Por: Carmen Rodríguez
Las lucientes imágenes de las concursantes y la algarabía que provocó el certamen entre los salvadoreños opacó las denuncias de violaciones a derechos humanos.
En 1975 la edición 24 del Miss Universo opacó las noticias de las masacres y asesinatos ejecutados por la dictadura militar que ocurrían en El Salvador bajo la dictadura militar. En 2023, 47 años después, la historia se repite.
Las imágenes de las playas salvadoreñas y de los sitios turísticos remodelados para la edición 72 del concurso opacaron las crecientes denuncias de abusos de autoridad, asesinatos en las cárceles y los casos de corrupción. Según dijo la embajadora salvadoreña en Estados Unidos, Milena Mayorga, el gobierno gastó $100,000,000 de dólares estadounidenses para que el país fuera la sede del concurso.
El glamur del concurso de belleza internacional, este año con las candidatas trans, y la coronación de la también centroamericana Sheynnis Pallacios de Nicaragua fueron eventos mediáticos que sirvieron para ocultar la nueva dictadura que se está consolidando en el país. Los medios prestaron poca atención a las manifestaciones fuera de la lujosa gala, en que cientos de personas marcharon y acusaron al gobierno de “maquillar” la situación del país, llevando pancartas que anunciaban los títulos de “Miss Presas Políticas”, “Miss Capturada” y “Miss Torturada”, en referencia a los derechos humanos violados en el contexto de la política de seguridad de Bukele.
El certamen se realizó tres meses antes de las próximas elecciones: el 4 de febrero del 2024. Dos semanas antes, Nayib Bukele inscribió su candidatura a la presidencia, en contra de la prohibición de períodos continuos que establece la Constitución de El Salvador.
Bukele aprovechó el momento para aparecer en el escenario unos minutos antes de la coronación y hablar del régimen de excepción, expuesto, como en todos sus discursos, como la gran estrategia de seguridad con la que recuperó al país de la violencia.
Pan y circo: desde 1975 al 2023
El concurso Miss Universo de 1975 ocurrió el 19 de julio, 11 días antes de que el Ejército masacrara a cientos de estudiantes universitarios que protestaban en contra de la dictadura militar bajo la presidencia de Romero Mena.
Entonces,The New York Times reportó que mientras se desarrollaba el evento, los militares reprimían las protestas de los salvadoreños que también mostraban su descontento por el gasto de $1,000,000 de fondos públicos para el concurso.
En 2023, miles de manifestantes intentaron tomarse las calles cercanas a las sedes del concurso y fueron reprimidos por agentes de fuerzas especiales, soldados y vehículos militares. Sin embargo, la atención de la prensa internacional y de las y los salvadoreños que viven adentro y afuera de su país se centraron en una sola cosa: el concurso de Miss Universo.
Las concursantes usaban mercancía promocional de la reelección de Bukele, prohibido por la Constitución, y aparecieron en cuanta propaganda gubernamental se difundió para mostrar “la nueva imagen” de El Salvador. En su discurso en la coronación televisada, Bukele promocionó sus políticas y su gobierno, e intentó ensalzar su imagen de autoritario desde antes de ganar la crítica a nivel global cuando se tomó por la fuerza la Asamblea Legislativa en febrero de 2020.
Democracia en declive
Bukele anunció que participará en las elecciones presidenciales de 2024 para reelegirse para otro periodo de cinco años, el 15 de septiembre pasado. Un mes después, en octubre, y bajo una extensión del período extraordinario de inscripciones extraordinarias que hizo el TSE presentó la inscripción de su candidatura.
Hace una semana la Asamblea Legislativa, controlada por los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), le aprobó a Bukele una licencia de su cargo para que pueda dedicarse a la campaña, pese a que la propaganda a favor de la reelección ha estado activada desde antes de estos anuncios.
Esa licencia de seis meses, es una jugada bien calculada por Bukele. El artículo 152 de la Constitución establece que “no puede optar a la presidencia quien haya desempeñado la Presidencia de la República, por más de seis meses consecutivos o no, durante el período inmediato anterior o durante los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.
Sin embargo, en septiembre pasado, los magistrados impuestos por los diputados oficialistas, publicaron en las redes sociales una resolución especial, que permite al presidente participar en la contienda electoral, en el período consecutivo, “si el pueblo lo elige”.
Hecha a la medida, la sentencia también afirma que para poder participar en los comicios, el presidente debe solicitar una licencia a la Asamblea Legislativa seis meses antes del inicio del nuevo período presidencial. Y en el mismo documento, los magistrados ordenaron al TSE cumplir con la sentencia que, además, permite que “una persona que ejerza la Presidencia y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por segunda ocasión”.
El 3 de noviembre, pese a que dos partidos políticos, un ciudadano y dos abogados habían presentado recursos de nulidad en contra de la candidatura de Bukele, el TSE dio luz verde a la candidatura inconstitucional de Bukele.
Con una candidatura cuestionada, y unas instituciones democráticas controladas, el proceso electoral se arranca en condiciones precarias. La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), publicada menos de un mes después del concurso, reveló que el 51.6% de los salvadoreños desconfían del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo cual llama la atención a pocos meses de las elecciones, siendo esta institución la encargada de llevarlas a cabo.
La encuesta también mostró que el 31.5% de las personas encuestadas creen que habrá un fraude en las próximas elecciones. Sin embargo, siete de cada diez salvadoreños expresaron estar de acuerdo con que Bukele participe en las elecciones, aún cuando está prohibido por la ley y la Constitución.
VIolaciones a los derechos humanos
Desde que el bukelato instaló el régimen de excepción como medida insignia de seguridad en febrero de 2022, las organizaciones de derechos humanos han documentado graves abusos cometidos por miembros de los cuerpos de seguridad formados por la policía y los militares, tales como las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones, torturas y maltrato.
De acuerdo con datos de Cristosal, 213 personas encarceladas murieron bajo la custodia del Estado desde que inició el régimen de excepción. Los datos han sido recabados por las organizaciones entre las familias afectadas y de acuerdo con la información obtenida, las causas de estas muertes son “homicidios, negligencia y falta de atención médica”.
Según Amnistía Internacional, frente a este panorama, El Salvador podría estar llegando a una de sus peores crisis de derechos humanos desde que el conflicto armado llegó a su fin en 1992. Las organizaciones también señalan que hay por lo menos unas 5,000 personas detenidas, que no tienen ninguna relación con pandillas, ni con el crimen organizado o que tampoco están vinculadas a hechos delictivos. Y aunque los niveles de pobreza aumentaron con el sello de la política punitiva y de persecución a cualquier voz disidente que caracteriza al gobierno de Bukele, muchos salvadoreños aprueban la reelección.
En contra de todas las críticas y entre voces que anuncian un fraude electoral ya orquestado, Bukele consolida su poder. Sin oposición capaz de competir con la imagen del populista, con el apoyo de empresarios que juegan el juego político del bukelato y con el silencio de Estados Unidos, la reelección ilegal está a la vuelta de la esquina.
Carmen Rodríguez es periodista y corresponsal de noticias en Estados Unidos para América Latina con 13 años de experiencia en periodismo multimedia, comunicaciones y producción de contenidos informativos. Se especializa en Política Exterior de EE.UU. con énfasis en Centroamérica y Migración.
