En las calles se oyen las cacerolas y los gritos de “¡Fuera la dictadura!” En las carreteras, algunos grupos se atreven a desobedecer el toque de queda y mantienen los bloqueos a todas horas. Los militares circulan libremente, con tanquetas, rifles y gases lacrimógenos.
También están exentos del estado de sitio ilegal los miembros del Tribunal Supremo Electoral, pero brillan por su ausencia en momentos críticos. Van tres veces que dicen que “cae el sistema” del conteo del voto. Después de señalar una ventaja “irreversible” de cinco puntos del candidato Salvador Nasralla de la opositora Alianza Contra la Dictadura, con 57% de los votos contados el domingo en la noche, el Tribunal dejó de informar sobre el conteo por 36 horas, para regresar con cuentas alegres que daban la ventaja al actual presidente Juan Orlando Hernández, que no alegraron nada a la mayoría que votó por sacarlo del poder. Se esconden tras las paredes de los números inverosímiles que ellos mismos construyeron desde las elecciones del domingo 26 de noviembre y que fueron el detonante de las protestas.
El viernes el Tribunal otra vez paralizó la información pública, y después de un “escrutinio especial” de poco más de mil actas con irregularidades anunció el lunes resultados del conteo total de 42.98% para Juan Orlando Hernández y 41.39% para Salvador Nasralla. La oposición exige contabilizar las 5,179 actas que sacaron cuando no había informes públicos y que repentinamente daban la victoria al presidente, propuesta apoyada por la OEA. El Tribunal no ha declarado triunfador en las elecciones, señalando que faltan las impugnaciones.
El análisis de las cifras reportadas en la página del Tribunal indica que las irregularidades y la manipulación van mucho más allá de estas mil actas. Reportan incidentes en las urnas, manipulación de los medios, falta de transparencia, paquetes inflados de tres departamentos y el sesgo del mismo tribunal internacional.
De hecho, el problema de la legitimidad de estas elecciones empezó mucho antes de la votación. La Constitución hondureña prohíbe la reelección en un artículo “pétreo”, es decir, que ninguna corte puede revertir. Sin embargo, Hernández justificó su candidatura con base en una decisión de la corte que contradice a la propia constitución. Estos vicios de origen provocaron un debate en la izquierda hondureña, con una parte —entre ellos el partido LIBRE dirigido por el expresidente Mel Zelaya— apostándole a las elecciones con un candidato de centro, y otra, a la abstención.
El debate quedó superado con el triunfo sorpresivo de Nasralla (las encuestas, de dudosa calidad, daban el triunfo a Hernández). La defensa de la democracia ahora se centra en una movilización masiva que pide respeto al voto, pero sobre todo la salida de Hernández, quien en el contexto de una crisis política que podría desbancarlo, cada día hace más honor al epíteto de “dictador”. El toque de queda de 6 a 6, la ocupación militar del país desde antes de las votaciones, y la represión en San Pedro Sula y otros lugares, muestra el carácter de un déspota dispuesto a hacer todo lo posible para evitar que un proceso electoral que creía tener bajo control se le salga de las manos.
A diario salen las declaraciones cada vez más urgentes de las organizaciones de derechos humanos. La sociedad hondureña ha cambiado desde el golpe de estado de 2009 cuando, irónicamente, los militares rompieron el orden constitucional con el pretexto de evitar que el entonces presidente Zelaya hiciera un referéndum para solo considerar la reelección —así el doble discurso de la derecha. Ahora la sociedad está más organizada, hay más comunicación y capacidad de articulación entre las organizaciones de base y de derechos humanos.
Varias agrupaciones se han pronunciado en contra del fraude. La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras declaró su “rechazo absoluto y categórico al proceso electoral fraudulento que legitima la continuidad del modelo de represión y muerte, dirigido por Juan Orlando Hernández,” y convoca a “todas las organizaciones, caseríos, comunidades y municipios a la movilización permanente en contra de la imposición y la ilegal reelección de la dictadura cívico militar encabezada por JOH.” Además, llama a las comunidades a defender el territorio ante la militarización y la represión.
