Una semana después del abrumador triunfo del rechazo al texto de la nueva Carta Magna en el plebiscito del 4 de septiembre (62% contra 38%) los líderes de los partidos políticos de Chile, con excepción del ultra derechista Partido Republicano de Sebastián Katz, se reunieron para delinear un nuevo proceso constitucional y acordaron que la redacción del nuevo texto estaría a cargo de un órgano completamente nuevo elegido por la ciudadanía, aunque todavía no se sabe el número de personas que lo integrarán. A diferencia del proceso anterior, su nueva redacción sería apoyada por un comité de expertos, aunque todavía no se ha definido el formato. La nueva instancia también será paritaria y será necesario un plebiscito con voto obligatorio para su entrada en vigor. Pero la definición de las reglas del nuevo proceso constituyente no será fácil.
El rechazo no fue una sorpresa. Desde abril, todas las encuestas así lo indicaban, pero se proyectaban diferencias máximas de 10 puntos porcentuales. Lo que ninguna acertó, fue la magnitud de ese desbalance (24 puntos). La votación fue el último paso jurídico establecido en el “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”, firmado en noviembre del 2019, como una salida a la crisis política generada por el estallido social en octubre de 2019, que segó la vida de 38 personas y dejó cientos de heridos.
El texto de la nueva Constitución fue rechazado en todas las gobernaciones del país. Solo 8 de las 346 comunas del país lo aprobaron. En el quintil de ingresos más bajos, el rechazo se impuso con un 75%. Lo mismo ocurrió en la Araucanía y también en la Región de Valparaíso, emblemática del Frente Amplio, al que pertenece el presidente Gabriel Boric, y hasta en las cárceles.
¿Qué pasó?
Las interpretaciones sobre el rechazo han sido múltiples. Lo indudable es que los impulsores del cambio de la Constitución de 1980 tuvieron algunos desaciertos. El más destacable fue haberle restado importancia a la campaña de votación que le daría vigencia. En cambio, se enfocaron en el contenido del texto, en el cual la derecha participó poco y nada. Tampoco hubo un mensaje claro o una idea fuerza convocante para la población. Les faltó lo que a la derecha le sobró: marketing. Tuvieron el acierto de guardar en el ropero a sus más exiguos representantes, José Antonio Katz y Sebastián Piñera.
Quienes buscaban cambiar la constitución no pudieron enfrentarse a la feroz campaña desinformativa montada por la oposición que apostó todas sus fichas al plebiscito, sin importarle el texto constitucional, salvo para denostarlo a través del poder mediático y las redes sociales. Mensajes como que el Estado se apropiaría de las viviendas, los fondos de pensiones no serán heredables, se dividirá el país al incorporar el concepto de plurinacionalidad, se podrá interrumpir el embarazo pocos días antes del nacimiento calaron profundamente en la población.
La pandemia fue también un factor que le jugó en contra a la labor de la Convención. El primer referéndum para cambiar la Constitución, y la vía para lograrlo, estaba previsto para marzo de 2020. Sin embargo, recién pudo realizarse en octubre de ese año cuando la calle había dejado de ser un espacio protagónico: las demoras pueden apagar la llam En un escenario similar, con la ciudadanía en el encierro, se realizaron los debates en la Convención Constituyente, instalada en julio de 2021. Esto produjo una suerte de divorcio entre las organizaciones populares y sus representantes. Recordemos que el 42% de los constituyentes correspondían a fuerzas independientes como resultado de que, por primera vez, se les permitió presentar listas para competir con los partidos tradicionales en igualdad de condiciones.
Otro factor que jugó en contra es la crisis económica, expresada en altos niveles inflacionarios y devaluación de la moneda, ralentización del crecimiento-–inducidos por factores externos–-altos niveles de endeudamiento como consecuencia de la pandemia, aumento de la violencia, la delincuencia y la presencia del narcotráfico, que la población desinformada y alimentada por los medios de comunicación asocia a la gestión de Gabriel Boric.
Viraje al centro
Tan pronto se conocieron los resultados, Boric reconoció que la ciudadanía había expresado con total claridad su desacuerdo con el texto, y dijo que había que buscar el camino para encontrar una propuesta de amplio consenso para cumplir con la voluntad mayoritaria de cambiar la actual constitución. Anunció que se buscaría un nuevo itinerario constituyente que recogiera el aprendizaje del largo proceso de elaboración del texto y logre interpretar el consenso ciudadano.
Como señal de sintonía con el sentimiento ciudadano, realizó cambios importantes en el Gabinete, el primero desde que asumió el gobierno, en marzo, al retirar a altos funcionarios de su círculo más íntimo. Estos tuvieron lugar en las carteras de Interior y Seguridad Pública, la Secretaría General de la Presidencia, Desarrollo Social y Familia, Salud, Energía y Ciencia y Tecnología.
