Hace un año, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa puso a México en el punto de mira internacional en materia de derechos humanos. Un año más tarde, y a pesar de una investigación extensiva por parte del gobierno federal, el caso continua estancado entre la impunidad y el engaño.
El sábado 26 de septiembre, cuando se cumplía el primer año tras las desapariciones, al menos quince mil simpatizantes que representaban una amplia muestra de la sociedad mexicana se manifestaron en la capital pidiendo justicia para los estudiantes. Grupos como colectivos estudiantiles, uniones de profesores, organizaciones indígenas, partidos políticos de izquierdas y zapatistas entre otros marcharon juntos para mostrar su apoyo a las familias de los desaparecidos.
La marcha empezó en Los Pinos, en el palacio presidencial de México, y se extendió por una ruta de más de cinco kilómetros hasta el Zócalo de la ciudad, donde finalizó tras un mitin. A pesar de la lluvia torrencial, miles de personas se agolparon alrededor del escenario en pleno Zócalo para escuchar a los oradores.
Vidulfo Rosales, nativo de Guerrero y abogado especializado en derechos humanos que representa de forma legal a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, fue el maestro de ceremonias. Defendió que el foco del movimiento debería extenderse para abarcar la creciente demanda de un cambio social por parte de la sociedad mexicana.
“Reiteramos y ratificamos nuestro compromiso con las familias de la escuela rural,” dijo Rosales. “Estamos dispuestos, y con la plena convicción, necesaria para crear un amplio frente que pueda producir una transformación radical en este país. Porque ya no queremos gobiernos oligarcas. Porque ya no queremos sátrapas que nos sigan pisoteando, y nos sigan despojando”.
La marcha se produjo días después de que se publicara un informe del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Dicho informe demostraba que la investigación del gobierno mexicano contenía varias inconsistencias preocupantes. En particular, los expertos concluyeron que la declaración del gobierno de que los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero era científicamente imposible.
Los hallazgos del anhelado informe alimentaron la rabia y la desconfianza hacia el gobierno que han estado en el centro del movimiento de justicia en el caso de los estudiantes asesinados y desaparecidos. Dichas inconsistencias han llevado a sus familias a preguntarse a quién(es) protegían los investigadores del gobierno.
Bajo la lluvia estival, los parientes de los estudiantes desaparecidos se dirigieron a una plaza repleta, expresando su rechazo a las conclusiones de la investigación gubernamental. Tras descartarse la teoría de la ejecución y posterior incineración, muchos creen que sus hijos podrían aún estar vivos.
“No vamos a permitir que este caso se cierre”, expresó Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, “como lo ha intentado este Gobierno a través de mil maneras, queriendo imponer su ‘verdad histórica’”.
Las exigencias centrales del movimiento y dicha demostración eran: que los 43 estudiantes fueran devueltos a sus familias con vida, que se produjera una investigación exhaustiva del caso, y que los culpables fueran castigados.
A pesar de que el objetivo de la marcha era exigir justicia para los estudiantes, muchos participantes criticaron las reformas estructurales neoliberales del gobierno, en especial la reforma del sistema educativo.
Familiares y simpatizantes se refieren a los 43 estudiantes desaparecidos no como víctimas de una acción aislada de agentes del gobierno corruptos, sino como bajas en una lucha por la justicia social. Sus exigencias incluyen la anulación de la reforma educativa del Presidente Enrique Peña Nieto así como su propia resignación del cargo. Miembros del Frente Popular de Ciudad de México (FPCM) llevaron una pancarta que rezaba “¡Abajo las reformas estructurales neoliberales! ¡Fuera Peña Nieto!”
José Peralta, estudiante del CCH Vallejo, un instituto de Ciudad de México, ve las reformas educativas como un intento de privatizar la educación: “Cuando empezaron las reformas educativas de Peña Nieto, empezaron a cambiar la forma de nuestra educación – intentaron construir más escuelas privadas, las cuales mucha gente no se puede permitir”. Para Peralta, el ataque contra los normalistas en Iguala y la reforma educativa son ambos parte de una ofensiva contra el sector estudiantil, lo que le hace sentir “enojo y tristeza”.
Felipe González, estudiante de la universidad de Ciudad de México UACM San Lorenzo Tezonco y miembro del Colectivo José Revueltas, ve los ataques contra la escuela rural como parte de un ataque global contra los estudiantes.
“El estado ocupa técnicas de terror para aplacar la lucha social,” dijo González. “El sector estudiantil es el que es más afectado porque es el más crítico, particularmente las normales rurales, que han sido atacados desde hace tiempo”.
En el mitin, representantes de movimientos de base ofrecieron su solidaridad a las familias de los desaparecidos y enfatizaron la unidad de sus luchas. Tras una introducción por parte de Rosales, Hipólito Mora, fundador del colectivo Grupos de Autodefensa de Michoacán, se dirigió a la multitud.
“Los delincuentes en la calle libres. Gente inocente presa. Cuarenta y tres chamacos están desaparecidos. Yo estoy en la misma situación que los familiares de los 43 muchachos. También yo perdí un hijo en esta lucha”, explicó Mora a la multitud, que aplaudió sus mensajes de solidaridad y abucheó cuando habló sobre el gobierno.
“Tenemos que luchar contra este mal gobierno que trata censurarnos siempre, que nos ha aprisionado—en mi caso dos veces. Aún hay 380 miembros de grupos de autodefensa en prisión, y el gobierno no los quiere liberar. Y no los quiere liberar porque son personas que de alguna forma afectan a los intereses de los ladrones que controlan nuestro gobierno”.
Mora terminó su discurso con una súplica: “Luchemos, por favor, todos, señores. Hagamos a un lado todos y unámonos para luchar”.
Rosales clausuró el mitin invitando a la sociedad civil a que asistiera a la cuarta reunión del la Convención Popular Nacional en la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero. Dicha convención tendrá lugar a mediados de octubre.
“La organización de la sociedad civil nos permitirá no sólo encontrar a los jóvenes normalistas, sino también enfrentar a las reformas estructurales”, dijo Rosales. “Es necesario que no exista ni una lucha aislada más”.
Simon Schatzberg es pasante con el Programa de las Américas
Traducido por Paula Villanueva De Miguel
