El mejor diagnóstico de lo que sucedió en las pasadas elecciones presidenciales en México lo aporta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al responder a las impugnaciones presentadas por la Coalición por el Bien de Todos: intervención indebida del Presidente de la República, ilegal campaña de miedo contra López Obrador por parte de organismos empresariales y algunas organizaciones civiles; campaña calumniosa de las televisoras nacionales. Todo esto que el Tribunal señala pero, asombrosamente, no reconoce como base para la anulación de los comicios, está ahora a la base de la crisis política y la involución democrática que este país está viviendo ahora.
La alternancia engarrotada
Este es el mejor término para expresar la situación política de México en estos momentos. A nivel federal y a nivel estatal, hay indicadores muy claros que el proceso de alternancia en el poder, iniciado en la Presidencia de la República en 2000 y en las gubernaturas de los estados en 1989, está atorado, bloqueado.
Las instituciones quedaron muy cortas. Todo el entramado, normativo e institucional, conseguido por la sociedad mexicana y los partidos políticos como instrumento básico de la transición a la democracia, crujió en las elecciones presidenciales de este año. Tanto el Instituto Federal Electoral (IFE), como el TEPJF resultaron insuficientes para el tamaño del desafío que les presentaron unas elecciones altamente competidas y con la intervención ilegal o paralegal de los grandes poderes económicos y de los poderes fácticos que dominan este país.
La torpeza del IFE, sobre todo en las tareas del cómputo de votos y antes en la enorme tibieza e impotencia para detener la guerra sucia contra López Obrador, dispara muchas dudas sobre su imparcialidad y capacidad de conducción. Por otra parte, la resolución del Tribunal, reconociendo irregularidades pero asentando que
