Armando al TLCAN: El campo de batalla para el futuro de México

En marzo del 2005, los líderes de los tres países del T ratado de L ibre C omercio de A mérica del N orte (TLCAN), el presidente de EEUU George W. Bush, el presidente mexicano Vicente Fox y el primer ministro canadiense Paul Martin se reunieron en Waco, Texas, y lanzaron una iniciativa de defensa regional llamada la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). La iniciativa, anunciada como el próximo paso en la integración regional de la agenda "TLCAN Plus", está descrita en su sitio web (http://www.spp.gov) como "una iniciativa liderada por la Casa Blanca entre los Estados Unidos y las dos naciones con quien comparte fronteras—Canadá y México—para aumentar la seguridad y realzar la prosperidad entre los tres países mediante mayor cooperación". La descripción oficial de la ASPAN añade que está "basada en el principio de que nuestra prosperidad depende de nuestra seguridad".1

En abril del 2007, en la víspera de la Cumbre Trilateral de América del Norte, Thomas Shannon, el secretario de estado asistente de EEUU para asuntos del hemisferio occidental, describió el propósito de la ASPAN con una franqueza notable: La ASPAN, declaró, "considera a América del Norte como un espacio económico compartido", el cual "tenemos que proteger" no sólo en la frontera sino "de forma más generalizada por toda América del Norte" mediante la "cooperación en la seguridad" mejorada. Añadió que: "Hasta cierto punto, estamos armando al TLCAN".2

Los mexicanos y otros latinoamericanos han aprendido que con la adopción del modelo económico neoliberal promovido por EEUU—con su desplazamiento económico y recortes sociales—viene un nivel necesario de fuerza, pero esta fue la primera vez en que un funcionario de EEUU declaró abiertamente que la seguridad regional ya no estaba enfocada en mantener a los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y México libres del peligro, sino que ahora se trataba de proteger un modelo regional económico. Por supuesto, Shannon no enumeró la oposición política como una de las amenazas a ser contrarrestadas; simplemente postuló que un nuevo "espacio económico" necesita ser protegido en contra de "la amenaza del terrorismo y en contra de la amenaza de los desastres naturales y los desastres ambientales y ecológicos". Pero el modelo del contraterrorismo/narcóticos elaborado en la ASPAN e incorporado más tarde en el Plan México (conocido oficialmente como la Iniciativa Mérida) anima la supresión de la oposición a nivel de base para asegurase de que ninguna fuerza, ya sea doméstica o extranjera, en efecto cuestione el futuro del sistema.

Al extender el TLCAN para incluir la seguridad regional, Washington decidió—y el gobierno mexicano concedió—que la integración económica exige metas y acciones compartidas en cuanto a la seguridad. Dado el enorme desequilibrio de poder económico y político entre México y Estados Unidos, eso quiso decir que México tuvo que adoptar los objetivos de la política extranjera y la agenda de desestabilización, militarista y contraterrorista del gobierno de EEUU. El gobierno mexicano ha recibido este nuevo mandato con ambivalencia, procurando, en las palabras de un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, alejarse del enfoque en la seguridad y hacia el desarrollo, mientras que al mismo tiempo se agradece la ayuda militar y policiaca ofrecida con la Iniciativa Mérida.3

Esta "seguritización" de la relación trilateral bajo el TLCAN tiene implicaciones profundas para la sociedad civil mexicana. Al avanzar la estrategia de confrontación del presidente mexicano Felipe Calderón, bloquea las avenidas para el desarrollo de las instituciones de la sociedad civil, criminaliza a la oposición, justifica la represión y restringe las libertades civiles. En esta coyuntura crítica, la transición poco firme a la democracia de México pudiera traer de vuelta el autoritarismo, con el apoyo explícito del gobierno de EEUU.

Cuando el TLCAN cobró vigencia el 1 de enero de 1994, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo aclamó como la entrada de México al primer mundo. A pesar de que muchas barreras comerciales ya se habían eliminado, el acuerdo—un tratado según el derecho mexicano—estableció el compromiso cabal de México a la integración económica según está definida por el Consenso de Washington. El TLCAN cementó los elementos fundamentales del neoliberalismo: un mercado abierto; una economía orientada hacia la exportación; privilegios para las corporaciones transnacionales; desvincular al estado de los programas sociales que promueven el desarrollo; competencia internacional obrera, y presión hacia abajo en los salarios y condiciones; y la mercantilización de los recursos naturales.

