Asediado, sin tregua, por el Congreso de la República para sacarlo del poder, durante sus 16 meses de gobierno, Pedro Castillo fue vacado de la presidencia del Perú por esa institución el 7 de diciembre, luego de su anuncio de quebrantar el orden institucional. Ello ocurrió horas antes de que se abordara el tema de su vacancia, la tercera, en el Congreso.
Sin conocimiento de su Gabinete (con la excepción de la presidenta del Consejo de Ministros y del ministro de Defensa), Castillo disolvió el Congreso, convocó a elecciones para conformar uno nuevo –con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor a nueve meses– y declaró en reorganización todo el sistema judicial. Además, decretó el toque de queda y ordenó la incautación de armamento ilegal, el mismo que debía ser entregado a la Policía Nacional en un plazo de 72 horas con la amenaza de pena privativa de la libertad.
Su accionar fue rechazado de inmediato por las Fuerzas Armadas y policiales, los miembros de su Gabinete, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil, lo que empoderó al Congreso a poner a votación, sin debate previo, la moción de vacancia por incapacidad moral permanente, la cual fue aprobada con 101 votos a favor, de un total de 130. Así, la vicepresidenta Dina Boluarte –expulsada en enero de este año del Partido Perú Libre por diferencias con Vladimir Cerrón, el líder del partido– se convirtió en la primera presidenta del Perú, y la sexta mandataria en seis años, lo que da cuenta de la magnitud del problema de gobernabilidad en ese país desde 2016.
Tras su fallido intento Castillo dejó el Palacio de Gobierno para asilarse en la Embajada de México, pero fue capturado en el camino y posteriormente llevado a la prisión donde se encuentra el expresidente Alberto Fujimori. Sigue en la cárcel, ya que unos días después un juez le dictó 18 meses de prisión preventiva.¿Qué lo llevó a tomar esa decisión a espaldas de su Gabinete, entre gallos y medianoche, sin respaldo de las Fuerzas Armadas, los poderes fácticos ni de la ciudadanía? ¿Actuó solo, algún sector le ofreció respaldo y luego lo traicionó? El tema está en investigación.
El asedio
Es probable que el grueso calibre de las denuncias por corrupción de colaboradores eficaces, en las que Castillo aparecía involucrado, que estallaron durante los últimos tres días de su gobierno, expliquen en parte su salto al vacío. En el tercer intento de la oposición por vacarlo, probablemente temió que pudieran alcanzarse los 87 votos requeridos, a pesar de que los medios señalaban que no se contaba ni siquiera con 80.
El gobierno y el Congreso estaban enfrentados como dos vaqueros del oeste atentos a ver quién dispara primero: el Congreso con sus pedidos de vacancia por incapacidad moral permanente, y el Ejecutivo con sus pedidos de confianza.
La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente si cuenta con su confianza para seguir gobernando. Si el Congreso niega la confianza al presidente del Consejo de Ministros, todo el gabinete ministerial debe renunciar y recomponerse. Cuando se rechaza por segunda vez en un mismo período presidencial, el presidente puede disolver el Parlamento y convocar de inmediato a nuevas elecciones congresales.
Por su parte, el mecanismo con el que cuenta el Congreso para el contrapeso con el Poder Ejecutivo, es la vacancia por incapacidad moral permanente, concepto poco preciso que da lugar a que el Congreso lo use arbitrariamente. La aplicación de este mecanismo ha dado lugar a que el Perú tenga seis presidentes en los últimos seis años.
En este trance, Castillo gatilló primero, pero contra él mismo, al anunciar el quiebre institucional y tener que pasar, en pocas horas, de la presidencia a la detención preliminar por rebelión y ruptura del orden constitucional, el mismo que está tipificado en el artículo 346 del Código Penal, con posibilidad de enfrentar prisión por 10 a 20 años.
