El 7 de junio, después de dos intentos de invocar una maniobra parlamentaria que buscaba limitar el debate y proceder a un voto sobre la propuesta S. 1348, el Senador Harry Reid, presidente del Senado de los Estados Unidos, decidió retirar tal propuesta del debate.
Este resultado fue posible gracias a la convergencia entre quienes vieron en esta propuesta un trato desventajoso para las comunidades inmigrantes de hoy y del futuro, los que vieron una concesión inaceptable a la población de extranjeros que con su presencia "han violado la ley," y por sobre todo, el sector corporativo que concluyó que sus intereses no hubieran estado debidamente servidos de aprobarse esta propuesta. El Senador Reid ha dicho que volverá a presentar esta propuesta, aunque el prospecto de que tal cosa suceda seguramente implicaría un endurecimiento aún mayor de los contenidos punitivos y restrictivos de la propuesta, pues sólo de esa manera se podría ganar el apoyo de un número considerable de senadores Republicanos.
A pesar de que el contenido de la propuesta S. 1348 está muy distante de ser lo que más le conviene al país, o de lo que las comunidades inmigrantes se merecen, ha habido un sabor de desilusión dentro de la comunidad inmigrante indocumentada con la idea que el debate sobre reforma migratoria sea una vez más postergado. Lo que ha quedado claro una vez más es que las fuerzas anti-inmigrantes poseen una enorme capacidad de movilización y de presencia en los medios de comunicación, lo cual hace que sus puntos de vista sean los que más se escuchan, independientemente que ellos representen un porcentaje muy pequeño de la sociedad estadounidense.
De lograrse una derrota contundente del esquema de reforma migratoria integral, seguramente se abriría la posibilidad de considerar una serie de reformas de alcance limitado en cuanto a política de inmigración. El sector empresarial ya ha comenzado a adelantar algunas ideas en esta dirección. Las comunidades inmigrantes debemos estar preparados para apoyar esfuerzos legislativos que impliquen avances parciales en nuestra lucha por el respecto y la dignidad de nuestras comunidades.
Agenda anti-inmigrante
Con la clausura de las actividades del 109 o Congreso de los Estados Unidos de América el 9 de diciembre del 2006, quedó claro el predominio que ha venido ejerciendo un sector político muy racista y xenófobo; el cual, a pesar de ser pequeño en número, ha logrado predominar en el debate público y legislativo en lo referente a inmigrantes y derecho migratorio a lo largo de los últimos 20 años.
El dominio de este grupo político quedó evidenciado con la aprobación en diciembre de 2005, en la Casa de Representantes, de la propuesta Sensenbrenner (H.R. 4437). Dicha propuesta buscaba la criminalización y deportación de todo extranjero viviendo en el país sin autorización migratoria, al igual que el encarcelamiento de todos aquellos que de una u otra manera, han sido cómplices de la estancia de dicha población extranjera en los Estados Unidos.
Sin duda alguna, las movilizaciones comunitarias sin precedentes, que sucedieron en la primavera del 2006 frustraron la aspiración del segmento más extremista del sector anti-inmigrante del país. Sin embargo, la capacidad conjunta de las múltiples expresiones organizadas, del movimiento pro-derechos de inmigrantes y pro-reforma justa y funcional a la ley de inmigración, no ha llegado todavía a un punto pleno de desarrollo. Esto no ha permitido alcanzar aún un cambio sustantivo en los términos del debate público y legislativo en cuanto a inmigrantes y política de inmigración.
Esta limitante quedó evidenciada durante el mes de septiembre, al ser debatida y eventualmente votada la Ley de Cerco Seguro de 2006 (Secure Fence Act of 2006). Esta propuesta buscaba la construcción de 700 millas de cerco fronterizo en la frontera sur de los Estados Unidos. La Casa de Representantes aprobó dicha propuesta el 14 de septiembre con 283 votos a favor, incluyendo 64 votos del partido demócrata. El Senado hizo lo suyo el 29 del mismo mes, aprobando tal propuesta con 80 votos, incluyendo 26 demócratas. Con su firma, el presidente Bush convirtió en ley esta propuesta el 26 de octubre de 2006. La aprobación de esta ley buscaba complacer a los sectores políticos más xenófobos y racistas del país, justo en los días previos a las elecciones de noviembre del año pasado. Lo más importante de esta medida política era su simbolismo, ya que la propuesta carecía de una asignación presupuestaria que respaldara la construcción del muro.
