La noticia de que el gobierno de México cerró operaciones del equipo élite de la DEA en el país – la Unidad de Investigaciones Especiales—provocó una avalancha de notas en la prensa, la mayor parte en defensa de la DEA con tal de criticar al presidente. Casi ninguna habló de los nefastos antecedentes de la Unidad, ni mucho menos de la perversa historia y actuación que ha tenido la DEA en nuestro país –y en América Latina– en su afán de exportar la guerra contra las drogas como un instrumento de control social y hegemonía.
Adiós a la SIU
A pesar de que la decisión de desmantelar a la Unidad fue tomada y ejecutada hace más de un año, ninguno de los dos gobiernos anunció la medida públicamente y fue hasta abril de este año que la agencia de noticias Reuters publicó una nota confirmando, a través de fuentes anónimas, la decisión por parte del gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó y justificó en su conferencia matutina el 21 de abril, al decir, “Mantenemos cooperación como organismos nacionales encargados de seguridad, pero procuramos que se respete nuestra soberanía, y antes entraban y salían por el país, y ellos mandaban, hacían lo que querían, incluso fabricaban delitos. Entonces, se puso orden.” La referencia a la fabricación de delitos fue claramente al caso del arresto en EEUU del General Salvador Cienfuegos, ex Secretaria de Defensa, bajo cargos de narcotráfico. El General fue extraditado a México a petición del presidente y exonerado en pocas semanas.
Que la medida podría haber sido en parte una represalia por la detención de Cienfuegos en base a una investigación de la DEA, sin avisar al gobierno mexicano, no resta credibilidad a los graves cargos contra la unidad.
AMLO agregó un dato muy cierto: “Se demostró que este grupo estaba infiltrado por la delincuencia, inclusive, uno de sus jefes está siendo juzgado en EEUU.” Es urgente detenernos en este dato. El presidente se refiere concretamente a Iván Reyes Arzate, exjefe de la Unidad 2008-2016, quien se declaró culpable por conspiración para el narcotráfico de cocaína y fue sentenciado a 10 años de prisión en los EEUU en febrero. En un caso ligado a las acusaciones contra el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna quien actualmente espera juicio en EEUU, la corte encontró que el agente antidrogas investigado, aprobado y entrenado por el gobierno de EEUU estaba trabajando para el cartel de los Beltrán Leyva.
Los reportajes en los EEUU retratan estos casos a través de la lente racista de que son pruebas de que ‘los mexicanos son corruptos y desconfiables’, sin preguntarse cómo es posible que la Unidad élite de la DEA, que gozaba de una relación de trabajo cercana y cotidiana con las fuerzas estadounidenses, fuera coludido con los carteles bajo sus narices. Ahora entra la corte distrital de Nueva York—la corte que armó el caso contra Arzate, García Luna y otros ex funcionarios mexicanos de alto nivel que alegan tienen vínculos con el crimen organizado—como si fuera el gran justiciero, pero sin ningún proceso de investigación ni juicio contra la DEA que, como bien dice el presidente, manejaba el trabajo de esta unidad y fue socio mayor de estas personas. Es decir, en términos figurativos, sin siquiera cuestionar a los dueños del perro.
¿Qué es la SIU?
El Congreso de los EEUU autorizó la creación de las Unidades Especiales en Investigación (SIU por sus siglas en inglés) en 1997, todas en América Latina (Bolivia, Colombia, Mexico y Perú), con la misión de identificar y capacitar agentes antidrogas en los ‘paises anfitriones’ para llevar a cabo su estrategia de cortar las vías de abastecimiento de sustancias prohibidas al mercado estadounidense.
Lo primer que hay que entender entonces es que la DEA y sus unidades en el extranjero tiene por definición y mandato legal exclusivamente trabajar en relaciones de cooperación para la aplicación de la ley estadounidense. Las investigaciones que realiza en el extranjero “son para apoyar las operaciones domésticas de la DEA y desarrollar casos de investigación contra las organizaciones de trafico de drogas más importantes en el mercado ilícito de drogas en EEUU,” reza el Departamento de Justicia.
No existe un interés formal ni mandato alguno a mejorar la seguridad en el país anfitrión, ni desmantelar redes o procesos de violencia y crimen principalmente domésticos. De antemano se crea una tensión inherente porque el gobierno de EEUU y el gobierno en el país en que opera tienen distintas prioridades. Por supuesto, la aplicación de una ley estadounidense no debe ser la prioridad de un gobierno soberano fuera de EEUU. Así que la imposición–por convenio, manipulación o la razón que sea– de este tipo de operaciones extranjeras en su territorio no solo es un problema de violación de soberanía, es un arreglo entre dos poderes asimétricos que socava la posibilidad del país anfitrión de establecer y llevar a cabo una política de seguridad propia y adecuada a sus prioridades. Este conflicto y sus resultados ha sido evidente en las ultimas décadas de expansión de la DEA en México.
El segundo gran problema es el modelo de intervención. La DEA aplica un modelo llamado en inglés “the kingpin strategy” de matar o detener a los grandes capos como manera de desmantelar el cartel, seleccionando los carteles donde quiere concentrar sus esfuerzos y así empoderando a los demás. Carlos Pérez Ricart, investigador del CIDE y autor de un libro sobre la DEA en México dijo en una entrevista en Hecho en América:
“En general las Unidades de Investigación Sensibles han sido la punta de lanza, el mecanismo a partir del cual, la DEA ha logrado transferir a México su política de Kingpin Strategy, su estrategia de alcanzar capos en particular. que toda la literatura en crimen organizado y en seguridad especialista no ha dejado de calificar como nefasta y opuesta a los intereses nacionales.” Señala que la fragmentación de los carteles que resulta de la aplicación de esta estrategia no ha reducido el flujo de drogas prohibidos a los EEUU y “ha estimulado violaciones generalizadas a los derechos humanos en México.”
El reportero estadounidense Keegan Hamilton publicó una nota con el título (traducido al español) “La Unidad Policiaca élite de la DEA fue en realidad extremadamente sucia”,
Señalando no solo la corrupción comprobada entre sus liderazgos sino también testimonios de agentes activos y jubilados. “creo que en el contexto específico de SIU como sí, eso refleja un sistema profundamente roto que se salió de control durante muchos años.”
La DEA en México ¿para qué y para quién?
Los expertos y nuestras investigaciones en el Programa de las Américas concuerdan en un punto fundamental—el problema va mas allá del flamante SIU. El modo de operar implica un juego peligroso de jugar un cartel contra otro, de proteger a ciertos miembros como informantes y detener a otros como piezas de la estrategia, cuando en realidad el protegido es igual de violento y culplable como el blanco. Implica fugas de información que matan, complicidades que corrompen y “éxitos” en la detención o asesinato de blancos que llevan a un aumento en la violencia contra la sociedad.
Si el hecho de haber expulsado a la SIU es un indicio de tensiones en esta forma de cooperación con la DEA, hay que celebrarlo. Hace muchos años ambos países tuvieron que haber hecho un alto en el camino para evaluar los resultados desastrosos de este modelo. Ahora que se dice que se terminó la Iniciativa Mérida, el marco amplio de la cooperacion binacional en materia de seguridad desde el 2007, el reto es hacer un hecho y no solo una declaración política. Esto implica dejar de pelear la guerra contra las drogas y empezar a poner la seguridad, una seguridad humana, desmilitarizada y sostentable, en primer lugar. Existen evidentes inercias e intereses ocultos en la relación binacional que impiden que esta gran meta sea una realidad.
Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas (www.americas.org) en la Ciudad de México, analista política y periodista.
