La producción "Elecciones en Honduras", escenificada en un teatro pequeño y maltrecho de Centroamérica el pasado 29 de noviembre, no llegó a convencer al público, y dejó sin resolver un argumento confuso y conflictivo.
Escrita y dirigida por la élite y las Fuerzas Armadas hondureñas con la colaboración del Departamento de Estado de E.U., el telón se abre revelando las calles vacías de Tegucigalpa en lo que se anuncia como las elecciones con mayor participación en la historia de Honduras.
Esta es apenas la primera de las inexplicables contradicciones entre la narrativa y la realidad que se desarrollan durante la obra.
"Elecciones en Honduras cuenta la historia de una nación pobre sacudida por un golpe de estado militar y ocupada por sus propias fuerzas armadas. La trama artificial pasa a intentar convencer al espectador de que las mismas fuerzas que llevaron a cabo el golpe –en el cual se secuestra al presidente electo y se desata una ola de represión sangrienta- ahora están realizando "elecciones libres y justas" para restaurar la democracia. La obra sigue a estos actores durante toda la jornada electoral en una serie de charadas que dejan al espectador con la desagradable sensación de que se le ha hecho desempeñar el papel de un peón en este teatro del absurdo.
Para dar sólo un ejemplo: durante toda la multimillonaria producción, el presidente electo de la nación permanece fuera de escena. En la obra nunca se explica por qué a este personaje clave no se le dio un papel; se espera que los espectadores acepten como un hecho que su ausencia es insignificante para la trama. Ya que el supuesto mensaje del drama es que se ha devuelto la democracia a un país sujeto a un régimen ilegítimo, el presidente ausente es una contradicción sin sentido alguno.
Los actores principales del drama son: un gran número de Observadores Nacionales e Internacionales mal escogidos para el papel, que recuerdan sus líneas pero a menudo "se salen" de su personaje de observadores imparciales; un Tribunal Supremo Electoral, casi siempre invisible, que emite estadísticas indescifrables y contradictorias; y candidatos que intentan impartir credibilidad a la trama pero se vanaglorian tanto y son tan dedicados a servir a las fuerzas antidemocráticas que sus actuaciones resultan una burla de la misma causa a la que afirman servir.
Esta crítica puede sólo esperar que el desastroso debut de la obra "Elecciones en Honduras" nunca vuelva a producirse en ningún otro escenario. Los escritores, directores y actores de esta debacle han insultado la inteligencia de los espectadores del mundo entero y degradado el noble tema de la democracia que pretende ser el núcleo de este drama engañoso."
Esta imitación de crítica teatral describe mi sentir al atestiguar las elecciones hondureñas desde mi asiento en Tegucigalpa. Llegué ahí el 27 de noviembre para observar violaciones de derechos humanos, así como el contexto y condiciones concomitantes a un proceso electoral que bajo ninguna circunstancia podía validarse debido a los defectos fatales de su origen.
La noticia no es que Porfirio "Pepe" Lobo del Partido Nacionalista derrotó a Elwin Santos del Partido Liberal. Desde que los militares expulsaron al presidente electo Manuel Zelaya el 28 de junio, el sistema bipartidista cedió lugar a una polaridad mucho más honda: a favor y en contra del golpe de estado. Tanto Lobo como Santos estaban a favor del secuestro militar de la democracia hondureña y apoyaban el régimen ilegal de Roberto Micheletti. Ambos buscaron hacerse del poder lavando el golpe en elecciones, y "echar el candado" a una transición que garantizara el poder permanente de la élite económica hondureña.
Las elecciones nacionales de presidente, congresistas y alcaldes el 29 de noviembre en Honduras nunca debieron llevarse a cabo. La votación fue organizada y supervisada por un régimen golpista ilegal. Un régimen que suspendió oficialmente las libertades civiles básicas, como la libertad de asamblea y de expresión, y clausuró los medios de comunicación independientes o bloqueó repetidamente las transmisiones.
En Honduras las actividades electorales normales fueron redefinidas como conducta criminal, incluyendo la celebración de mítines y la proclamación del derecho a abstenerse. Los informes de coerciones en fábricas y entre empleados públicos provinieron de individuos que las sufrieron ellos mismos. El ejército hizo cumplir los decretos dictatoriales en las calles.
Unos cien candidatos registrados, desde presidenciales a aspirantes a alcaldías locales, se retiraron de las elecciones en protesta de la continuación del golpe y del exilio interno (en la embajada brasileña) del presidente electo. La resistencia popular convocó a un boicot y a un "toque de queda popular", instando a la gente a quedarse en su casa el día de elecciones. Esto fue en parte para evitar enfrentamientos con los más de 30,000 elementos de seguridad llamados a "proteger el orden" en una nación donde estos mismos elementos son responsables de violaciones masivas de derechos humanos y veintenas de asesinatos de miembros de la resistencia.
