Desde el 25 de marzo hasta el 30 de mayo, el gobierno informó que la policía y los militares han arrestado a más de 34,000 personas. Las organizaciones de la sociedad civil han recibido más de 360 denuncias de detenciones arbitrarias.
El 1 de junio se cumplieron tres años de gestión de Nayib Bukele al frente del gobierno de El Salvador. En tres años, el presidente millenial ha sido el que más señalamientos y denuncias tiene, después de la firma de los acuerdos de paz, por abusos de poder, violaciones a derechos humanos, violaciones a las leyes y a la Constitución Salvadoreña. Desde hace más de un año, él y sus funcionarios promueven su reelección pese a que las leyes salvadoreñas lo prohíben.
A pesar de las denuncias, los niveles de aprobación de su gestión han sido positivos, irónicamente, gracias a la tercera extensión del estado de sitio que avalaron sus diputados, los diputados oficialistas, para -supuestamente- combatir a las pandillas. Durante este período las organizaciones civiles y de derechos humanos están documentando cientos de denuncias de abusos de la policía y de los militares, y de arrestos arbitrarios en todo el país.
Dos semanas antes de que se cumplieran los tres años de gobierno de Bukele, William Galeas enterraba a su hermano. Durante el entierro les contó a periodistas locales la pesadilla que su familia está viviendo, gracias al estado de sitio que muchos aplauden y aprueban. Su madre, su hermana y su hermano, a quien enterraba, fueron detenidos en abril en una de las redadas que realizan desde marzo la policía y los militares por orden del presidente.
El 27 de marzo, unas horas después de que se registrara la peor ola de asesinatos, en el país Bukele pidió a sus diputados aprobar de inmediato un estado de sitio. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos y abogados defensores han recibido miles de denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones temporales y de la muerte de 23 personas que guardaban prisión en las cárceles entre pandilleros.
En mayo, después de que el estado de sitio se extendiera por segunda vez, el periódico digital El Faro, reveló audios en los que pandilleros de la MS-13 aseguraron que la ola de asesinatos de marzo que causó 87 homicidios en menos de 24 horas, fue producto de la ruptura del pacto que tenía la pandilla con el gobierno de Bukele. En los audios se escucha a uno de los del gobierno salvadoreño decir que el presidente es quien no quiere continuar con las negociaciones.
Denuncias, muertes y torturas
El hermano de William es uno de los fallecidos adentro de la cárcel. Su mamá y su hermana aún están bajo arresto. William ha intentado buscar ayuda para que sean liberadas, pero ha sido en vano. Cuando desde Twitter intento llamar la atención del presidente y le pidió en público su intervención en el caso, el mandatario lo bloqueó.
“Durante los primeros 30 días del régimen de excepción promovido por Bukele, hemos documentado evidencias de detenciones arbitrarias de personas inocentes, que en algunos casos han sido sujetas a desapariciones forzadas de corta duración; así como casos alarmantes de muertes de personas bajo custodia policial”, dijo Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
Un juez civil que pidió el anonimato dijo a The Americas Program que, en los tribunales de San Salvador, a diario están procesando cerca de 150 casos de personas detenidas bajo el régimen de excepción. La Fiscalía, también controlada por el oficialismo, no presenta pruebas suficientes para acreditar que los detenidos son miembros de pandillas -dijo el juez- pero pide que se decrete la detención. Muchos ordenan prisión por temor a que el gobierno tome represalias.
Desde el 25 de marzo hasta el 30 de mayo, el gobierno informó que la policía y los militares han arrestado a más de 34,000 personas. Cristosal y las organizaciones de la sociedad civil que están documentando lo que sucede en El Salvador recibieron más de 360 denuncias de detenciones arbitrarias. Los alrededores del penal de Mariona al sur de San Salvador están abarrotados de mujeres y adultos mayores que esperan que buscan a sus familias porque se los llevó detenidos la policía.
William ha denunciado en los medios y en las redes sociales la detención arbitraria de su madre, su hermana y su hermano que murió en la cárcel. El joven dijo a los periodistas que la policía llegó a la casa de la familia, después de que un militar, “por envidia”, los acusara de ser pandilleros. El joven niega que su familia tenga algún vínculo con las pandillas.
A las denuncias de detención arbitraria se suman denuncias de torturas adentro de las cárceles. El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, que se encuentra detenido desde hace más de un año en un caso que no avanza, dijo que a diario de dos a tres personas con signos de tortura y hasta fallecidos son tratados en la clínica del penal La Esperanza, conocido como Mariona.