El acuerdo, negociado a puertas cerradas e impuesto en una sociedad desinformada, llevó al desmantelamiento de muchas de las relaciones institucionales básicas que habían unido a los mexicanos en el pasado. A pesar de que una nueva generación de regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) marcaron el comienzo del modelo neoliberal, notablemente los presidentes Salinas y Ernesto Zedillo, el modelo neoliberal atacó la base corporatista del PRI. El compacto social corporatista—administrado por el PRI mediante su sistema de compadrismo político a través de las organizaciones nacionales de campesinos, trabajadores y el sector popular urbano—empezó a desmoronarse según el mercado abstracto reemplazó al estado como la entidad responsable por mejorar el bienestar social. Las condiciones de ajuste estructural de las instituciones financieras internacionales y las reglas del TLCAN y la Organización Mundial del Comercio (OMC) redujeron la capacidad del estado para pactar relaciones de clientes con los diferentes sectores organizados de la sociedad, ya que ahora contaban con menos recursos para programas especiales de subsidio y apoyo. Los beneficios sociales que emanaban de un estado paternal empezaron a desaparecer con la dominancia creciente del mercado internacional.

Esta división en la economía entre los que participaron en el mercado y los que no añadió una exclusión estructural al problema milenario de la pobreza. Cambios en las leyes antes y después del TLCAN, y el impacto práctico del acuerdo comercial e inversionista, erosionaron la habilidad de los pobres de luchar al eliminar sus bases sociales y territoriales. Los campesinos emigraron de sus tierras, en cuanto muchas de ellas fueron privatizadas y según disminuyeron los precios de los víveres con la entrada de importaciones agrícolas baratas. Los trabajadores fueron forzados a formar parte de la economía informal atomizada e insegura según las empresas pequeñas y medianas cerraron sus puertas.

En las relaciones internacionales, el TLCAN dio lugar a una dependencia política y económica a un nivel no visto desde el colonialismo español, con más del 85 % de las exportaciones y la mayoría de las importaciones orientadas al mercado de EEUU. Esta forma de integración dependiente y neoliberal entre un superpoder y un país en vías de desarrollo era de esperar que causara algunos conflictos y también inevitablemente dominara el ámbito político. El gobierno mexicano, especialmente bajo las administraciones del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), respondió a esta dependencia protegiendo intereses "americanizados", sacrificando la doctrina de neutralidad histórica de México, y dejando a un lado asuntos que causan fricción con el gobierno Bush, más notablemente el apoyo de Cuba y la regularización de la migración a los Estados Unidos—aunque vale la pena hacer hincapié en que ni siquiera Fox pudo tragarse la píldora de la invasión de Iraq.

El modelo del TLCAN ejerció presión política significativa en México en la esfera internacional para que se acatara a las posturas de EEUU. Pero más devastador ha sido lo que ha hecho en el ámbito nacional. El acuerdo presentado constituyó una amenaza grave a los conceptos tradicionales de soberanía nacional y a poder volver a hilvanar una tela social ya deshilachada. El TLCAN dictó una estrategia de hundirse o salir a flote en que se empujó a México a la economía mundial, lo cual llevó a la desintegración de muchas organizaciones del sector social. Los pocos que rehusaron nadar, o incluso meterse en el agua, fueron forzados a los márgenes de la vida política y económica.

Las reglas en contra de la intervención del gobierno hicieron muy difícil que el gobierno negociara soluciones a las demandas populares como lo habría hecho en el pasado. La ideología de los políticos neoliberales de que "el mercado lo arregla todo" impidió intentos de ayudar a los actores económicos a negociar exitosamente la transición a un marco más competitivo o de compensar a los "perdedores" en las nuevas guerras económicas. La migración se vio transformada de una válvula de escape temporal o cíclica al motor de muchas economías locales; familias, junto con comunidades y organizaciones regionales, se fracturaron.

Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se alzó el 1 de enero, 1994, los rebeldes protestaron la exclusión social y la marginalización de los pueblos indígenas y los pobres, una exclusión que más tarde sería exacerbada por el acuerdo. Los movimientos sociales desde entonces han trazado las líneas de la batalla. Han ocurrido movilizaciones en contra de la privatización, llamadas para programas nacionales que reconozcan y apoyen las contribuciones de los sectores "no competitivos", defensa de los derechos de los indígenas y el poder de tomar decisiones con respecto a territorios ancestrales, y demandas para una democracia inclusiva. A pesar de que estos movimientos mayormente carecen de una estructura de organización permanente y sólida y tienden a unirse con respecto a asuntos específicos en momentos específicos, todos juntos constituyen un reto fundamental al modelo del TLCAN y un curso alternativo para la nación.

No es de sorprender, entonces, que los promotores del TLCAN creyeron necesario salvaguardar al acuerdo de ataques potenciales. Según se demuestra en el comentario del Secretario Asistente Shannon acerca de "armar al TLCAN", los tres gobiernos de América del Norte han determinado que es necesario inventar un mecanismo para proteger su "espacio económico compartido": la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad. A pesar de que algunos de los grupos de trabajo de ASPAN han tocado los temas de los desastres naturales y asuntos de salud como la influenza aviaria, el énfasis de la "alianza" consiste en proteger propiedad en vez de a personas. Inexplicablemente, no se considera que ni la "seguridad" ni la "prosperidad" incluye a los problemas de la malnutrición, la mortalidad infantil, u otros asuntos de seguridad humana críticos para México.

Aparte de las dudas substanciales con respecto a su eficacia, estos programas también dan lugar a interrogantes serios acerca de la soberanía nacional y las prioridades nacionales. Simplemente hay pocas razones para creer que la seguridad de EEUU es sinónimo a un plan de seguridad estratégico para México. En general, nadie negaría que luchar en contra del terrorismo internacional y la delincuencia organizada requiere el uso de mecanismos de cooperación global, compartir inteligencia y acciones coordinadas. Pero estos mecanismos tienen que desarrollarse en el contexto de la agenda de seguridad nacional de cada país y definirse mediante la confluencia de prioridades particulares.

La ASPAN nació después del 11 de septiembre y refleja las prioridades de la agenda en contra del terrorismo de Bush. Para México, estas prioridades son costosas y políticamente amenazantes. México históricamente se ha mostrado reticente a permitirles a agentes de EEUU operar en su territorio debido a una historia en que Estados Unidos en sí ha representado la amenaza más grande a su seguridad nacional. Dada la carencia de amenazas del terrorismo internacional en el país, la guerra en contra del terrorismo no es una prioridad para la seguridad.

Sin embargo, la dependencia económica y la superioridad militar de Estados Unidos han forzado a los socios menores del TLCAN a adoptar las prioridades de Washington. Las mediadas diseñadas para "esparcir el perímetro de seguridad de EEUU" bajo la ASPAN han presionado a México a militarizar su frontera sureña y adoptar medidas represivas hacia centro y suramericanos suponemos que en camino a Estados Unidos. Va en contra de una historia de tránsito relativamente libre y aumentando tensiones con sus vecinos al sur. Otro problema es la manera en que la combinación falsa de la inmigración indocumentada con la seguridad nacional en Estados Unidos ha traído medidas que tienen poco o nada que ver con la seguridad nacional regional y ha llevado a las muertes de miles de migrantes mexicanos. A pesar de ello, el gobierno mexicano ha aceptado implícitamente esta refundición al aceptar "medidas de seguridad fronterizas" dirigidas a los migrantes tanto de la ASPAN como del Plan México.

En muchos sentidos, al adoptar la agenda de seguridad de EEUU México se pone en más riesgo y viola preceptos históricos de las relaciones internacionales. El país tiene una política de neutralidad con respecto a asuntos internacionales que previene que su gobierno se inmiscuya en conflictos que no afectan directamente a la nación. Cuando el Congreso mexicano diligentemente presentó una ley revisada de contraterrorismo en el Congreso este año, un diputado de la oposición argumentó en contra de que se impusiera una categoría de "terrorismo internacional" imprecisamente definida diciendo, "De tipificarse en forma separada [el terrorismo nacional y el internacional], México estaría dando el primer paso para convertir en sus enemigos a los enemigos de otros estados."4

El paso más reciente que se ha tomado para "integrar" la seguridad regional es el Plan México. Esta iniciativa estadounidense, aprobada por el Congreso el 26 de junio y firmada como ley por Bush, asigna $400 millones a México para el año 2008-09. El plan original tiene previsto como $1.4 miles de millones durante un periodo de tres años para entrenamiento y equipo destinados al ejército mexicano, la policía y los sistemas judiciales.

