Raúl Zibechi
El modelo productivo basado en los monocultivos de soja, hace crecer la economía pero genera inestabilidad social que puede desembocar en crisis políticas. La tentación es usar la fuerza armada para resolverlos. 
A fines de setiembre comienzan las obras para construir el World Trade Center de Asunción. El primer paso es demoler casas antiguas y excavar el terreno. “Con cada ladrillo, ventana, puerta, que sacaremos de ahí nos comprometimos a construir un centro educativo en el Bañado Norte”, explicó el director de la empresa Capitalis que dirige el proyecto[1].
“Policía realizará jornada de socialización en el Bañado Sur”, titula el diario ABC, explicando que los uniformados brindarán servicios de odontología, pediatría, ginecología y oftalmología a los vecinos. También emitirán cédulas de identificación, habrá servicios de peluquería y “charlas preventivas a cargo de al División Antinarcóticos. La banda de música de la Policía Nacional ameniza la jornada”[2].
“Enorme operativo fiscal-policial en el Bañado Sur”, titula Última Hora, en referencia a la intervención de cien policías y dos helicópteros que revisaron decenas de viviendas del barrio y detuvieron a cinco personas[3]. El mismo día que se produjo ese operativo policial, el diario ABC informaba: “Madres luchadoras por la salud de sus hijos marchan este viernes en el Bañado Sur hasta al comisaría 24 en contra de la venta ilegal de drogas”[4].
La marcha de las madres se produjo en el mismo barrio que el operativo, pero su objetivo era denunciar a la comisaría de Policía exigiéndole que “trabaje para erradicar la venta ilegal de droga”, en concreto crack[5]. No hace falta mucha imaginación para saber que las madres estaban acusando a los policías de ser cómplices de los traficantes.
En toda América Latina los barrios populares como el Bañado Sur, entre la ciudad formal y el río Paraguay, son objeto de la permanente intervención policial y militar[6]. La excusa son las drogas, los detenidos suelen ser jóvenes pobres, personas sin trabajo y sin futuro, a menudo expulsados del campo por el avance de la soja, la minería y los monocultivos.
Por diversas razones Paraguay es un buen observatorio para comprender las causas de la militarización en la región. En 2010 el gobierno de Fernando Lugo decretó el estado de excepción en cinco departamentos, con la excusa de combatir un pequeño grupo denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)[7]. Un examen más detallado permite develar de qué se trata.
Las razones del militarismo
En mayo Paraguay celebró su bicentenario de la independencia. El despliegue militar comenzó el 3 de mayo. “Las Fuerzas Armadas despliegan un megaoperativo de seguridad, con 16 puestos ubicados en distintos puntos de la ciudad y mil efectivos militares”[8]. Lo curioso es que las celebraciones para las que se realizó semejante despliegue fueron el 14 y 15 de mayo. En los hechos el despliegue militar duró un mes.
Una mirada detallada de algunas operaciones militares y policiales permite encontrar algunas respuestas. El camino es observar el estado de excepción decretado por el gobierno de Fernando Lugo, con apoyo del Congreso, en cinco departamentos del país: San Pedro, Concepción, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraná, tomando como excusa el asesinato de dos peones y un capataz en una hacienda de Concepción, atribuida al EPP[9].
En 2009 ya se habían realizado tres operativos militar-policiales contra ese grupo: Operativo Jeroviá (confiar), Operativo Triángulo y Sombra. En 2010 se realizó el Operativo Jaguareté y el quinto se denominó Py´a Guapy (tranquilidad), ya en el marco del estado de excepción. En forma paralela se realizaron operativos de asistencia en salud con donaciones de los Estados Unidos.
En los 30 días que duró el estado de excepción se registraron 96.330 personas (91.834 el ejército y 4.496 la policía)[10]. Hubo días que fueron registradas más de seis mil personas sólo en esos cinco departamentos, sobre todo en Concepción y San Pedro que han sido epicentros de importantes luchas campesinas y contaban con fuertes organizaciones sociales.
La primera constatación es que los cinco departamentos tienen una población de 794.000 personas (Amambay 124 mil, Presidente Hayes 101 mil, San Pedro 355 mil, Concepción 190 mil y Alto Paraguay 24 mil). Eso quiere decir que el 12% de los habitantes fueron registrados por militares y policías en un mes. Si se quitan los ancianos y niños y se computa sólo a los adultos, el porcentaje es mucho mayor. Si se cuenta sólo a los jóvenes, es probable la mayoría absoluta hayan sido revisados.
