En medio de un campo minado por la protesta social y la violencia —que hasta el momento ha dejado seis muertes y 130 heridos, varios de ellos de gravedad— Pedro Castillo no tiene otra posibilidad de supervivencia en el gobierno que la remoción de su gabinete y la conformación de uno que busque la idoneidad profesional y no los compadrazgos del partido que lo llevó a la presidencia–el marxista leninista, mariateguista, Perú Libre.
En ocho meses de gobierno, Castillo ha tenido cuatro gabinetes y su nivel de desaprobación ha ascendido a 76%, algo menor a la del desprestigiado Congreso que ostenta un 80% de rechazo. Si bien el clamor en las manifestaciones es que el presidente se vaya —ya sea mediante su renuncia o convocatoria a elecciones generales— hay un sector que exige “una salida democrática a la crisis y la instalación de una mesa de negociación colectiva”. Así lo han expresado el jueves durante una marcha los principales sindicatos del país: Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en el Perú (SUTEP), Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE). En términos generales, exigen que Castillo cumpla con sus promesas de campaña, que convoque a una Asamblea Constituyente, que incremente los salarios y que nombre un gabinete competente.
Punto de inflexión
Las protestas masivas se iniciaron en la última semana de marzo. La génesis fue el paro de transporte de carga por el incremento en los precios de la gasolina, que a su vez impactó en el precio de los alimentos, que no llegaban a los mercados. Inicialmente, el gobierno atribuyó el paro a supuestos agitadores pagados por la oposición. Solo varios días después eliminó una parte impositiva del precio de los combustibles y el impuesto general a las ventas a productos de la canasta básica. Pero el fuego ya había encendido la pradera. En diversos puntos del país los agricultores, afectados por el alza de los fertilizantes, se sumaron a las protestas, que se agregaban a los conflictos de larga data en las zonas petroleras de la amazonia y en diversos enclaves mineros del país por temas socioambientales. El gobierno no tuvo la inteligencia para explicar el impacto inflacionario que tiene en todo el mundo la guerra en Ucrania, sobre todo cuando el manejo económico interno fue ordenado: alto nivel de reservas internacionales, tipo de cambio y déficit fiscal controlados. La inflación de 2% del primer trimestre de 2022 (solo en marzo, 1.5%) es importada.
La explosión ciudadana en Lima tuvo lugar el 5 de abril –fecha del trigésimo aniversario del autogolpe de Estado que dio Alberto Fujimori cuando sacó los tanques a la calle, disolvió el Congreso para convocar una Asamblea Constituyente y redactar una nueva Constitución, vigente hoy. Faltando quince minutos para la medianoche, a Pedro Castillo se le ocurrió la insólita idea de encerrar a los 10 millones de habitantes de la capital del país, al declarar estado de emergencia e inmovilización total. Un supuesto informe de inteligencia advertía de protestas, saqueos y violencia en Lima.
Con más de 75% de la población con trabajo informal y un fuerte rechazo de las clases medias altas, la respuesta fue la desobediencia civil. Lo que estas últimas no habían logrado desde que Castillo pasó a la segunda vuelta electoral, la desacertada medida lo produjo: una multitudinaria marcha, que culminó con actos de violencia y robos de documentos y computadoras en la Corte Superior de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros. Aunque no está confirmado, se especula que fueron los grupos de la Resistencia, fuerza de choque de la ultraderecha, apadrinada por el opositor Partido Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori.
La magnitud de las protestas en todo el país ha puesto en jaque al gobierno. El Congreso quiere, pero no quiere sacar a Castillo. Sus miembros no están dispuestos a renunciar a sus privilegios
Matrimonio Congreso-Castillo
El 28 de marzo las fuerzas de oposición del Legislativo fracasaron por segunda vez en su intento por destituirlo. De los 87 votos necesarios para la vacancia, solo obtuvo 55 a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. El primer intento de vacancia había tenido lugar el 21 de diciembre, pero los votos no alcanzaron para que la moción de censura se admitiera a debate.
