Como si no fueran suficientes las graves crisis sanitaria, económica y social por las que atraviesa el país, el Congreso peruano dio un golpe de Estado institucional el 9 de noviembre al destituir al presidente Martín Vizcarra, lo que generó una grave crisis política. La presidencia fue asumida por el entonces presidente del Congreso, un oscuro congresista del partido de centro derecha (Acción Popular) Manuel Merino de Lama, quien solo duró en el puesto seis días.
Era difícil imaginar que, en el Perú, un país donde no existe la tradición ciudadana de tomar las calles para protestar, se hubiera podido derrocar a un gobierno en tan corto tiempo. Las multitudinarias protestas realizadas simultáneamente en todo el país, fueron organizadas por jóvenes, en su mayoría menores de treinta años, a quienes los une el haber nacido bajo el aura de la corrupción de todos los gobiernos, a partir de Fujimori, y la información que comparten en redes sociales. Son ellos los que salieron a la calle, pero lograron a la vez articular y vincular a otras generaciones mediante cacerolazos o bocinazos en horarios que ellos determinaban.
Josi Martínez, un tiktoker peruano de 16 años con más de 17 millones de seguidores en esa plataforma, ha grabado un video con varios de sus compañeros, en el que se jactan de haberse traído abajo a un gobierno. En el señalan: “Tocaron a quien no debían tocar, golpearon a quien no debieron golpear, se metieron con la generación equivocada. Nos cansamos del abuso, de tener que soportar intereses propios de un congreso asqueroso. Esta generación ya no tiene miedo. Seguiremos luchando por lo que creemos justo”.
Esta no ha sido la primera vez que los jóvenes se manifiestan y logran los fines que persiguen. A fines de 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, se modificó la ley de empleo juvenil, cuyo objetivo consistía en que las y los jóvenes de 18 a 25 años ingresaran al mercado laboral formal, pero sin beneficios laborales como el reconocimiento de gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y vacaciones. Las masivas protestas de los denominados “pulpines” en alusión a una marca de jugos “Pulp” para niños, lograron revertir la Ley, que fue bautizada en la calle como Ley Pulpin.
La militancia partidaria les es tan ajena como cercana su conexión en línea a través de la cual se informan, coordinan y se auto convocan. La denominada Generación del Bicentenario, en referencia al bicentenario de la independencia del Perú, a celebrarse en 2021, es artífice de lemas como “A nosotros no nos calla nadie”, “Perú no te duermas nunca más”, entre otros.
Son también víctimas de la falta de representatividad política, de la debilidad operativa del Estado y de su desconexión con la ciudadanía, de la falta de oportunidades y de un Estado nacional capturado por los grupos de poder económico que lo han construido a la medida de sus necesidades. No en vano el Perú es uno de los países con menor confianza en el sistema político: según el Barómetro de las Américas el apoyo a esta democracia viciada, caracterizada por un régimen de partidos políticos en los que no se sienten representados y en los que prolifera la corrupción, ha caído de 63% en 2008 a 49% en 2019, uno de los más bajos del continente.
¿Por qué destituir a Vizcarra?
Detrás de su vacancia había un conjunto de intereses espurios de los Congresistas, que necesitaban un nuevo Gabinete y un nuevo presidente, que no objetara sus proyectos de ley. El tema que más preocupaba al Congreso era reemplazar a seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional –cuyos mandatos habían expirado– a medida de sus intereses.
Otro de los temas que le interesaba al Congreso, al igual que al Gabinete presidido por Merino, consistía en modificar la reforma universitaria y la magisterial, así como flexibilizar las normas de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para permitir que las universidades privadas sigan proliferando sin estándares de calidad. En los últimos cinco años la Sunedu clausuró 47 universidades por no cumplir con los estándares mínimos. Vizcarra se había resistido a las medidas que estaba promoviendo el Congreso. Varios de los líderes de los grupos políticos que promovieron la destitución de Vizcarra eran dueños, autoridades o profesores en dichos establecimientos e intentaban usar el Parlamento para quitarle atribuciones a dicha Superintendencia. Según una denuncia de la organización civil Transparencia Internacional la Comisión de Educación del Congreso había programado una modificación a la ley de reforma universitaria y la creación de nuevas universidades.
El presidente del Consejo de Ministros nombrado por Merino, Antero Flores-Aráoz, es abogado de este tipo de universidades y cuenta con títulos de doctorado honoris causa otorgadas por estas. Llegó a anunciar que las universidades a las que no se le había aprobado licencias, debían tener una segunda oportunidad. Los mismos intereses tenían los fujimoristas quienes han tenido financiamiento y candidatos de estas universidades. El gobierno de Alberto Fujimori extendió las medidas neoliberales al campo de la educación, especialmente a la creación de universidades privadas, un negocio muy lucrativo. Los requisitos para su constitución fueron flexibilizados y proliferaron como quioscos de golosinas.