La participación de diputados y senadores del partido demócrata en la aprobación de la ley que autorizó la construcción del cerco o muro, demuestra que el predominio de las fuerzas inspiradas por el racismo y la xenofobia no es un fenómeno que se limita a las filas del partido Republicano. El éxito alcanzado por este sector político, se debe en buena medida a la exitosa conjugación que ha hecho de prejuicios racistas y xenófobos tradicionales con dos temores recientes que han venido impactando enormemente el estado de ánimo de la sociedad estadounidense: La sensación de vulnerabilidad ante un posible ataque terrorista futuro, y el creciente sentido de inseguridad económica y social que se deriva del modelo macro-económico hoy vigente y que afecta a amplios sectores de la sociedad estadounidense. En ambos casos, las poblaciones inmigrantes son tan víctimas de estos procesos como cualquier otro sector de la sociedad. Sin embargo, la idea básica ha sido permear la discusión de estos temas con un mensaje anti-inmigrante y hacer del extranjero entre nosotros un sospechoso de terrorismo y el responsable del deterioro económico y social en la sociedad. El resultado último de esta conjugación ha sido el fortalecimiento del sentimiento anti inmigrante en la sociedad.
Lamentablemente, no hay un diagnostico estratégico alternativo de parte de ninguno de los partidos políticos mayoritarios en cuanto a preguntas tales como ¿Qué factores causan que tanta gente emigre y venga a los Estados Unidos?, ¿A que se debe que tantos de ellos vivan aquí, pero sin autorización migratoria?, ¿Que impacto económico, cultural, político y social tienen los extranjeros que viven hoy en los Estados Unidos? Consecuentemente, hay un déficit de respuestas acertadas y funcionales en cuanto a política pública se refiere, que pudieran dar paso a soluciones sensatas y de altura moral a estos desafíos. La carencia de estas alternativas dejan el espacio libre para los sectores políticos que en última instancia empujan una agenda de exclusión y odio dirigida a la población extranjera del país, sin que haya una disputa sustantiva de sus erradas propuestas.
Una lección importante que aprendieron las fuerzas políticas que respaldaron la aprobación de la propuesta Sensenbrenner en diciembre de 2005, fue que no se podía actuar con tanto salvajismo en función de la agenda xenófoba y racista que ellos empujan. Aprendieron que era muy importante actuar con más sutileza en el futuro y que había que concentrar las acciones punitivas únicamente en la población extranjera, de manera que la conquista de sus objetivos encuentre menos oposición.
El resultado electoral del 2006 y su impacto en el debate nacional sobre inmigrantes y política de inmigración
Como es bien conocido, el electorado estadounidense decidió castigar al partido republicano, negándole la retención de su condición de partido mayoritario en ambas cámaras del Congreso. Más que un triunfo político propio, el partido demócrata resultó beneficiado del deseo del electorado de castigar al partido político responsable de una amplia gama de fracasos que incluye el fiasco de política exterior en Irak, el creciente deterioro de las condiciones económicas y sociales que enfrentan amplios sectores de la sociedad estadounidense, y los escándalos éticos que involucraron directamente a muchos lideres del partido republicano. En cuanto al voto de origen latinoamericano, el partido republicano experimentó un notable descenso con relación a las elecciones del 2004. De acuerdo a múltiples análisis, el voto Latino para el partido republicano se redujo del 41% en el 2004, al 29% en el 2006. Un importante factor para este cambio fue la percepción que ese sector tiene del partido republicano como un partido anti-inmigrante.
Sin embargo, es difícil saber a ciencia cierta que grado de importancia tuvo el tema migratorio en las preferencias electorales del votante en general. Lo que si es cierto es que muchos candidatos demócratas que incorporaron mensajes anti-inmigrantes y en pro de una política restrictiva de inmigración, como parte de sus campañas electorales, lograron imponerse a sus contrincantes republicanos.
El cambio de partido mayoritario, de republicanos a demócratas, generó en todo caso mucha expectativa en cuanto a posibles giros importantes en el rumbo político de la nación. En lo relativo a política de inmigración, muchas organizaciones dedicadas al cabildeo político sobre este tema, vieron en el cambio de partido mayoritario una nueva oportunidad de empujar una agenda más razonable y funcional en cuanto a ley de inmigración. El concepto de reforma migratoria integral (comprehensive immigration reform)—que había sido rechazado por los sectores políticos anti-inmigrantes que resaltaban la urgencia de soluciones basadas exclusivamente en la premisa de un reforzamiento del marco punitivo y de aplicación más rigurosa de la ley—comenzó a ser re-evaluado con vistas a cooptarlo.
Independientemente del cambio de partido mayoritario, algo que no cambió fue el estado de las percepciones públicas generales acerca de extranjeros y el futuro de la política de inmigración. Como se señaló anteriormente, uno de los principales logros de las fuerzas políticas anti-inmigrantes durante los últimos años ha sido su capacidad de fomentar el miedo y el odio hacia la población extranjera. Segmentos significativos de la sociedad estadounidense han sido persuadidos en cuanto a ver al extranjero de hoy como una amenaza cultural, económica, política y social para el bienestar de la sociedad estadounidense. Como sería de esperarse, la lógica dominante ha venido siendo una en la cual se favorece la contención de dicha amenaza. Sin embargo, múltiples experiencias concretas demuestran que cuando se logra establecer un diálogo franco entre inmigrantes y oriundos de los EUA, por medio del cual se pueda hablar de las razones por las cuales tantos extranjeros hemos venido a los EUA, lo mucho que trabajamos, cuánto nos cuesta criar a nuestras familias, etc., terminamos descubriendo que tenemos mucho más en común, que diferencias.