En ese mes hubo 85 detenidos por militares y 142 por policías. Sólo hay datos detallados para el segundo grupo. El resultado es que las tres causas más importantes de detención fueron: robo agravado (15), abigeato (12) e invasión de inmuebles (8). “Las causas tienen raíces en el alto grado de desigualdad, concentración de la riqueza, mala distribución de la tierra y expansión del hambre y la miseria”, explica Irala[11].
La invasión de inmuebles es una práctica común del movimiento campesino y el robo de ganado en pequeña escala es el modo de sobrevivencia de los campesinos pobres. “El estado de excepción culminó sin atrapar al EPP y sin aclarar las muertes, pero sirvió para vincular a las fuerzas armadas en las tareas de seguridad interna”, señala el informe.
Desde un enfoque sociológico, Cristina Coronel del Serpaj señala que el estado de excepción “generó un clima de desconfianza en la zona, de ruptura de vínculos, de temor entre los propios pobladores, pretendiendo visibilizar estos delitos comunes de manera de criminalizar las luchas sociales”[12].
En sus conclusiones, el trabajo de Irala destaca que hay un avance importante de la “militarización en democracia”, con la presencia de asesores colombianos que son “la principal referencia en cuanto a seguridad para el Paraguay”. Registra un división del trabajo por la cual las acciones de carácter humanitario de las fuerzas armadas son acompañadas y dirigidas por organismos del gobierno de Estados Unidos como su embajada en Paraguay.
La criminalización de la protesta
En lugar destacado señala que el modelo “neoliberal extractivista” conlleva una hipótesis de conflicto que no es hacia fuera sino “hacia adentro”, cuyo protagonista es “el enemigo interno, que fácilmente pueden ser las organizaciones y movimientos sociales críticos al sistema”[13].
En el marco del Foro Social América realizado en Asunción en agosto de 2010, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y BASE Investigaciones Sociales realizaron el seminario “Desarrollo, militarización y criminalización”, cuyas ponencias se difundieron un año después en el libro “La dimensión represiva y militar del modelo de desarrollo” coordinado por la socióloga Marielle Palau.
Sostiene que en Paraguay hay dos proyectos de país contrapuestos: “Por un lado, el lucro, y por otro, el derecho de comunidades enteras a continuar existiendo”[14]. La principal oposición de este modelo son las comunidades y organizaciones campesinas y los pueblos indígenas. Por eso son reprimidos.
Desde que terminó la dictadura en 1989, hasta 2008, cuando Lugo llegó al gobierno con un discurso progresista, “fueron asesinados 105 militantes campesinos en el marco de la lucha por la tierra, diez de los cuales ocurrieron durante el gobierno de Lugo”, dice Palau. En 2003 cuando de forma masiva se judicializó la protesta, tres mil militantes fueron imputados “como estrategia para desmovilizar la lucha campesina”[15].
Desde que Lugo llegó al gobierno la soja siguió avanzando: en dos años la superficie cultivada creció un 10%. La criminalización se ha agudizado. En 2010 el gobierno y la embajada de Estados Unidos impulsaron la “Iniciativa de la Zona del Norte” que “habilita legalmente una fuerte presencia norteamericana en varios departamentos del país, justamente donde existe mayor presencia de organizaciones campesinas y donde la soja se encuentra en agresiva expansión”[16].
Juan Martens, abogado de la CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay) sostiene que existe un proceso de criminalización y prisionización creciente de la dirigencia social”[17]. En su opinión, un caso muy grave fue la detención en enero de 2010 de varios dirigentes de la Organización Campesina del Norte, en Concepción, a 420 kilómetros de Asunción, acusados de apoyar al EPP.
La fiscalía no pudo siquiera decir en su acta qué hicieron. En este momento hay 500 militantes sociales procesados y “las torturas son cada vez más frecuentes”[18]. La justicia comenzó a usar la figura de “perturbación de la paz pública” por realizar marchas que no cortan rutas y de “sabotaje” al bloqueo de carreteras que supone 10 años de prisión.
De este modo se comenzó a perseguir actores que antes no eran alcanzados por el sistema penal. Martens denuncia además que han sido detenidas madres con sus hijos menores, desde dos meses hasta cinco años, que los defensores de derechos humanos están siendo amenazados y que se registra “la militarización del aparato de seguridad” con el apoyo de USAID[19].
El resultado, según Palau, es que los sujetos que históricamente enfrentaron el agronegocio “hoy se encuentran más silenciados” y “las organizaciones campesinas desmovilizadas”[20]. En opinión de Martens, “las organizaciones que no entraron a formar parte del gobierno, que siguen en resistencia, tienen sus miembros encarcelados por un lado, y procesados por otro”[21].
