El 23 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que el epicentro del COVID-19 se había trasladado a América Latina, en particular a Sudamérica. En conjunto, hasta el 30 de junio, la región presenta el mayor número de casos de contagio y de muertes en el mundo. Brasil, México, Perú y Chile son, en este orden, los países con mayor número de personas fallecidas en el subcontinente.
América Latina fue la región que más tardíamente presentó los primeros casos de contagio, de tal manera de que pudo ver cómo la ola del COVID-19 arrasaba a su paso con Wuhan y las ciudades chinas aledañas, y colapsaba los hospitales en España e Italia.
Las estrategias utilizadas por los gobiernos sudamericanos para enfrentar la pandemia han sido distintas y también sus resultados, aun en los casos en los que se puso en marcha estrategias similares. En ellos han jugado un papel importante la fortaleza de los sistemas de salud preexistentes, los niveles de informalidad, la capacidad de la dirigencia política de transmitir con claridad un solo discurso frente al tratamiento de la pandemia, entre otros.
Al contrastar las políticas para enfrentar el COVID-19, estas se agrupan básicamente en tres: la estrategia negacionista de Brasil, la de cuarentenas estrictas como las puestas en marcha en Argentina y el Perú –con resultados muy distintos en ambos países– y las políticas intermedias en Chile y Uruguay, que en el primer caso fracasaron, mientras que en el segundo resultaron exitosas.
La estrategia negacionista
Brasil
El 26 de febrero Brasil se convirtió en el primer país latinoamericano que presentó un contagio confirmado de COVID-19. Al igual que en el resto de los países de la región, los primeros casos fueron importados de Europa por personas de estratos socioeconómicos altos, la mayor parte de ellos procedentes de Italia o España.
El virus se extendió rápidamente por todo el país e infectó a la población de los grandes conglomerados urbanos: São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Espiritu Santo, así como también a la región de Manaos ―que vio desbordados sus hospitales―y a las comunidades nativas de la selva amazónica. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro, al igual que su ícono Donald Trump, subestimó la pandemia.
En la tercera semana de marzo, los contagios crecían exponencialmente en el país. Los 1,924 casos del 23 de marzo se habían duplicado en apenas tres días. Cuando la mayoría de los países de la región ya habían decretado medidas de aislamiento social, casi todos obligatorios, los gobernadores de los principales Estados instaron a los brasileños a permanecer en sus casas a menos que trabajasen en sectores críticos y pidieron a los negocios no esenciales que cerrasen sus operaciones. Se suspendieron las actividades educativos, culturales y deportivos, pero la administración pública en todos los niveles –federal, estatal y municipal—no fue interrumpida. El aislamiento social para la ciudadanía no fue obligatorio.
Bolsonaro arremetió contra los gobernadores por caer en la “histeria” y afirmó, sin pruebas, que estaban inflando las cifras del coronavirus para obtener beneficios políticos.[i]Asimismo, atacó a periodistas y los acusó de provocar pánico en un esfuerzo por socavar a su gobierno. Al igual que Trump, Bolsonaro amenazó con retirarse de la OMS, al acusarla de actuar con sesgo ideológico.[ii]
Mientras tanto, la sociedad le exigía que dictara la cuarentena, que unificara criterios para enfrentar la pandemia como nación y que no dejara a los Estados librados a su suerte. Sin embargo, en un mensaje al país a fines de marzo, lejos de aprobar normas estrictas de cuarentena, dijo que “los efectos colaterales de las medidas para combatir el coronavirus no pueden ser peores que la misma enfermedad”. Propuso que el comercio y las escuelas reabrieran sus puertas y que el aislamiento social obligatorio debería ser solo para grupos considerados de alto riesgo, como los adultos mayores.
Veintiséis de los veintisiete gobernadores se negaron a acatar el mandato del presidente y anunciaron que continuarían con las recomendaciones de la OMS. El Supremo Tribunal Federal reconoció la autonomía de los Estados en el diseño de las políticas públicas para enfrentar la pandemia, lo que en la práctica implicó decirles a los brasileños que ignoraran a su presidente. Por su parte, la población en las principales ciudades del país, incluso quienes votaron por Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2018, realizó cacerolazos, en repetidas oportunidades, exigiendo su destitución y la adopción de medidas efectivas y coordinadas con los gobernadores para enfrentar la pandemia.
Una semana antes de ese mensaje el presidente había dicho en una conferencia de prensa que el COVID-19 era solo un resfriadinhoy que los brasileños estaban inmunizados. Su manejo de la crisis generó consternación en todo el espectro político del país. A fines de abril, el alcalde de la ciudad de Manaos, Arthur Virgílio Neto, al ver los hospitales de su ciudad desbordados afirmó que “con una prédica irresponsable, casi delincuencial, el presidente Bolsonaro anima a la gente a salir a las calles, empujándolos a la muerte”.[iii]
La irresponsable actitud del presidente frente a la pandemia dio lugar a la salida de dos ministros de Salud en menos de un mes. El 16 de abril, Bolsonaro despidió a Luiz Henrique Mandetta debido principalmente a sus opiniones a favor de las medidas de cuarentena total obligatoria, Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado divulgaron una comunicación conjunta en apoyo a Mandetta.
Menos de un mes después, el reemplazante ministro de Salud, el oncólogo Nelson Teich, renunció por desacuerdos con la prédica inapropiada que hacía el presidente de los beneficios del tratamiento curativo y preventivo de la hidroxicloroquina. Teich consideraba que ese tipo de discurso llevaba a la población a pensar que había una cura o una forma de prevenir la enfermedad y esto tenía un impacto negativo en el aislamiento social.Asimismo, se enfrentó recurrentemente con el presidente por discrepancias en los planes de reapertura de la economía.
Entretanto, Bolsonaro participaba en protestas anticonfinamientofuera del palacio presidencial de Planalto en Brasilia, donde aparecía sin mascarilla y dándole la mano a la multitud. Algunas personas portaban pancartas que pedían intervención militar y el cierre del Congreso y de la Corte Suprema. Estas actitudes del presidente dieron lugar a fuertes rumores de que Bolsonaro estaría preparando un autogolpe militar para frenar los intentos de contrapeso del Poder Judicial y del Legislativo[iv].