Los argumentos que utilizó Castillo para perpetrar el quiebre del orden constitucional son reales, pero ello no lo exime de sus consecuencias. La lentitud del Congreso con los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, en especial los vinculados a la segunda reforma agraria, la reforma tributaria o la masificación del gas natural; la focalización de las investigaciones del Congreso en su persona y en su entorno y no en los actos delictivos de sus propios integrantes; la responsabilidad del Congreso en haber limitado el poder soberano del pueblo al aprobar una ley que restringe el ejercicio del referéndum, así como en la ruptura del equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo –al haber modificado la Constitución con leyes ordinarias con el fin de debilitar al primero para instalarse como una “dictadura congresal”– son hechos condenables que atentaron contra el gobierno de Castillo.
En su justificación, el expresidente denunció también al Congreso por no autorizar su salida para participar en eventos internacionales (la asunción de Gustavo Petro en Colombia, reuniones en El Vaticano y en la Unión Europea y la Cumbre de la Alianza del Pacífico). Inclusive, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado de rechazo al impedimento de salida en oportunidad de la toma de mando de Petro. A ello habría que sumar el rechazo inicial del Congreso a que Lima fuera la sede de la 52ª Asamblea General de ese organismo debido al requerimiento de la instalación de un “baño neutro”. El objetivo real era restringirle el protagonismo al expresidente.
En suma, Castillo denunció que sus adversarios políticos se unían con el propósito de hacer fracasar su gobierno y tomar el poder sin haber ganado la elección. En efecto, la desestabilización a su gobierno se puso de manifiesto tan pronto se supo que, a pesar de la millonaria inversión en avisos luminosos de “no al comunismo” o “no queremos ser Venezuela” y las bendiciones de Mario Vargas Llosa a Keiko Fujimori, Castillo le ganó las elecciones legítimamente. Entonces inventaron la teoría del fraude y perturbaron su proclamación como presidente por el Jurado Nacional de Elecciones, la cual tuvo lugar apenas nueve días antes de que asumiera el mandato en julio de 2021.
A pesar del reconocimiento internacional a su gobierno, las teorías del fraude y los intentos de sacarlo del poder no cesaron en su corto período de gobierno. Basta revisar las consignas de las múltiples manifestaciones realizadas en su contra, en general pírricas, con consignas como “Vacancia YA”, “La batalla final”, “87 goles por el Perú” o “Reacciona Perú”, sin ningún éxito.
Lo señalado anteriormente no lo exime de su responsabilidad en la mala gestión de gobierno, que se expresa en la alta rotación de ministros, gente poco idónea para los cargos, compadrazgos en nombramientos y favores y prebendas a congresistas a cambio de sus votos para evitar su vacancia, que se convirtió en el eje de sus preocupaciones, desatendiendo a los sectores olvidados que Castillo dijo representar. Su falta de proyecto y el hecho de no contar con técnicos calificados dieron lugar a que la economía siguiera manejada por la tecnocracia de siempre.
Presionado por Vladimir Cerrón, al ser el dueño del Partido Perú Libre que lo llevó a la presidencia, este impuso a sus cuadros, la mayoría sin calificaciones y muchos involucrados en pequeñas redes de corrupción de provincia. Así, no pudo conformar nunca un gabinete de profesionales que le permitiera enfrentar el acoso de la derecha. Castillo tardó mucho en desprenderse de su vinculación con Cerrón y optó entonces por construir poderes paralelos y fraccionar al movimiento sindical y político, con el único fin de acumular poder de su facción del sindicalismo magisterial y de otras organizaciones aliadas.