Dada la carencia de oportunidades de diálogo, interacción social y conocimiento mutuo entre población extranjera y población nacida en el país, se vuelve difícil despejar los prejuicios mutuos y descubrir los problemas comunes que afectan la vida de todos. Lamentablemente, la ausencia de estos espacios a lo largo y ancho del país se traduce en una ventaja para quienes promueven el paradigma de conflicto entre "ellos" y "nosotros"; que además, ocurre en una sociedad cada vez mas impactada por su dinámica de transformación demográfica y su rol en un mundo cada vez mas globalizado e interdependiente.
Además de la aprobación de la Ley para un Cerco Seguro de 2006, una tendencia que ha venido cobrando cada vez mas fuerza, desde finales del año pasado, ha sido el uso de redadas a lugares de trabajo y lugares de residencia de inmigrantes indocumentados. Estas acciones han sido una demanda de legisladores tales como James Sensenbrenner (R-WI), Peter King (R-NY) y Tom Tancredo (R-CO), quienes han afirmado repetidas veces que no habría necesidad de una nueva ley de inmigración, si las autoridades encargadas de aplicar la ley actual hicieran su trabajo con más rigor. Las redadas y consecuentemente las deportaciones de extranjeros van creando una sensación de vulnerabilidad legal y temor en comunidades inmigrantes donde la presencia de población extranjera no autorizada es común. La noción de aplicar la ley de inmigración actual con más rigor tiende a ser un concepto que no se aplica de manera imparcial. Por el contrario, el rigor de la ley se aplica de manera muy parcial en contra del extranjero indocumentado, particularmente de los de origen latinoamericano, quienes a fin de cuentas resultan ser los sujetos más vulnerables.
Prospectos de cambio en la política de inmigración durante el 110º Congreso
El 4 de enero pasado dio inicio la primera sesión de trabajo del 110º Congreso de los Estados Unidos. El partido demócrata, en su nuevo rol como el partido mayoritario, anunció un plan de acción legislativa inmediata bajo el lema de prioridades para las primeras 100 horas de trabajo. Para las organizaciones pro-derechos de inmigrantes y pro reforma migratoria justa, fue interesante notar la ausencia del tema migratorio como parte las prioridades para el nuevo liderazgo en el Congreso.
El círculo de organizaciones pro-derechos de inmigrantes de Washington, DC dedicadas a labores de incidencia política, y respaldadas por nuevos apoyos financieros de organizaciones filantrópicas con el fin de empujar una agenda de reforma migratoria integral, comenzaron a trabajar en el relanzamiento de la propuesta política bi-partidista que se lanzó en mayo de 2005. La propuesta se conoció como la iniciativa Kennedy-McCain, por sus principales proponentes en el Senado. En la Casa de Representantes, la misma propuesta fue encabezada por los representantes Gutiérrez (D-IL) y Flake (R-AZ).
Desde los primeros momentos de la sesión legislativa actual se empezaron a generar dudas acerca de la disposición del Senador John McCain (R-AZ) de continuar con un rol de liderazgo, junto al Senador Kennedy, en lo referente a un esfuerzo de reforma a la ley de inmigración. La razón principal detrás de las dudas de McCain tenía que ver con el arranque prematuro de las pre-candidaturas presidenciales de ambos partidos. Conociendo las reacciones emotivas que los temas extranjeros y la política de inmigración generan en el electorado estadounidense, especialmente entre el electorado republicano, McCain concluyó que no estaba en su mejor interés electoral arrancar el año con una iniciativa de reforma a la ley de inmigración junto con Kennedy, quien es visto con sospecha por la mayoría de los votantes republicanos y con llano desprecio por los sectores anti-inmigrantes más extremistas dentro del partido republicano.
A pesar del retroceso de McCain, en cuanto a su apoyo para el relanzamiento público de una propuesta de reforma integral a la ley de inmigración, Kennedy siguió insistiendo en la posibilidad de rescatar la alianza con su contraparte republicana de años anteriores. Entre los escenarios que se evaluaron para rescatar la iniciativa Kennedy-McCain, se consideró la posibilidad de re-escribir la propuesta de una manera que reflejara mejor los puntos de acuerdo alcanzados en el Senado en marzo del 2006. Sin embargo, McCain continuó mostrándose ambiguo acerca de su liderazgo junto a Kennedy, en cuanto al tema de reforma a la ley de inmigración. Las organizaciones de incidencia política radicadas en Washington decidieron dar tiempo a la posibilidad de rescatar la alianza Kennedy-McCain.