Mientras el presidente busca reducir el impacto negativo que la crisis económica tendrá en los índices de popularidad de su gobierno, la expansión de la pandemia ha puesto en evidencia su falta de liderazgo y sus niveles de aprobación se han reducido al 30%. El manejo de la pandemia en Brasil no fue claro para la ciudadanía y estuvo impregnado por diferencias entre el nivel presidencial, el de los gobernadores y el de los alcaldes. Las diferencias son tan graves, y los mensajes tan confusos, que el pasado 23 de junio un juez federal tuvo que ordenar al presidente a utilizar máscara cuando se encuentre en lugares públicos[v].
Con cerca de 60,000 muertos, Brasil ha superado a los países europeos para quedarse en segundo lugar, detrás de Estados Unidos. Los resultados en Brasil no son peores en términos de víctimas fatales porque cuenta con un sistema único de salud al que tienen derecho todos los ciudadanos. La salud privada sigue los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. En caso de emergencia, la ley los obliga a ponerse al servicio de la salud pública y a obedecer las determinaciones de ese organismo del Estado.
A pesar de las advertencias de la OMSsobre los riesgos de la apertura rápida de algunas economías en América Latina, la mayoría de los Estados de Brasil han empezado a relajar las normas de confinamiento y a reabrir gradualmente la economía. Los expertos consideran que el país aún no está preparado para abrirla en términos seguros, pues la capacidad de testeos es baja y no se ha establecido un sistema de rastreo de contactos.
Después de la salida de los dos ministros de salud, la pandemia se maneja localmente. Los criterios de la apertura se definen en función del número de muertes, contagios y camas UCI para pacientes con COVID-19. Así, por ejemplo, el gobernador de Sao Paulo anunció la flexibilización de la cuarentena en algunas regiones del Estado a partir del 1 de junio. El proceso tiene lugar mientras se mantiene el aislamiento social voluntario hasta el 14 de julio. A fines de junio, salvo las actividades esenciales, las demás (bares, restaurantes, actividades deportivas, sociales y religiosas) continúan prohibidas en la ciudad de Sao Paulo. Sin embargo, el gobernador del Estado de Sao Paulo anunció el 26 de junio un plan para la reapertura de clases presenciales en las escuelas en septiembre, propuesta que ha sido rechazada por los maestros quienes han amenazado con iniciar una huelga
En el Estado de Rio de Janeiro, se han abierto los centros comerciales a partir del 10 de junio y el gobernador ha anunciado que, a partir del 10 de julio, los estadios podrán albergar una multitud equivalente hasta un tercio de su capacidad Los partidos de fútbol regresaron a Río de Janeiro el 16 de junio, sin presencia de público. En algunas ciudades que reabrieron sus economías, como Porto Alegre, se incrementaron los contagios y se tuvo que dar marcha atrás.
A nivel nacional, los contagios y el número de muertes no han disminuido. Lo que ha ocurrido es una “interiorización” de la pandemia, que se ha trasladado desde las ciudades grandes, que han registrado una leve disminución, hacia las ciudades pequeñas y medias del interior del país. Esto presenta nuevos desafíos para el sistema de salud, toda vez que sus mejores recursos se encuentran en las grandes ciudades.
El avance de la pandemia ha activado las alarmas en algunos de sus países vecinos, como Uruguay, y de su principal aliado, Estados Unidos, país que prohibió el 25 de mayo la entrada de extranjeros que hubieran estado en Brasil en los 14 días anteriores a su llegada prevista a Estados Unidos[vi].
Bolsonaro se encuentra inmerso en una grave crisis política. Además del desastroso manejo de la pandemia, la renuncia de su ministro de Justicia, Sergio Moro el 24 de abril, luego de que destituyera al jefe de la Policía Federal, le ha conferido un golpe a su aprobación. Esta instancia llevaba adelante una investigación sobre una organización criminal dedicada a la elaboración y difusión de noticias falsas para amenazar y difamar a autoridades, en la que estarían involucrados sus dos hijos.
Las cuarentenas estrictas y obligatorias
Perú
El primer contagio por COVID-19 tuvo lugar el 6 de marzo. Diez días después, cuando se registraban apenas 76 casos y ninguna muerte, Perú fue el primer país latinoamericano en adoptar una cuarentena a nivel nacional, una de las más estrictas del mundo. Esta incluyó el cierre de fronteras, la prohibición de circular en vehículos privados, la suspensión de todas las actividades educativas, culturales y deportivas, la administración pública, así como de todo tipo de actividades que no fueran las esenciales (alimentación y medicina), además de toque de queda, que en algunos momentos se aplicó a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana.
Las medidas fueron acompañadas por un plan de más de 26 mil millones de dólares (aproximadamente 12 puntos del PBI), uno de los mayores de la región, con un componente enfocado en la contención de la enfermedad y otro en el estímulo a la economía. Un gasto prioritario tuvo que destinarse a tratar de revertir la débil capacidad sanitaria del país para atender la emergencia.
Un ejemplo grafica el grado de precariedad: cuando se decretó la emergencia sanitaria, Perú tenía apenas cien unidades de cuidados intensivos (UCI) con ventiladores mecánicos para atender a pacientes de COVID-19. Al 25 de junio, estos habían aumentado a 1,314, pero tenían una ocupación del 87%. Este agregado nacional no refleja la situación de Lima y otras regiones, donde no queda capacidad disponible en el sector público. El sector privado, que atiende solo a un 9% de la población, recién llegó a un acuerdo con el gobierno al aceptar las tarifas ofrecidas por este, a los 101 días de haberse iniciado la cuarentena. Ello, a pesar de que la Ley General de Salud permite al gobierno establecer tarifas topes y cuotas obligatorias para la atención de pacientes COVID-19 en clínicas privadas. En los primeros meses, dichas entidades venían cobrando cifras exorbitantes por atender pacientes con dicha enfermedad. El acuerdo tuvo lugar el 25 de junio, un día después de que el presidente amenazara con expropiar las clínicas privadas, mientras durara la emergencia sanitaria, de acuerdo al artículo 70 de la Constitución[vii].
