La decisión de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú de abandonar la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) representa, en la práctica, un tiro de gracia a la institución, creada en Brasilia en 2008. Expresa, además, el giro político que ha tenido lugar en la mayoría de países que la impulsaron, así como la imposibilidad de lograr acuerdos con los gobiernos de Venezuela y Bolivia, toda vez que las decisiones se toman por consenso.
La crisis de la Unasur ha tenido un correlato con el cambio de signo de los resultados electorales de los países que la conforman y se hizo más evidente a partir de enero de 2017, cuando el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, finalizó sus funciones en la Secretaría General del organismo. Entonces, la Presidencia pro tempore pasó a manos de Argentina, quien propuso para reemplazarlo, a su embajador en Chile, Octavio Bordón, exmilitante del Frente País Solidario (Frepaso) y embajador de Argentina en Estados Unidos durante el período presidencial de Kirchner. Sin embargo, esta designación fue rechazada por Bolivia y el organismo permanece acéfalo desde hace dieciséis meses.
Aunque el trasfondo es político, la parálisis del organismo dio lugar a que los seis países mencionados enviaran la semana pasada un comunicado al canciller de Bolivia, país que tiene a su cargo la Presidencia pro tempore, en el que le anunciaron su decisión de retirarse de la Unasur hasta que no se redefinan sus funciones. Asimismo, califican la situación como “extremadamente intolerable” motivo por el cual han suspendido los pagos, así como su participación en todas las instancias del organismo.
Maduro les ha pedido a los países salientes, que tengan “un poquitico de conciencia sudamericana” y ha especulado con que esa decisión podría deberse a la “presión” del gobierno de los Estados Unidos. Salvo Bolivia, el resto de países de la Unasur han criticado la calidad democrática en Venezuela, y no han presentado propuestas sobre cómo impulsar la restauración de su institucionalidad democrática.
Salvo Bolivia, el resto de países de la Unasur han manifestado su preocupación por la calidad democrática en Venezuela y muchos de ellos, como los pertenecientes al denominado Grupo de Lima, han exhortado al gobierno a tomar algunas medidas que, a su juicio, contribuirán a la restauración democrática de ese país. En enero, representantes de Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú fueron invitados a Washington para reunirse con el director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, Juan Cruz, y evaluar la situación de Venezuela. Los mandatarios de estos países fueron también invitados por Donald Trump a una reunión para tratar el tema durante la Asamblea General de la ONU, en septiembre pasado. En aquel encuentro, al cual Pedro Pablo Kuczynski de Perú y Enrique Peña Nieto de México no asistieron debido a problemas internos que motivaron la suspensión de sus respectivos viajes a Nueva York, los mandatarios latinoamericanos confirmaron a Trump su rechazo a una eventual operación militar sobre Venezuela.
Los seis países que han abandonado la Unasur son a su vez miembros del Grupo de Lima, conformado el 8 de agosto de 2017 en la capital peruana por doce países americanos: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. El bloque se ha reunido y pronunciado en varias oportunidades, a nivel de cancilleres, para encontrar salidas a la crisis en Venezuela.
Entre otros, manifiestan que no puede haber elecciones libres y justas sin la plena participación de los partidos políticos y con líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del Gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar y con elecciones convocadas por la asamblea constituyente, cuya existencia y decisiones no reconocen al considerar que es un órgano carente de legitimidad y legalidad. Asimismo, exhortan al gobierno venezolano a que permita la apertura de un corredor humanitario que ayude a mitigar los graves efectos del desabastecimiento de alimentos y medicinas.
La estrategia del Grupo de Lima ha sido aislar a Venezuela política y diplomáticamente, sin imponerle sanciones. Es en este marco que se inscribe la decisión de los países miembros de dicha agrupación de abandonar la Unasur. En el organismo han quedado los países de menor tamaño: Surinam, Guyana, Bolivia, Uruguay, Ecuador (sede del organismo) y Venezuela.
Historia de UNASUR
Como se recordará, la Unión de Naciones Sudamericanas es el nombre con el cual, en abril de 2007 los Presidentes reunidos por primera vez en la historia para tratar temas de energía, en Venezuela, decidieron denominar a la hasta entonces Comunidad Sudamericana de Naciones. No sólo decidieron llamarla de otra manera, sino también cambiarle el enfoque. Esta no sería concebida como la convergencia de los dos bloques subregionales de integración existentes en la región, Comunidad Andina y MERCOSUR, sino como un nuevo espacio de concertación política, en el que los aspectos sociales, energéticos y de infraestructura serían los ejes centrales de atención, relegando los aspectos comerciales.