Las elecciones hondureñas nunca debieron llevarse a cabo porque Honduras bajo el régimen golpista nunca satisfizo el criterio básico de "elecciones justas y libres" establecido en documentos como la Declaración del Consejo Interparlamentario de 1994, que afirma que el estado debe asegurar "el respeto de las libertades de movimiento, asamblea, asociación y expresión, particularmente en el contexto de reuniones y asambleas políticas", que todos los partidos tienen acceso a los medios de comunicación del servicio público y que "las autoridades del Estado tomarán las medidas necesarias para prevenir la violencia electoral… y asegurar que las violaciones de derechos humanos y agravios relativos al proceso electoral se determinen prontamente dentro del plazo del proceso electoral y de manera eficaz por una autoridad independiente e imparcial como puede ser una comisión electoral o los tribunales."
Las elecciones hondureñas no alcanzaron siquiera a cumplir estos criterios básicos. Los elementos de seguridad responsables de las violaciones de derechos humanos previas, durante y posteriores a la votación gozaron de completa impunidad. En San Pedro Sula, una marcha no violenta en apoyo al boicot fue reprimida violentamente y varias personas fueron golpeadas y arrestadas.
De las Casillas a los Puntos Porcentuales
Pero las elecciones se llevaron a cabo. El 29 de noviembre, algunos hondureños, especialmente en los vecindarios más acomodados, salieron a votar mientras la mayoría de los pobres permanecieron en sus casas. Aquellos de nosotros que condujimos de una casilla a otra para supervisar la participación, militarización e incidentes confirman este fenómeno.
Preocupado de que los relatos de testigos presenciales de las casillas semivacías pudieran socavar el mensaje estadounidense de "misión cumplida" en Honduras, el Embajador de E.U. Hugo Llorens compareció en las casillas para adelantarse a declarar que "Las elecciones son un asunto técnico, y los resultados estadísticos contarán la verdadera historia." Se nos previno a todos de que no creyéramos a nuestros propios ojos, ya que todos los ojos se dirigieron entonces al Tribunal Supremo Electoral.
Al anochecer del 29 de noviembre el Tribunal Electoral (TSE por sus siglas en español) anunció triunfalmente que había salido a votar el 61% de los votantes registrados. Lo pasmoso es que ésta era una mentira descarada. Sus propias estadísticas demostraban que sólo 49.2% de los hondureños habían votado, una reducción considerable respecto de las pasadas elecciones.
Real News informa que un funcionario electoral, que pidió el anonimato por temor a que lo mataran, afirmó que Saúl Escobar, jefe del Tribunal, inventó la estadística.
La organización de observación electoral Hagamos Democracia, contratada por el TSE para suministrar los primeros resultados, reportó una votación de 47.6%. En entrevista exclusiva con el periodista Dick Emanuelsson, Rolando Bu de Hagamos Democracia trató de explicar la discrepancia: "Estamos trabajando con base en el padrón electoral que recibimos de 4.6 millones. Todavía no he hablado con los magistrados (del Tribunal) pero es probable que ellos estén restando aspectos como los de migración y fallecimientos." Huelga decir que alterar el padrón electoral durante el proceso de conteo no es una práctica aceptable.
Hagamos Democracia es financiada por el National Democratic Institute (Instituto Democrático Nacional), una extensión de la National Endowment for Democracy, NDI (Fundación Nacional para la Democracia), que es una entidad del gobierno de Estados Unidos. El NDI publicó un informe electoral en donde eludió el aspecto clave de la participación de la población y se limitó a asentar que existía una discrepancia. El NDI había declarado que no podía enviar una misión formal de observadores electorales debido a la falta de observación previa a las elecciones que constituye una parte vital del proceso; esto sin reparar en que durante su trabajo, sus 22 miembros vistieron los chalecos que los distinguían como "observadores electorales".
El informe del NDI también hizo notar que muchos de los observadores internacionales habían comprometido su imparcialidad: "Lamentablemente, el TSE ofreció financiar transporte, alojamiento y comidas, y cierto número de observadores aceptaron esta oferta. La Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional establece que los observadores electorales extranjeros no deben aceptar financiamiento ni apoyo logístico del gobierno cuyas elecciones están observándose, ya que ello puede suscitar un significativo conflicto de intereses."
