento de pobreza y retroceso en términos de derechos de mujeres, diversidades e infancias.
El aborto, conquistado en Argentina en 2020 después de un largo debate público y muchas movilizaciones populares, fue puesto en duda por el partido gobernante durante toda la campaña de manera retórica. Pero ahora se volvió concreto: a principios de febrero, diputados de la coalición de Milei (La Libertad Avanza) presentaron un proyecto para derogar la Ley 27610 y volver a criminalizar la interrupción del embarazo. En paralelo, la titular del Ministerio de Capital Humano firmó acuerdos con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil. Esa organización es presidida por Abel Albino, un reconocido militante antiaborto que hasta se opone al uso de preservativo. Entre otras cosas, ha dicho: “las mujeres deben esforzarse por ofrecer al hombre su virginidad tanto física como moral”.
Primer golpe: formación en género para quienes trabajan en el Estado
Micaela García tenía 21 años cuando salió de un boliche de Gualeguay (provincia de Entre Ríos) y fue secuestrada, violada y asesinada. Fue en 2017. La joven era una militante feminista y, por eso, sus padres decidieron seguir con su legado. Lucharon no por venganza sino por una ley, conocida como Ley Micaela. Establece que sea obligatorio para todas las personas que trabajen en la función pública, en todas sus jerarquías y en los tres poderes, capacitarse en género y violencias contra mujeres y diversidades. Fue una ley de vanguardia que produjo que miles y miles de personas se formaran en esa perspectiva.
La Ley Ómnibus propone reducirla a capacitaciones que solamente se den a quienes trabajen con la temática. Con ello, se perdería el espíritu de la norma, que entiende que la perspectiva de género debe ser transversal. Además, en la ley cambian la expresión “violencia de género” por “violencia familiar y contra la mujer”, dejando por fuera a las diversidades.
Segundo golpe: la ley para cuidar los primeros días
Cuando en 2020 en Argentina se aprobó la Interrupción Voluntaria del Embarazo, también se sancionó la Ley de los Mil Días (Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia). La idea era, justamente, que la elección sobre la planificación familiar no dependiera del nivel socioeconómico y apoyar tanto a quienes decidieran interrumpir el embarazo como a quienes decidieran continuarlo.
Así, la Ley de Mil Días busca asegurar “el acceso a un sistema integral de cuidado, a través de políticas de ingreso, identidad, salud, desarrollo social, educación, protección, género, cultura”. En ella, define los cuidados (actividades para satisfacer nuestras necesidades básicas, como la alimentación, el cuidado de la salud, la educación, la higiene, el descanso, la contención, hacer compras, cocinar y pedir un turno) y destaca que “aún hoy, en la mayoría de los hogares las responsabilidades y tareas de crianza y de cuidado recaen sobre las mujeres”.
A través de concientización y acceso a espacios de cuidado comunitarios, busca distribuir los cuidados con una “participación activa de los varones” para contribuir a la igualdad de géneros. También crea la asignación por cuidado de salud integral (una suma de dinero por cada niño o niña menor de 3 años que la mujer tenga a cargo) y amplía las asignaciones existentes, entre ellas las de embarazo, por hijo o hija, o por adopción. Garantiza el derecho a tener un documento facilitando los mecanismos para quienes no lo hayan tenido al nacer, así como una vida libre de violencias y el cuidado a la salud de la persona gestante.
En el capítulo de la Ley Ómnibus en que el Ejecutivo busca modificar esta ley, donde antes decía “mujeres y personas gestantes”, ahora dice “madres embarazadas”, eliminando de cuajo a las diversidades y con una mirada conservadora sobre la gestación. Además, en vez de plantear el acompañamiento en el cuidado de la salud de la primera infancia como un derecho universal, se aboca solamente a lo que llama “situaciones de vulnerabilidad”. Entre otros cambios, omite el objetivo de “prevenir la violencia” y no figura el principio de “autonomía progresiva” ni el “respeto a la identidad de género de las personas”. Además, habla explícitamente de “los niños desde el momento de su concepción”, algo que choca de frente con los conceptos detrás del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Donde antes decía “mujeres y personas gestantes”, ahora dice “madres embarazadas”, eliminando de cuajo a las diversidades y con una mirada conservadora sobre la gestación.
Tercer golpe: contra la paridad política
Argentina tiene una tradición muy importante en la lucha por la paridad política. En 1946 se convirtió en el séptimo país de la región en lograr que las mujeres tengan derechos políticos. Es decir, derecho a elegir y ser elegidas. En 1991, como el porcentaje de participación femenina en el Congreso recién era del 5%, aprobó la Ley de Cupo que estableció un mínimo de 30% de mujeres en las listas. En 2017 fue el turno de la ley de Paridad de Género que indica la obligatoriedad de ubicar de manera intercalada mujeres y varones, desde el primero al último. El objetivo, históricamente, fue lograr la verdadera igualdad en la posibilidad de acceso a los puestos de poder y así cumplir con lo que dice la Constitución Nacional y la CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer).