Mientras se seguía alimentando la posibilidad de un relanzamiento de la iniciativa Kennedy-McCain, un grupo de Senadores republicanos encabezados por los Sen. John Kyl (R-AZ) y Lindsey Graham (R-SC), comenzaron a reunirse con funcionarios de la Casa Blanca, particularmente el Secretario de Seguridad Domestica, Michael Chertoff y el Secretario de Comercio, Carlos Gutierrez, con el fin de ir trabajando en una propuesta alternativa de reforma a la política de inmigración. Las deliberaciones sostenidas por este grupo giraron alrededor de las siguientes premisas:
- Hay que insistir en el reforzamiento de las políticas de control fronterizo y de aplicación rigurosa de la ley de inmigración en el interior del país.
- Hay que crear un programa masivo de empleo temporal para acomodar legalmente a trabajadores extranjeros futuros, que deberán ser (valga la redundancia) TEMPORALES.
- Crear un programa que permita registrar legalmente a los extranjeros no autorizados que ya viven en los Estados Unidos y autorizarles para efectos de empleo y movilidad transnacional; pero sin opción hacia la ciudadanía.
- Crear un nuevo sistema de verificación de empleo por medio del cual hacer muy difícil el empleo de trabajadores extranjeros no autorizados, y
- Reducir los mecanismos actualmente disponibles para efectos de inmigración que se basan en el vínculo familiar y, de esta manera, ir poniendo fin a lo que sectores restriccionistas denominan la "migración en cadena".
La idea original de este grupo, que se reunió continuamente desde principios de año, fue que la propuesta que ellos irían formulando se llegara a convertir en una propuesta bi-partidista y que, en el evento que el liderazgo demócrata—particularmente el Sen. Kennedy—decidiera rechazar estas premisas, las mismas serían lanzadas como una propuesta del partido republicano, respaldada por la Casa Blanca.
Mientras tanto, en la Casa de Representantes, se había venido operando desde la premisa que dicha cámara legislativa iba a esperar que el Senado tomara el liderazgo del debate legislativo sobre los prospectos de reforma a la ley de inmigración. Sin embargo, el Rep. Luis Gutierrez (D-IL) y el Rep. Jeff Flake (R-AZ) reanudaron sus conversaciones como posibles patrocinadores de una propuesta bi-partidista en la Casa de Representantes, que supuestamente reflejaría cercanamente lo que se esperaba que fuese la nueva propuesta Kennedy-McCain en el Senado.
Para principios de marzo, varios medios de prensa comenzaron a reportar acerca de la inminente retirada de McCain de su rol de liderazgo en el tema de reforma a la ley de inmigración. Ante la inminente frustración de la iniciativa Kennedy-McCain, los Representantes Gutierrez y Flake decidieron acelerar su iniciativa legislativa y presentaron el 22 de marzo pasado el Acta para la Seguridad por Medio de una Inmigración Regularizada y una Economía Vibrante (o STRIVE Act por su nombre en inglés).
La propuesta denominada STRIVE responde a muchas de las premisas establecidas por los sectores anti-inmigrantes, particularmente porque se enfoca mucho en la lógica de fortalecimiento del control fronterizo, en una aplicación más rigurosa de la ley en su plano interno, en el establecimiento de un nuevo sistema de verificación de empleo, en la creación de un nuevo programa de empleo temporal para trabajadores extranjeros, etc. La propuesta difiere de la agenda anti-inmigrante más extrema en tanto ofrece la posibilidad de solicitar residencia permanente (después de seis años de empleo temporal, multas costosas y una salida obligatoria del país antes de poder iniciar la solicitud) para extranjeros no autorizados que ya viven en los Estados Unidos. Sin embargo, la oportunidad de solicitar residencia permanente estaría sujeta a la certificación, por parte del gobierno federal, de que se han cumplido una serie de medidas relacionadas con la aplicación de la ley.
A pesar de que la propuesta STRIVE se presentó el 22 de marzo, el Subcomité de Asuntos Migratorios de la Casa de Representantes decidió no iniciar un debate sobre esta propuesta en lo inmediato. Es más, la Rep. Zoe Lofgren, presidenta de dicho subcomité, decidió llevar a cabo audiencias sobre el tema de reforma a la ley de inmigración en diferentes partes del país, con el fin de recibir insumos acerca de cómo proceder en cuanto a una reforma a la ley de inmigración. A esto se añadieron declaraciones de la Rep. Nancy Pelosi—vocera de la Casa de Representantes—y del Rep. Rahm Emmanuel, en cuanto a que la Casa de Representantes va a esperar que haya una resolución clara por parte del Senado en lo relativo al tema migratorio, presumiblemente con el beneplácito de la Casa Blanca. La preocupación de los lideres demócratas en la Casa de Representantes es cómo evitar que los miembros de la Casa tengan que deliberar o aún votar sobre un tema que se sabe es muy controversial y que pudiera poner en peligro la re-elección de tales miembros, a menos que haya certeza de la aprobación de tal propuesta. Sin duda alguna, la meta política mas importante para los demócratas en la Casa es mantener e incluso incrementar su ventaja numérica en dicha cámara durante las próximas elecciones.