Modelo productivo
Irala sostiene que hay tres razones que explican la creciente militarización del país. Por un lado, el narcotráfico, “sobre todo en las zonas rurales y más recientemente en las urbanas”[22]. En la zona donde se aplicó el estado de excepción, la soja avanza a ritmos importantes, sobre todo en los departamentos del Chaco, por lo cual “hay un alto grado de población sin tierra y eso genera conflictos”.
Con frecuencia se registran enfrentamiento entre campesinos y “brasiguayos”, colonos brasileños con tierras en Paraguay. El conflicto más reciente se produjo en Caaguazú, en agosto, con disparos de armas de fuego. Pero el agronegocio también necesita avanzar sobre los departamentos de San Pedro y Concepción, donde enfrenta mayores dificultades.
Además existen plantaciones de marihuana que ocupan vastos territorios. “Al parecer hay un conflicto de interesas en el cual el agronegocio necesita avanzar sobre las tierras del narcotráfico y en ese conflicto la militarización juega a favor de la soja. El campesino que planta marihuana es el último en la escala y la mujer, cuando lo meten preso, vende ese terreno para sacarlo de la cárcel, y se lo vende a los sojeros”, explica Irala
La soja necesita seguir avanzando, como está sucediendo en toda la región. En Brasil hacia la Amazonia, en Argentina hacia el norte expulsando campesinos. En Paraguay, “el modelo se mueve hacia el Chaco, igual que en Brasil, donde la soja desplaza a la ganadería y esta emigra hacia la selva. Eso puede cerrar el círculo de la militarización”.
La segunda se relaciona con el clima de inseguridad que lleva al gobierno a hacer algo para “tranquilizar” a la opinión pública. Esto puede explicar los operativos en los Bañados, acompañados siempre por una amplia difusión mediática. De otro modo no se puede entender el despliegue en los días del bicentenario, “con tanques que coparon las calles de la ciudad y tomaron las entradas de Asunción durante varias semanas”.
La tercera razón se relaciona directamente con el terrorismo. Se trata de un grupo que tendría no más de diez o quince integrantes, que en modo alguno puede ser considerado una amenaza. Sin embargo, “con la cobertura mediática de los medios masivos de comunicación para estos operativos se ha logrado asociar a los campesinos con el narcotráfico”, enfatiza Irala.
Puede parecer extraño que el gobierno de un obispo que apoyó con fervor la lucha por la tierra, haya cambiado al punto de no hacer la reforma agraria y perseguir a los movimientos. Es el mismo camino que están siguiendo los demás gobiernos de la región: no pueden o no tienen fuerzas para cambiar el modelo productivo, pero no quieren sufrir las consecuencias.
Paraguay creció un 15% en 2010. Una cifra asombrosa que, sin embargo, no resuelve sus problemas. Puede, incluso, agudizarlos si no se consigue abordar la tremenda desigualdad, que es el caldo de cultivo de la descomposición de las sociedades.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.americas.org/es).
Recursos
ABC (diario): www.abc.com.py
Abel Irala, “Los nuevos rostros de la militarización”, Serpaj-PY, Asunción, 2011.
La Nación (diario): www.lanacion.com.py
Marielle Palau (comp) “La dimensión represiva y militar del modelo de desarrollo”, BASE-IS/Diafonía/Serpaj-PY, Asunción, 2011.
Raúl Zibechi, entrevista a Abel Irala, 6 de agosto de 2011.
Última Hora: www.ultimahora.com/
[1] La Nación, 26 de agosto de 2011.
[2] ABC, 5 de agosto de 2011.
[3] Última Hora, 29 de julio de 2011.
[4] ABC, 29 de julio de 2011.
[5] Idem.
[6] Sobre los Bañados: Raúl Zibechi, “Bañados de Asunción: La potencia de la comunidad”, Programa de las Américas, 24 de julio de 2008.
[7] “Estado de excepción en Paraguay: Riesgos de militarización”, Programa de las Américas, 11 de mayo de 2010.
[8] Última Hora, 3 de mayo de 2011.
[9] Abel Irala, “Los nuevos rostros de la militarización”, ob cit. p. 33.
[10] Idem p. 35.
[11] Idem p. 36.
[12] Idem.
[13] Idem p. 46.
[14] “La dimensión represiva y militar del modelo de desarrollo”, ob cit p. 122.
[15] Idem p. 123.
[16] Idem p. 124.
[17] Juan Martens, “Campesinos/as son los chivos expiatorios de una política de seguridad militarizada”, en “La dimensión represiva y militar del modelo de desarrollo”, ob cit p. 143.
[18] Idem p. 146.
[19] Idem p. 149.
[20] Idem p. 125.
[21] Idem p. 148.
[22] Entrevista a Abel Irala.
