El lunes 31 de enero, crucé la frontera para escuchar la exposición de la Secretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano en la Universidad de Texas en El Paso. Quería saber lo que tenía que decir tras haber pasado el fin de semana en las manifestaciones y el ayuno que se organizó en Ciudad Juárez para conmemorar el primer aniversario de la masacre de 18 personas, casi todos jóvenes, en la colonia Villas de Salvárcar.
Esperaba un choque de realidades. La administración Obama se ha adherido incondicionalmente a la postura del gobierno de Calderón de que juntos están ganando la guerra contra las drogas y que todo lo que se requiere es mantener el curso. Ambos gobiernos respaldan con avidez la militarización tanto de la frontera como de México mismo, como el medio para enfrentarse al crimen organizado. Ambos gobiernos descartan las inquietudes en torno a las violaciones de los derechos humanos y el baño de sangre provocado por la guerra antidrogas como un “costo necesario”.
Con todo, no estaba yo preparada para las evidentes contradicciones de la Sra. Napolitano y su absoluta falta de compasión frente las tragedias que se están desarrollando a ambos lados de la frontera. Ni una sola vez se refirió a derechos humanos, al incremento en crímenes de odio y las leyes y prácticas discriminatorias contra los latinos, las violaciones de derechos cometidas en los centros de detención de migrantes, la separación de familias, ni las muertes en México a consecuencia de la guerra antidrogas que propugna y respalda Estados Unidos… todo ello pese al hecho de que cientos de personas se manifestaron ese mismo fin de semana en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso exigiendo el final de la violencia.
En cambio, la Sec. Napolitano derrochó elogios para la Iniciativa para la Frontera Sudoccidental (Southwest Border Initiative), y pronunció palabras duras para México: “Advierto a los cárteles: No piensen siquiera en traer su violencia y tácticas a este lado de la frontera. Se encontrarán con una respuesta abrumadora, y seguiremos cooperando con nuestros socios de México para desmantelarlos y derrotarlos, y este mensaje se extiende a cualquiera que considere cruzar ilegalmente la frontera, ya sea un contrabandista, un traficante de personas o un inmigrante ilegal en busca de trabajo.”
De nuevo, los inmigrantes –muchos de los cuales salen de México por la desastrosa situación económica y de desempleo creada por políticas como las del TLCAN- fueron empujados a la misma categoría de los traficantes de drogas y de seres humanos. Aunque la Sra. Napolitano afirmó su apoyo a una reforma migratoria comprensiva, elogió el récord alcanzado en deportaciones y anunció que los centros de detención se expandirían grandemente a medida que el llamado Programa de Comunidades Seguras atrapara a más inmigrantes en su red para enviarlos a las lucrativas cárceles privadas.
La Secretaria interpretó el súbito aumento de la violencia del crimen organizado en México como “intentos de socavar el estado de derecho, sobre todo en el norte de México”, sin reconocer en ningún momento que ese súbito aumento está en relación directa con el lanzamiento del catastrófico modelo de guerra antidrogas de la administración calderonista. La Secretaria tampoco hizo mención alguna de la responsabilidad que le corresponde a Estados Unidos en provocar y perpetuar esta violencia contra los civiles mexicanos a través de la Iniciativa Mérida, del dolor de los residentes de El Paso cuyas familias están viviendo los horrores del laboratorio de la guerra antinarco, ni de los profundamente arraigados problemas de impunidad y corrupción a ambos lados de la frontera que han creado las crisis que viven ciudades como la de Juárez.
Tampoco abordó la Secretaria el papel de Estados Unidos en el consumo de drogas, la corrupción y su propio narcotráfico interno. Sí mencionó los esfuerzos por controlar el flujo de armas, pero señaló que las leyes no permiten un radio de acción suficiente para perseguirlo con eficacia, aun cuando se sabe de dónde obtienen los cárteles sus armas. De manera simultánea a la conferencia, la Agencia para la Regulación de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), anunció una reducción importante de fondos para su programa relativo a los traficantes de armas.
La Sra. Napolitano cayó en una contradicción formidable cuando, al mismo tiempo, recalcó que las comunidades fronterizas se cuentan entre las más seguras del país –un hecho probado por las estadísticas y que se remonta a décadas atrás–, y declaró: “Debemos protegernos de los efectos provenientes del exterior” (“spillover effects”).
Su descripción de los cuantiosos recursos y fuerzas de seguridad que se destinan y se destinarán al reforzamiento de la seguridad en la frontera perdió todo sentido en el contexto de los bajos niveles de violencia, es decir, la ausencia de un problema real de seguridad en la región. Sin embargo, la Secretaria prometió dedicar todavía más recursos a fortalecer la seguridad fronteriza.
Ausente estuvo cualquier sugerencia de que en lugar de gastar 600 millones de dólares en la SBWI y otros 150 millones de dólares más en la Operación Stonegarden, tal vez la nación haría mejor en atender los altos niveles de pobreza: En El Paso, uno de cada cuatro habitantes vive en pobreza y su alcalde declaró hace poco que tres de cada diez niños van a la cama con hambre.
¿Qué clase de seguridad es ésa?
Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas del Center for International Policy en www.americas.org.
Traductor: María Soledad Cervantes Ramírez