Un vistazo de cerca a la propuesta detallada presentada por la administración revela que la base para la nueva "Iniciativa para la Cooperación en materia de Seguridad Regional" comprende tres políticas de Bush que han fracasado rotundamente en lograr sus objetivos en otros lugares.5 Estas son (1) seguridad fronteriza militarizada que tiene como blanco de ataque indiscriminado a los inmigrantes, narcotraficantes y terroristas; (2) medidas contraterroristas unilaterales y preventivas; y (3) librar una "guerra en contra de las drogas". En México, los primeros dos objetivos, los cuales generalmente se consideran estar en contra de los intereses mexicanos, han sido degradados y la iniciativa se ha promocionado exclusivamente como un plan contra los narcóticos.

La ironía es la larga historia de fracaso de Estados Unidos en luchar su propia guerra en contra del narcotráfico. Sigue siendo el mercado más grande para las drogas ilícitas del mundo, y su demanda en crecimiento apoya los carteles de drogas cada vez más poderosos de México. A pesar de que ha sido impulsado como un paso gigante hacia adelante en la cooperación bilateral, el proyecto de ley final no contiene ninguna obligación o parámetros para que EEUU prevenga el uso ilegal de las drogas, aumente la rehabilitación de adictos, detenga el flujo de contrabando de armas a México, o encause el lavado de dinero.

El modelo para los esfuerzos en contra de los narcóticos en que el enfoque está en el lado de la oferta mediante la interdicción y cumplimiento de las leyes fue aplicado en Colombia empezando en el 2000. Casi siete años y $6 miles de millones después de que el Plan Colombia haya empezado, el resultado es que no hay una disminución apreciable en la producción de las drogas ilegales o en el flujo de estas al mercado estadounidense.6

El apoyo para el uso de las fuerzas armadas para la guerra en contra del narcotráfico dentro de las comunidades mexicanas crea una situación en que los programas en contra de los narcóticos se amplían para incluir los esfuerzos en contra de los insurgentes. La expansión del TLCAN al área de la seguridad, primero mediante la ASPAN y ahora mediante el Plan México que ha engendrado, indica que la administración de Calderón ha escogido un camino de autoritarismo y gobierno mediante la fuerza en vez de uno que pudiera fortalecer las instituciones democráticas del país. En lugar de tratar de superar la polarización que ha resultado tras su victoria electoral cuestionada, el presidente ha emprendido en un camino en que se fía de las fuerzas armadas para guarnecer a su presidencia.

Tres ejemplos de los "daños colaterales" que sufre la sociedad con el modelo de guerra en contra del narcotráfico representado por el Plan México son suficientes para demonstrar los riesgos envueltos. Primero, se ha visto un aumento en los ataques sufridos por las comunidades autónomas zapatistas en Chiapas, los cuales han sido documentadas por la Comisión Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH). La comisión informa que ha habido un aumento en incursiones militares, arrestos de líderes comunitarios usando pruebas fabricadas, y abuso y tortura física de militantes Zapatistas. En un incidente el 4 de junio, más de 200 soldados y policías intentaron entrar a la sede regional del gobierno Zapatista en La Garrucha y entonces se fueron a las aldeas de Hermenegildo Galeana y San Alejandro supuestamente en busca de narcóticos ilegales. El pretexto fue predecible al igual que prepóstero: las comunidades Zapatistas tienen prohibido terminantemente el uso de las drogas y el alcohol, y las fuerzas armadas no produjeron ninguna prueba de que hayan localizado tales substancias. Además de la actividad militar, durante los últimos meses se ha visto un incremento en la actividad paramilitar en contra de las comunidades Zapatistas, relacionada a intentar tomar de vuelta tierras que los Zapatistas ganaron en el periodo después del levantamiento del 1994. Estos intentos han sido particularmente intensos en las áreas donde se encuentran lugares para el ecoturismo, fuentes de agua y zonas en que se cree que están contenidos recursos importantes de biodiversidad, todos los cuales son de interés para los promotores inmobiliarios.7 Un aumento en la militarización de la sociedad mexicana lo más seguro signifique un aumento en el ámbito y actividades del ejército y de los grupos paramilitares.

