La Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza el caso de Beatriz, una joven a la que el Estado de El Salvador negó la posibilidad de interrumpir su embarazo porque su vida estaba en riesgo.
Por Carmen Rodríguez
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene en sus manos desde marzo pasado el caso de Beatriz, una joven a la que el Estado de El Salvador le negó, en 2013, la interrupción de su embarazo. Los médicos indicaron entonces que la gestación era insostenible, que la vida de la madre corría peligro y que el bebé era encefálico.
Según detalló el periódico El País, de España, la madre de Beatriz dijo durante la audiencia inicial en la CIDH, que su hija fue diagnosticada con lupus cuando estaba embarazada de su primer hijo en 2011. Beatriz no solo tenía lupus. Durante su segundo embarazo fue diagnosticada con daños renales y artritis. Los médicos no podían interrumpir el embarazo a pesar del riesgo que este representaba para la joven. Pero había algo más: el bebé se gestaba sin cráneo, sin cerebro y con una malformación congénita.
En mayo, cuando Beatriz tenía diez semanas de embarazo, la Corte Suprema Salvadoreña (CJS) rechazó la solicitud de la interrupción del embarazo que había hecho la joven semanas antes, argumentando que “los derechos de la madre no prevalecen” sobre los derechos del niño. Los magistrados de la Corte salvadoreña negaron la solicitud porque, según la resolución, los médicos debían usar todas las herramientas a su alcance para garantizar la protección de la vida del bebé. También argumentaron que el peligro que representaba la situación de salud de la joven, complicada por el embarazo, no era inminente, sino a futuro.
La CIDH intervino e instó al Estado Salvadoreño a que permitiera la terminación del embarazo.
La CJS accedió y permitió que la joven fuera intervenida mediante una cesárea, 81 días después de haber recibido la solicitud. El bebé murió cinco horas después. Según la Colectiva Feminista de El Salvador, como consecuencia de esta intervención, que fue “una operación más invasiva de lo requerido inicialmente”, la salud de Beatriz se fue deteriorando. Cuatro años después, en 2017, la joven al no recuperarse de un accidente de tránsito.
Su familia y las organizaciones feministas que acompañaron el caso llevaron la queja hasta la CIDH en busca de justicia y para evitar, como dijo la madre de la joven, que otras mujeres sufrieran lo que su hija sufrió. En un documento oficial del caso de Beatriz, la CIDH señaló que la solicitud de responsabilidad internacional del Estado Salvadoreño se basa en el hecho de que “confluyeron múltiples factores en la vulnerabilidad y en el riesgo de discriminación asociados a la condición de mujer joven y de persona en situación de pobreza” de Beatriz. Actualmente, la familia de Beatriz, sus abogados y la representación del Estado Salvadore, están esperando que se emita sentencia.
Ley punitiva
En 2021, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que, desde hace más de 20 años, El Salvador tiene una de las leyes de aborto “más restrictivas en todo el mundo” y que la mayoría de las mujeres procesadas por este delito provienen de sectores de pocos recursos. El Salvador es uno de los cuatro países de Centroamérica y del Caribe con penas más duras para mujeres acusadas de aborto. Es, además, el único de los cuatro países de Centroamérica que criminaliza con condenas de hasta 50 años de cárcel por homicidio a las mujeres procesadas por aborto. Según esta Oficina “la prohibición absoluta del aborto viola los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
El proceso en el triste caso de Beatriz ha puesto en evidencia las consecuencias y el impacto que tiene en las vidas de las mujeres salvadoreñas y de las familias de bajos recursos, una ley antiaborto que castiga fuertemente hasta un aborto espontáneo. De acuerdo con las organizaciones feministas, esta ley punitiva “ha dado lugar a una práctica sistemática de discriminación contra mujeres que sufren emergencias obstétricas, o pérdidas del embarazo por complicaciones, lo que constituye un trato cruel e inhumano”.
La demanda de la familia de Beatriz a la CIDH representa una esperanza para las organizaciones feministas y las mujeres progresistas en el país centroamericano, pero el panorama en el contexto sociopolítico que vive el país no es igual de esperanzador. A nivel político, el aborto sigue siendo un tema en el que no caben ni la apertura a la discusión, ni la tolerancia. Pocos días después de que la CIDH iniciara la audiencia en el caso Beatriz, el presidente salvadoreño Nayib Bukele cambió radicalmente la postura abierta al tema del aborto que mostró durante la campaña electoral.
Estos cambios en las posturas del presidente han sido notorios en el tema sobre la política de género, o de inclusión de derechos de la comunidad LGBTQ+, péro respeto al aborto Bukele fue de aceptar la posibilidad de que se de un aborto cuando la vida de la madre corre peligro, a una postura ultraconservadora que condena y califica un aborto como un delito.
El caso de Beatriz en la CIDH
Con la demanda ante la CIDH, la familia de Beatriz y la Colectiva Feminista esperan que el Estado Salvador reconozca que violentó los derechos humanos de la joven y que hay una afectación directa social y económica a la familia. También exigen que el Estado Salvadoreño reconozca que se necesita en el país un cambio en las políticas de salud reproductiva.