A otro de los partidos representados en el Congreso, Unión por el Perú (UPP) que también impulsó el pedido de vacancia, le interesaba lograr la liberación de su líder Antauro Humala, quien purga una condena de 25 años debido al asalto a una comisaría en la que murieron cuatro policías y dos de sus reservistas y, por eso, ingenuamente apoyaron la moción de vacancia. A algunos integrantes de otros partidos, la Alianza para el Progreso (APP), por ejemplo, les interesa bajar los estándares de calidad ambiental para favorecer la minería ilegal. Así, en los pocos días que duró el gobierno de Merino, llegaron a presentar un proyecto de ley para modificar la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Pero Merino y su gabinete no tuvieron la oportunidad de lograr sus objetivos. La protesta ciudadana los obligó a renunciar en menos de una semana.
El golpe
Para destituir a Vizcarra, el Congreso aprovechó la imprecisa figura de la vacancia “por incapacidad moral permanente” prevista en el artículo 113 de la Constitución, para destituir al presidente. El Congreso se basó en acusaciones de testigos que señalaron que Vizcarra recibió sobornos cuando fue gobernador de Moquegua, (2011-2014), una región en el sur de Perú. Estas estaban siendo investigadas por la Fiscalía. La Constitución no contempla la vacancia por delitos mientras el presidente se encuentra en funciones. Este sólo puede ser destituido por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución; y por impedir su reunión o funcionamiento (artículo 117 de la Constitución). Pero primó el interés particular.
La moción de vacancia fue aprobada por 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones. Del total de 130 congresistas (Perú tiene un sistema unicameral), 68 tienen procesos que van desde la corrupción hasta el asesinato. Martín Vizcarra se convirtió, así, en el cuarto presidente de la historia republicana del Perú en ser destituido de la presidencia por el Congreso. El último presidente en ser vacado al amparo de la norma sobre incapacidad moral permanente fue Alberto Fujimori, en el año 2000. Este envió su renuncia a la presidencia por fax desde Brunei, al haberse difundido videos que lo involucraban directamente en actos de corrupción. Esta es parte de las razones por las cuales –además de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y secuestro agravado– Fujimori purga una pena en prisión por 25 años.
Con este golpe infringido a la Constitución, el Congreso entregó el poder a los sectores más conservadores de la derecha en el Perú, enemigos del diálogo y del consenso, y con intereses creados que tenían como objetivo aprobar reformas que venían siendo resistidas y observadas desde el Ejecutivo.
Los ministros que conformaron el nuevo gabinete nombrado por Merino, lejos de ser connotados ilustres, de una amplia base, como lo había anunciado, fueron representantes de grupos económicos o de estudios de abogados que tramitan causas administrativas o judiciales contra el Estado. Algunos como el ministro del Interior y la ministra de la Mujer, están investigados por presuntos casos de corrupción, mientras que el ministro de Economía tiene seis investigaciones pendientes por malos manejos públicos, según información del diario La República de Lima. A su vez, el presidente del Consejo de Ministros nombrado por Merino, Antero Flores Aráoz, fue ministro de Defensa en el segundo gobierno de Alan García y es vicepresidente de la Coordinadora Republicana, grupo de la derecha más extrema, de la cual formaban parte seis de sus nuevos ministros.
La caída de Merino
Desde el día que Merino asumió la presidencia en reemplazo de Vizcarra, se desató un estallido de protestas multitudinarias en todo el país, que dieron lugar a la más cruenta represión policial en el centro de Lima, en varios lustros. Esta fue denunciada desde el inicio por organizaciones como Amnistía Internacional, organismos de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, Human Rights Watch, entre otros organismos de derechos humanos.
Antes del golpe, Vizcarra contaba con 50% de aprobación y el 80% de la ciudadanía rechazaba la posibilidad de una vacancia. En medio de una pandemia, y cuando las elecciones generales estaban ya convocadas para el 11 de abril, la ciudadanía consideraba que el país no estaba para cambios de gobierno y que Vizcarra debería ser juzgado después de su mandato. Perú es el segundo país en el mundo con mayor número de muertes por covid-19 por habitantes y es el país que registrará la mayor caída económica (14%) en América Latina y el Caribe, solo precedido por Venezuela.
La ciudadanía sabía claramente que los verdaderos motivos para destituir al presidente Viscarra en estas circunstancias respondían a contubernios e intereses espurios de muchos congresistas para satisfacer intereses particulares. Por eso, luego del golpe, el respaldo a Vizcarra subió a 65% y el rechazo a la vacancia a 91%.
Las multitudinarias manifestaciones que estallaron tan pronto se consumó ese acto tuvieron su punto más álgido el sábado 14 de noviembre. La brutal represión policial en el centro de Lima contra jóvenes agazapados detrás de sus pancartas de cartón para protegerse de los balines de metal y bombas lacrimógenas, lanzadas por la policía, les arrancó la vida a dos estudiantes. Entonces, con más de cien heridos, algunos de ellos de gravedad, empezaron a caer las renuncias de los ministros nombrados hacía apenas tres días Manuel Merino de Lama.