El componente del plan para el estímulo a la economía combinó bonos de ayuda a las familias más vulnerables con medidas para apoyar a las empresas del sector privado a través de alivios tributarios, de subsidio a las planillas de las micro y pequeñas empresas (mype), así como de dos programas orientados a garantizar la cadena de pagos mediante líneas de financiamiento barato del Banco Central de Reserva con garantía del Tesoro, Reactiva Perú y Fondo de Apoyo Empresarial, este último destinado a las mypes.[viii]Además, se promulgó la denominada suspensión perfecta de labores por tres meses para aquellas empresas que no pudieran sostenerse debido al impacto económico de la crisis. Esto significa el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagarle la remuneración, sin extinción del vínculo laboral.[ix]
Las medidas fueron bien recibidas por la sociedad en su conjunto. El presidente Vizcarra llegó a tener un nivel de aprobación del 80%. La cuarentena se extendió en cinco oportunidades, la última de las cuales tuvo lugar el 23 de mayo y se extendió hasta el 30 de junio. Sin embargo, los contagios y las muertes seguían incrementándose.
En medio de esta crisis sanitaria, las imágenes de calles llenas de las personas pobres que se dedican al comercio informal y no pueden cumplir con la cuarentena, y la caída del PBI de abril en 40% brindó el marco favorable para la presión de diversos sectores económicos para que se flexibilizara la cuarentena. El cumplimiento estricto observado durante el primer mes, empezó a ser desacatado.
Así, desde inicios de mayo, en plena alza de la pandemia, el gobierno autorizó el comienzo de ciertas actividades de minería, electricidad, transporte, construcción, agricultura y servicios profesionales, entre muchas otras. En la primera semana de junio amplió el número de actividades de manufactura, centros comerciales y servicios de venta en línea mediante reparto.
El 27 de junio, el gobierno anunció el levantamiento del aislamiento social obligatorio a partir de 1 de julio en el país, con excepción de siete departamentos[x], que presentan incrementos de los contagios por coronavirus El toque de queda no se ha eliminado y se mantendrá entre las 22 y las 4hs, y a partir de las 20 hs para los departamentos que continúan en cuarentena. Los eventos sociales, políticos y culturales seguirán prohibidos, al igual que el transporte internacional de pasajeros y las fronteras seguirán cerradas hasta el 31 de julio. Sin embargo, los primeros días de julio los restaurantes abrirán con atención al 40% de su capacidad. El departamento de Lima, que concentra un tercio de la población del Perú y un 55% de los contagios ha reducido levemente la velocidad de los contagios, pero se mantiene en niveles altos, en un escenario en el que la capacidad hospitalaria está colapsada.
Los errores de gestión de parte del gobierno durante el primer mes de cuarentena estricta, como haber propiciado enormes colas alrededor de los bancos para cobrar los bonos a las familias impidieron frenar la curva de contagios. A esto se sumó un fenómeno que nadie previó:el retorno de unos doscientos mil provincianos que perdieron sus trabajos y optaron por retornar a sus lugares de origen. Toda vez que el transporte terrestre y el aéreo fueron suspendidos, muchas familias recorrieron cientos de kilómetros a pie. Otras esperaban aglomeradas, durmiendo en las calles, a que el gobierno organizara la forma de trasladarlas y coordinara con las autoridades de sus respectivos lugares de origen, la realización de cuarentenas para no expandir la enfermedad. El gobierno tampoco diseñó un programa de protección para las comunidades nativas.
El engorroso proceso de compras del Estado, y el cierre de los mercados internacionales para la venta de estos productos, generó demoras en la adquisición de pruebas de detección del virus así como los equipos de protección especial (EPP). Esto explica el elevado número de policías y miembros de las Fuerzas Armadas que se han enfermado y muerto por falta de EPP adecuados. Lo mismo ha ocurrido con médicos y enfermeras en proporciones que superan a otros países de la región. De acuerdo al Según el Colegio Médico, Perú registra a nivel nacional la muerte de 45 médicos por COVID-19, la mayor cantidad en América Latina[xi].
Estas deficiencias se dieron en un marco donde más del 70% de la actividad económica en el Perú es informal y está excluida del sistema de seguridad social y del bancario. El Estado no cuenta con registros adecuados de las personas pertenecientes a ese sector y tampoco de las más vulnerables, por lo cual no todos los que los necesitaban han podido recibir los bonos de ayuda social. A ello se añade el alto nivel de hacinamiento de los hogares pobres y el hecho que un cuarto de la población del Perú no tiene agua potable.
El Estado peruano se caracteriza por su debilidad operativa y su reducido tamaño, producto de las reformas neoliberales de los noventa. Según el economista Efraín Gonzales de Olarte, su dimensión es incompatible con las desigualdades sociales y la pobreza que hoy supera el 30% en el país. Considera que hoy el Perú tiene un Estado con una macroeconomía del siglo XXI, pero con una infraestructura y una gestión pública del siglo XIX. Señala también, que la privatización de los servicios sociales ha sido funcional a los sectores de mayores ingresos.[xii]
La bonanza económica, aplaudida por las calificadoras de riesgo, no ha podido compensar la falta de inversiones en salud y en educación en las tres últimas décadas. La inversión pública en salud continúa siendo una de las menores de la región y el nivel de atención primaria de la salud es muy precario. Esto ha dado lugar al elevado número de muertes por el COVID-19 en el Perú. Muchos han muerto en sus casas o en los pasillos y en las puertas de los hospitales por falta de oxígeno.
Esta situación se contrapone con la fortaleza las finanzas públicas. El país cuenta con reservas internacionales netas cercanas a los 74 mil millones de dólares, al 10 de junio, (una deuda pública del 27% del PBI, baja inflación, una de las monedas menos volátiles de la región y superávit fiscal. Sin embargo, este último es resultado de un bajo nivel de gasto corriente y en infraestructura, incluido el sector salud.
La eliminación del aislamiento social obligatorio en Lima y otros departamentos a partir del 1 de julio, representa para el Perú el tránsito a una fase con altos riesgos. La capacidad hospitalaria es estructuralmente precaria en el país y no hay disponibilidad de camas UCI en Lima. Perú ostenta el segundo puesto en número de contagios y el tercero en muertes en la región. A ello se añade que la economía, con una caída estimada por el FMI de 14% en 2020, será una de las más golpeadas de la región y del mundo.