Este conflicto de intereses pronto se me hizo dolorosamente obvio. Después de ser entrevistada en la televisión internacional con respecto a las elecciones, y habiendo yo comentado que dichas elecciones no resolverían la crisis política en Honduras debido a la falta de legitimidad de elecciones realizadas por el régimen golpista y al clima de violación de derechos humanos, y porque muchas naciones no reconocerían los resultados, una multitud de "observadores" reunidos en torno al lugar donde se me entrevistaba en el vestíbulo frente al Tribunal Electoral me atacaron verbalmente, gritando "mentirosa" y ordenando que se me expulsara del país. Traté de lograr un debate con ellos pero los ataques continuaron de tal modo que, temiendo por mi seguridad, un guardia de seguridad del Tribunal me escoltó fuera del área.
El documento citado por el NDI declara que "la observación electoral internacional, que se concentra en los derechos civiles y políticos, es parte de la vigilancia internacional de los derechos humanos y debe ser dirigido con base en los estándares más elevados de imparcialidad por lo que toca a los competidores políticos nacionales así como estar libre de cualesquiera consideraciones bilaterales o multilaterales que pudieran estar en conflicto con la imparcialidad."
La Crisis Hondureña se Ahonda, Divide al Mundo
Estados Unidos actuó siguiendo el guión escrito desde mediados de octubre. El recién confirmado Arturo Valenzuela de inmediato llamó a las elecciones "un paso significativo hacia el regreso de Honduras al orden democrático y constitucional después del golpe del 28 de junio…" Prosiguió recalcando que apenas era un primer paso y que la nación debe establecer un gobierno de unidad nacional, dentro del marco del Acuerdo de Tegucigalpa-San José.
Pero el 2 de diciembre el Congreso hondureño cerró el círculo para la consolidación de una asunción militar del poder cuando votó en contra de la restitución del Presidente Manuel Zelaya. Valenzuela emitió una declaración en el sentido de que "Nos decepciona esta decisión puesto que Estados Unidos había esperado que el Congreso aprobaría su regreso. Y nuestra política desde el 28 de junio siempre obedeció a principios, y hemos condenado el golpe de estado y aceptado al Presidente Zelaya como el dirigente legítimo y electo democráticamente de Honduras durante toda esta crisis política. Sin embargo, la decisión del Congreso, la cual tomó de manera abierta y transparente, estuvo de acuerdo con su mandato según el artículo 5 del Acuerdo de Tegucigalpa-San José. Tanto el Presidente Zelaya como el Sr. Micheletti ratificaron este acuerdo el 30 de octubre.
El resquicio dejando en el acuerdo de Tegucigalpa por cuyo medio el Congreso controlado por los golpistas, demoró, primero, su votación hasta después de las elecciones y votó, después contra la restitución del presidente, permitió que se violara el requerimiento fundamental de los Acuerdos de San José logrados por la mediación del presidente costarricense Oscar Arias. El gobierno de Estados Unidos desempeñó un papel principal en la incorporación de este resquicio. El funcionario del Departamento de Estado de E.U. Thomas Shannon negoció con el Senador Republicano Jim DeMint el reconocimiento de las elecciones sin la previa restauración de Zelaya en la presidencia, a cambio de su confirmación de la nominación de Valenzuela más la de Shannon mismo como embajador de E.U. en Brasil.
Ahora el Departamento de Estado, junto con el régimen golpista, ha concertado y lanzado una campaña para lograr que la comunidad internacional reconozca las elecciones hondureñas. Los países de la región que tienen celebrados, o esperan celebrar, tratados de libre comercio con E.U. han accedido a seguir su juego. Hasta ahora los países que han anunciado que reconocerán las elecciones son Panamá, Perú, Colombia y Costa Rica.
Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador, y varios países europeos han anunciado que no reconocerán las elecciones. El Presidente Lula da Silva reiteró la postura de Brasil de la Cumbre de América Latina, España y Portugal, declarando que su gobierno no reconocería las elecciones hondureñas ni entablaría un diálogo con Pepe Lobo. "No es posible reconocer a un partidario del golpe. Punto", afirmó, refiriéndose a Lobo. Lula añadió: "Es una cuestión de sentido común, una cuestión de principios; no podemos llegar a entendidos con las fuerzas del vandalismo político en América Latina."
Los medios de comunicación internacionales como CNN, lo mismo que el Departamento de Estado y el régimen golpista hondureño encabezan una carga para calificar a las elecciones de "limpias y justas", como las llamó el New York Times, y utilizar la tasa falsa de participación electoral como el único indicador de la legitimidad de las elecciones. Algunos aliados parecen titubear en su postura contra el reconocimiento.
