La buena noticia es que finalmente Washington comienza a tomar medidas más enérgicas acerca de Honduras.
La mala, es que esas medidas se contradicen totalmente entre sí, lo que está provocando ambigüedad, parálisis y luchas internas en los grupos contendientes al mismo tiempo que estalla la crisis hondureña.
|
Durante muchos meses, las noticias provenientes de la capital estadounidense trataron principalmente de contradicciones entre las resoluciones multilaterales para condenar el golpe, los señalamientos escasos pero firmes del Presidente Obama y las evasiones y vacilaciones del Departamento de Estado. Entre tanto, el Pentágono se mantuvo fiel a su imagen del tipo fuerte pero silencioso, absteniéndose de responder para confirmar o negar las acusaciones de que su base en Palmerola cumplió un papel en el secuestro del Presidente Zelaya, de que invitó a las Fuerzas Armadas del régimen golpista a participar en los ejercicios PANAMAX del mes pasado, o de que con su presencia militar en Honduras estaba apoyando tácitamente el golpe de estado.
Todas estas contradicciones subsisten. Pero ahora los miembros del Congreso y sector privado estadounidense han vuelto todavía más improbable una política coherente al esforzarse abiertamente por contrariar la posición oficial de los Estados Unidos.
El Congreso, enfrentado
Una pequeña minoría en la Casa de Representantes y el Senado de Estados Unidos está decidida a apoyar al régimen golpista hondureño pese a la política oficial de su gobierno de oponerse a dicho régimen. En un enfrentamiento decisivo que revela cuán grave es la división en el Congreso, el senador conservador Jim DeMint anunció un plan para viajar a Honduras con tres compañeros republicanos (los representantes Aaron Schock y Peter Roskam de Illinois y Doug Lamborn de Colorado). DeMint ha declarado abiertamente que el golpe militar en Honduras es legal y constitucional, rechazando de plano las resoluciones de la ONU y la de los Estados Americanos (OEA) que la administración Obama aprobó con su voto.
El senador John Kerry, Jefe del Comité de Relaciones Internacionales, se negó a aprobar que el Comité financie este viaje. DeMint otorga el crédito al dirigente de la minoría en el senado, Mitch McConnell, por haber obtenido un avión de la Secretaría de Defensa, dándole así la vuelta a la negativa de Kerry de financiar la "gira" por el régimen golpista. DeMint no define ésta como "una misión investigadora" como la rebautizó falsamente gran parte de la prensa. En cambio, DeMint anuncia explícitamente la parcialidad política de su excursión hondureña—financiada con fondos públicos, escribiendo en Twitter: "Mañana dirigimos la delegación a Honduras para apoyar las elecciones del 29 de noviembre. Los hondureños deben poder elegir su propio futuro."
El gobierno estadounidense, junto con otros del hemisferio, ha anunciado que no reconocerá las elecciones del 29 de noviembre si éstas se celebran bajo el régimen golpista.
DeMint atacó ferozmente la medida de Kerry calificándola de "intimidación". Kerry contraatacó afirmando que DeMint está bloqueando el desarrollo de la política gubernamental latinoamericana.
Pero la oficina de Kerry no se refería a la actitud antidemocrática de DeMint respecto de Honduras, sino más bien al veto, liderado por DeMint, a nombramientos hechos por Obama de diplomáticos clave para América Latina. Conforme a la ley del Senado, si un solo senador objeta una nominación, el Senado debe juntar 60 votos para poder superar la objeción. Los demócratas tienen actualmente 59 votos, contando los de independientes. Al parecer, esto significa que DeMint puede bloquear indefinidamente los nombramientos de Obama a puestos relevantes para la diplomacia en América Latina. La región es la única para la cual todavía no hay un nuevo subsecretario de estado para la coordinación de política, ya que el nominado Arturo Valenzuela, no ha sido aprobado.
La segunda renegada de la diplomacia en el Congreso es Ileana Ros-Lehtinen. La congresista de la Florida planea visitar Honduras en las próximas semanas. Resulta muy claro por qué Ros-Lehtinen aprovecha cualquier pretexto para defender el golpe de estado hondureño. De ascendencia cubana, es anticastrista virulenta y salta ante cualquier oportunidad para atacar gobiernos de centro izquierda en Latinoamérica, especialmente los que estima que tienen lazos con Venezuela.
Ros-Lehtinen describe su viaje, presuntamente pagado con fondos públicos, de una manera oblícua que no explicita su oposición a la política oficial del país que ostensiblemente representa: "Viajo a Honduras para realizar mi propia valoración de la situación en el terreno real y el estado de los intereses de E.U. a la luz del equivocado enfoque de Estados Unidos en Zelaya", declaró.
La congresista planea entrevistarse con Micheletti y otros miembros del régimen golpista, dirigentes empresariales y miembros de la Embajada Estadounidense. Tenía programada una reunión en Miami con el empresario hondureño Alfredo Facusse la semana pasada, pero a Facusse, partidario del golpe, se le revocó su visa bajo la medida del Departamento de Estado de E.U. para sancionar el mismo.
Èste sería apenas un último jadeo del debilitado grupo ultraconservador cubano de Florida, si no fuera porque Ros-Lehtinen tiene poder en el Congreso. Por su antigüedad—es miembro desde 1989—es actualmente miembro de alto rango del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara.
