Los resultados de la elección el 7 de mayo para conformar a los 51 miembros del Consejo Constitucional que culminarán la redacción de la nueva Constitución, representan una derrota para el gobierno del presidente Gabriel Boric y para todos aquellos, no necesariamente identificados con partidos de izquierda, que consideran que la Constitución de 1980 debe ser reemplazada habían expresado cuando, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se realizó el referéndum sobre el cambio de la Carta Magna y casi el 80% de la ciudadanía apostó por la redacción de un nuevo texto mediante una Asamblea Constituyente.
Rebobinar el tiempo
Esa acción fue parte del Acuerdo de Paz firmado entre aquel gobierno y las fuerzas de oposición para poner fin a las históricas protestas surgidas en todo el país en octubre de 2019. El incremento de los pasajes de metro fue la chispa que encendió el país. En Chile se vivía una situación de descontento social, que se escondía detrás del orden macroeconómico, el crecimiento sostenido y uno de los PBI per cápita más altos de la región.
Los altos niveles de desigualdad y una clase media que vivía al borde del abismo de la línea de pobreza, además de una movilidad social descendente que crecía a mayor velocidad que la ascendente, laceraban la sociedad chilena. Los focos del descontento se concentraban en el fracaso del sistema privado de jubilación y en las crecientes diferencias en la calidad del sistema de educación público y el privado. Las marchas multitudinarias de los estudiantes secundarios en 2006 y 2011 y las organizadas por el movimiento “No más AFP”, en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones en 2016 fueron algunos de sus antecedentes.
Después del triunfo del “Sí” al cambio de la Constitución en aquel octubre de 2020, se eligió, en mayo de 2021, a los 155 constituyentes que la redactarían. En esa misma fecha se eligió a gobernadores regionales (por primera vez), alcaldes y concejales. El resultado fue concluyente: el triunfo se lo llevaron los independientes, con 42% de los votos, seguidos por los representantes de fuerzas de izquierda más radicales agrupados en la coalición Apruebo Dignidad (Frente Amplio, Partido Comunista y otros menores). Los resultados dieron inicio al proceso de pérdida de protagonismo de los partidos moderados de derecha, liderados por Sebastián Piñera, y los del centro izquierda que administraron alternadamente con los primeros el modelo neoliberal heredado del régimen de Pinochet.
Entonces, los representantes de los partidos de derecha agrupados en la entonces lista oficialista de Piñera, Vamos por Chile, no alcanzaron ni siquiera el tercio de votos, que les hubiera permitido ejercer el veto a los contenidos del texto de la nueva Constitución. Apenas obtuvieron el 23%. Peor le fue a la centroizquierda agrupada en la ex Concertación (Partido Socialista y Democracia Cristiana, entre otros) que se presentó al referéndum en una lista denominada Apruebo, que obtuvo apenas 16% de votos. De ese modo, los independientes y los representantes de la izquierda radical tuvieron en sus manos la redacción de la nueva Constitución por un año.
Sin embargo, en septiembre del 2022, con Boric en la presidencia apenas hacía seis meses, el texto fue rechazado por un contundente 68%. a pesar de que todavía dos tercios de los chilenos desean cambiar la Constitución de 1980. Según la encuestadora chilena Cadem, en septiembre del año pasado sólo 17% estaba por el rechazo tajante al proyecto del texto de la Constitución y sólo 12% a favor de aprobarlo sin cuestionamientos. Un 35% estaba a favor del rechazo para renovarlo y un 32% a favor de aprobarlo para reformarlo.
La ambición derivada de un exceso de ideologización, la inexperiencia, y el no haber dialogado con las fuerzas opositoras, como reconoció Boric en las recientes elecciones del 7 de mayo, fueron factores que determinaron la derrota. También incidió el hecho de haberle restado importancia a la campaña plebiscitaria que le daría vigencia y haberse enfocado en el contenido del texto, en el cual la derecha participó poco. Tampoco hubo un mensaje claro o una idea fuerza convocante para la población. Les faltó lo que a la derecha le sobró: marketing.
Otro factor que jugó en contra fue la crisis económica internacional expresada en Chile en altos niveles inflacionarios, de dos dígitos, la devaluación de la moneda, la ralentización del crecimiento –inducido por factores externos–, los altos niveles de endeudamiento como consecuencia de la pandemia, el aumento de la violencia, la delincuencia y la presencia del narcotráfico, que la población desinformada y alimentada por los medios de comunicación asoció a la todavía corta gestión de Boric.
La falta de claridad para abordar el tema migratorio fue aprovechada por la derecha lo que al final determinó que un desbordado presidente, poco antes de la elección del 7 de mayo, expulsara a ciudadanos extranjeros indocumentados a sus fronteras con Perú y Bolivia. Esto dejó en el limbo a muchas personas, especialmente de nacionalidad venezolana, aunque también, en menor medida, de colombianos y haitianos, pues el gobierno peruano no autorizó el ingreso a su territorio a pesar de que muchos señalaban que solo deseaban pasar de tránsito hacia sus países.
Tampoco es menor la campaña demoledora ejercida por los medios contra Boric, como si bajo su gobierno se hubieran iniciado los problemas de la migración, el crecimiento del crimen organizado, la inseguridad ciudadana y los problemas económicos.
