Bajo el lema Juntos contra la desigualdad y la discriminación, elegido para la Asamblea General de la OEA realizada en Lima del 5 al 7 de octubre, tuvieron lugar importantes declaraciones y resoluciones. Se condenó la discriminación basada en la religión, las clases sociales, la raza, contra personas discapacitadas y minorías, incluida la población LGTBIQ+, acorde con la visión de sociedades modernas que buscan ser más tolerantes, inclusivas y democráticas. Estas se vieron reflejadas en la Declaración final suscrita por los cancilleres, lo que generó la protesta de cientos de ciudadanos de la ultraderecha conservadora contra el organismo en Lima.
Asimismo, se reconocieron las abismales desigualdades económicas de América Latina y el Caribe, que hacen de nuestra región la más violenta y la más afectada por la Covid-19 en el mundo. Aunque no se menciona explícitamente, se deduce que las políticas económicas aplaudidas por ese organismo son determinantes del desastre ocurrido, lo que a su vez ha derivado en el giro político que han tenido los gobiernos latinoamericanos más cercanos a Washington durante el último año y medio.
Pero detrás de estos aspectos positivos, la Asamblea General tuvo su contraparte oscura en dos puntos centrales: 1) que en la sesión inaugural se le haya dado un espacio a Volodímir Zelensky para exhortar a los países del continente a involucrarse más en la guerra y a evitar relaciones comerciales con empresas rusas; y 2) que la OEA continúe aceptando que un representante de Juan Guaidó hable en nombre de Venezuela, cuando su gobierno anunció su retiro de ese organismo en 2017. El primer punto fue, en realidad, el objetivo central del gobierno estadounidense en esta reunión.
En la conferencia pregrabada, Zelensky se atrevió a preguntar a los asistentes: “¿De qué lado estaría Simón Bolívar en la guerra que desató Rusia contra Ucrania? ¿A quién apoyaría José de San Martín? ¿Con quién simpatizaría Miguel Hidalgo?” Y concluyó: “Creo que no ayudarían a alguien que está saqueando un país más pequeño”.
Además, solicitó condenar en la Asamblea General de la ONU las políticas agresivas de Rusia y llamó a “evitar” relaciones comerciales “con personas o empresas rusas”. El espacio para tratar la guerra que libra Rusia contra Estados Unidos y la OTAN en Ucrania está en las Naciones Unidas. Los gobiernos de nuestra región ya han condenado dicha invasión, pero –salvo Colombia en tiempos de Duque– ninguno se ha plegado a las sanciones económicas.
Gira de Blinken
El descarrilamiento de las directrices de Washington que, en mayor o en menos grado, evidenciaban Colombia, Chile y Perú, otrora los más firmes aliados del gobierno estadunidense, explica la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken a los tres países andinos en vísperas de la Asamblea General de la OEA. Así, acompañado por el secretario adjunto del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, la gira se inició en Colombia el lunes de la semana pasada.
Al igual que el presidente peruano Pedro Castillo, la primera medida de política exterior que implementó el colombiano Gustavo Petro fue restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Con ello abandonaron, implícitamente, el Grupo de Lima creado en 2017 bajo iniciativa de John Bolton, ya que en la OEA no se lograba obtener los votos necesarios para condenar a Venezuela. Petro, además, reabrió los más de 2.000 kilómetros que separan (mejor dicho, unen) a Colombia y su vecina para reactivar el comercio y la economía en esa región. Recientemente le restituyó al gobierno venezolano el control de la empresa de fertilizantes Monómeros, filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), ubicada en Colombia, que Iván Duque le había entregado a Guaidó.
Blinken continuó a Chile para entrevistarse con Gabriel Boric. En la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles en junio pasado, el joven presidente fue uno de los muchos que protestaron porque Joseph Biden no había invitado a Cuba, Nicaragua ni Venezuela, y dijo que los problemas de esos países debían ser debatidos en estos foros.
Sin embargo, el principal objetivo de Blinken en la Asamblea de la OEA consistía en lograr una condena rotunda a Rusia y un apoyo irrestricto y continuo a Ucrania, que diera un manto de legitimidad del continente americano a futuras acciones que lleve adelante Estados Unidos en la guerra que Rusia mantiene con dicho país.
Torcer la mano
Al día siguiente de la llegada de Blinken a Bogotá, Gustavo Petro suscribió una declaración dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU por el denominado Grupo de Amigos de la Rendición de Cuentas, promovido por el Instituto Internacional de la Paz, con sede en Nueva York y patrocinado por el gobierno de Estados Unidos que tiene como fin dar seguimiento a los hechos ocurridos después de la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero. Este grupo fue fundado por Albania, Colombia (de Iván Duque), Dinamarca, las Islas Marshall, los Países Bajos y Ucrania. La declaración, suscrita por 46 países, rechaza tajantemente la anexión de territorios a Rusia después de realizados los referendums. Colombia y Guatemala fueron los únicos países latinoamericanos y caribeños que la rubricaron. Hasta antes de la visita de Blinken a Bogotá, las autoridades estadounidenses tenían dudas sobre la posición que adoptaría Petro, ya que él consideraba que armar a Ucrania podría impulsar la escalada del conflicto.