El 28 de marzo se dio a conocer a la prensa de manera extra-oficial los contenidos principales de la propuesta que se había venido discutiendo por parte del grupo de Senadores republicanos y representantes de la Casa Blanca mencionados en un párrafo anterior. En dicho documento se hablaba por primera vez de las visas "Z," del nuevo programa de trabajadores temporales, de la eliminación de varias categorías de visas de residente permanente a razón de vínculo familiar, etc. En retrospectiva, el que dicho documento se haya dado a conocer en ese momento tenía la intención de ubicar sus contenidos como premisas indispensables del debate sobre cómo reformar la ley de inmigración.
Desde finales de marzo hasta principios de mayo se llevaron acabo una serie de reuniones entre senadores republicanos, demócratas y representantes de la Casa Blanca, en torno a lo que empezó como un proceso de conocimiento mutuo acerca de las ideas en torno a una eventual reforma migratoria bi-partidista. Ese intercambio evolucionó muy pronto a una negociación política, que entró en una fase muy intensa entre finales de abril y principios de mayo y que concluyó con una conferencia de prensa el día jueves 17 de mayo en la cual se anunció un gran acuerdo alcanzado entre los participantes en dicho proceso. Los términos del acuerdo fueron rápidamente plasmados en una propuesta legislativa presentada en el Senado el lunes 21 de mayo y clasificada como la propuesta S. 1348. La única voz disonante, entre los senadores demócratas que estuvieron involucrados en la negociación a puerta cerrada que produjo el acuerdo migratorio, fue el Sen. Robert Menéndez de NJ, quien consideró los términos del acuerdo como contrarios a los valores de los EUA.
¿Cuáles son los contenidos principales del gran acuerdo migratorio?
En términos generales, el contenido del gran acuerdo migratorio —denominado como el "Acta para las Fronteras Seguras, la Oportunidad Económica y la Reforma a la Ley de Inmigración del 2007"—r epresenta un triunfo para quienes ven en el inmigrante de ahora un objeto necesario por su importante contribución a la fuerza laboral, pero no como un sujeto pleno deseable en la sociedad estadounidense. La similitud entre el documento dado a conocer a la prensa el pasado 28 de marzo y lo que contiene la propuesta S. 1348, indica claramente que mucha de la autoría de esta propuesta vino del grupo de senadores republicanos y de la Casa Blanca que se reunieron continuamente desde principios de este año. Finalmente, los senadores republicanos y los representantes de la administración Bush que participaron en la negociación de este acuerdo lograron persuadir a sus contrapartes demócratas de que el único tipo de reforma migratoria integral que se podia aprobar en las circunstancias políticas actuales es uno que refleje mayormente los principios delineados en el documento de trabajo que se dio a conocer el pasado 28 de marzo.
El acuerdo propone parar los flujos futuros de inmigrantes por medio de más muros o cercos de contención en la frontera sur y el despliegue de miles de agentes más de la patrulla fronteriza. Propone un cambio fundamental en cuanto a quiénes vendrán en el futuro a los EUA por medio de la eliminación del derecho a patrocinar a familiares cercanos, derechos hasta ahora disponibles a los residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses. Como sustituto de los criterios de unidad familiar, se creará un nuevo sistema de mérito basado en los grados de educación y destreza especializada que los inmigrantes futuros deberán cumplir. Propone también un programa de empleo temporal para trabajadores extranjeros que le permitirá a empleadores estadounidenses la importación de cientos de miles de trabajadores, quienes únicamente podrán estar aquí por periodos de dos años, lo cual les ubicaría en una condición de mucha vulnerabilidad en cuanto a sus derechos laborales, sin esperanza alguna de poder evolucionar hacia una condición de inmigrante a razón de sus años de empleo en los EUA.
En cuanto a legalización, que es un componente de la propuesta frecuentemente descrito como generoso, el gran acuerdo migratorio propone que todo extranjero que pueda probar que vivía en los EUA antes del uno de enero de 2007 y que cumpla con una serie de condiciones, se registre ante el gobierno federal, pague multas de miles de dólares y, a cambio, obtenga un permiso de trabajo que le dará también la opción de viajar a su país de origen. Después de ocho años y suponiendo que el extranjero haya continuado cumpliendo con una serie de condiciones y pagando todas las multas correspondientes, tendrá la opción de ir a su país de origen y presentar una solicitud de residencia permanente.