Argentina
El primer contagio confirmado tuvo lugar el 3 de marzo. Más de dos semanas después, el 20 de marzo, y cinco días después de que Perú la decretara, las autoridades argentinas pusieron en marcha una cuarentena obligatoria (“aislamiento social, preventivo y obligatorio”) como se denomina oficialmente. En aquel momento, Argentina registraba 97 casos y dos muertes.
Días antes, el país había cancelado las actividades educativas, cerrado las fronteras, prohibido vuelos locales, así como el transporte marítimo y terrestre interprovincial para pasajeros, la circulación en vehículos propios, e inclusive la atención de los bancos y de la administración pública. Inicialmente, la cuarentena, establecida a nivel nacional, era tan estricta como la peruana. La preocupación también era la misma: el impacto económico y social que esta tendría, en el escenario de una economía con grandes desequilibrios, altos niveles de inflación y de defaultde la deuda externa.
Argentina tiene algo más del 35% de los trabajadores ocupados en el sector informal. La parálisis de la vida económica y de la suspensión de clases escolares implicaba la suspensión de la asistencia alimentaria en un país en el que millones de escolares se alimentan diariamente en los comedores que funcionan en las escuelas.
Como en la mayoría de los países, el gobierno implementó un programa de asistencia social, reforzó la llegada de alimentos a los comedores escolares, que comenzaron a entregar la comida en porciones para que los niños las llevaran a sus casas, y creó un nuevo programa de ayuda, el Ingreso Familiar de Emergencia, destinado al amplio universo de los trabajadores informales (más de ocho millones de personas).
Además, el 31 de marzo, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que prohibió despedir o suspender a los trabajadores sin goce de sueldo, “en aras de preservar la paz social”. La medida, que debía durar dos meses, ha sido prorrogada por dos meses más, por lo que estará vigente hasta finales de julio. Paralelamente, para apoyar el cumplimiento de dicha ley, se creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria, mediante el cual el Estado transfiere recursos para que los empleados continúen percibiendo sus salarios, o un porcentaje de los mismos, en función del monto.
El aislamiento social preventivo y obligatorio sigue vigente pero sus alcances se han ido modificando. Las restricciones, inicialmente adoptadas en todo el país, se concentran básicamente en el área metropolitana de Buenos Aires, donde reside cerca del 40% de la población del país y donde se registra más del 90% de los contagios. Aun en esta área el gobierno flexibilizó, desde el 23 de mayo, algunas medidas y permitió el funcionamiento de comercios de cercanía, la salida de deportistas a correr durante la noche, entre otros. En las regiones del país con bajo o nulo nivel de transmisión se han flexibilizado las restricciones y casi todas las actividades se realizan con normalidad.
A pesar de la grave situación financiera y económica que enfrenta el país, la estrategia ha permitido manejar la pandemia. Así lo destaca la Revista Timeque resalta el buen manejo de Argentina en una lista de países que incluyen a Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Alemania, Islandia, Emiratos Árabes y Grecia.[xiii]
Varios factores explican el control de la pandemia. En primer lugar, a pesar de la falta de inversión en los sectores de salud, educación y ciencia y tecnología en el último gobierno presidido por Mauricio Macri (quien eliminó el Ministerio de Salud para convertirlo en una Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social) así como en otros de corte neoliberal, el país cuenta con un sistema hospitalario razonablemente eficiente comparado al del resto de la región. Además, si bien no ha sido necesario, las camas del sector privado están al servicio del ministerio de Salud debido a la contingencia.
Otro factor a resaltar es la dirección clara y única de las autoridades, incluidas las de los partidos oposición. Si bien es una república federal, los gobernadores de distintas tiendas políticas han seguido las directivas impartidas por el presidente, quien ha llegado a alcanzar una aprobación del 90% en el manejo de la pandemia.
Sin embargo, en las dos últimas semanas de junio tuvo lugar un fuerte incremento del número de contagios, hospitalizaciones y muertes en el área metropolitana de Buenos Aires, así como en la provincia del Chaco, en un escenario en el que hay un creciente cuestionamiento a la obligatoriedad de la prolongada cuarentena, especialmente de los sectores medios altos, que rechazan el cercenamiento de sus libertades.
La mayoría de los epidemiólogos y autoridades del gobierno consideran que la situación amerita retroceder a la Fase 1 que regía en marzo, al inicio de la cuarentena. La penúltima vez que el presidente la prorrogó señaló que “duraría todo lo que fuera necesario para que los argentinos estemos sanos y para que los argentinos no se mueran”.[xiv]En estas circunstancias, el 26 de junio el presidente anunció una nueva prórroga de la cuarentena, hasta al menos el 17 de julio, así como el endurecimiento de las medidas en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y en la provincia del Chaco, debido al rápido aumento de contagios. En el resto del país se continuará con el proceso de apertura.
A partir del 1 de julio se dará marcha atrás en Buenos Aires y solo podrán abrir los establecimientos considerados esenciales: servicios de salud, alimentos y farmacias. Asimismo, se eliminará las salidas que se autorizaron en la última extensión de la cuarentena para salir a hacer deportes y solo podrán usar el transporte público los trabajadores de servicios básicos autorizados.
Aunque los números no son críticos–en el área metropolitana de Buenos Aires las camas de cuidados intensivos están al 54% de ocupación– las autoridades de todas las tiendas políticas y los epidemiólogos consideraron que de no haberse endurecido las medidas de cuarentena en esa zona, se podría haber llegado al colapso sanitario. Sin dejar lugar a muchas dudas, el presidente señaló en su discurso que “si Argentina hubiera seguido el ritmo de Brasil hoy tendría 10,000 muertos. (…) Miren Chile, tiene un tercio de los habitantes de Argentina, miren la diferencia, 10 veces más fallecidos por cada millón de habitantes”[xv]. Brasil tiene 271 muertes por millón de habitantes, mientras que Chile y Argentina tienen 288 y 28, respectivamente.