La CIDH celebró la primera audiencia entre el 22 y 23 de marzo y ell 10 de abril cerró el plazo para que ambas partes, la demandante y la demandada, presentaran sus pruebas de cargos y testigos.
Morena Herrera, una referente y activista en la lucha por los derechos de las mujeres, explicó a Mira que las organizaciones litigantes y de mujeres están analizando los testimonios y pruebas, que se presentaron en la Corte Interamericana. Herrera apuntó que entre los organismos que acompañan la demanda se percibe que en este proceso hay más elementos a favor de Beatriz, que a favor del Estado Salvadoreño. Sin embargo, no hay claridad de cuándo la CIDH pueda emitir una resolución.
Herrera opina que la audiencia reveló la situación real sobre el tema del aborto en El Salvador. En su testimonio, el médico explicó en detalle el riesgo a la salud de la madre y la condición del feto.
“El gobierno sacó un comunicado, que no dice mucho pero que plantea que no cambia la legislación, no es un comunicado especialmente beligerante y nos alegra que sea así. Pero lo que se reflejó en la audiencia es que hay una alianza entre el gobierno con sectores conservadores”, dijo Herrera. Aunque la CIDH falle a favor de Beatriz y su familia, El Salvador no está obligado a cambiar la legislación con respecto a las condenas en contra de mujeres que son acusadas por sufrir un aborto.
Herrera señaló que existe una campaña orquestada por una organización de la derecha cristiana denominada “Global Center for Human Rights” que tiene como objetivo atacar y desacreditar los planteamientos que se han hecho sobre el caso de Beatriz, y restar importancia a los testimonios de la madre de la joven y del médico que la atendió, para negar el sustento de la demanda. “También están tergiversando lo que planteamos las organizaciones representantes y atacando a la Corte Interamericana, adelantando criterios. Esto nos preocupa porque es amenazar al sistema interamericano de derechos humanos”, señaló Herrera.
Las organizaciones feministas salvadoreñas consideran que estas acciones están vinculadas a grupos ultraconservadores salvadoreños que tienen conexiones directas con organizaciones antiaborto en Estado Unidos, que manejan el concepto “no queremos un siguiente Roe”, haciendo referencia el caso Roe v. Wade.
“Mientras Nuevas Ideas (el partido oficialista) sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe ni la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvador. Defendemos la vida por sobre todas las cosas. Vamos a respetar lo que dice la Constitución, no lo que quieran imponer desde el extranjero algunas organizaciones”.
Así, el presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro, hombre de confianza de Bukele, se expresó pocas horas después de que se instaló la audiencia del caso Beatriz en la CIDH. Como es costumbre los diputados oficialistas replicaron el mensaje y seguido a estos comentarios se sumaron otros muy similares del resto de la bancada oficialista y de sus diputadas. Una narrativa común es atribuir la defensa de los derechos reproductivos y sexuales a grupos externos. “Ninguna resolución internacional puede sobrepasar. Por más que lo deseen las agendas internacionales, en El Salvador NO es legal”, escribió en redes sociales la diputada Marcela Pineda.
El Caso Manuela
El caso de Beatriz no es el único caso que ha cuestionado la politica antiaborto del gobierno de El Salvador frente a la Corte Interamericana. En 2021, la misma Corte condenó al Estado salvadoreño por la criminalización que sufrió Manuela, una mujer que pidió asistencia de salud en medio de una emergencia obstétrica en 2008. El parte médico concluyó que Manuela sufrió una preeclampsia grave postparto, que se complicó por una anemia. Manuela sufrió un parto extrahospitalario.
Pero la doctora que atendió a la mujer reportó a las autoridades el ingreso de Manuela como una sospecha de aborto. El mismo año que ocurrió el incidente, Manuela fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado. Manuela murió de cáncer en la cárcel mientras pagaba la sentencia de 30 años de prisión a la que fue condenada.
Tras conocer el caso, la CIDH falló a favor de Manuela y requirió un reconocimiento público de la violacion de sus derechos por parte del gobierno de El Salvador y reparación de los daños a sus hijos. El Estado ha mostrado disposición para cumplir con la reparación de los daños, pero no ha reconocido públicamente la violación a los derechos que sufrió Manuela ni planea cumplir conla recomendación de la CIDH de incluir educación integral en sexualidad en las escuelas salvadoreñas.
“El año pasado hubo una reacción de parte de los grupos conservadores por un video que transmitía el Instituto de Formación Docente al respecto. Esto nos demostró que el gobierno es muy susceptible al reclamo y a la presión de los grupos conservadores. Un grupo de padres y madres católicos, presionaron y rápidamente el gobierno retiró todo el material de educación en sexualidad de todo el sistema educativo”, aseguró Herrera.
El endurecimiento de la posición de Bukele y su partido, impulsado por grupos de la ultraderecha internacional, muestra que el tema del aborto está retrocediendo en El Salvador.
Fotos cortesía Colectiva Feminista El Salvador
Carmen Rodríguez es periodista y corresponsal de noticias en Estados Unidos para América Latina con 13 años de experiencia en periodismo multimedia, comunicaciones y producción de contenidos informativos. Se especializa en Política Exterior de EE.UU. con énfasis en Centroamérica y Migración.