Sin embargo, tal opción solo se podrá ejercer si el gobierno federal certifica que ya se han cumplido una serie de condiciones relacionadas con el procesamiento de solicitudes anteriores de residencia permanente, control fronterizo, sistema de verificación de empleo, etc. De lo contrario, el extranjero tendrá que seguir reinscribiéndose bajo el permiso temporal (visa Z) si así lo desea. Uno de los requisitos para poder inscribirse al programa de visas Z, con frecuencia ignorado por la prensa, es la renuncia a pagos hechos al sistema de seguro social y de cuidado médico (para personas jubiladas) antes de recibir su nuevo número de seguro social. En otras palabras, los extranjeros que se inscriban para el permiso de trabajo serán considerados como nuevos trabajadores por el sistema de seguro social y cuidado médico. Si se toma en cuenta que la población de trabajadores no autorizados hace pagos de seguro social y cuidado médico en exceso de $7,000 millones al año, estamos hablando de un robo oficial de gran escala.
Aunque el componente de legalización del acuerdo migratorio incluye una promesa de algún día poder llegar a la condición de residencia permanente y consecuentemente a una eventual ciudadanía estadounidense, la ley no garantiza que un extranjero que se legalice por medio de este programa efectivamente llegará a ninguna de estas condiciones dentro de un plazo de tiempo específico. Dando por sentado que el extranjero cumpla con todas las condiciones, pague las multas correspondientes y el gobierno federal certifique que se pueden empezar a recibir las solicitudes de residencia permanente, la propuesta migratoria S. 1348 únicamente asigna 87,000 visas por año. Esto quiere decir que si seis millones de personas llegan a solicitar residencia permanente, el tiempo de espera para la obtención de la residencia permanente podría oscilar entre 1 y 69 años.
Como se puede deducir, se trata de un programa de legalización muy engañoso, pues bajo un manto de humo generoso, se esconde un programa extremadamente costoso, engorroso y prolongado que, para efectos prácticos, se traducirá únicamente en un programa masivo de empleo temporal. Además, mientras uno de los beneficiarios potenciales de este programa de legalización no llegue a obtener su residencia permanente, no tendrá el derecho a patrocinar el arribo permanente y legal de ningún familiar a los EUA. La propuesta contempla también una notable reducción de los derechos jurídicos individuales de la población extranjera que vive en el país. De aprobarse esta propuesta, las decisiones hechas por los jueces migratorios tendrían un carácter final, sin la opción de revisión judicial.
A pesar de todo lo anterior, muchas organizaciones dedicadas al cabildeo político radicadas en la ciudad capital, al igual que los medios de prensa en inglés y español, han caracterizado al programa de legalización como "generoso." Tal afirmación, además de ser falsa, conlleva dos errores. El primero, establece un incentivo para los segmentos más extremistas de las organizaciones anti-inmigrantes en cuanto a insistir que tal sección de la ley debe ser enmendada para que, en el mejor de los casos, fuese balanceada y no generosa. En segundo lugar, sugiere que a cambio de tal generosidad, hay que aceptar el resto del contenido, bastamente negativo, que caracteriza a la propuesta en su conjunto.
A final de cuentas, el gran acuerdo migratorio anunciado el pasado 17 de mayo representa una enorme concesión a los sectores empresariales que se han venido beneficiando de la mano de obra extranjera y que seguirán utilizando a trabajadores extranjeros con el fin de maximizar sus tasas de ganancia. A pesar de esto, el sector empresarial, representado principalmente por la cámara de Comercio de los EUA, a pesar de haber estado cercanamente involucrados con el proceso de negociación que resultó en esta propuesta, ha venido expresando descontentos con aspectos claves de la propuesta legislativa que en opinión de ellos interferirían con el grado de libertad que las empresas necesitan para funcionar a plena satisfacción.
Política de inmigración y los grandes cambios demográficos de los Estados Unidos
Coincidentemente, la otra gran noticia del día 17 de mayo fue el anuncio por parte del Buró del Censo de los EUA de que la población no blanca del país había alcanzado la cifra sin precedentes de un poco mas de 100 millones de personas, lo cual hace de la población de otros orígenes étnicos y culturales un tercio de la población del país. Para muchas de las organizaciones nativistas, xenófobas y racistas de los EUA, estos cambios representan una amenaza a la identidad de la nación que urge sea contenida. La política de inmigración es vista por estos sectores como una herramienta dirigida a retrasar los cambios culturales, políticos, y sociales que son ya irreversibles. Aún si cada uno de los puertos de entrada a los EUA fuera a ser cerrado el día de mañana, la cara de la sociedad estadounidense está destinada a cambiar irreversiblemente.