Segundo, se ha visto un aumento a nivel de todo el país de atentados contra mujeres por las fuerzas de la seguridad. Por décadas, la relación entre la guerra y la violencia en contra de las mujeres se ha documentado y entendido como el resultado del poder cimentado mediante la fuerza en vez del consenso social. La violación sexual y asesinato de las mujeres se ha visto como símbolo de la conquista y el botín que le toca al vencedor. En el contexto de impunidad reinante en México, donde las acusaciones de atentados contra mujeres por parte de personas con vínculos al poder raramente llegan a ver la luz del día en un tribunal, la práctica se ha estado generalizando desde que la guerra en contra del narcotráfico mandó al ejército a las calles.8 Un caso particularmente atroz fue el de una violación y asesinato de una mujer anciana indígena en la Sierra Zongólica, probados mediante investigaciones preliminares y más tarde encubierto por el gobierno de Calderón y miembros de los altos rangos del las fuerzas de seguridad.9 También se han perpetrado numerosas violaciones de mujeres por agentes del ejército en otras partes del país, incluyendo el estado occidental de Michoacán y el estado norteño fronterizo de Coahuila.10 La falta de encausamiento por la violación y abuso de mujeres manifestantes mientras estaban detenidas por la policía después del conflicto en San Salvador Atenco también demuestra que las mujeres mexicanas y sus derechos están sufriendo muchas bajas debido a la mentalidad de guerra generalizándose en México.

Un tercer ejemplo tiene que ver con los asesinatos de líderes de base en el estado de Chihuahua. Poco antes de que empezara la operación antinarcóticos del gobierno Operación Chihuahua, Armando Villareal, líder del movimiento rural en pro de tarifas de electricidad justas y en contra de la privatización de la producción de fertilizantes, fue asesinado.11 Cuando la operación comenzó, cuatro granjeros, miembros de la organización de Villareal llamada Agrodinámica Nacional, fueron aprehendidos por agentes de la Agencia Federal de Investigación de México (AFI) y acusados de "hurto de electricidad" y más tarde fueron dejados libres gracias a la presión ejercida por la organización. Apenas unos días más tarde, Cipriana Jurado Herrera, una activista social y consejera para las familias de mujeres asesinadas en la zona de la frontera, fue detenida violentamente y acusada de "atacar las vías generales de comunicación" en base a una protesta en un puente en octubre del 2005. Varios otros líderes rurales han sido detenidos por los mismos cargos y los miembros del movimiento social temen una ofensiva general contra los activistas de movimientos sociales.

El diputado estatal y activista de derechos humanos Víctor Quintana llama a esta ola de criminalización "un intento de amenazar a los líderes de los tres movimientos que han estado en la vanguardia a nivel nacional: el movimiento de productores rurales procurando conseguir electricidad a precios competitivos y renegociar los términos agrícolas del TLCAN; el movimiento de las mujeres en contra del femicidio; y el movimiento de las personas endeudadas en contra de los bancos y las compañías hipotecarias."12 Tal como ocurre con los ataques en contra las mujeres, la represión en el contexto de una operación que tiene como 3,000 miembros adicionales del ejército y la policía en las calles de las ciudades norteñas manda una señal que a la disidencia le van a dar un trato tan duro como delincuencia.