Por otro lado, el canciller guatemalteco Mario Búcaro, en representación del Presidente Alejandro Giammattei –sospechado por presuntos actos de corrupción que han alarmado a diversos gobiernos y entidades (Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) por el debilitamiento del Estado de Derecho en ese país, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción– presentó la declaración “Continuo apoyo para el fin de la agresión rusa en Ucrania” ante la Asamblea General de la OEA en Lima. Esta fue respaldada por 24 Estados miembros[1], entre ellos Colombia, Chile y Perú.
México, la Argentina, Brasil y Bolivia no la suscribieron a pesar de que han condenado la guerra y se han opuesto a la violencia. Además de intereses particulares en su relación comercial con Rusia, o la participación de tres de ellos en el G20 y en el BRICS, hay algunas cuestiones de principio para no haberla suscrito.
El enunciado “rechazar la prolongación de la guerra por parte de la Federación Rusa ya que afecta a todos los países del mundo” no es correcto. Los poderosos intereses para prolongar la guerra no son precisamente los de Rusia. El complejo militar industrial de la primera potencia, cuyas acciones tienen rendimientos excepcionales en los mercados de valores, así como sus empresas petroleras, son grandes beneficiarias de esta guerra. La oposición al suministro de gas natural a través del gasoducto Nord Stream 2 con el fin de reemplazarlo por su gas natural licuado extraído con técnicas contaminantes (fracking), y mucho más costoso para Europa, es una política de Estado que venía siendo aplicada por Trump mediante sanciones a empresas europeas que participaban de la construcción de ese gasoducto, que transportaría gas natural por el Mar Báltico desde Rusia a Alemania para su distribución en ese continente.
Otro punto controvertido del texto es el que condena enérgicamente “la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania”. En la condenable invasión de Rusia a Ucrania, no puede desconocerse el incumplimiento de los Acuerdos de Minsk, la guerra con víctimas civiles de militares ucranianos en la región separatista de Donbás durante ocho años –donde Occidente miró al costado para encubrir a Ucrania–, y el informe “Redemit Russia” publicado en 2019 por el think tank Rand Corporation –financiado por los Departamentos de Defensa y de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, corporaciones y entidades privadas–, en el que ecomiendan un conjunto de acciones para debilitar a Rusia. Este objetivo figura también en la Estrategia de Defensa Nacional de 2018, donde se señala que la competencia estratégica a largo plazo con China y Rusia es la prioridad del Departamento de Defensa, lo cual requiere “una inversión mayor y sostenida, debido a la magnitud de las amenazas que ello supone para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos”. Esta mirada hacia Rusia y China ha sido ratificada por la versión 2022 dada a conocer el 12 de octubre por la Casa Blanca.
La opereta Guaidó
Que Guaidó continúe teniendo un representante en una organización de la cual Venezuela no forma parte es tragicómico, especialmente cuando esto ocurre en el templo de la democracia. Es cierto que ni a la OEA ni a Estados Unidos les importa demasiado la democracia, a pesar de las prédicas. La instrumentación del Plan Cóndor en el Cono Sur, las invasiones militares en Centroamérica y –después del fin de la Guerra Fría– la injerencia de la misión electoral de la OEA que derivó en el quiebre institucional en Bolivia en 2019 y, tal como denunció el representante de Honduras en la Asamblea de la OEA en Lima, su apoyo a gobiernos dictatoriales durante 12 años en ese país, son apenas unas muestras en nuestro hemisferio.
Este ridículo creciente dio lugar a que se impulsara una iniciativa para retirar al representante de Guaidó de la OEA. Solo cuatro países (Canadá, Estados Unidos, Guatemala y Paraguay) se opusieron a la propuesta. Otros nueve (República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Ecuador, Guyana, El Salvador y Haití) se abstuvieron; hubo dos ausentes (Nicaragua y Venezuela) y los 19 restantes votaron a favor, entre ellos Perú, Chile y Colombia. Apenas faltaron cinco votos para acabar con esa fantochada que mella la institucionalidad y la democracia, sobre todo cuando los altos representantes estadounidenses dialogan con el gobierno de Maduro, y no con Guaidó, para aumentar la producción de gas y petróleo.
América Latina y el Caribe no logran coordinar una posición conjunta frente a problemas clave. Hay algún progreso, pero las presiones son fuertes. La región debe pronunciarse en sus propios términos y no en los enlatados preparados por la OEA o dirigentes ajenos a la región, y descartar la aplicación de sanciones económicas.
[1] Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Ariela
Ruiz Caro es economista con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina. Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.