La tasas de crecimiento de la población negra, asiática y de origen latinoamericano (que involucra a múltiples identidades étnicas y raciales) fueron de 1.3, 3.2 y 3.4% respectivamente. Mientras que la tasa de crecimiento de la población blanca fue de 0.3%. No hay duda que, al menos en los casos de la población asiática y de origen latinoamericano, la inmigración ha jugado un papel clave en su tasa de crecimiento. Los contenido del gran acuerdo migratorio, de llegar a convertirse en ley, contribuirían a retrasar el impacto de los cambios demográficos que tienen ya un carácter irreversible.
Otra noticia de los últimos días fue el anuncio hecho por la oficina de Servicios de ciudadanía e Inmigración de los EUA en cuanto al incremento en las tarifas de servicio asociadas a la solicitud de beneficios migratorios, incluyendo las peticiones de residencia permanente, como también las de ciudadanía. A partir del 30 de julio de 2007, el costo de la petición para solicitar residencia permanente en los EUA será de $1,010. El costo de la solicitud de ciudadanía será de $675. Tomado en cuenta que millones de familias inmigrantes devengan salarios mínimos, es previsible que pagar tan altas cuotas se convertirá en un obstáculo más para los procesos de integración de comunidades inmigrantes a la sociedad estadounidense.
Debate inconcluso y posibles escenarios de desenlace
Al momento de escribir esta nota, el debate sobre reforma a la política de inmigración estaba entrando en su segunda y ultima semana de deliberación. Se supone que al final de esta semana el Senado votará sobre la propuesta S. 1348, con las enmiendas que pudieran ser incorporadas. Los proponentes de la versión original de la propuesta han dejado muy claro que cualquier esfuerzo de alterar de manera sustantiva cualquier parte de lo acordado originalmente entre los proponentes, seguramente resultaría en una derrota del esfuerzo de reforma a la ley de inmigración. Si los proponentes tienen la razón y el producto último sobre el cual vota el pleno del Senado el fin de esta semana es muy similar a la versión presentada el 21 de mayo, todo el juego de enmiendas habrá sido un ejercicio de despilfarro de tiempo, recursos y energía.
Como se mencionó antes, es muy probable que la oposición más significativa a esta propuesta de ley provenga de dos sectores. El primero sería el ala más extremista del sector anti-inmigrante, para quienes nada que no conlleve a la detención y deportación de la población extranjera que carece de autorización migratoria; o a la creación de las condiciones sociales y económicas que resulten en un aislamiento total de esta población al grado que se de una masiva auto-deportación; es considerada como aceptable. Si bien este es un sector político muy pequeño, su influencia se ha visto incrementada durante los últimos años gracias a la tolerancia y apoyo tácito que ha recibido desde las más altas esferas del poder político en la nación. El segundo sector sería las cúpulas empresariales, las cuales pudieran concluir que la burocracia, el grado de control centralizado y el prospecto de altas multas por la contratación de trabajadores no autorizados, serian en su conjunto demasiados factores de interferencia en la operación del sector empresarial.
Sin embargo, hay fuertes indicaciones de que las cúpulas de ambos partidos políticos han llegado a la conclusión de que la aprobación de una reforma integral a la política de inmigración, tal y como ha sido propuesta, es la opción que mejor sirve a los intereses de la nación. Aprobar esta propuesta le permitiría a ambos partidos afirmar que han resuelto uno de los desafíos de política pública de mayor urgencia. Les permitirá también dejar fuera de la campaña presidencial los temas relacionados a inmigrantes y política de inmigración. Para la Casa Blanca, un triunfo en este campo le permitiría al presidente Bush anotar una clara victoria en un tema donde el presidente puede reclamar liderazgo. En el marco de las muchas crisis en las que su administración esta inmersa actualmente, esto le daría un respiro de aire fresco. Un bono adicional seria la repetición del escenario de 1986 en el cual, por segunda vez en los pasados 25 años, es un presidente republicano quien firma una ley que nominalmente legalizará a millones de inmigrantes que viven y trabajan en los EUA sin autorización migratoria y mayormente latinoamericanos.
El partido demócrata parece estar conforme ante el hecho de que, si bien habrá bases demócratas decepcionadas con la ausencia de liderazgo genuino sobre este tema, ninguno de los descontentos se cambiará de partido como resultado es esta decepción. Llegado noviembre del 2008, dichos votantes terminarán votando demócrata una vez más.