La Mesa Nacional de Derechos Humanos advierte, “Honduras vive hoy graves retrocesos democráticos y violaciones a los derechos humanos, por la manipulación de los resultados electorales del 26 de noviembre” y denuncia que “el uso excesivo de la fuerza ha pasado a un terrorismo de estado” con ataques a manifestantes pacíficos, periodistas y medios.
Una de las preguntas ahora es si las fuerzas armadas estén dispuestas a apuntar sus rifles contra su propio pueblo. Hacerlo en el golpe de estado les resultó costoso en términos políticos, a pesar de que fueron premiados directamente con millones de dólares por parte del gobernó de EEUU tras el golpe (se triplicaron los fondos a las fuerzas armadas hondureñas respecto al mismo periodo anterior), sin contar su parte de los fondos regionales.
El papel que está jugando el gobierno de Donald Trump es otra incógnita. El Departamento de Estado ha mantenido silencio en torno a la crisis, en este país que se volvió un aliado estratégico después del golpe. La Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa ha quedado acéfala desde junio, un hecho que para el expresidente Zelaya comprueba que las riendas de la política estadunidense en Honduras las tiene el Comando Sur. La Plataforma también destaca el papel oculto de EEUU: “Denunciamos la complicidad de instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, que han servido de soporte para legitimar la ilegalidad de la reelección presidencial y garantizar el reconocimiento internacional del fraude electoral y que tienen como cómplice fundamental a los Estados Unidos.” Varias fuerzas de seguridad hondureñas que fueron creadas y entrenadas por los EEUU —entre ellas, Los Tigres—han sido señalados por la Mesa de Organizaciones de Derechos Humanos como actores principales en los actos de represión que han generado varios muertos, y cientos de heridos y detenciones arbitrarias.
El Padre Ismael Morales tuiteó, “Acuso en directo a la Embajada de los Estados Unidos por avalar con sus posiciones un proceso ilegal y fraudulento. Lo que ocurrirá contra nuestras vidas y trabajos en defensa de los derechos humanos será en gran parte responsabilidad de esa alianza entre la Embajada y la dictadura que surgirá.”
La OEA, que envió observadores a las elecciones, ha dicho poco. En un comunicado, apoyó el escrutinio especial y la propuesta de contabilizar los 5,200 actas. Existen fuertes evidencias que observadores de la OEA vieron irregularidades en sus labores de campo, sin embargo, no han emitido ninguna declaración sobre el proceso. Los observadores de la Unión Europea También avalan el escrutinio de las cinco mil actas.
Si el gobierno de JOH lograra consumar el fraude en Honduras con trampas, el uso de las fuerzas armadas, el apoyo del gobierno de Trump y el silencio de los organismos internacionales ¿qué podemos esperar en el futuro? Honduras ya fue la lección de que un golpe de estado puede convivir perfectamente bien con el sistema mundial del siglo XXI imponiéndose a las fuerzas democráticas con el apoyo de fuertes intereses económicos y geopolíticos. La historia ha mostrado vez tras vez que el progreso no es una línea en ascenso inexorable. Es una aspiración que requiere de una lucha constante, conformada por avances y retrocesos. Los hombres y las mujeres de Honduras ahora están dando esta lucha en un momento crítico.
Si la comunidad internacional permite el retroceso en Honduras, no solo sufrirá el pueblo hondureño. Se envalentonarán las fuerzas antidemocráticas en el hemisferio, desde Washington a Patagonia. Con procesos electorales claves el año que entra en México, Colombia y Brasil, no se puede dejar que la derecha establezca un antecendente exitoso de fraude en este país centroamericano que ya ha sufrido bastante en defensa de la auto-determinación.