Ahora, con la Ley Ómnibus Milei propone dividir al país en 254 circunscripciones que enviarían a un representante cada una. De ese modo, la Ley de Paridad dejaría de poder aplicarse tal como la conocemos. Los avances, como el logro de tener 47% de mujeres en el Congreso, se podrían desvanecer en pocas elecciones.
Cuarto golpe: el retroceso en la lucha contra la discriminación
En el artículo 348 de la Ley Ómnibus se proponía derogar la Ley 24.515 que creó luego de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), un organismo que lleva adelante diferentes políticas para hacer que la sociedad sea cada vez más diversa e igualitaria. En un estudio que realizó el organismo en 2022, identificaron que el 72 por ciento de las personas, alguna vez se sintieron discriminadas, ya sea en lo educativo, en el ambiente laboral, o incluso en la vía pública. En un comunicado, la Federación Argentina LGBT+ repudió la propuesta: “El cierre del INADI va en contra del respeto a la diversidad y a la libertad en nuestro país. No se puede ser libre si la respuesta a la libertad es la violencia y la discriminación. Y es el Estado quien debe velar por esa libertad”. A mitad de febrero, el vocero presidencial anunció que lo cerraría de forma unilateral: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el INADI”, dijo en durante la conferencia de prensa habitual desde la Casa de Gobierno.
También está en riesgo la Defensoría del Público que, entre otras cuestiones, se ha ocupado de defender a las audiencias y de realizar recomendaciones para las coberturas de género y aquellas vinculadas a lo ambiental.
Quinto golpe: contra la protección de las Tierras, glaciares y bosques
Milei también quiere cambiar la Ley de Bosques, que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos.
En el DNU que firmó Milei se deroga la Ley conocida como “Ley de Tierras”, que ponía límites al dominio extranjero y prohibía la titularidad o posesión privada de tierras ribereñas y de zonas de seguridad de frontera. Según el Presidente, la quiere modificar para incentivar inversiones. En un comunicado, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), indicaron: “Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez, esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables. Comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera”.
Milei también quiere cambiar la Ley de Bosques, que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Desde diversas organizaciones de derechos humanos, como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) denunciaron “preocupación por las maniobras que realizan empresas mineras transnacionales en el Congreso durante el tratamiento de la ley ómnibus para modificar la Ley de Glaciares.” Esa norma busca cuidar los glaciares de contaminación y explotación, dado que son bienes naturales estratégicos para preservar la vida.
Sexto golpe: desmantelar los programas contra el hambre y los derechos laborales
Otra de las cuestiones que plantea el DNU es eliminar las multas a quienes no registren a sus trabajadores o trabajadoras. Teniendo en cuenta que más del 90% de las trabajadoras de casas particulares son mujeres y que el 70% se encuentra en la informalidad, la decisión no hará otra cosa que continuar la tendencia a la feminización de la pobreza.
Además, en Argentina hay más de 70.000 cocineras de comedores comunitarios, una respuesta de emergencia a las crisis económicas en Argentina. Durante la pandemia la organización La Poderosa presentó un proyecto de ley para que se reconociera su labor simbólica y económicamente. Se conoció como la Ley Ramona. Hoy, lejos de eso, el país se enfrenta a lo contrario: ni son reconocidas ni tampoco reciben los alimentos que necesitan. La situación es compleja en un país en el que, según un informe de UNICEF de principios de 2023, más de la mitad (51,5%) de niñas, niños y adolescentes viven en hogares que no pueden comprar la canasta básica. Y un dato peor: 13,2% vive en hogares indigentes.
Ya hubo varias manifestaciones pidiendo que los comedores reciban los alimentos. Incluso la Iglesia Católica, a través de un comunicado de Cáritas, le solicitó al Gobierno que regularice el abastecimiento. Hace pocos días, ocurrió algo singular. La Ministra de Capital Humano, frente a los referentes que protestaban, dijo: “Chicos, ¿ustedes tienen hambre? Vengan de a uno. Voy a anotar el DNI, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente”. Dicho y hecho, creatividad popular mediante, el día siguiente varias organizaciones hicieron cola, uno por uno. La fila tenía 30 cuadras.
Ante el golpeteo de la derecha en Argentina que amenaza los derechos de mujeres, disidencias, trabajadores, trabajadoras y otras poblaciones históricamente vulneradas, la sociedad civil, los movimientos feministas y organizaciones internacionales están preparando sus respuestas. A fines de enero, la Confederación General de Trabajadores hizo su primer paro nacional, tal vez el más rápido desde que asumió un gobierno del que se tenga memoria. Tuvo una gran aceptación y movilizó a decenas de miles de personas. A mitad de febrero también hubo una masiva movilización por la emergencia alimentaria. Las organizaciones que nuclean a los trabajadores y trabajadoras ya piensan en un segundo. El 21 de febrero hubo paro de trenes y es posible que, si en los próximos días el Gobierno no reacciona, habrá paros en hospitales y escuelas.
Julia Muriel Dominzain es periodista argentina. Escribe y colabora en diversos medios de Argentina y la región. Fue corresponsal desde Moscú. Trabajó en televisión, participa de documentales, guiona, produce y locuta series podcast. Es colaboradora habitual de MIRA: Feminismos y Democracias.