El gobierno se encuentra preparando la puesta en marcha de un ingreso universal para aquellos trabajadores informales que vienen de varios años de sufrir la caída de sus ingresos y que con la pandemia han perdido sus medios de vida. Este ingreso debería tener vigencia por años. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ha señalado que el ingreso universal deberá funcionar junto al programa Potenciar Trabajo, mediante los cuales se impulse la actividad productiva en cinco sectores.[xvi]
Dada la caída de la recaudación tributaria se evalúa establecer un “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Se trataría de un gravamen por única vez, orientado a las grandes fortunas de la Argentina, a las personas y no a las empresas, y que afectaría a 12 mil personas.[xvii]
La crisis sanitaria encontró al país en un proceso de renegociación de su deuda externa de 66 mil millones de dólares que lo tiene al borde del default. A pesar del aumento de la emisión monetaria para los programas sociales se estima que la inflación, que el año pasado registró 54% caerá a 43%. Ello se debe a la contracción de la demanda que implicará una caída de casi 10% del PBI, de acuerdo a los últimos estimados del FMI. El gobierno argentino ha priorizado la salud sobre la economía, y todo parece indicar que iniciará la apertura de su economía sobre bases más seguras, cuando la curva de contagios se aplane.
Las cuarentenas con ingredientes voluntarios
Uruguay
Sin embargo, el 13 de marzo, fecha en la que se confirmaron los primeros cuatro contagios por el COVID-19, las autoridades pusieron en marcha inmediatamente medidas de confinamiento drásticas similares a las de otros países de la región, como Argentina y Perú: se cerraron fronteras y suspendieron vuelos y cruceros, clases, servicios religiosos, centros comerciales, eventos sociales, culturales y deportivos, así como la administración pública. Asimismo, se prohibió el trabajo del sector de la construcción por tres semanas para prevenir la propagación del COVID-19 y se pagó el seguro de desempleo a los cien mil trabajadores del sector con recursos del Estado. Si bien los pequeños negocios podían atender, la gran mayoría permaneció cerrada debido a que la población, acató las recomendaciones del gobierno de quedarse en casa por el temor al contagio. A diferencia de otros países de la región, el gobernante Partido Liberal, impuso una cuarentena voluntaria, en el sentido de que no existió ningún impedimento a los ciudadanos para salir a la calle.
Wilson Benia, representante de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Uruguay, considera que “el desarrollo del primer nivel de atención, contar con un sistema de vigilancia epidemiológico, con un sistema nacional integrado de salud con un fuerte liderazgo de la autoridad sanitaria, además de disponer de historias clínicas electrónicas, una amplia red de internet y una ley de servicios de comunicación audiovisual, han sido aspectos clave a la hora de responder a la demanda asistencial por COVID-19”.[xviii]
Uruguay es el único país en América Latina en el que el Estado no se ha desprendido de sus empresas en los sectores eléctrico, petrolero y de telecomunicaciones. Estas fueron rechazadas por la población durante la década de los noventa mediante referéndum, mecanismo con el que no cuentan otros países de la región para estos fines. Así, las empresas estatales de telefonía fija, Antel, y la de telefonía móvil, Ancel, realizaron grandes inversiones en la extensión de la red de fibra óptica en todo el país, lo que permite hoy realizar con éxito la educación a distancia y disponer de historias clínicas en el sector salud.[xix]
Con un sistema único integrado de salud de primer nivel, y una capacidad hospitalaria holgada, Uruguay ha empezado a reabrir su economía. Su gran amenaza es actualmente la zona fronteriza con Brasil. Las respectivas ciudades limítrofes conforman una sola unidad y por ello se ha creado la Unidad Única Epidemiológica Sanitaria con medidas conjuntas para contener la propagación. Actualmente, esta zona se encuentra en alerta roja debido a nuevos contagios en el lado brasileño. Este nivel de alerta implica el cierre de negocios y medidas de autoaislamiento, lo cual ha obligado al gobierno uruguayo a blindar el departamento fronterizo de Rivera del resto del país mediante barreras sanitarias y control militar en las carreteras.
Solo un país de las características demográficas, socioeconómicas y de la calidad institucional de Uruguay puede haber controlado la pandemia con una estrategia que combina elementos obligatorios con actividades permitidas y la libre circulación de sus ciudadanos. La misma recibió el respaldo de los gremios de la salud y las fuerzas políticas de oposición actuaron como una sola fuerza en este frente.
El país tiene una densidad demográfica de 20 habitantes por kilómetro cuadrado y carece de grandes urbes. Su territorio es 15 veces menor que el de Argentina y 50 veces menor que el de Brasil. Casi toda la población tiene acceso al agua potable y el trabajo informal es solo el 24%, el más bajo de la región. Es un país más homogéneo, sin la diversidad y las complejidades culturales de Brasil o Perú, y ostenta los más altos indicadores sociales de la región. Además, durante los quince años de gobierno del Frente Amplio, se realizaron importantes inversiones en el sector salud, así como en el sector educativo.
En su último informe, la Cámara de Comercios y Servicios del Uruguay (CCSU) reflejó la dura realidad que atraviesan las empresas, con una caída en las ventas de más del 75% tras la aparición de coronavirus. Además, menciona que el 60% considera que las medidas de apoyo del gobierno son insuficientes. Uruguay no ha podido escapar de la tormenta y enfrenta una recesión económica, que según el FMI se expresará en una caída de la economía para 2020 del orden del 4%. La estrategia que pusieron en marcha les permitió controlar la pandemia y lograron que las muertes por millón de habitantes sean apenas de 8 por millón de habitantes, una de las más bajas del mundo. Estas cifras le han permitido al país reabrir gradualmente su economía sobre bases seguras. Los centros comerciales abrieron el 9 de junio y el 27 del mismo se anunció que será el primer país latinoamericano autorizado a ingresar a la Unión Europea.
Chile: el fracaso de una estrategia para paises ricos en un país pobre
A diferencia del éxito que ha tenido la estrategia seguida por Uruguay, la que aplicó el gobierno chileno fue un rotundo fracaso, a pesar de que fue uno de los primeros países de América Latina en decretar, el 7 de febrero, una alerta sanitaria. Esto le permitió comprar insumos como pruebas, respiradores y camas de cuidados intensivos y coordinar la centralización del sistema de salud
Chile presentó el primer contagio por COVID-19 el 3 de marzo. Dos semanas después, el gobierno decretó el estado de excepción e impuso un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente en todo el territorio nacional Se cerraron colegios y universidades, las fronteras terrestres y la administración pública. Además, se impusieron severas multas y penas de cárcel para aquellos pacientes diagnosticados con COVID-19 que no cumplieran sus cuarentenas. Sin embargo, a diferencia de sus vecinos Argentina y Perú, que decretaron el confinamiento nacional obligatorio, el aislamiento social solo fue obligatorio para adultos mayores y para algunas comunas del país. El resto de la población, no sujeta a un régimen de cuarentena obligatorio –salvo en el horario nocturno del toque de queda– debía observar el distanciamiento social voluntariamente.
