Activistas mexicanos por los derechos humanos han emitido una solicitud de emergencia para aplicar estándares humanitarios internacionales en la provisión de auxilio a más de 150 refugiados -incluidos al menos 77 niños- que ha acampado en las montañas del sur de México por más de un mes.
La petición fue hecha en defensa de los residentes de la pequeña comunidad de La Laguna, Guerrero, quienes han huido según se informa de la creciente violencia por parte de taladores ilegales y traficantes de drogas. El auxilio de emergencia, demandan los grupos, deberían ser “planeados de acuerdo a los protocolos” de la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja Internacional y las agencias de protección civil estatales y federales.
“No se puede negar que México está atravesando una situación de violencia en la cual los grupos armados de civiles (crimen organizado) siembran terror y muerte, provocando la huída de familias enteras para no ser asesinadas”, manifiesta una declaración de tres grupos de derechos humanos.
Entre las organizaciones emisoras de la llamada por La Laguna se incluye la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos, la Cooperativa contra la Tortura y la Impunidad y el Centro Tlachinollán de Derechos Humanos de la Montaña.
En abril del corriente año, el líder comunitario de La Laguna Rubén Santana, se convirtió en el último miembro de su familia en ser asesinado.
“Asesinaron a mis dos hijos, a mi esposo, un cuñado, un amigo y dos amigos de mis hijos”, contó a La Jornada la viuda de Santana, Jueventina Villa Mojica.
Sin embargo, el reciente brote de asesinatos y la posterior huida forzada de residentes de La Laguna son sólo las últimas manifestaciones de la violencia derivada de décadas de tala ilegal y el tráfico de drogas en los municipios de Coyuca de Catalán y Petatlán, en el estado de Guerrero.
Aunque gran cantidad de personas han sido reportadas muertas y muchas otras desalojadas en largos conflictos, la lejanía de la zona ha contribuido a la escasa cobertura de prensa acerca de esta violencia.
En 2007, a Rodolfo Montiel, nuevo líder de la Organización Ambientalista Campesino, de Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, le fue concedido asilo político en Estados Unidos luego de soportar, según sostenían los partidarios, tortura y prisión injusta desde 1999 hasta 2001 con cargos de drogas y armas falsas presentados por soldados mexicanos. Montiel fue reconocido por la Fundación Goldman y el Club Sierra por su activismo ambiental.
A fines del año pasado, Montiel y su colega ambientalista Teodoro Cabrera ganaron un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno mexicano por el trato que les fue dado.
Desde el año 2007, el clima de larga violencia se ha intensificado y se cobró aún más vidas. Además de acentuar la violencia en grupos criminales, los residentes de algunas comunidades de las montañas han acusado a los soldados mexicanos y la policía de cometer nuevos abusos contra los derechos humanos durante las incursiones periódicas en zonas de conflicto.
Además, el izquierdista Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) es conocido por tener notoriedad en la zona, y se ha atribuido enfrentamientos con los grupos paramilitares y el ejército mexicano.
En noviembre de 2009, el comandante regional del ERPI, Omar Guerrero Solís, comandante Ramiro, fue reportado muerto en una emboscada. Los renombrados asesinatos de esta primavera han incluido a Adrián Pérez, supuesto defensor de los bosques y residente de La Morena, y en abril Javier Torres Cruz, también de La Morena.
Torres era muy conocido por presentar un reclamo en 2007 junto con la oficina del fiscal de distrito de la Ciudad de México, acusando a hombres armados u200bu200btrabajadores de un opresor de Guerrero, Rogaciano Alba, de matar al abogado de derechos humanos Digna Ochoa en la capital mexicana en octubre de 2001.
Alba nunca fue procesado por la aún misteriosa muerte de Ochoa, pero fue arrestado más tarde por la policía federal bajo cargos de narcotráfico. Como ex alcalde de Petatlán por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alba fue largamente considerado a la cabeza del tráfico de drogas en las regiones Guerrenses de Sierra y Costa Grande.
Después de su detención a principios del año pasado, Alba confesó su vinculación con otros importantes traficantes de drogas en un vídeo difundido por la televisión nacional. En una inusual declaración hecha en un foro igualmente inusual, también negó haber tenido algo que ver con la muerte de Digna Ochoa, aún cuando no había sido acusado formalmente por las autoridades federales, que lo tuvieron en custodia en el momento de la filmación del video.