Las leyes antiterroristas de México al estilo estadounidense ya se han invocado en contra de miembros de los movimientos sociales, ya que la definición de "terrorismo" es suficientemente imprecisa para prestarse a una amplia gama de actividades.13 El modelo de la guerra en contra del narcotráfico/terrorismo representado por el Plan México invariablemente se extiende a la represión de la oposición política en países en donde se ha aplicado, nublando las diferencias entre la guerra en contra del narcotráfico, la guerra en contra del terrorismo y la guerra en contra de la oposición política. Un informe del 2004 documenta el impacto del aumento en la ayuda militar de EEUU a América Latina y concluye que "con demasiada frecuencia en América Latina, cuando los ejércitos se han enfocado en un enemigo interno, la definición de enemigos ha incluido a opositores políticos del régimen en el poder, incluso aquellos que están trabajando dentro del sistema político tales como los activistas, periodistas independientes, organizadores laborales, o líderes del partido político de la oposición".14 Además, la restricción de las libertades civiles disminuye, en vez de fortalecer tanto a las instituciones como a la confianza del público en los canales legales para resolver diferencias.

El 23 de junio, un grupo de intelectuales mexicanos publicaron una carta enumerando los pesares sociales del país.15 La lista no se trata de una lectura ligera: "violencia relacionada a las drogas con un costo excesivamente alto en vidas (no sólo entre aquellos involucrados directamente); la crisis del aparato de seguridad nacional; la destrucción del tejido social; la expansión del temor y pánico en amplios sectores de la sociedad; el costo de vida insosteniblemente alto, el desastre—universalmente reconocido—en la educación pública y privada; el afán de reducir el proceso electoral a la compra de votos; una crisis acentuada en la rama judicial; el apoyo brindado por funcionarios a la muerte ecológica (sobreexplotación del agua, destrucción de los bosques, contaminación) ratificada por la monstruosidad del neoliberalismo; la impunidad de los que están al mando, que se consideran a sí mismos la nueva ‘autoridad moral’; una campaña intensa para privatizar los recurso energéticos; funcionarios cuya presencia continua en sus puestos constituye un reto mayor a la legalidad (Juan Camilo Mouriño, Ulises Ruiz, Mario Marín); campañas de linchamiento moral en contra de la oposición … "16

Las instituciones democráticas débiles del país han sido sacudidas y desacreditadas por ser evasivas o manifiestamente tramposas en la manera de responder a los conflictos electorales del 2006, hasta los políticos poderosos que desafían abiertamente el régimen de las leyes, y la desigualdad de la vida diaria generada bajo el modelo económico neoliberal. El sistema de justicia sigue obligado a los intereses de un gobierno federal débil el cual le teme a las protestas populares, y a los gobiernos estatales y locales en muchos casos controlados por déspotas. Todos los días los periódicos reportan incidentes y declaraciones que reflejan una pérdida de fe en el sistema y la pérdida de credibilidad de las instituciones con el mando de sostenerlo y extenderlo.

México está por lo tanto en esta coyuntura crítica. Puede asumir el reto de fortalecer las instituciones democráticas, o puede deslizarse hacia un régimen por la fuerza y el autoritarismo. Hasta ahora, la respuesta del gobierno federal ha sido defender el modelo neoliberal, el cual ha desempeñado un papel mayor en propiciar la crisis, y extenderlo a los asuntos de seguridad en una alianza más apegada con el gobierno de EEUU y con la estrategia en contra del terrorismo del gobierno de Bush. Particularmente en una nación que está dividida profundamente tanto política como económicamente, la defensa del neoliberalismo no sólo divide a la sociedad aún más, sino que amenaza la legitimidad del estado.

En Chiapas, un estado con riquezas de recursos naturales cotizados, el vínculo entre el desmoronamiento del compacto social y las presiones del modelo neoliberal son particularmente tajantes. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informa que: "Según avanza el proyecto económico neoliberal, el cual pone los intereses de los empresas por encima de los de la mayoría de la población y promueve proyectos económicos que procuran apropiar recursos naturales, bienes sociales y espacios comunales para el sector privado, los costos políticos al estado socavarán cada vez más su legitimidad".17

El informe también menciona los mecanismos tradicionales para fomentar los consensos sociales que se han quebrantado y la manera en que están siendo suplantados por la fuerza: "La tendencia de criminalizar y reprimir la protesta y los actos civiles se deriva de la eficacia desde menor hasta inexistente de los mecanismos de control convencionalmente empleados por el Estado, específicamente aquellos operados mediante estructuras ideológicas tales como los medios de comunicación, escuelas, la iglesia, cultura y en el ejercicio de la política. Cuando estos mecanismos dejan de ser controles eficaces para el descontento generalizado que se ha expresado en manifestaciones masivas y actos de desobediencia civil, el estado frecuentemente y desproporcionadamente ha empleado la intervención de las fuerzas de seguridad (ejército y policía) para ejercer el control social".