El nombramiento de representantes de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista en algunas de esas carteras implica el retorno de la centroizquierda, que fue derrotada en todas las elecciones después de las revueltas sociales de 2019. Ello se puso en evidencia en la elección de los 155 delegados que conformaron la Convención Constituyente en mayo del año pasado. En esa misma fecha se eligió a gobernadores regionales (por primera vez), alcaldes y concejales. El resultado fue concluyente y el triunfo se lo llevaron los independientes y los representantes de fuerzas de izquierda más radicales agrupados en la coalición Apruebo Dignidad (Frente Amplio, Partido Comunista y otros menores).
Los representantes de los partidos de derecha agrupados en la lista oficialista de Piñera, Vamos por Chile, no alcanzaron ni siquiera el tercio de votos, que les hubiera permitido ejercer el veto a los contenidos del texto de la nueva Constitución. Apenas obtuvieron el 23% de los votos. Peor le fue a la ex Concertación (Partido Socialista, Democracia Cristiana, otros) agrupada en la lista Apruebo que obtuvo apenas 16% de votos. En el último referéndum, muchos de sus miembros votaron por el rechazo.
El debilitamiento de esos partidos tradicionales que, con matices, administraron el modelo neoliberal heredado de la dictadura militar durante las tres últimas décadas, se hizo también visible en noviembre del 2021 durante las elecciones presidenciales. Recordemos que los triunfadores en primera vuelta, (Kast, con 27,9% de los votos válidamente emitidos y Boric, con 25,8%) hicieron campaña con posiciones radicales en sus respectivos espacios político.
Lo que viene
El preacuerdo logrado el 12 de septiembre en el Congreso Nacional para continuar con el proceso constituyente y evaluar los mecanismos más adecuados para ello, enfrentará serios obstáculos. El Partido Republicano, de Katz, rechaza un nuevo proceso constituyente y considera que eventuales cambios a la Carta Magna deben estar a cargo del Congreso donde, en el Senado, la oposición tiene mayoría. Algunos consideran, inclusive, que se debe mantener la Constitución de Augusto Pinochet e invocan al artículo 142 de la actual Constitución, que establece en su inciso final que “Si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”. Algunos miembros consideran que no vale la pena cambiar una constitución que ha llevado a Chile a ser ‘el mejor país de la región’, algo que va a contracorriente de lo que piensan casi 70% de los chilenos que, según las encuestas y a pesar del voto de rechazo al texto elaborado por la Convención Constituyente, desea un cambio de Constitución.
La Coalición Chile Vamos tampoco hará las cosas fáciles. Al día siguiente de haberse logrado el preacuerdo pidió la postergación de las reuniones programadas para continuar definiendo los detalles, porque debían evaluar las decisiones internamente. Además, le exigió al gobierno que se excluyera de la mesa de diálogo, puesto que sentían que este impartía órdenes. Este pedido de excluir al gobierno de las conversaciones fue la respuesta a las impertinentes declaraciones de la portavoz de Boric, Camila Vallejo, al adelantarse a decir que el gobierno ya había delineado el camino constituyente que defendería, cuando todavía hay aspectos que no han sido definidos. Lo cierto es que este impase ha determinado que algunos diputados se adhieran a la postura de algunos representantes del Partido Republicano que proponen un nuevo plebiscito para consultarle a la ciudadanía si quiere, o no, una nueva Carta Magna.
A pesar de las carencias o excesos que pudieran observarse al texto rechazado, este introdujo modificaciones importantes como el concepto de democracia paritaria con la paridad entre hombres y mujeres en la conformación de todos los órganos del Estado; el reconocimiento a los pueblos indígenas mediante la introducción del concepto de plurinacionalidad,uno de los aspectos más manipulados y tergiversados por los medios; el cambio de rol de subsidiaridad del Estado por uno social y democrático de derecho; el ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos, que incluye la protección del Estado para una interrupción voluntaria del embarazo; un sistema de seguridad social público que incluye prestaciones a quienes ejercen trabajos domésticos y de cuidado, el derecho humano al agua y su desprivatización, entre otros cambios políticos.
El nuevo proceso constituyente deberá enfrentar a una oposición que ha salido fortalecida con el resultado del plebiscito, en un escenario en el que se esfumó el fervor popular en las calles, y el escenario económico es crecientemente adverso. Muchos de los avances del texto constitucional rechazado se verán seriamente limitados. Pero en perspectiva histórica no deja de ser una victoria. La ciudadanía tendrá una Constitución escrita en democracia y no por una Junta Militar.
Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina (1985-1994), asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (2006-2008) y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina (2010-2015). Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.