En respuesta a la violencia imperante en Petatlán y Coyuca de Catalán, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero Ramón Almonte Borja, anunció que serían exhumados los cuerpos de 15 personas asesinadas durante los últimos cinco años.
“Algunos dicen que este conflicto es por las plantaciones de drogas, otros lo conectan a la tala ilegal en las montañas”, dijo Almonte. “Por otro lado, al menos cinco de los muertos han sido identificados como defensores de los bosques; las cosas han empeorado en los últimos cinco años y ahora hay gente desalojada”.
El desplazamiento masivo se u200bu200bextiende a comunidades de otras regiones de Guerrero. Solicitando el anonimato, una mujer con raíces en un pequeño pueblo costero describe cómo una comunidad rural de pequeños agricultores y ganaderos ahora está “muy abandonada” después de años de asesinatos y secuestros. Un primo fue asesinado recientemente, y los familiares sobrevivientes se vieron obligados a huir, dijo. “No tenemos idea de dónde se han ido”, agregó. “Son totalmente clandestinos”.
Según la fuente, la violencia está ahora dirigida no sólo a las personas directamente involucradas en el negocio de las drogas, sino también a sus familiares, empleados o cualquiera con cualquier tipo de relación con una persona marcada, aún si la relación es de carácter ilícito o no.
El asesinato de su primo, sostenía, se cometió para “llegar al” cuñado de la víctima. En otro caso, el empleado de un blanco sospechoso fue cortado y dejado castrado en un huerto, añadió. En consecuencia, cientos de personas han abandonado la ciudad, mientras que el resto de la población sigue un toque de queda auto impuesto.
“¿De qué sirve una ciudad cuando no hay nadie alrededor?”, Preguntó. “El éxodo ha sido enorme”.
Mientras que la violencia relacionada con las drogas ha tenido Guerrero por años, ha aumentado notablemente desde que Ángel Aguirre fue juramentado como el nuevo gobernador en abril pasado. De hecho, el nombre de Aguirre ha sido mencionado en clave en “narco-mensajes” dejados en Acapulco.
Como gobernador interino de Guerrero por el PRI desde 1996 a 1999, Aguirre está ahora rigiendo como un miembro del Partido de centro-izquierda de la Revolución Democrática (PRD).
El nombramiento de Aguirre como candidato del PRD para las elecciones de este año sorprendió a muchos de la izquierda, teniendo en cuenta la represión dirigida contra el PRD y los movimientos sociales durante su gobierno anterior.
Aguirre se desligó de la represión policial y militar de la década de 1990, una época en que los soldados mexicanos dispararon y mataron a 11 campesinos y a miembros del ERPI que se reunían en El Charco y un período en el que el ejército persiguió activistas anti talas, entre muchos otros incidentes.
Si lo que dice Aguirre es cierto, entonces surgen preguntas importantes: ¿Quién estaba en el control de Guerrero en la década de 1990? ¿Y quién tiene el control ahora?
El fiscal general del Estado de Guerrero, ex alcalde de Acapulco y dirigente del PRD Alberto López Rosas, reconoció recientemente que el sistema de justicia estatal se encontraba en una “situación precaria”. López dijo además a la prensa mexicana que su oficina había pedido a algunas personas abandonar sus hogares alrededor de La Laguna mientras que los funcionarios trabajaron para “establecer un control limpio” de la zona.
De acuerdo con el gobernador Aguirre, las autoridades estatales están ahora ocupadas brindando ayuda médica y otros auxilios a los habitantes desplazados de la comunidad de la montaña, que han encontrado refugio en el pueblo de Puerto Las Ollas.
La crisis de violencia y desalojo no es exclusiva de Guerrero. En el vecino Michoacán, las denuncias de tala ilegal relacionada con el tráfico de drogas también mantienen en estancamiento al pueblo indígena de Purepecha en Cherán, donde los residentes se han atrincherado el municipio por semanas y amenazaron con acciones más contundentes si las actividades ilícitas, las agresiones al medio ambiente y los ataques de hombres armados no son frenados por el gobierno.