El Presidente Zelaya, quien continua oculto en la embajada brasileña fuertemente defendida con barricadas, declaró a la BBC que las elecciones fueron fraudulentas y solamente intensificarían la crisis. El Frente Nacional contra el Golpe ha decidido suspender las manifestaciones diarias en las calles y proceder a construir un movimiento amplio hacia la celebración de una asamblea constituyente. Juan Barahona, un jefe del Frente, anunció el fin de la concentración del movimiento en la restauración de Zelaya. Este último ha anunciado que no regresaría al gobierno hasta el final de su gestión el 27 de enero próximo pues de otra manera estaría reconociendo como válido una transmisión del poder manejada por el régimen golpista.
Un comunicado del Frente del 30 de noviembre afirma: "Reiteramos que todos los actos que realice el actual régimen de facto y su sucesor no serán reconocidos por el pueblo. Enfatizamos nuestro rechazo a cualquier amnistía para todos los violadores de derechos humanos."
Los grupos de derechos humanos han declarado que las violaciones cometidas bajo el régimen golpista no serán olvidadas. Honduras sufrió una ola de violaciones de derechos humanos que incluyó asesinatos, violaciones, golpizas y detenciones arbitrarias de miembros de la resistencia. Una delegación de diez días de Amnistía Internacional señala en un comunicado de prensa titulado: "Restaurar los Derechos Humanos en Honduras" que "la crisis en Honduras no termina con los resultados electorales, las autoridades no pueden volver a sus actividades normales sin garantizar salvaguardas a los derechos humanos… Hay decenas de personas en Honduras que todavía están sufriendo los efectos de los abusos cometidos en los últimos cinco meses. Si no se castiga a los responsables y no se reforma un sistema que no funciona, se estaría dejando las puertas abiertas a más abusos en el futuro."
Un informe fechado el 30 de noviembre de la delegación del National Lawyers Guild (NLG)* menciona las violaciones de derechos humanos bajo el régimen golpista y concluye: "Habiendo analizado los aspectos legales y constitucionales implicados y enviado delegaciones a Honduras, el NLG ha verificado que las elecciones del 29 de noviembre de 2009 no fueron libres, justas ni transparentes, y el gobierno de Estados Unidos debe unirse a la comunidad internacional en negarse a reconocer su legitimidad. [E.U.] debe manifestarse clara y enérgicamente contra el régimen golpista, cerrar todas las operaciones militares en Honduras, y bloquear toda la asistencia y comercio de E.U. que beneficie al régimen golpista ilegal y a quienes lo apoyan."
Roberto Micheletti, tras su "ausencia", acaba de regresar al poder, en una nueva etapa del limbo legal y político que ha caracterizado a esta nación desde el pasado 28 de junio. Algunos se preguntan cuánto tiempo puede permanecer cualquier presidente en su cargo ahora que se ha considerado triunfante un golpe de estado. En un reciente editorial, el ex embajador Robert White, del Center for International Policy (Centro para la Política Internacional) plantea la interrogante retórica: "Muchos hondureños temen que el éxito del golpe represente una amenaza para la futura estabilidad de un estado democrático. Si las cuantas decenas de hombres que manejan el acceso al poder y la riqueza pueden intensificar una de los recurrentes altercados políticos de una nación hasta derrocar a un presidente electo, ¿cómo pueden los dirigentes democráticos futuros atreverse a desafiar la cultura de la riqueza e impunidad que ha hecho de Honduras una de las naciones más corruptas, injustas y plagadas de crímenes del mundo?"
El espectáculo que se montó para justificar la retención del poder por las fuerzas que cometieron el golpe de estado ya ha sido representado. En la secuela, el actor excluido –el pueblo de Honduras que se unió para rechazar el secuestro de su democracia- desempeñará un papel clave. En todo el país, los granjeros y agricultores, las feministas, los sindicalistas y los ciudadanos están más organizados que nunca antes. La exigencia de una asamblea constituyente que transforme una de las constituciones más obsoletas del mundo es el núcleo fundamental de esta nueva fase.
En última instancia, la crisis política hondureña no puede resolverse sin un medio legal para canalizar la disensión y eliminar las injusticias flagrantes de la sociedad hondureña. Un porcentaje sustancial de la población que rechaza el guión de la "panacea electoral" está determinada a luchar precisamente por eso, y nada menos que eso.
En el mejor interés de la auténtica democracia, la estabilidad y el bienestar nacional, ellos merecen que el gobierno de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional los apoyen en el rechazo de las elecciones, la restauración del orden constitucional y la erradicación de las desigualdades en las que se afirma la base de la continua crisis política en su nación.
