Por todos los rumbos de México los proyectos extractivistas de las empresas mineras, turísticas, forestales y extractoras del subsuelo invaden territorios comunales y ejidos. Por todo México las y los defensores de esos territorios son asesinados, desaparecidos, denunciados, criminalizados. Pero su resistencia nunca es doblada.
Chihuahua no es la excepción: diecinueve mujeres y hombres de los ejidos Benito Juárez y Constitución, en el desierto norte del estado están a punto de ser detenidos y llevados a prisión luego que la Fiscalía General del Estado ejecute las órdenes de aprehensión que se han librado en contra de ellos en seguimiento a sendas denuncias presentadas por la empresa minera canadiense Mag Silver y la familia LeBarón, propietaria del rancho La Mojina
El Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, desde hace más de 10 años se ha opuesto a la instalación de la empresa minera canadiense (MAG SILVER CORP) dentro de su territorio, oposición que le costó el asesinato de Ismael Solorio quien fuera uno de los impugnadores más visibles a la minera, junto con su esposa Manuela Solís, el 22 de octubre de 2012. En el mes de noviembre del mismo año, la asamblea ejidal por mayoría calificada y por unanimidad de votos, decidió imponer una moratoria a cualquier trabajo de minería por 100 años, cuestión que, aunque fue impugnada por la empresa minera, se encuentra validada por tribunales agrarios.
Al momento de la decisión de la asamblea ejidal la empresa mantenía en el territorio ejidal material residual de la extracción de minerales que ya se habían enviado a laboratorio, pues el proyecto se encontraba en etapa de exploración. Dado que la minera no acató la expulsión decretada por la asamblea ejidal, el 24 de abril de 2013, la comunidad decidió mover fuera del fundo legal del Ejido los contenedores con residuos de la mina, acción en la que participaron alrededor de 150 personas. Por lo anterior, la empresa minera interpuso una denuncia por robo, daños y otros delitos en contra de varios integrantes de la comunidad por lo que los materiales fueron resguardados por la Fiscalía del Estado donde al parecer se conservan hasta hoy. Durante casi 9 años no hubo más información sobre la suerte de la denuncia.
Por otra parte, desde el 2012, campesinos y campesinas de la región noroeste de Chihuahua iniciaron un movimiento, encabezado por El Barzón Chihuahua para denunciar la existencia de cientos de pozos perforados de forma ilegal sobre la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, misma que se encuentra en veda desde 1954 por Decreto Presidencial. Esta sobreexplotación afectaba directamente a las personas productoras que, teniendo concesión legal sobre el agua para el riego de sus cosechas, no podían disponer del volumen al que tenían derecho. La situación ha sido expuesta ante todas las instancias que el Estado dispone, sin que exista NINGÚN resultado por más de 10 años, tiempo en el que los productores han sufrido afectaciones directas no sólo en sus cosechas, sino incluso en la disposición de agua para uso doméstico.
Productores del Ejido Constitución, del municipio de Buenaventura, forman parte de este movimiento en defensa de la sobreexplotación ilegal del agua. Frente al Ejido se encuentra el rancho denominado La Mojina, propiedad de la familia Lebarón quienes no cuentan con licencia de cambio de uso de suelo para agricultura, ni cuentan con concesiones legales para explotar el agua, pues ni siquiera habitan ahí, pero han establecido plantaciones de miles de nogales. El 20 de abril de 2020, más de 100 integrantes de la comunidad ingresaron al Rancho La Mojina a realizar una inspección del estado de los pozos ilegales dentro del territorio mencionado, lo anterior derivó en una fuerte confrontación que incluyó agresiones físicas, con lo cual se evitó la electrificación de los pozos ilegales, demanda principal del ejido desde el 2012. Ambas partes interpusieron denuncias penales por los hechos ocurridos.
Tanto las personas del ejido Benito Juárez como las del ejido Constitución han llevado a cabo diversas acciones en torno a esta problemática: han organizado mesas de diálogo con autoridades, han denunciado la operación de más de 300 pozos ilegales, debidamente georreferenciados: han interpuesto las denuncias correspondientes ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA). Han solicitado formalmente a la Comisión Federal de Electricidad la cancelación del servicio eléctrico a pozos ilegales. Hasta la fecha las autoridades ambientales y CONAGUA han incumplido en lo que se refiere al reordenamiento de la cuenca y no han hecho nada ante las denuncias penales por delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Contrasta esta inacción con la presión de las empresas extractivistas, de minerales y de agua, en contra de las y los defensores del territorio y del medio ambiente. La justicia oficial tiene una vara para medir a estas empresas y otra muy diferente para tratar a las y los campesinos.
Pero esto no quiebra la resistencia de los Ejidos Benito Juárez y Constitución. Ya ha participado en la formación del Frente Amplio Ambiental del Norte de México, junto con organizaciones como Salvemos los Cerros de Chihuahua y otras que defienden el Parque Chamizal en Juárez o la Sierra de Samalayuca en el mismo municipio. Y se están enlazando a nivel nacional con los muchos esfuerzos de organización y resistencia para defender los territorios, el agua, los bosques, los suelos. A pesar y en contra del lawfare e incluso del outlawfare de las empresas extractivistas.
Foto:ImpactoNoticias