En el Capitolio son comunes las disensiones fervientes en política interna o exterior, pero es raro que senadores y representantes se acerquen directamente a gobiernos (o a golpistas) extranjeros para negociar posturas contrarias a su propio gobierno. Un blog de TPM señala que ésta es la nueva estrategia del Partido Republicano, no sólo en Honduras sino en otras tres situaciones también, por lo menos.
Alarmados ante los esfuerzos antidiplomáticos emprendidos por el ala marginal derechista, otros congresistas se unieron hoy para expresar su apoyo al llamado de la administración a una restauración del orden constitucional en la nación centroamericana. El siguiente es el inicio de una carta enviada el 2 de octubre por los representantes Bill Delahunt, Jim McGovern, Janice Schakowsky, Sam Farr, Gregory Weeks y Xavier Becerra al Congreso Hondureño:
"Entendemos que han recibido visitantes de nuestro Congreso que representan al partido minoritario, el Partido Republicano, quienes han expresado puntos de vista que difieren notablemente de los de la administración del Presidente Obama y los del partido Demócrata mayoritario en el Congreso de Estados Unidos…"
Continúa delineando la postura demócrata:
"Creemos que el golpe contra el Presidente Zelaya fue inconstitucional; la ausencia de un presidente legítimo, las violaciones de derechos humanos y la restricción a las libertades civiles son inaceptables; y estas condiciones hacen imposible la celebración de elecciones libres y justas en Honduras el próximo noviembre."
Esta misiva sigue a cartas parecidas de la oficina del representante Raul Grijalva.
No importa mucho si Ros-Lehtinen y DeMint van o no van a Honduras para sacarse la foto con Micheletti. Esto ya sucedió antes (el congresista de derecha Connie Mack estuvo ahí con una delegación el 25 de julio), y tuvo un impacto mínimo, salvo para deleitar por un día o poco más a los medios de comunicación controlados por los golpistas.
Lo que realmente importa, es quién paga. El contribuyente estadounidense—ya sea a través de la Secretaría de Defensa, el Departamento de Estado o fondos del Congreso—no tiene por qué pagar los paseos de congresistas que buscan socavar las políticas oficiales de su propio gobierno. El gobierno estadounidense es signatario de las resoluciones, tanto de la OEA como de la ONU, que determinan que el golpe es un golpe y que convocan a no reconocer al régimen de Micheletti.
Firmas de Relaciones Públicas ganan megacontratos para minar la política gubernamental estadounidense
El lunes pasado informamos que los golpistas hondureños habían cerrado un contrato con la empresa de relaciones públicas de Washington Chlopak, Leonard, Schechter & Associates por un valor de más de 290,000 dólares. El contrato fue sometido al Departamento de Justicia de E.U. y está disponible para su lectura en línea. Como lo señalamos en el blog del 28 de septiembre, ésta es la primera vez que el régimen de facto ha cerrado directamente un contrato, firmado en este caso por Rafael Pineda Ponce, Jefe de Fortalecimiento Institucional del régimen golpista. El contrato incluye supervisión de la prensa y coordinación de respuestas a publicidad negativa.
El contrato estipula: "El Registrante se compromete a realizar las siguientes actividades en representación del Mandante Extranjero: proporcionar asesoría y planeación en actividades estratégicas de relaciones públicas, diseñar y administrar dichas actividades a través de la utilización del alcance de los medios de comunicación, el contacto con y actos públicos de terceros o personas que decidan políticas y la divulgación pública de información a funcionarios gubernamentales, personal de dichos funcionarios, medios noticiosos y grupos no gubernamentales. El propósito de estas actividades es mejorar el nivel de comunicación y conciencia acerca de la situación política en Honduras, así como la atención de quienes deciden las políticas de los medios de comunicación acerca de dicha situación política."
Organizaciones hondureñas han pedido al Departamento de Estado que investigue la legalidad del citado contrato. Un argumento es que el régimen golpista está gastando fondos públicos hondureños para sostenerse como un gobierno anticonstitucional.
Al Departamento de Justicia de E.U. también deberían preocuparle las posibles infracciones a las reglas sobre cabildeo extranjero. Una cosa es cabildear con legisladores estadounidenses para un gobierno extranjero, y otra, pero muy distinta, es cabildear para un régimen de golpistas militares extranjeros. La lógica dicta que esto debe prohibirse bajo cualquier reglamento de cabildeo.
Éste es otro ejemplo de cómo la negativa del Departamento de Estado a cumplir con su misión definiendo al golpe hondureño como golpe militar le otorga a Micheletti el espacio de maniobra que nunca se le debiera haber proporcionado.
La ambivalencia y las contradicciones que en estos días salen de Washington sirven solamente para prolongar y profundizar el conflicto en Honduras. Nunca será posible convencer a ciertos elementos de derecha de que acepten un regreso a la democracia en esa nación o que impidan tratos con empresas de relaciones públicas deshonestas para que actúen con criterios que no sean el de la ganancia pura y simple. La única solución es aplicar diligentemente la ley—algo que los hondureños han perdido la opción de hacer—para resolver esta crisis. El régimen golpista debe ser aislado y sancionado hasta que sus cabecillas comprendan que secuestrar la democracia no es una práctica aceptable.