El auxilio de la OEA
En ese escenario de ingobernabilidad, el gobierno acudió a ese organismo e invocó la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Interamericana Democrática de la OEA y solicitó su presencia como facilitador del diálogo. La demanda fue atendida por aclamación y el organismo envió un Grupo de Alto Nivel (GAN) conformado por cancilleres y vicecancilleres de Argentina, Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Costa Rica. Luego de reunirse con todas las fuerzas políticas, poderes del Estado, sociedad civil, entre otros sectores, emitieron un informe que no dejó satisfecha a la oposición derechista, básicamente por recoger versiones que señalan que en Perú los medios de prensa están concentrados en pocas manos, carecen de objetividad y en algunos casos son desestabilizadores. Tampoco agradó que la OEA señalara en su informe que existen sectores que promueven el racismo y la discriminación y no aceptan que una persona ajena a los círculos políticos tradicionales ocupe la silla presidencial.
Como si la corrupción no estuviera incrustada en las entrañas de Perú desde hace treinta años, tampoco les gustó que se atribuyera la crisis de gobernabilidad a la “guerra civil” entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que no se hiciera mención al rol de la corrupción en esta crisis. Sobre ese tema, en particular, el GAN de la OEA señaló que la fiscalía debería continuar con las investigaciones y que los impases entre ambos poderes del Estado debía resolverlos el Tribunal Constitucional.
Como corolario el GAN propuso una tregua de 100 días e hizo una invocación al diálogo. Pero ni la oposición ni el gobierno le hicieron caso. Tan pronto partió la misión, Betssy Chávez, una ministra anteriormente interpelada y censurada por el Congreso y con denuncias por tráfico de influencias, fue nombrada presidenta del Consejo de ministros en reemplazo de Aníbal Torres, quien renunció a mediados de noviembre después de que el Congreso le denegara la confianza que había solicitado para derogar una ley, aprobada en enero por este Congreso, que limitaba la realización de referéndums y restringía la participación ciudadana. El nombramiento de Bettsy Chávez buscaba que el Congreso le negara la confianza cuando presentara a su nuevo Gabinete en un plazo máximo de 30 días. Al denegarse por segunda vez, tal como ha sido señalado líneas arriba, el Ejecutivo estaría facultado a disolver constitucionalmente el Congreso y a convocar a nuevas elecciones congresales.
Mientras tanto, el Legislativo alistaba sus balas. Además de haber presentado la tercera vacancia, cuyo debate tendría lugar el mismo día del quiebre institucional anunciado por Castillo, este preparaba la modificación de una ley que permitiera solo 66, y no 87 votos, para suspender a Castillo de la presidencia hasta por tres años. Todo ello sin contar el juicio por traición a la patria, desestimado por el Tribunal Constitucional por inconsistente, y una denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación que buscaban también destituirlo. Pero el juego se terminó el 7 de diciembre.
Desafíos
La asunción a la Presidencia de Dina Boluarte fue inicialmente vista como una válvula de descompresión de la crisis política para una ciudadanía agobiada por una maraña de denuncias de corrupción, combinada con las crecientes pugnas entre los poderes del Estado. Boluarte tomó el guante de la tregua y el diálogo recomendados por la misión de la OEA y anunció que conformaría un gabinete de amplia base. Pero fue solo flor de un día. El hecho de que el móvil para destituir a Castillo por el Congreso, desde el inicio de su mandato, tuviera motivaciones subalternas, racistas y antidemocráticas fueron la chispa de la protesta social en todo el país, toda vez que la población se indignó al ver aal presidente elegido legítimamente, esposado y conducido a prisión, aplastado finalmente por un Congreso de derecha, que usó todas las artimañas posibles para destituirlo, como si fueran cruzados de la democracia.
La detención de Castillo, a pesar de que solo tenía el 30% de respaldo ha incitado a la población a salir a las calles en casi todo el país para exigir el cierre del Congreso (con menos de 10% de aprobación hasta antes de que lo destituyeran), el adelanto de elecciones, una Asamblea Constituyente y la liberación de Castillo, sent. De estas protestas participan algunas organizaciones sindicales, estudiantiles e inclusive algunas comunidades indígenas que han bloqueado una carretera clave de la minera Las Bambas, uno de los emporios mineros más importantes de Sudamérica. Además, las comunidades indígenas habían anunciado un paro indefinido en esa región en el marco de protestas en demanda de elecciones anticipadas a la presidenta Dina Boluarte.