El gobierno optó por una cuarentena dinámica y focalizada en algunas comunas –que se trasladaba a otras en función de la evolución de contagios– debido a que se consideraba que las cuarentenas obligatorias nacionales traían muchos problemas, especialmente para los sectores más vulnerables. Los resultados iniciales fueron exitosos por el efecto inicial del cierre de actividades a nivel nacional. Estos fueron resaltaron internacionalmente y se mostraron como ejemplo. Asociado a este buen desempeño inicial, la aprobación del presidente Piñera se elevó de un 11% a inicios de marzo, a un 21%, nivel cercano al 29% que tenía al inicio de la explosión de las protestas sociales el 18 de octubre pasado. Como se recordará, estas terminaron con un acuerdo para realizar un plebiscito el 25 de abril que determinaría si la ciudadanía optaba por convocar a un Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución.[xx]Esta fecha tuvo que postergarse para el 25 de octubre debido a la pandemia.
A fines de abril, el gobierno de Sebastián Piñera celebraba haber alcanzado una “meseta de contagios” y planificaba la reapertura gradual de las actividades productivas, incluidos centros comerciales, así como un plan gradual para la vuelta a la escuela y a la administración pública. Estos anuncios determinaron una liberalización en la conducta social a través de reuniones y fiestas que determinaron la expansión de la enfermedad. Los aplausos apenas duraron unos días. Los contagios y muertes por el COVID-19 empezaron a elevarse vertiginosamente y, el 8 de mayo, la anunciada estrategia de nueva normalidad tuvo que ser dejada de lado. La pandemia se había extendido por las comunas más pobres de Santiago, ciudad que concentra la mayor parte de los contagios del país. La estrategia de cuarentenas focalizadas dinámicas había fracasado.
Una semana después, el 15 de mayo, el gobierno decretó la cuarentena total obligatoria para las 32 comunas que conforman el Gran Santiago, además de otras comunas aledañas, así como dos en la Región de Tarapacá, que afectó a un total de 8 millones de personas, el 42% del total de la población de Chile. Alrededor de las localidades de las zonas que se mantendrían en cuarentena se establecieron aduanas sanitarias para limitar el tránsito y disminuir el riesgo de que la infección se difundiera a otros lugares.
El 28 de mayo, Piñera admitió errores en la estrategia para enfrentar el coronavirus y señaló que la capacidad hospitalaria del país se encontraba al borde del colapso.[xxi]El día anterior, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, realizó una autocrítica de los modelos utilizados y señaló que “lo que hemos aprendido duramente en esta pandemia es que todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes (…) La realidad ha superado cualquier modelo que uno pueda simular. Hay que decirlo con franqueza, navegamos en una suerte de oscuridad”.[xxii]
Tampoco conocía mucho el ministro de Salud la realidad de su país. Ese mismo día descubrió que “en un sector de Santiago hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga así, del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Esa es la verdad”.[xxiii]El descontrol de la enfermedad y el desgaste político de Malanich, dio lugar a que el 13 de junio fuera reemplazado por Enrique Paris, expresidente del Colegio Médico de Chile.
Dos factores fundamentales explican el fracaso de la estrategia de cuarentenas dinámicas y focalizadas que se puso en marcha en este país, la cual tiene como base la realización de muchos testeos, de manera similar a lo que se hizo en Singapur o Corea del Sur. Chile no tuvo la capacidad de hacer pruebas suficientes y tampoco cuenta con un sistema de salud sólido como el vigente en esos países. Por otro lado, al no haber sido una cuarentena obligatoria en todas las comunas, muchos contagiados asintomáticos salieron a trabajar. Hubo mucho movimiento entre comunas con distintos regímenes, se abusó de los permisos para circular entre ellas y estos no se fiscalizaron adecuadamente. Asimismo, el sistema primario de salud no tuvo la capacidad para atender a los enfermos al no tener insumos ni personal suficientes. La mayoría de expertos coinciden en que sin una adecuada atención primaria de salud, la posibilidad de hacer trazabilidad de casos, aislamiento y cuarentena de ellos, esta estrategia no funciona y el virus continúa circulando. Según el servicio de noticias norteamericano Bloomberg “Las evaluaciones iniciales sugieren que Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta, una vez más, de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres”.[xxiv]
Cumplido el primer mes de cuarentena total y obligatoria, el país no ha podido controlar la pandemia. Los contagios y muertes continúan incrementándose y el sistema hospitalario se encuentra colapsado. Por ello, el gobierno la ha extendido hasta el 3 de julio, y ha incluido a toda la Región Metropolitana de Santiago, además de agregar a otras comunas de las regiones de Tarapacá Antofagasta y Valparaíso.
Asimismo, se prorrogó el estado de excepción constitucional de catástrofe por los próximos 90 días, paraguas bajo el cual es posible limitar el tránsito, prohibir las reuniones en espacios públicos y establecer cuarentenas obligatorias o toques de queda. Estas medidas estarán vigentes hasta el 16 de septiembre, dando por sentado que la cuarentena y el toque de queda se extenderán todo lo que sea necesario.
El estado de catástrofe nacional permite que el Estado disponga de las camas, de los pabellones y también del personal de los recintos privados, así como de su gestión a manos de una agencia pública. Estas coordinaciones estuvieron a cargo del exministro de Salud, a fines de marzo, sin mucho éxito.[xxv]El 12 de abril el presidente Piñera, anunció que, dada la emergencia sanitaria nacional, el Estado tiene “un control centralizado de toda la capacidad de salud, tanto pública como privada, de forma tal de tenerla disponible para quien la necesite”.[xxvi]
El 20 de mayo el gobierno emitió una nueva normativa que exigió al servicio privado de salud ampliar su número de camas para tratar casos críticos de coronavirus. En aquella oportunidad, el exministro señaló que no se trataba de una solicitud, sino que era una orden que emana de la alerta sanitaria y que iba a ser fiscalizada. Con esta medida, las autoridades aspiraban lograr un total de 720 camas equipadas con respiradores mecánicos, después de que se ocupara el 95 por ciento de la capacidad de los centros de salud de la Región Metropolitana de Santiago. Pero no se han cumplido tales requerimientos a cabalidad.[xxvii]Chile cuenta con un servicio de salud pública fracturado, eficiente para los asegurados, pero con una deficiente cobertura para quienes no pueden pagarlo. (¿Que tan privatizado es el sistema de salud/capacidad instalada?)