Ya sin gabinete, y sin mesa directiva del Congreso –sus integrantes también renunciaron– no le quedó otra que hacerlo él también. El país quedó sumido en un vacío de poder que fue resuelto luego de barajarse los nombres de los 19 congresistas que votaron en contra de la vacancia, para conformar una nueva mesa directiva. Su presidente, asumiría inmediatamente la presidencia de la república hasta el 28 de julio de 2021. El elegido fue Francisco Sagasti Hochhausler, de las filas del Partido Morado, la única agrupación política que votó en bloque contra la vacancia. Convertido en el tercer presidente en una semana, Sagasti asumió funciones el 17 de noviembre.
El nuevo presidente
Liberal de centro, con una trayectoria académica y laboral impecables –vinculadas a la innovación, el desarrollo tecnológico y el planeamiento estratégico– este ingeniero industrial de 76 años conformó un gabinete de amplia base, la mayoría con experiencia en el sector público. El mismo está presidido por la abogada Violeta Bermúdez, experta en derechos humanos con enfoque de género, políticas públicas y poblaciones vulnerables. Tres de los ministros (Trabajo, Salud y Cultura) y el viceministro de Energía y Minas, convertido hoy en ministro de ese sector, provienen del Gabinete de Vizcarra. En la cartera de Justica, que tendrá un rol protagónico para que los hechos de violencia no queden impunes, ha nombrado a Eduardo Vega, ex Defensor del Pueblo. En el ministerio de Economía ha optado por mantener la ortodoxia al nombrar en ese despacho a Waldo Mendoza.
Durante su discurso, al asumir la presidencia, Sagasti saludó la vocación de protesta de los jóvenes y, en nombre del Estado, les pidió perdón a los familiares de los fallecidos y heridos y reconoció que “nuestra clase política no ha sabido escuchar y responder a las legítimas aspiraciones de la gran mayoría de peruanos, de igualdad de trato y oportunidades”. Agregó que los jóvenes se han convertido en los protagonistas de ese gran movimiento que reclama representación y espacios de participación política. Prometió, asimismo, que no habría impunidad para los responsables de las acciones violentas que vivieron los manifestantes.
Las palabras del presidente designado para gobernar hasta el 28 de julio, fecha en la que entregará el mando al candidato electo en abril, fueron recibidas por los jóvenes que hacían guardia en las calles –y por la ciudadanía en general– como una luz de esperanza entre las tinieblas de la semana de protestas contra el breve gobierno de Manuel Merino. Los manifestantes pasaron del modo protesta al modo vigilia. Pero la tranquilidad no ha durado mucho.
El 19 de noviembre el Tribunal Constitucional tomó la lamentable decisión de no pronunciarse ni darle un contenido al impreciso concepto de “incapacidad moral permanente” causal por la que fue vacado Martín Vizcarra. Con esa decisión se perdió una oportunidad histórica para emitir una sentencia que definiera con claridad ese concepto y poder evitar, así, su uso arbitrario. Al no haberse pronunciado, ha dejado en manos del Congreso una herramienta poderosa para vacar a cualquier presidente que no cuente con mayoría en el Congreso y ha avalado y legitimado el accionar del Congreso golpista. A la par de haber vuelto a enturbiar el panorama político, les ha regalado a los manifestantes una nueva bandera: la lucha por una nueva Constitución.
Los desafíos
La semana transcurrida después del golpe será recordada como una de las más oscuras de la historia del Perú. Pero probablemente marcará un punto de inflexión en la forma de hacer política en el país.
La protesta ciudadana logró derrocar a un gobierno advenedizo que no respetó el sentir ciudadano. Al traerse abajo el gobierno, la denominada Generación del Bicentenario ha evitado que se modifique la reforma universitaria y se dé licencia a entidades universitarias costosas que estafan a los alumnos con sus bajos niveles educativos, que se relajen normas ambientales para favorecer a la minería ilegal, que se posterguen las elecciones, entre otros.
El grave problema es que los 105 congresistas que vacaron a Vizcarra, mantienen incólumes sus curules. El Tribunal Constitucional, al no haber precisado la definición de “incapacidad moral permanente”, le ha dejado al Congreso la puerta abierta para que vuelvan a hacer lo mismo cuando les dé la gana.
El presidente Sagasti ha prometido que no habrá impunidad para los responsables de la violencia policial usada contra los jóvenes manifestantes. Deberá andar con pies de plomo. La fiscal de la nación ha abierto ya una investigación. El ex presidente Merino, el ex presidente del Consejo de Ministros, el ex ministro del Interior y todo el comando policial están incursos en un proceso penal por varios delitos (homicidio, secuestro agravado y lesiones leves y graves) que implican penas severas.
El Congreso hará todo lo que esté a su alcance para sabotear al gobierno y enturbiar el proceso electoral. Asimismo, el voto de investidura al nuevo gabinete deberá darse en 30 días; es difícil garantizar que lo hagan. El único respaldo del presidente y de su gabinete es la juventud en las calles.