La segunda moción, que sí fue debatida en el Congreso, cuestionó al presidente por presuntos actos de corrupción que están siendo investigadas por la Fiscalía de la Nación contra varios miembros que formaron parte de su gabinete ministerial, así como denuncias sobre la existencia de un “gabinete paralelo”, posibles favoritismos a favor de empresas vinculadas a su entorno por parte de la estatal Petroperú, entre otros.
La acusación para destituirlo se realizó al amparo de la imprecisa figura de “incapacidad moral permanente” prevista en el artículo 113 de la Constitución a pesar de que esta no contempla la vacancia por delitos mientras el presidente se encuentra en funciones. Este sólo puede ser destituido por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; entre otros aspectos puntuales.
La vacancia por incapacidad moral permanente se ha utilizado recurrentemente desde 2016 cuando Pedro Pablo Kuczynski le ganó por 0,24% de los votos a Keiko Fujimori, margen similar con el que Castillo también la derrotó. Esta figura legal puede ser fácilmente usada cuando se cuenta con las alianzas políticas que permiten lograr 87 votos del total de 130. Es así, que en el período presidencial que antecedió a Castillo (2016-2021) hubo cinco presidentes y dos Congresos. Entonces, Keiko Fujimori tenía una mayoría parlamentaria propia (73 de 130 congresistas). No es el caso en el actual Congreso donde Fuerza Popular es la segunda mayoría parlamentaria, con apenas 24 miembros frente a los 37 del partido gobernante Perú Libre, a los que se suman fuerzas que impiden alcanzar los votos para destituirlo.
El objetivo de Pedro Castillo hoy no es cambiar la sociedad, sino sobrevivir en el gobierno, para lo cual teje todo tipo de alianzas con las fuerzas políticas que haga falta. El ministerio de Economía está en manos de técnicos neoliberales y no se han promulgado ninguna de las medidas prometidas como la segunda reforma agraria –créditos a los pequeños productores que no son parte de las grandes cadenas agroexportadoras–, incremento del presupuesto a la educación, tampoco la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución que permita el cambio del capítulo económico, en particular del rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial. Esta última promesa podría enfrentarse con las limitaciones que imprimen las normas establecidas en los Tratados de Libre Comercio (TLC), toda vez que Perú los ha suscrito con un número importante de países. Los TLC tienen rango superior a la Constitución. Este fenómeno dificulta los cambios en la de Chile, con la diferencia que allá existe un momento constituyente y una correlación política favorable a ello.
Los gabinetes de Castillo
La legítima victoria de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori tuvo lugar en una competencia desigual en la que el profesor se enfrentó a las garras del poder mediático que advertía sobre confiscaciones a la propiedad y cercenamiento de libertades. Los sectores de la derecha nunca lo reconocieron como el ganador legítimo en un balotaje calificado como limpio por todas las misiones internacionales de observadores e hicieron, de su destitución, su bandera. Esta fue acompañada desde el exterior por la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Mario Vargas Llosa, quien con total desparpajo insinuaba que hubo fraude, en cuanto foro había, cuando ya Castillo era presidente.
Su discurso popular de izquierda, durante la campaña, estuvo cargado de una impronta conservadora en materia de respeto a los derechos sociales de las minorías LGTB y las mujeres. Pero la participación del partido de Verónika Mendoza, Juntos por el Perú, en el gobierno –que tuvo a su cargo el ministerio de la Mujer e Inclusión Social– permitió imprimir una visión de enfoque de género en la educación y tolerancia a las minorías. Sin embargo, la elección de su primer presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, militante de Perú Libre, no fue una elección adecuada. Se requería una figura de amplia convocatoria para enfrentar los coletazos de ahogado de Keiko Fujimori que, junto a los partidos de derecha, se resistían a reconocerlo.