Durante la última audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un estudiante que fue detenido en abril y librado tres meses después de haber estado en el penal de Mariona junto con pandilleros, dijo que vio morir a diario a varios reos que se enfermaron y no recibieron atención médica.
Medida ilegal
De acuerdo con la Constitución Salvadoreña, el presidente puede solicitar la aprobación de un régimen de excepción cuando el país se encuentre frente a “circunstancias extremas, como guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe natural, epidemia u otra calamidad o graves perturbaciones al orden público”.
Recurrir al régimen de excepción para combatir a las pandillas puso en evidencia -según algunos analistas – que el famoso plan “Control Territorial” que el gobierno dijo tener en marcha no funcionó.
“El régimen de excepción se aplica cuando una emergencia constitucional y tiene que haber ciertas características. Este régimen de excepción es inconstitucional e ilegal porque se da el 26 de marzo a partir de un alza de homicidios. Esa alza no es una emergencia constitucional porque no se ha puesto en peligro la seguridad del Estado; sino que se ha puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos”, dijo la abogada Roxana Cardona.
Y agrega: “Lo que ha habido aquí es un fracaso de las políticas públicas de seguridad, no de la institucionalidad. Y dentro de las condiciones para poder llamar a un régimen de excepción no se encuentra el fracaso de las políticas públicas”.
Además, otros abogados y miembros de ongs que están apoyando a familias de personas arrestadas señalan que cientos de estas detenciones son ilegales, porque no hay indicios, ni pruebas de que la persona haya cometido algún delito o de que sea miembro de pandillas.
“A la gente no se le ha preguntado nada, ni las autoridades les dicen nada. Solamente, en algunos casos llegan a su casa, hacen las capturas y se los llevan, ahí las familias no saben por qué se los llevan, si hay investigación. Las capturas arbitrarias son legales en este régimen, legalmente las personas tienen que saber por qué se le acusa y si lo están investigando. Hemos vuelto al sistema inquisitivo en donde el imputado solo es objeto del exceso y el juez solo ratifica la petición del Ministerio Público que es la detención”, dijo la abogada.
El juez que habló con The Americas Program dijo que muchos jueces están fallando a favor de la Fiscalía por miedo a represalias tanto de la institución, del gobierno y de la misma Corte Suprema; pues todas estas instituciones están controladas por el oficialismo. Además, señaló que en muchos casos que ha registrado en los últimos dos meses, la Fiscalía no tiene pruebas para sustentar la acusación o la orden para llevar a las personas a la cárcel.
“Muchos casos que he revisado y que he recibido no tienen sustento. Los fiscales llegan sin poder defender la solicitud de detención y si poder argumentar por qué están solicitando la detención o pidiendo que se envíe al detenido a la cárcel. Y sabemos que muchos otros jueces ordenan que la persona sigue bajo detención aún cuando no deberían porque tienen miedo de que los cambien de juzgado o que haya represalias de parte del gobierno. Es una situación difícil para nosotros también”, dijo el juez.
Erika Guevara Rosas,directora para América de la Amnistía Internacional, señala que en una visita reciente su organización registró detenciones yarbitrarias y capturas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad de comunidades marginadas y pobres.
Negación de derechos humanos y de historia
Las denuncias de violaciones a derechos humanos, persecución, intimidación y espionaje a periodistas han aumentado desde la llegada de Bukele a la presidencia y aumentaron aún más después de que diciembre pasado el mismo presidente montara una campaña para restar importancia a la firma de los Acuerdos de Paz en el país. Entonces llegó al Mozote, donde ocurrió la peor masacre de la historia reciente de Latinoamérica, para decir que la guerra y los acuerdos de paz fueron “una farsa”.
El juez Juan Antonio Durán, removido por los magistrados de la Corte Suprema nombrados de facto por los diputados de Bukele, dijo durante una entrevista para The Americas Program que “desde antes de que el presidente Bukele llegara al poder, vimos algunas cosas que llamaron la atención, pero que no encendieron las alertas para denunciarlo, fueron acciones simbólicas y señales de autoritarismo…”.
“El presidente fue electo democráticamente y la Asamblea Legislativa también fue electa por votación popular, pero el comportamiento que ellos tienen es de violación a la Constitución, a las reglas constitucionales, a los derechos humanos, a los estándares y a la regla internacional en materia de derechos humanos y a ellos no les importa”, dijo.
Según Durán, no solo las violaciones a derechos humanos han marcado el gobierno del Bukele, sino también las arbitrariedades, los abusos del poder político y las acciones ilegales que el presidente ha cometido y que han sido respaldadas, avaladas, aprobadas y apoyadas por los diputados y los funcionarios públicos.