La imposición del paradigma de seguridad nacional/libre comercio de Bush ha llevado al colapso adicional de los canales institucionales para unificar a una nación dividida o profundizar una transición a la democracia. No hay un ejemplo más claro de esta política desastrosa que la reciente Iniciativa Mérida.

La extensión del TLCAN al ASPAN y Plan México pone en vigor la estrategia del gobierno mexicano actual para afrontar la delincuencia organizada como una cruzada violenta, y de afrontar la oposición mediante la fuerza. Las violaciones de derechos humanos relacionadas a esta estrategia tienen su origen en una mentalidad de confrontación, en la falta de entrenamiento de las fuerzas de seguridad sobre los derechos humanos apropiados, y la impunidad de saber que se pueden salir con las suyas con respecto a casi todo siempre y cuando la víctima esté al margen de los círculos internos del poder. Además de reforzar una presidencia floja y suprimir la inconformidad, la estrategia de seguridad regional esbozada procura la meta de asegurar tener acceso a los recursos naturales y de "armar el TLCAN"—de fijar con cemento el modelo económico neoliberal que ha contribuido a la desintegración peligrosa del compacto social en México. Es una estrategia que pretende confrontar directamente las demandas generalizadas para un nuevo orden social en base a la igualdad y la inclusión.

Notas

1. Véase el sitio Web oficial, www.spp.gov/myths_vs_facts.asp.
2. Thomas Shannon, ponencia ante el Council on the Americas, 3 de abril, 2008.
3. Alejandro Estivill, conferencia sobre la ASPAN, Universidad de las Américas (Cholula), 12 de junio, 2008.
4. "Aprueban diputados que se penalice el delito de terrorismo …," La Jornada, 21 de febrero, 2007.
5. Véase "Un abecedario del Plan Mexico," en http://www.ircamericas.org/esp/5251.
6. International Crisis Group, "Latin American Drugs: Losing the Fight," 14 de marzo, 2008, disponible en www.crisisgroup.org.
7. Véase el informe reciente por la Comisión Civil International de Derechos Humanos, disponible en www.cciodh.pangea.org.
8. Véase Lourdes Godínez Leal, "Combatir la Impunidad y Femicidio en Ciudad Juárez," NACLA Report on the Americas 41, no. 3 (May/June 2008): 31-33.
9. Véase Erich Moncada, "Mexico’s Military and the Murder at Zongolica (II)," Narco News, April 10, 2007, available at www.narconews.com.
10. Associated Press, "Report: Mexican Army Used Rape, Torture en Drug War," 21 de septiembre, 2007, disponible en www.usatoday.com.
11. Víctor Quintana, "El narcotráfico, la violencia y la represión," Programa de las Américas CIP, 8 de mayo, 2008, disponible en http://www.ircamericas.org/esp/5176.
12. Ibid.
13. José Galán y Laura Poy Solano, "Abierta violación al espíritu constitucional: expertos," La Jornada, 28 de abril, 2007. Véase también los testimonios en el video de CCIODH en www.cciodh.pangea.org.
14. Grupo de Trabajo sobre América Latina, Center for International Policy, y the Washington Office on Latin America, "Blurring the Lines: Trends in U.S. Military Programs in Latin America", Septiembre 2004, disponible en www.ciponline.org.
15. "La Consulta, un logro del movimiento ciudadano," La Jornada, 23 de junio, 2008.
16. Secretario de Gobernaci ón Juan Camilo Mouriño ha sido interrogado por haber firmado contratos con la compañía petrolera de su familia mientras estaba sirviendo en un puesto público; Ulises Ruiz, gobernador del estado de Oaxaca, se encuentra acusado de autoritanismo y represión violenta del movimiento social; Mario Marín, gobernador de Puebla, lo grabaron tratando el tema de la aprehensión y hostigamiento de la defensora de derechos humanos Lydia Cacho con un industrialista de Puebla supuestamente vinculado a las red de pedofilia de las cuales escribió Cacho.
17. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, "Sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, Balance Anual 2007," disponible en www.frayba.org.