Bajo este escenario, lo más probable es que la Casa de Representantes se vea muy inclinada a favorecer la aprobación de una versión idéntica de lo que se apruebe en el Senado, de manera que no se ocupe mucho tiempo debatiendo este controversial tema y se despeje lo más pronto posible sin mayor costo político para nadie. Una variable que pudiera cambiar la naturaleza del debate en la Casa sería que se llegara a aprobar una versión significativamente más punitiva en el Senado. En dicho caso, el liderazgo de la Casa seguramente buscaría la aprobación de una versión diferente, probablemente menos restrictiva que la versión presentada originalmente en el Senado, con el fin de mandar al comité de conferencia versiones diferentes sobre el mismo tema, con la esperanza de que al pasar por un proceso de reconciliación en dicho comité, el producto final sea algo muy cercano a lo presentado originalmente en el Senado.
Otro escenario posible, aunque improbable, seria que la propuesta de ley se cambie por vía de enmiendas que alteren significativamente su contenido y cuando finalmente se lleve a voto, la misma sea derrotada. Ante esta posibilidad, lo más probable es que la Casa de Representantes opte por obviar enteramente el debate. Cada uno de los partidos culparía al otro como el responsable del fracaso de este esfuerzo y seguiríamos por varios años más con el marco obsoleto actual y muy probablemente con una intensificación en las redadas y las deportaciones.
Posibles respuestas de las comunidades inmigrantes organizadas
Independientemente de lo que suceda, las comunidades inmigrantes organizadas en los Estados Unidos tenemos que seguir organizando a cada vez más personas dentro de nuestras comunidades. Si la propuesta de ley que se perfila con mayor probabilidad de aprobación llega a convertirse en ley, habrá dos grandes tareas que realizar:
- Educar a nuestras comunidades acerca de lo que exactamente les ofrece esta ley.
- Organizar sistemas de orientación y asistencia legal que permitan apoyar al mayor número posible de personas que deseen inscribirse a dicho programa, a que lo hagan por medio de una organización comunitaria dispuesta a seguir luchando en función de cambios posteriores que se traduzcan en un verdadero respeto a la dignidad de nuestras comunidades.
Ambas funciones deberían llevarse a cabo con el fin de fortalecer el grado de organización de nuestras comunidades, de manera que nuestra propia capacidad de incidencia política se cualifique y se incremente. Va a ser crucial educar a los potenciales interesados en inscribirse a este programa de que cada uno de ellos se merece mucho más de lo que esta ley les otorga. Sin embargo, cada uno de ellos y sus familias deben entender que nadie les va a dar el respeto que ellos se merecen, a menos que ellos lo demanden. Va a ser crucial que nuestra comunidad aprenda a ir mucho más allá de participar en una marcha. Tenemos que empoderar a nuestras comunidades con el conocimiento y las destrezas que nos permitan traducir nuestra ventaja numérica, en una ventaja cualitativa de influencia política.
En el plano de las organizaciones comunitarias mismas, es muy importante fijar como meta organizacional de este proceso el fortalecimiento de nuestras organizaciones en todos los sentidos. Debemos recordar que la fuerza de una comunidad determinada, sin importar su dimensión numérica, emana de su grado de organización. Una comunidad desorganizada económica, política y socialmente, va a ser siempre un grupo social vulnerable a todo tipo de abusos.
Una segunda meta crucial va a ser el buscar de manera deliberada el fortalecimiento de las relaciones organizacionales con otros sectores claves de la sociedad en la que vivimos, con el fin de ganar aliados que nos ayuden en la monumental tarea de superar los prejuicios hoy prevalecientes acerca de quienes somos los inmigrantes. Específicamente, va a ser crucial trabajar en un acercamiento o fortalecimiento deliberado de las relaciones con:
- Los representantes gubernamentales locales, tanto a nivel municipal, como estatal.
- El sector empresarial local.
- Las expresiones organizadas de la comunidad afro-americana.
- Los líderes religiosos de todas las denominaciones y sus respectivas comunidades.
- Los medios de prensa y comunicación locales.
Será crucial también el fortalecer el trabajo de coordinación, cooperación y colaboración entre organizaciones de inmigrantes, al nivel local, estatal, nacional y transnacional, comenzando con la gran familia de organizaciones de inmigrantes latinoamericanos y continuando con todas las demás expresiones organizadas de comunidades migrantes. Un subcomponente de este desafió será el desarrollar la capacidad de organizar a las nuevas generaciones, tanto de inmigrantes que llegaron muy jóvenes a los EUA, como a los hijos de los migrantes que han nacido y crecido en este país.
Finalmente, debemos recordar que si la propuesta (todavía en discusión a la hora de finalizar la redacción de este artículo) llega a ser aprobada, muchas de las demandas de nuestras comunidades habrán quedado sin respuesta. Además, en la medida que mucha de nuestra gente encuentre un alivio inmediato al temor de ser deportado, debemos comenzar a expandir nuestro radio de incidencia política a los múltiples otros campos de política pública tales como la educación, la salud pública, la identidad cultural, la política exterior, etc. La llave para alcanzar el potencial pleno de nuestras comunidades es la organización comunitaria.