La respuesta a la protesta pacífica ha dejado más de 25 manifestantes muertos hasta ahora, y algunos actos vandálicos como la destrucción, de bancos, tiendas comerciales, pequeños restaurantes, incendios en algunas representaciones judiciales y de la fiscalía en las provincias. Se han inhabilitado dos aeropuertos internacionales (Arequipa y Cusco), se apedrearon canales de televisión y otros medios de comunicación escritos, se tomó la fábrica de lácteos más importante del país, se cortaron las rutas nacionales, entre otras acciones que configuran un desborde popular que ha superado el control del gobierno. En este escenario, el 14 de diciembre el gobierno declaró el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional por 30 días, lo que implica suspensión de los derechos de libertad de reunión, de tránsito, del derecho a la inviolabilidad del domicilio, así como el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de las fuerzas policiales.
El adelanto de las elecciones generales para 2024 ofrecido inicialmente por la presidenta Boluarte –y su ofrecimiento de ver la posibilidad de que inclusive sean antes– no ha tranquilizado a la población, que la ve como una suerte de “secretaria” del Congreso y de los poderes fácticos, además de sentir que ha traicionado a Castillo, al asumir su lugar.
Mientras tanto, la decisión de disolver el Congreso le ha hecho perder a Castillo el respaldo que tenía en la OEA, en Estados Unidos y en casi toda la comunidad internacional. Cabe señalar que los presidentes de México, Colombia y Chile, miembros junto con el Perú de la Alianza del Pacífico, lo apoyaron sin dudar frente al evidente acoso recibido del Congreso a su persona, cuando el 20 de noviembre decidieron, estando ya en México, suspender la Cumbre de esa organización, en la que el presidente Castillo debía recibir de AMLO la presidencia pro tempore. Los tres mandatarios manifestaron que irían a Lima el 14 de diciembre para que Castillo pudiera participar, ya que el Congreso no le autorizaba la salida. Dados los hechos, esta se ha vuelto a suspender.
Asimismo, los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia emitieron el 12 de diciembre un comunicado conjunto en el que expresaron su profunda preocupación por la destitución y detención de Pedro Castillo, a quien se refirieron como presidente de la República, pasando por alto que fue destituido y que su lugar fue asumido por la vicepresidenta Boluarte. La Constitución del Perú señala en su artículo 115 que, “por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente”.
En el comunicado los cuatro mandatarios señalaron que el líder peruano había sido objeto de “un antidemocrático hostigamiento”(lo que es real) que derivó en su destitución como jefe de Estado el pasado 7 de diciembre. En él piden a las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo, que se le garantice la protección judicial de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y exhortan a los actores políticos a que se respete la “voluntad ciudadana expresada en las urnas por el pueblo peruano”.
Al respecto, la cancillería peruana respondió con un comunicado en el que puntualiza que “las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre” generó la decisión del Congreso de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú. Asimismo, precisó que el exmandatario “intentó disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas que constituyen un golpe de Estado”.
En síntesis, el expresidente Pedro Castillo se precipitó y dio un salto al vacío con una acción anticonstitucional al disolver el Parlamento y anunciar la intervención del sistema judicial, sin haber medido la correlación de fuerzas. Sin embargo, la inmediata vacancia y posterior arresto han mostrado a una derecha golpista y triunfadora, mientras que el electo democráticamente, yace en prisión.
Este símbolo de primacía del poder que ostentan los de siempre, ha exacerbado la furia ciudadana. Lamentablemente hay una crisis de liderazgo y de representatividad de los partidos políticos por lo que nuevas elecciones generales traerán más de lo mismo si es que antes no hay reformas políticas. La crisis en el Perú es de largo aliento y, por el momento, de soluciones y salidas impredecibles.
Ariela
Ruiz Caro es economista con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina. Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.
Actualizado 17 de diciembre de 2022.