Nidia Díaz, exdiputada por el partido de izquierda FMLN y una de las participantes en las negociaciones previas a los acuerdos de paz y su firma, destaca que la guerra y la firma de los acuerdos de paz marcaron cambios importantes y significativos en el país, y ayudaron a la construcción de la democracia en el país. Negar la historia, irrespetar las reglas y la Constitución, y promover acciones como la reelección en contra de la norma traerán consecuencias devastadoras para el país, adviritó
“El presidente Bukele quiere construir una narrativa que dicta que la historia del país empieza con él y que todo lo que pasó antes no sirvió. Él es presidente y fue electo presidente porque el sistema democrático funcionó. Él no quiere reconocer esos cambios y no reconocer esos cambios y negar la historia y la memoria histórica del país es negar incluso que él llegó al poder gracias a lucha del pueblo salvadoreño”, dijo Díaz.
Y señaló: “El objetivo por el cual se quiere desconocer la Constitución, las leyes y la memoria histórica del país y se quiere tener todo el control, es fortalecer un bloque de poder económico donde el grupo Bukele S.A (sociedad anónima) forma parte y por eso usa al Estado para esos fines. Lo que él quiere no es darle un beneficio a la población, sino mantener el poder y por eso el mecanismo que usa para mantener ese poder es el autoritarismo. Todos los abusos cometidos en este gobierno de Bukele, están basados en el autoritarismo y no en el consenso”.
Por su parte, el exdiputado, ex militar y también firmante de los acuerdos de paz, Ernesto Vargas, señala que con la firma de la paz, El Salvador logró: poner fin a la guerra por la vía pacífica, democratizar a la sociedad salvadoreña y reformar el sistema político del país, respetar y garantizar el respeto a los derechos humanos. Y aunque reconoce que había una deuda de parte de los partidos políticos y de los gobiernos anteriores de buscar la reunificación y la reconciliación verdadera de la sociedad, el país había dado grandes pasos en el camino de la democracia.
Vargas coincide con el juez Durán en que algunos sectores no tomaron como serias y peligrosas las señales de autoritarismo y de irrespeto a los derechos humanos y a las leyes salvadoreñas mostradas por Bukele antes de llegar a la presidencia y en 2019 cuando se tomó por la fuerza y con los militares la Asamblea Legislativa. Ahora, según el exdiputado, el retroceso que ha dado el país en materia de derechos humanos y de democracia es mayor, a partir de la narrativa que diseminó el presidente en la que hizo creer a la población que tanto la guerra como los acuerdos de paz, son “una farsa”.
“Luego de 30 años, el negar que se puso fin al conflicto armado me parece tan absurdo. El gobierno de Bukele falsifica esta etapa de la historia al quererla negar y hay una regresión de los logros, desmantelando la institucionalidad que creo la paz, que fue una reforma al sistema político. Y hay una manera artificial y descarada de querer sepultar esos logros que ha dado la paz”, dijo el exmilitar.
Más impunidad
Ante el panorama autoritario que se ha fortalecido en El Salvador en los últimos tres años, las predicciones de lo que le espera al país en materia de derechos humanos y de democracia, no son alentadoras. Los abogados y los jueces consultados advierten que la extensión del régimen de excepción, las capturas arbitrarias, las muertes de personas encarceladas injustamente y las violaciones a derechos humanos provocarán más impunidad y más abuso de parte de la policía, de los militares y del mismo gobierno.
“Todo esto va a provocar más impunidad. Ya se están registrando casos de mujeres que están siendo acosadas, de personas perseguidas y ante un régimen de excepción en el que la policía puede detener a cualquier persona cuando quiera, la gente no va a denunciar el acoso y los abusos, por miedo. Esto genera más impunidad y más pobreza”, dijo la abogada Cardona.
A medida que la impunidad vaya afincándose en el país, se prevé más supresión de los derechos humanos, más persecución a los críticos y disidentes, más salvadoreños exiliados y migrando hacia otros países.
“Si sigue esta concentración de poder, el camino que llevamos en El Salvador es la pérdida de la democracia y nos quedan el populismo o la dictadura. Estamos viendo que la Policía que nació de los acuerdos de paz y que la Fuerza Armada, reformada a partir de los acuerdos de paz, están siendo fortalecidas en función del presidente y eso lo hemos visto en los gobiernos autoritarios, porque ya el gobierno se sostiene a través de la represión”, dijo Vargas.
Carmen Rodríguez es periodista en El Salvador y EEUU. Su especialización son los temas de Seguridad, Justicia, Migración y Relaciones Internacionales de El Salvador. Ha sido colaboradora para el Programa de las Américas desde 2014. Fotos: Carmen Rodríguez.