En otro sector de Michoacán, Tierra Caliente, al menos 700 personas han sido desalojadas temporalmente cuando estallaron los enfrentamientos entre dos facciones de la antigua organización criminal La Familia en mayo. Al igual que Guerrero, el aumento de violencia se produce durante un período de transición política como la que se gesta en Michoacán por las decisivas elecciones estatales en noviembre.
En total, pudieron haber aproximadamente 235.000 personas desplazadas dentro del país o exiliados de diversos conflictos en México a finales del año pasado, según un informe de diciembre 2010 de el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y el Consejo Noruego para Refugiados.
Sin embargo, la cifra es un cálculo aproximado, basado en parte en investigaciones realizadas en Ciudad Juárez considerando el gran número de personas que han huido de la ciudad fronteriza desgarrada por la violencia. Para llegar a un número, los investigadores locales contaron la cantidad de viviendas vacías y multiplicaron por el estimado de personas que ocupan una unidad residencial típica.
“En 2010, las autoridades federales no reconocieron, evaluaron o documentaron las necesidades de las personas desplazadas, en lugar de ello centraron sus esfuerzos en la lucha contra los cárteles de la droga”, señaló el informe de IDMC.
“Los organismos internacionales con mandatos de protección presentes en el país , incluyendo el ACNUR y el CICR, siguieron los acontecimientos pero, en ausencia de la aprobación del gobierno, no establecieron programas para proveer protección o soluciones duraderas para los desalojados por la fuerza”.
En muchos, si no la mayoría de los casos, los desplazamientos actuales no suceden a la vista, la gente escapa silenciosamente para evitar represalias o cruza a las ciudades fronterizas de EE.UU. tan inadvertidamente como fuera posible.
Los refugiados internos no son un fenómeno nuevo en México. Decenas de miles de habitantes indígenas del estado de Chiapas fueron desplazados por grupos paramilitares a favor del gobierno en la década de 1990, según el informe del Observatorio de Desplazamiento Interno. La naturaleza de los actuales desplazamientos, sin embargo, es algo diferente a las motivadas políticamente de años anteriores.
En algunas partes de México, las nuevas organizaciones tiránicas criminales ahora “limpian” la población en su intento de consolidar el control territorial no sólo sobre el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, sino sobre toda la economía también.
En Tamaulipas y Nuevo León, por ejemplo, bandas criminales organizadas dominan hoy la inmensa economía informal de impuestos sobre los productos piratas y ventas callejeras, agricultura y ganadería y, si los alegatos planteados en una reciente demanda en contra de 11 empresas por la petrolera estatal PEMEX son verdaderas, incluso operando secretamente con empresarios EE.UU. para robar y comercializar gas natural licuado de la Cuenca de Burgos valorados en cientos de millones de dólares.
En Guerrero, mientras tanto, la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos exigen que las autoridades aseguren el retorno a salvo de las personas a sus comunidades, investiguen a los grupos paramilitares y lleguen al fondo de los asesinatos de Rubén Santana y muchas otras víctimas. Y exigen que el aislamiento y la pobreza rural, que es un telón de fondo de la violencia sea finalmente abordada de una manera que sea compatible con las necesidades socio-económicas y las aspiraciones de la población local.
En cuanto a una cuestión más amplia de los refugiados, se espera que una convergencia histórica entre México y organizaciones no gubernamentales EE.UU. demanden en El Paso la próxima semana, que Washington conceda asilo y protección a los refugiados mexicanos y aplique el derecho internacional humanitario a las personas del sur de la frontera que buscan refugio en este país.
Kent Paterson es un periodista independiente que cubre el suroeste de Estados Unidos, México y América Latina. Es analista para el Programa de las Américas en www.americas.org.
Fuentes: Bloomberg.com, 1 de junio de 2011. El Sur, 18 de febrero de 2011, 14 y 30 de mayo de 2011. Artículos escritos por Ismael Flores, Aurora Harrison y el personal de editorial. Notimex, 27 de mayo de 2011. La Jornada, 14, 25, 26, 29, 30 y 31 de mayo de 2011. Artículos de Sergio Ocampo Arista, Citlal Giles Sánchez, Margena de la O, Francisca Meza Carranza y el personal de editorial.
Recursos: Centro Tlachinollán Derechos Humanos de la Montaña http://www.tlachinollan.org/.