En ese primer gabinete, que contó con cuatro miembros del partido de Mendoza, hubo ministros cuestionados, incluido el propio premier Bellido, por supuestas vinculaciones con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, que incurrió en acciones terroristas, en particular, durante la década de los ochenta. Presionado por la oposición, Castillo reemplazó al gabinete Bellido en octubre y conformó el segundo gabinete presidido por Mirtha Vásquez, abogada ambientalista, presidenta del Congreso durante la gestión del expresidente Francisco Sagasti, y miembro del Frente Amplio, un mínimo partido de izquierda, quien le imprimió estabilidad al gabinete ya que salieron algunos de los ministros cuestionados. Pero no fue suficiente.
Castillo no gobernó con transparencia, recibió a empresarios en su domicilio particular, fue denunciado por el otorgamiento de licitaciones estatales en favor de allegados y de cobros para los ascensos policiales. La premier Mirtha Vásquez fue perdiendo autoridad frente a un presidente que solo tomaba en cuenta a su círculo de asesores, algunos de los cuales estarían involucrados en actos de corrupción, según señaló Vásquez al momento de renunciar.
Lo propio ocurría con el ministro del Interior, Avelino Guillén, el prestigioso fiscal supremo que sustentó la acusación contra el expresidente Fujimori y una de las figuras más respetadas del gabinete. Guillén condicionó su permanencia en el cargo al retiro de algunos altos mandos policiales sospechados de realizar los cobros por los ascensos. Su renuncia gatilló la de la premier Vásquez y dio lugar a una crisis.
El 1º de febrero Castillo formó un tercer gabinete presidido por Héctor Valer, un congresista electo por el ultraderechista partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga. Durante la campaña electoral, Valer advertía que no había que votar por Castillo porque el comunismo traía pobreza y miseria. Pero al juramentar su cargo como congresista, en julio, discrepó de los intentos golpistas de su partido y de los de oposición a Castillo y dijo que había que respetar los resultados electorales. Así, fue expulsado de Renovación Popular y más tarde formó una agrupación, Perú Democrático, con disidentes del oficialista Perú Libre.
El efímero tercer gabinete expresó una corriente política conservadora con respecto a los derechos ciudadanos, ortodoxa en el manejo económico y contraria a las pocas reformas que se hicieron en gobiernos anteriores para mejorar la educación universitaria y el sistema de transporte público. Este fue reemplazado por el actual, presidido por Aníbal Torres, quien camina por una cuerda floja y no ha cambiado la senda.
Pronóstico reservado
En el Perú hay una crisis de representatividad política de larga data. Detrás del orden macroeconómico y la estabilidad fiscal, subyace la ausencia de inversiones en salud y educación. Perú es el país con mayor número de muertes por covid-19 con relación a su población en el mundo. Al inicio de la pandemia, apenas había 300 camas UCI para más de 30 millones de habitantes. De acuerdo con el escritor peruano, Rodrigo Montoya, en ocho meses en el poder, “el gobierno no ha tomado una sola medida seria, que pueda ser calificada de izquierda. Se limitó a continuar con la inercia en el manejo de la economía, seguir con las obras del gobierno anterior y, en extraordinaria unidad con las derechas, acordaron leyes que recortan más las reglas del juego democrático y favorecen a los burgueses de la educación superior para salvar sus universidades clausuradas, por ejemplo”.
Castillo no ha cumplido con la promesa de poner fin a la corrupción ni al neoliberalismo que caracterizaron a los gobiernos durante las tres últimas décadas. Asimismo, ha arrastrado al fracaso a los partidos de izquierda que lo apoyaron. El descontento es común a toda la ciudadanía. Un sector mayoritario exige que renuncie y otro, que cumpla con sus promesas, pues vislumbran el surgimiento de fuerzas políticas de derecha radical. En cualquier caso, la gobernabilidad y estabilidad política se encuentran en una fase de descomposición que parecen no tener vuelta atrás.
Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina (1985-1994), asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (2006-2008) y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina (2010-2015). Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.