Actualmente, Chile tiene la tasa de muertos por millón de habitantes más alta del continente, solo precedida por Estados Unidos. Políticamente, es un gobierno agónico que ya había sido duramente golpeado a raíz de las protestas sociales iniciadas en octubre. El presidente no cuenta con el respaldo de las fuerzas sociales y políticas y su estrategia inicial para controlar la pandemia fracasó y la actual es también cuestionada.
Representantes de los gremios de salud, parlamentarios de las comisiones de Salud del Congreso y presidentes de partidos políticos, exigen un nuevo cambio de estrategia frente a la pandemia, así como ser convocados para su discusión, En una carta remitida al ministro de Salud, el 27 de junio, estos gremios y representantes de las fuerzas políticas señalan que “Ha sido una constante en el manejo de esta pandemia el desprecio por la participación y que(…) es quizás el más importante error que se ha cometido durante esta crisis. La respuesta del gobierno ha sido fragmentar y excluir a voces disidentes”
Los resultados
Las diferentes estrategias aplicadas por los países analizados permiten concluir que estas han tenido éxito en los países con sistemas únicos de salud relativamente sólidos y servicios de atención primaria eficientes. Esta ha sido la base del éxito en los países que han podido controlar la pandemia. Los sistemas de salud débiles, con altos niveles de población excluida de las redes de seguridad social, del acceso al agua potable, con bajos niveles educativos, reducido acceso a la tecnología digital y altos niveles de hacinamiento han fracasado en el control de la pandemia.
El caso más visible de éxito es Uruguay, país que cuenta con un sistema único de salud de primer nivel y con una red de fibra óptica –instalada con inversiones de sus empresas estatales de telecomunicaciones– que han permitido disponer de historias clínicas electrónicas y llevar a cabo la educación a distancia eficientemente. La estrategia de aislamiento social voluntario –aunque con cierre de actividades públicas y de fronteras– ha logrado aplanar la curva de contagios. También han contribuido a estos resultados sus características demográficas y sus indicadores de desarrollo social, los mejores de la región. El control de la pandemia le permite haber iniciado el proceso de apertura de su economía de manera segura, lo que a su vez determinará que sea el país con menor caída económica en la región.
En menor grado que Uruguay, Argentina cuenta tradicionalmente con un sistema único de salud y de atención primaria eficiente, a pesar su reciente deterioro como resultado de haber sido sistemáticamente desatendido durante el último gobierno presidido por Mauricio Macri, así como también por otros gobiernos neoliberales. Debido a ese deterioro, así como por las dimensiones de su territorio, se optó por un estricto sistema de aislamiento social obligatorio a nivel nacional que permitió controlar la pandemia. Argentina tiene 28 muertes por COVID-19 por millón de habitantes, un número mucho menor al de Chile (292) y Perú (288). Los buenos resultados dieron lugar a la flexibilización, al cabo de un mes, de algunas medidas que determinaron el incremento de contagios. El gobierno no dudó en prolongar y endurecer la cuarentena pues aspira a realizar un proceso de apertura sobre la base de un aplanamiento de la curva de contagios.
Al igual que Argentina, Perú fue el primer país latinoamericano en adoptar una cuarentena estricta y obligatoria a nivel nacional. Pero a diferencia del primero, que cuenta con mejores indicadores sociales, el gobierno peruano no se ha podido controlar la pandemia. La precariedad del sistema de salud y de su atención primaria, además de los altos niveles de pobreza, de hacinamiento, de informalidad, de acceso al agua potable jugaron en contra. La cuarentena empezó a ser desacatada por la población que necesitaba salir a trabajar para subsistir, a lo que se añade la presión de los grupos de poder económico. La apuesta del gobierno por eliminar la cuarentena obligatoria y profundizar la reapertura de la economía es muy riesgosa, en un escenario en el que los contagios y muertes siguen en niveles muy altos y la capacidad hospitalaria se encuentra colapsada.
Brasil es un caso especial. A pesar de sus enormes desigualdades, complejidades culturales, sus enormes bolsones de pobreza y los altos niveles de informalidad, cuenta con un sistema único de salud (SUS) consagrado en la Constitución de 1988, al que accede toda la población. El presidente Jair Bolsonaro, optó por no liderar la lucha contra la pandemia y privilegió como ningún otro en el mundo, con excepción de Donald Trump, la economía sobre la salud. Tanto el periodo de confinamiento –que no fue obligatorio—como la actual reapertura de la economía, se realizan sin lineamientos a nivel nacional. Las autoridades se han resignado a convivir con la infección y con el riesgo de incrementar los contagios, pero a diferencia del Perú, Brasil tiene una mejor capacidad hospitalaria. Bolsonaro es responsable de haber convertido a Brasil con el mayor número de muertes (59 mil) y de contagios (1.37 millones).
Chile también ha fracasado con el control de la pandemia. Registra la tasa de muertes por millón de habitantes más alta de América Latina, inclusive más que Brasil (275). Estos resultados se explican no sólo porque su estrategia de cuarentenas dinámicas y focalizadas en algunas comunas le quedó grande –al no haber tenido la capacidad para hacer testeos y seguimiento de casos–, sino porque cuenta con un sistema de salud fracturado, de primer mundo para los sectores altos, pero precario para la mayoría de la población. Todos los gobiernos democráticos que se han sucedido luego del fin de la dictadura militar, sin excepción, han preservado y profundizado el modelo neoliberal que el general Pinochet implantó. Detrás de las estadísticas estables y los altos promedios de crecimiento per cápita que el establishment internacional aplaudía, fue incubándose una enorme desigualdad y concentración de la riqueza que ha mostrado de forma dramática sus profundas grietas en el control de la pandemia y, antes, en las extraordinarias manifestaciones iniciadas en octubre del año pasado.