El cambio de enfoque y el abandono de los temas comerciales en la Unasur se explican por el hecho de que las negociaciones para conformar la zona de libre comercio entre la Comunidad Andina y el Mercosur tardaron más de lo previsto, y varios países sudamericanos, entre ellos Chile, Colombia y Perú, iniciaron negociaciones para abrir su comercio a países fuera de la región al suscribir los Tratados de Libre Comercio. Además, la Comunidad Andina no firmó conjuntamente un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con el Mercosur. Bolivia ya lo había hecho con anterioridad (en 1996, ACE 36, a través del cual se incorporó al Mercosur en calidad de Estado Asociado), Perú lo firmó en 2005 con el Mercosur (ACE 58) y en el mismo año, lo hicieron conjuntamente Colombia, Ecuador y Venezuela con el Mercosur (ACE 59). Estos hechos fueron determinantes en el hecho que no se contemplaran los temas comerciales en la UNASUR. No fue casualidad que a la ceremonia de firma de su Tratado Constitutivo, no fueran invitados representantes de la Comunidad Andina ni del MERCOSUR.
Este nuevo enfoque quedó plasmado en el texto de su Tratado Constitutivo, firmado en Brasilia, en mayo de 2008. El organismo nació con un fuerte perfil político, en el que la seguridad regional jugó un papel clave. Así, la UNASUR tuvo un rol protagónico e influyente durante los conflictos políticos suscitados en la región, a poco tiempo de su creación en 2008. Pruebas de ello fueron su participación en aquellos que tuvieron lugar en Bolivia por el enfrentamiento entre el gobierno central y los gobiernos regionales autónomos, que causó la muerte de treinta personas en septiembre de 2008, las consultas con respecto a la instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia, en 2009, y el intento de destitución del presidente Correa a fines de septiembre de 2010.
La Unasur estableció claramente sus objetivos: construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.
Los objetivos, qué duda cabe, fueron loables. Sin embargo, no eran pocas las dificultades para concretar el proyecto. El peso de las alianzas ideológicas y los proyectos geopolíticos nacionales por sobre los intereses regionales, las diferencias políticas entre los gobernantes suramericanos—incluso dentro de los sectores favorables a la conformación de un bloque autónomo regional—sobre tipos de desarrollo, modelos de integración y opciones de inserción internacional, que antepusieran la ideología al interés por la convergencia, son algunos de ellos.
A pesar de estas diferencias, durante los primeros años de su existencia se tomaron acciones que tuvieron repercusión internacional y que le dieron una presencia política como bloque, hecho que le restó a la OEA su rol en la solución de conflictos políticos sensibles en la región y, al BID, en la definición de la integración de la infraestructura.
La creación de la UNASUR tuvo lugar en un escenario no exento de conflictos. La renuncia del ex presidente ecuatoriano, Rodrigo Borja, a su designación como secretario ejecutivo; los efectos latentes de la crisis entre Ecuador, Colombia y Venezuela, a raíz de la invasión militar a las FARC en territorio ecuatoriano en marzo de 2008; y el rechazo de Colombia a asumir la Presidencia pro tempore, fueron algunos de los hechos que acompañaron la aprobación del Tratado Constitutivo de la UNASUR por los presidentes sudamericanos en mayo de 2008.
Ante el rechazo del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de asumir la primera Presidencia pro tempore, debido al conflicto que su país tenía en ese momento con Venezuela y Ecuador por el tema de la incursión militar en territorio ecuatoriano, esta fue asumida por la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Bachelet, señaló la necesidad de poner el acento en la búsqueda de consensos y usar toda la energía posible para colocar en marcha esta unidad, que le daría a Sudamérica la oportunidad de tener una voz fuerte y clara ante el mundo. Un día antes de la primera cumbre de la Unasur manifestó que los países suramericanos “no pueden darse el lujo de perder esta tremenda oportunidad.”
Sin embargo, sus buenos deseos han sido superados hoy por el cambio de rumbo político en la región. Los países de mayor tamaño la han abandonado “temporalmente” y se ha perdido la apuesta inicial por la funcionalidad e institucionalidad de este organismo, al que los presidentes acudían raudamente cuando eran convocados con el fin de dejar claro que no era la OEA, sino la Unasur, la que dirimiría sobre los asuntos políticos sudamericanos.
Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires. Consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina entre 1985 y 1994 y asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR entre 2006 y 2008. Ha sido Agregada Económica de la Embajada de Perú entre 2010 y 2015. Es columnista del Programa de las Américas.