La nueva correlación de fuerzas
El rechazo al texto de Constitución redactado por los Constituyente electos fue una derrota decisiva. Ya entonces era claro que muchos aspectos del proyecto estaban condenados a tener que arriar sus banderas, como el concepto de democracia paritaria entre hombres y mujeres en la conformación de todos los órganos del Estado. Junto con:
-
el reconocimiento a los pueblos indígenas mediante la introducción del concepto de plurinacionalidad –uno de los aspectos más manipulados y tergiversados por los medios–,
-
el cambio de rol de subsidiaridad del Estado por uno social y democrático de derecho;
-
el ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos –que incluye la protección del Estado para una interrupción voluntaria del embarazo, y
-
el derecho humano al agua y su desprivatización.
La elección reciente de los 51 consejeros Constitucionales fue parte de una salida decorosa para continuar con el proceso de la nueva Constitución, pero la realidad es que ya había fracasado. En marzo de este año el Congreso nombró a una Comisión de 24 expertos para que redactara un nuevo texto que, a partir del 7 de junio, los consejeros electos deberán revisar, asumir, enmendar o rechazar.
El poder de veto que consiguió el Partido Republicano mediante la elección de 23 delegados le da sepultura al sueño de una Constitución más inclusiva, como seguramente lo anhelaban los 39 fallecidos y los cientos de heridos víctimas de las revueltas de octubre de 2019. Si sumamos a los 11 concejales de la derecha moderada agrupados en Chile Seguro, liderada por Piñera, la derecha tiene mayoría y, por lo tanto, la sartén por el mango para redactar la nueva Constitución. La correlación de fuerzas cambió radicalmente.
El proceso que se inició con el estallido social de 2019 y que derivó en la decisión política y democrática de redactar una nueva Constitución ha vuelto a fojas cero. La izquierda y los sectores independientes han perdido el poder para llevar adelante las ambiciosas reformas a las aspiraban, como el derecho de todos a la salud y la educación –a diferencia de la Constitución peruana, no estaba consignada expresamente en la chilena– entre otras.
Que la votación le haya dado el poder de definir los contenidos de la nueva Constitución al Partido Republicano, cuyo líder se negaba a cambiarla, es una paradoja en la lucha social. José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, ni siquiera formó parte de las negociaciones para continuar con la pantomima de un proceso constituyente, que ya había fracasado en septiembre del año pasado. Él consideraba que el rechazo al texto de la nueva Constitución redactado por espacio de un año por los Constituyentes implicaba la vigencia de la anterior, de 1980 ya que, según el líder del Partido Republicano, había traído buenos resultados al país.
Durante la campaña, presidencial de 2021 Kast decía que si ganaba la presidencia rompería relaciones diplomáticas con Cuba, Nicaragua y Venezuela, se retiraría de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y construiría una zanja en la frontera norte para contener la migración. Este fue el discurso que llevó al líder de la derecha radical al triunfo en las elecciones presidenciales en la primera vuelta, aunque luego perdió el ballotage con Boric, por una amplia diferencia de casi 11 puntos porcentuales.
A pesar de la derrota del conjunto de las fuerzas políticas lideradas por Boric y de la decisión de la ciudadanía chilena de entregarle el voto a quien defiende la Constitución redactada durante la Junta Militar de Pinochet en 1980, el camino iniciado en Chile para cambiarla es un paso positivo.
Si Kast aspira a ganar las elecciones presidenciales de 2026, no puede mantener su posición de rechazo a cambios al texto de 1980. Las causas que generaron el estallido social de 2019 siguen incólumes. Es probable que la derecha radical, que tiene ahora en sus manos la redacción del texto de la nueva Constitución, deba hacer concesiones para evitar que sea rechazado nuevamente en la votación plebiscitaria de diciembre. Kast intentará presentarse como un estadista de amplios consensos, aunque no lo sea, por lo que ejercerá una suerte de gatopardismo para dar a la ciudadanía la sensación de que se logró aprobar una nueva Constitución, aunque en su esencia se trate de una muy similar a la anterior. Si al final de año se rechazara el texto, quedaría vigente la de 1980.
La correlación de fuerzas actuales y una Constitución redactada bajo la égida del líder opositor, aprobada por la ciudadanía, representará un límite para los cambios que Boric y sus partidarios aspiraban y, sobre todo, que prometieron en campaña –reforma tributaria, régimen de jubilaciones y educación. Además, no tiene mayoría parlamentaria.
A pesar de estos acontecimientos y aunque la nueva Constitución no incluya los cambios que muchos chilenos anhelaban, al menos tendrán una redactada en democracia y no por un grupo de media docena de expertos designados por una Junta Militar, aunque ésta, vale precisar, haya tenido múltiples reformas. La historia continúa aún cuando hoy ya han ganando terreno las fuerzas políticas de la derecha radical en la región, luego del surgimiento de una breve ola de gobiernos ubicados en el espectro de la izquierda que, en varios casos no han dado la talla para enfrentar el acecho que les imponen el poder económico y una prensa inescrupulosa y feroz.
Ariela
Ruiz Caro es economista con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina. Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.