La pandemia del COVID-19 ha puesto en entredicho los modelos neoliberales y ha mostrado las debilidades estructurales de países que se consideraban exitosos en la región. Ha puesto también en evidencia la necesidad de construir sociedades más inclusivas. Varios economistas, entre ellos, Ricardo Ffrench-Davisy José Antonio Ocampo consideran que esta es una oportunidad para repensar el rol del Estado y hacer cambios estructurales que incluyan a la gente.
Las sociedades con altos grados de desigualdad son incapaces de hacer frente a una pandemia como la actual, lo que extiende, y hace más cruento, el camino de la recuperación económica. La aparición de este coronavirus ha mostrado que la inversión social, además de justa, mejora la calidad de vida de los sectores altos, pues les permite vivir sin el acecho de la violencia que podría desatarse por la situación de hambre de los sectores más débiles en sociedades extremadamente desiguales.
Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina entre 1985 y 1994, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR entre 2006 y 2008 y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina entre 2010 y 2015. Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.
Notas
[i]https://www.efe.com/efe/america/politica/bolsonaro-lamenta-la-histeria-por-el-COVID-19-pese-a-primera-muerte-en-brasil/20000035-4198082
[ii]http://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20200606-bolsonaro-amenaza-con-retirar-a-brasil-de-la-oms
[iii]https://www.nytimes.com/es/2020/05/12/espanol/america-latina/virus-latinoamerica.html
[iv]Ver: https://www.americas.org/is-brazils-bolsonaro-plotting-a-self-coup/
[v]https://cnnespanol.cnn.com/video/juez-brasil-presidente-jair-bolsonaro-orden-judicial-uso-mascarilla-brasilia-brasil-coronavirus-COVID-19-requena-panorama-cnnee/
[vi]https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52793780
[vii]“A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.
[viii]La canalización de los recursos del Programa Reactiva ha tenido muchos cuestionamientos puesto que parte importante ha beneficiado a bancos, grandes empresas, algunas vinculadas a la corrupción por el caso lava jato.
[ix]El reglamento establece que la Suspensión Perfecta de Labores es aplicable a empleadores y trabajadores de la actividad privada (micro, pequeña, mediana y gran empresa), bajo cualquier régimen laboral en tres casos: i) cuando exista Imposibilidad de aplicar trabajo remoto por la naturaleza de las actividades, ii) cuando no sea posible aplicar la licencia con goce compensable por la naturaleza de las actividades o iii) cuando no se pueda aplicar ni el trabajo remoto ni la licencia con goce, por el nivel de afectación económica.
[x]Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash. Estos departamentos tendrán un toque de queda entre las 20 y las 4 hs. En estos siete departamentos ell toque de queda continúa vigente los domingos.
[xi]https://www.radiocutivalu.org/peru-registra-la-mayor-cantidad-de-medicos-fallecidos-por-COVID-19-en-latinoamerica-segun-cmp/
[xii]https://larepublica.pe/opinion/2020/06/11/coronavirus-en-peru-por-que-es-dificil-vencer-al-COVID-19-en-el-peru-por-efrain-gonzales-de-olarte/
[xiii]http://www.eldesconcierto.cl/2020/06/12/revista-time-elabora-listado-con-los-paises-que-han-manejado-mejor-la-pandemia-excluye-a-chile-e-incluye-a-argentina
[xiv]https://telefenoticias.com.ar/politica/el-presidente-anuncia-la-extension-de-la-cuarentena/
[xv]https://www.dw.com/es/argentina-endurece-cuarentena-en-buenos-aires-y-periferia/a-53961671
[xvi]Un rubro es el de pequeñas obras de construcción, veredas, casas o infraestructura. El trabajo textil y la producción de alimentos son otras actividades con salida y que requieren de mano de obra intensiva. Luego está el área de las tareas de cuidado y la de recolección y reciclado de los residuos urbanos.
[xvii]No se aplicará a empresas, sino solo a personas humanas que tengan una declaración de bienes personales superior a 200 millones de pesos (cerca de 3 millones de dólares) al 31 de diciembre. Se estima que alcanzará a unas 12.000 personas.https://www.france24.com/es/20200530-COVID19-impuesto-riqueza-congreso-argentina
[xviii]https://salud.ladiaria.com.uy/articulo/2020/6/especialista-de-ops-opino-que-las-fortalezas-del-sistema-de-salud-uruguayo-le-permitieron-responder-mejor-que-otros-paises-frente-a-la-COVID-19/
[xix]En 2007 se creó El Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (Plan Ceibal) que, según el Banco Mundial, “es uno de los ejemplos a nivel mundial de cómo un programa puede llevar la tecnología a las aulas y ser un vehículo para acercar los maestros y profesores a soluciones innovadoras, con el objetivo de influir sobre aprendizajes para potenciarlos
[xx]https://www.americas.org/es/chile-el-ocaso-de-una-estrella/
[xxi]https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/130367-pinera-admite-errores-en-la-estrategia-para-enfrentar-el-coronavirus/
[xxii]https://chile.as.com/chile/2020/05/27/tikitakas/1590588853_590236.html
[xxiii]https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2020/05/28/manalich-pobreza-hacinamiento.html
[xxiv]https://www.24horas.cl/coronavirus/bloomberg-por-manejo-de-la-pandemia-en-chile-un-eco-de-la-desconexion-del-ano-pasado-entre-el-gobierno-y-la-nacion-4259073
[xxv]https://www.infogate.cl/2020/03/24/gobierno-prepara-toma-de-control-de-clinicas-privadas-y-duenos-piden-al-menos-mantener-la-administracion/
[xxvi]“Todo está coordinado, porque no tendría ningún sentido, por ejemplo, que en una clínica privada haya ventiladores sin uso cuando simultáneamente están siendo necesitados en un hospital público. Aquí no hay distinción entre público ni privado, ni tampoco entre regiones”. https://elpais.com/sociedad/2020-04-12/chile-controla-los-respiradores-del-sector-publico-y-privado.html
[xxvii]https://www.notimerica.com/politica/noticia-coronavirus-chile-exige-sanidad-privada-amplie-numero-camas-tratar-casos-criticos-coronavirus-20200520065654.html
